Terminaron las especulaciones. Al menos, aquellas que surgieron a raíz de los reparos de un sector del empresariado norteamericano al proyecto de ley sobre defensa de la soberanía nacional, conocido como “ley de Malvinas”, y que en la Casa Rosada y la Cámara de Diputados se encargaron de desacreditar. Pero la realidad se impuso. La visita al país del subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, terminó por despejar las dudas: Washington sigue de cerca el articulado que prevé sanciones contra las petroleras que operan en las islas. Y no disimula su preocupación.

Esta vez no fue una presión de la oposición. En conferencia de prensa, el subsecretario Landau blanqueó este jueves la existencia de cuestionamientos, que ahora obligan al oficialismo a revisar uno de sus proyectos legislativos más ambiciosos, anunciado en cadena nacional por el Presidente.

La posibilidad de dar marcha atrás o, al menos, materializar ciertas concesiones ante las presiones internas y externas, reavivó algunas disputas dentro del Gobierno.

El oficialismo quedó entrampado en su propia retórica de soberanía y enfrenta señalamientos por partida doble. Mientras que en el plano local le achacan que se trata de un proyecto que poco tiene que ver con Malvinas e introduce amplias reformas a las leyes de Defensa Nacional, de Financiamiento de los Partidos Políticos y de Inteligencia, desde el exterior le sugieren revisar el corazón de la propuesta. Precisamente, el capítulo I, destinado a proteger los intereses argentinos en las islas. Una de las principales banderas políticas de la iniciativa que ideó el asesor Santiago Caputo.

La ley, tal como la presentó Milei, se proponía endurecer las sanciones contra las empresas que operen en las inmediaciones de las islas y extender las penalidades a todas aquellas firmas que las financien. Demasiada “laxitud” para el filtro norteamericano, que le reclama al Gobierno delimitar “correctamente” los tipos penales.

Frente a este escenario, no faltan quienes observan con suspicacia una posible intención de dilatar el debate sobre Malvinas hasta el final del período de sesiones ordinarias.

Se abre, así, una nueva disyuntiva para el Gobierno, tensionado por sus propias internas. Los más puristas, que responden al ala del asesor presidencial Santiago Caputo, ideólogo en gran medida de la normativa a través de su alfil en el área de Legal y técnica, María Ibarzabal Murphy, consideran que el texto “está diseñado para tener las herramientas que el Estado necesita para defender la soberanía nacional” y que “debería votarse cerrado de hecho”.

Difiere, de la postura de otros funcionarios de la Casa Rosada y diputados dispuestos a avanzar en los cambios que sean necesarios para aprobar la iniciativa, sin tensionar con uno de sus máximos aliados a nivel internacional. En la Cámara baja, la tropa de Martín Menem sería de esta partida. Cerca del riojano incluso habían agitado la idea de llevar el proyecto a la megasesión del miércoles pasado. Y por eso, insistían en que se estaban trabajando en “varios cambios”. Ante todo, se muestran “pragmáticos”.

Pese a su retórica, el sector que comanda Caputo también es consciente de que el proyecto requiere de modificaciones. “Así como está no sale”, se cansan de repetir varios diputados, incluso algunos libertarios. Tal es así, que este viernes Silvana Giudici, espada legislativa de Martín Menem y al frente del proyecto de Malvinas, se reunió con el asesor e Ibarzábal en la Casa Rosada. A diferencia de la semana pasada donde en Diputados se resistián a hablar de las exigencias de Washington, esta vez se limitaron a decir que se está trabajando en “delimitar los tipos penales”.

Ante la consulta de sobre que cambios puntuales se le concedió al establishment norteamericano, algunas fuentes señalaron: “Solo ajustamos los artículos que estaban amplios o difusos para que no haya ninguna duda de su alcance”.

Pese a los trascendidos sobre una eventual dilación para el tratamiento de la iniciativa, en el Parlamento y en el Gobierno insisten en que todo sigue adelante y afirman que hay un trabajo “aceitado” entre quienes llevan el tema en el Congreso y la Casa Rosada. Algunos libertarios se jactan de que ya se avanzó en varias modificaciones que asegurarían el respaldo de aliados.

Entre ellas, ya dan por descontada la revisión del polémico artículo que prevé penas de hasta 12 años de prisión para quienes “actuando por cuenta de un agente extranjero, procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación”.

“Campañas de desinformación”

Según pudo saber , la nueva versión del proyecto, que ya está en manos de los aliados, deja afuera los términos más ambiguos del artículo 111, mencionado en el capítulo VI. En particular, el referido a las “campañas de desinformación”, que despertó fuertes cuestionamientos de entidades y referentes del periodismo por el riesgo que podría representar para la libertad de expresión.

“El proyecto va a salir. Es un proyecto del Presidente. No se va a cajonear, ni nada por el estilo”, aseguraron fuentes de Balcarce 50. Si bien apuntan que la idea es “que se trate lo antes posible”, contemplan que puede haber dilaciones “lógicas” por las negociaciones con aliados en el Congreso.

