Por orden directa de la cúpula en Buenos Aires de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), dos funcionarios del organismo en Mar del Plata fueron desplazados de sus cargos. El trasfondo del desplazamiento, según reconstruyó , fue haber investigado a los proveedores apócrifos del hotel que el Sindicato de Camioneros tiene en la ciudad y contribuir así a la pesquisa judicial sobre el desvío de al menos $13.000 millones del gremio que lidera Hugo Moyano mediante el uso de facturas “truchas”, emitidas a nombre de proveedores inexistentes o sin capacidad operativa.

Los funcionarios desplazados eran, hasta el viernes, los jefes de las divisiones 1 y 3 de Fiscalización de la Dirección Regional Mar del Plata del organismo, Gustavo Marcelo Capdeville y Diego Guillermo González. Ambos fueron reasignados al rol de “asesor mayor” en una agencia marplatense y en una oficina de “trámites y verificaciones” de ARCA, respectivamente.

Capdeville y González se sumaron así a otros dos funcionarios afectados durante los últimos seis meses por la misma fiscalización sobre los manejos irregulares de fondos en Camioneros. En octubre pasado, cuando el caso recién se activaba, desplazaron al jefe de la División Jurídica de la Regional, José Visca, por responder una consulta del Juzgado. Ese antecedente quedó formalizado en el Boletín Oficial del 24 de octubre de 2025, cuando se dispuso su apartamiento. Y ante su corrimiento, el entonces jefe de ARCA en Mar del Plata, Luis Eduardo Tymkiw, pidió ser relevado de su cargo.

En ese contexto, según reconstruyó , el actual titular de la Regional de ARCA en Mar del Plata, Pablo Catracchia, les requirió a Capdeville y González a fines de diciembre que congelaran la pesquisa que, además, habían dejado asentada en los sistemas internos del organismo, conocido por las siglas SEFI, o serían desplazados de sus cargos, lo que se concretó hoy.

La investigación judicial se inició en agosto del año pasado, cuando un empleado del Hotel 15 de Diciembre, perteneciente al Sindicato de Camioneros, se negó a convalidar las irregularidades y el mismo gremio, a través de un aliado de Moyano, radicó una denuncia en su contra. Desde entonces, la Regional Mar del Plata de la ARCA investiga quiénes eran los proveedores de presuntos bienes y servicios del establecimiento y detectó facturas “truchas” destinadas a justificar la salida de miles de millones de pesos de las cuentas del sindicato.

La causa tramita en la Justicia provincial. La fiscalía N°10 investiga un presunto fraude de $13.000 millones en el Hotel 15 de diciembre y tiene en curso una pericia contable que podría ser ampliada a las cuentas que tiene el sindicato en Buenos Aires. De ser así, el caso podría trasladarse al fuero federal, según fuentes judiciales al tanto del expediente. Al caso lo tienen el fiscal Carlos David Bruna y la jueza Lucrecia María Bustos.

Por el avande ce esta causa, Moyano desplazó a dos dirigentes de confianza: el secretario Administrativo,Claudio Omar Balazic,y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos están imputados en la causa. “No pueden justificar gastos y por eso echaron a los dos directivos de Buenos Aires. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata”, explicó a una fuente con acceso al expediente judicial.

El viernes pasado hubo un revuelo en la sede sindical de Camioneros en Buenos Aires ante un pedido de informes contables, según averiguó . El equipo de abogados del gremio evitó responder la consultas. En paralelo, se conoció que desde las cuentas que el sindicato y su obra social (Oschoca) tienen registradas en el Banco Provincia se transfirieron unos $900 millones en 12 días a tres fideicomisos vinculados a Liliana Zulet, la esposa de Moyano.

En los considerandos de la Disposición 137/2026 de la ARCA, publicada en el Boletín Oficial, no se explicitan los motivos del desplazamiento de Capdeville y González, que se encuadra en “necesidades de servicio”, a propuesta de la Regional Mar del Plata –es decir, de Catracchia–, y con la firma de la responsable interina de la Dirección de Recursos Humanos del organismo, Guadalupe Gonzalez Sanguineti. Sin embargo, según reconstruyó , las órdenes provinieron de niveles superiores del organismo en Buenos Aires.

El responsable real de la caída de los cuatro funcionarios de carrera fue el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Carlos García Pastrana. Es decir, uno de los lugartenientes del actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, hombre de confianza extrema del titular de ARCA, Andrés Vázquez.

procuró consultar a ARCA sobre los desplazamientos registrados en la Regional Mar del Plata, pero al cierre de esta publicación no obtuvo respuesta.

“En Buenos Aires no quieren quilombo con Camioneros; en estos momentos, Moyano no se queja por los porcentajes de aumento en las paritarias”, indicó una fuente de la ARCA al tanto de lo ocurrido que accedió a dialogar con bajo reserva estricta de su nombre.

En esa línea, los desplazamientos de Capdeville y González como antes de Visca registraron dos peculiaridades. La primera, que los tres se enteraron de lo ocurrido y de sus nuevas funciones cuando se publicaron en el Boletín Oficial, sin que nadie les informara antes, según reconstruyó . La segunda, que desde Buenos Aires no designaron en el mismo acto a sus reemplazantes.

“No se trata solo de castigar a quienes actuaron como debían actuar, aún cuando tenían una orden informal para que no lo hicieran; lo que también buscaron desde Buenos Aires al desplazarlos de este modo es que sirva como un mensaje para el resto de los empleados y funcionarios del organismo”, indicó una segunda fuente al tanto de lo ocurrido. “Ahora saben a qué atenerse si desobedecen, aunque las directrices sean ilegales”, agregó.