“Nuestro objetivo es que se trate, se vote y se apruebe”, remarcaron en la Casa Rosada, al desestimar las versiones acerca de que el proyecto podía quedar stand by.

En el oficialismo apuntaban sospechas sobre que esas versiones podrían provenir del sector de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien en las últimas horas dejó mensajes en las redes sobre el tema.

“Por eso los verdaderamente patriotas y malvineros hicimos silencio. Res non verba”, apuntó Villarruel en su cuenta de X, en respuesta a una publicación que cuestionaba el futuro del proyecto. La expresión latina significa “hechos, no palabras”.

En medio de los interrogantes que surgen en torno de las intenciones del Gobierno, todo parece estar sujeto a revisión. Por eso, cuesta creer que el oficialismo consiga emitir dictamen este martes en la Comisión de Defensa, lo que complica los plazos para llevar el proyecto al recinto antes de que finalice el período de sesiones ordinarias.

A ello se suma que el texto deberá atravesar después el debate en el Senado, donde buena parte de los esfuerzos están concentrados en dar alguna señal sobre lo que verdaderamente desvela a la Casa Rosada: la suspensión de las PASO. Por ahora, no se registran avances significativos.

Un comunicado oficial de Downing Street, informó sobre una charla telefónica que mantuvieron hoy el primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente de Chile, José María Kast, donde hablaron de “fortalecer los vínculos de cooperación y desarrollo en ámbitos relacionados con la defensa, la seguridad, la ciencia y el comercio”. El tema Malvinas estuvo en la conversación cuando Burnham le pidió apoyo a su par trasandino para garantizar que los habitantes de las Islas Malvinas conserven la capacidad de ejercer el derecho a la autodeterminación.

Según el comunicado del gobierno británico, “los dos líderes dialogaron sobre los crecientes vínculos culturales, científicos y entre los pueblos de ambos países, y el impacto positivo que esto ha tenido en las oportunidades de inversión e infraestructura. Reconocieron las oportunidades comerciales aún sin explotar entre las dos naciones y coincidieron en la necesidad de estrechar los lazos comerciales”.

El diálogo directo entre Burnham y Kast llega una semana después de que, como anticipó , el embajador británico en Chile, David Concar, recorriera Punta Arenas junto al alcalde Claudio Radonich para destacar “la cooperación entre la Armada británica y la Armada de Chile”, y respaldar la infraestructura antártica combinada, pero también, como una manera de oficializar la ruta marítima comercial Punta Arenas-Puerto Argentino, encargada a la empresa naviera Eastern Island.

Medios británicos revelaron, además, que Burnham mantuvo una conversación en idéntico sentido con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien le remarcó la importancia de “respetar el derecho de los habitantes del archipiélago a desarrollar sus recursos naturales”.

De esa manera Burhman busca contener las presiones impulsadas por la Argentina en el Tribunal del Mar de Hamburgo, y alertar sobre la sombra de inseguridad jurídica que tendrían las empresas estadounidenses que podrían ser sancionadas por Argentina por cooperar directa o indirectamente con la explotación petrolera en Sea Lion, más allá de las encargadas del negocio, como son el consorcio israelí Navitas Petroleum y su socio británico Rockhopper Exploration.

La sintonía entre ambos gobiernos se vio reflejada esta semana, cuando el canciller chileno Pérez Mackena visitó Londres. Allí mantuvo distintas reuniones con funcionarios del Reino Unido, de las que se llevó una propuesta de colaboración para que Chile fabrique fragatas de guerra en la región de Magallanes.

La oferta existió y fue confirmada por medios especializados chilenos y fue realizada por la compañía británica Babcock International Group, que ofreció a Chile transferir tecnología para comenzar a construir en el país fragatas de combate Arrowhead 140. La oferta de fragatas pesadas comenzó a edificarse a principios de mes cuando el exvicealmirante de la Royal Navy y director ejecutivo de Babcock Marine, Nick Hine, visitó Chile para ofrecer formalmente la construcción de esas naves en los astilleros de Asmar.

Todo el tema genera preocupación en la Argentina. Hace unos días el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, habló de “dos siglos de soberanía en las islas de parte de un país amigo como es el Reino Unido”, y nunca utilizó el término “colonialismo”. Días después, Barros, anunció una especie de relanzamiento y desarrollo para la región de Magallanes, confirmando la relación comercial con las islas Malvinas, restableciendo la ruta marítima y comunicando que su gobierno va a duplicar el presupuesto de defensa para la región, elevándolo a 2.885 millones de dólares.

La estrategia de seducción de parte del Reino Unido sobre Chile, ofreciendo desarrollo militar y económico en el pacífico sur, está relacionada con la necesidad de tener un socio continental que sirva de apoyo a los intereses de las Islas Malvinas, mucho más si la explotación petrolera offshore en Sea Lion no se frena en los próximos meses.