Los desplazamientos se producen mientras la Justicia federal avanza sobre un presunto fraude millonario que incluye el uso de cheques en blanco y una red de al menos diez proveedores fantasma que habrían servido para justificar la salida de fondos del sindicato de Camioneros, lo que abre interrogantes sobre el impacto de esas decisiones administrativas en las tareas de fiscalización del organismo.

El desplazamiento de Capdeville, González y Visca, sumado al paso al costado de Tymkiw registra antecedentes en el pasado reciente de ARCA. En Mar del Plata, por ejemplo, funcionarios de la entonces AFIP denunciaron ante la Justicia federal un intento por detener una fiscalización sobre José María Nuñez Carmona, el socio del otrora vicepresidente Amado Boudou. Ambos, condenados por la Justicia.

Antes, el entonces director de la Regional Comodoro Rivadavia, Norman Williams, y el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, y el titular de la DGI, Horacio Castagnola, fueron desplazados por el entonces titular de la AFIP, Claudio Moroni, por negarse a detener una fiscalización sobre Gotti Hermanos, una de las constructoras patagónicas de Lázaro Báez.

Hoy, la historia parece repetirse con el sello de los Moyano.

Dos empresarios que declararon este martes en el juicio oral por la causa de los Cuadernos de las Coimas intentaron desdecirse ante la Justicia de sus confesiones de haber pagado sobornos para mantener contratos de obra pública durante el kirchnerismo. Aseguraron que mintieron por temor a quedar presos.

El asunto generó un duro intercambio con los abogados que pretendían abrir una causa por coacción y la fiscal del juicio, Fabiana León, que rechazó estas solicitudes al sostener que este asunto ya fue rechazado anteriormente y que los victimarios tratan de presentarse como víctimas.

Los jueces del tribunal oral, Enrique Mendez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, difirieron para el final del juicio decidir si corresponde denunciar o no estas supuestas coacciones en otra causa.

En esta causa, la principal acusada es Cristina Kirchner, sindicada como la jefa de una asociación ilícita integrada por exfuncionarios que percibían sobornos y empresarios que los pagaban para mantener sus contratos con el Estado.

Los reclamos en el juicio comenzaron con la indagatoria de Mario Rovella, que confesó haber realizado pagos ilegales.

Ahora Rovella −que se negó a contestar preguntas y solo hizo una declaración− contó que mintió y que antes de declarar había ido a una escribanía para dejar constancia en un acta de que iba a mentir.

Los empresarios, en su calidad de acusados, no están obligados a decir la verdad, como sí sucede con los testigos. Así como no estaban obligados a decir la verdad cuando fueron indagados durante la etapa de instrucción, tampoco lo están ahora, durante el juicio.

“Quiero negar de manera rotunda los hechos que se me atribuyen. Ni personalmente ni a través de terceros, bajo ningún concepto ni con ninguna finalidad, entregué dinero a Ernesto Clarens. Nunca realicé esos pagos, ni en esa oportunidad ni en ninguna otra”, afirmó.

Dijo que se sintió coaccionado psicológicamente por el fallecido juez federal Claudio Bonadio y que tenía temor de quedar preso. “Se me hizo saber que, si no declaraba en ese sentido, sería privado de mi libertad”, dijo Rovella.

En esa audiencia, además de Rovella y del juez, estaba su abogado defensor. Aún así, firmó el acta con su confesión que, ahora, dice que fue una mentira.

Rovella afirmó que su confesión fue un invento que acomodó al relato de Ernesto Clarens, financista de los Kirchner.

Guillermo Escolar, de Cleanosol Argentina SA, repitió el argumento de defensa: sostuvo que fabricó una historia porque veía que los que confesaban se iban en libertad y los que no, quedaban presos.

“Armamos una historia de un pago o dos en un año o en unos meses. Obviamente es un invento, consecuencia de esto que estoy contando”, dijo.

El presidente del tribunal, Méndez Signori, le preguntó cómo se le ocurrió este invento, a lo que el acusado dijo que la noche anterior lo pensaron: “Digamos que había unos pagos en dólares por la época de las llamadas y eso es lo que estoy negando ahora”, afirmó.

Dijo que conocía a Clarens y admitió que le pidieron plata para la campaña electoral de 2011, pero sostuvo que no pagó.

“¿Por qué Clarens buscaba aportes para la campaña?”, le preguntó el juez Germán Castelli. “Estaba con el Gobierno buscando fondos para la campaña política. Fue una conversación muy breve”.

Por su parte, se negaron a declarar los acusados Tito Biagini, José Gerardo Cartellone, Luis Armani y Juan Bautista Pachela.

Maximiliano Rusconi, defensor de Julio de Vido, no dejó pasar estas afirmaciones y reclamó extraer testimonios para investigar estas supuestas coacciones. El abogado José Manuel Ubeira, de Oscar Thomas, adhirió al planteo.

La fiscal León reaccionó indignada y dijo que se estaba poniendo en tela de juicio a la Justicia, buscando convertir a los victimarios en víctimas. Los jueces dispusieron un cuarto intermedio y se difirió resolver el planteo al momento del veredicto.

Estas afirmaciones de los empresarios para desdecirse de sus confesiones o decir que las hicieron bajo amenaza de quedar presos fueron argumentadas por los empresarios ante la Cámara Federal y la de Casación Penal, y en todos los casos fueron rechazadas.