El Gobierno pidió retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Competitividad Financiera que había enviado al Congreso apenas tres días antes. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger y firmada por el propio Javier Milei y otros cuatro ministros, desató una controversia por la incorporación de un impuesto del 15% sobre las ganancias obtenidas por la compraventa de cedears, los certificados que permiten invertir desde el país en acciones de empresas extranjeras.

La marcha atrás fue igual de abrupta que su presentación: el texto ingresó el sábado por la noche, se conoció públicamente el martes y, antes de que terminara ese mismo día, el Poder Ejecutivo ya había solicitado retirar la iniciativa completa.

El pedido quedó formalizado el martes 3 de noviembre, a las 22.50. Para entonces, funcionarios y asesores del Gobierno ya habían salido a despegarse de la controvertida disposición impositiva, que atribuyeron a un “borrador viejo”.

En el oficialismo admiten que todavía no saben si el proyecto volverá a presentarse en el corto plazo.

La secuencia expuso una nueva descoordinación dentro de la administración libertaria. El proyecto llevaba las firmas de Milei y de los ministros Sturzenegger, Luis Caputo, Alejandra Monteoliva y Diego Santilli.

El Presidente lo avaló digitalmente el sábado 31 de octubre a la 1.42 de la madrugada, una circunstancia llamativa para una iniciativa que no requería un tratamiento de urgencia.

La fecha no era un detalle menor: el propio proyecto establecía que el nuevo tratamiento impositivo sobre los cedears alcanzaría a los certificados adquiridos desde ese mismo 31 de octubre, inclusive. Es decir, Milei firmó de madrugada una reforma que fijaba como punto de partida para el gravamen el día que acababa de comenzar.

Ese mismo sábado Ignacio Devitt firmó su remisión a Diputados. El vicejefe de Gabinete ya se encontraba de viaje hacia Estados Unidos, invitado por la Cámara de Comercio de ese país en la Argentina (AmCham) para presenciar las elecciones norteamericanas.

El expediente ingresó a la Cámara baja el sábado por la noche, aunque su recepción formal quedó registrada el lunes 2 de noviembre.

Sobre lo ocurrido después circulan versiones contrapuestas. Según una de ellas, desde el Poder Ejecutivo se pidió a la Secretaría Parlamentaria que mantuviera el proyecto bajo reserva. Otra sostiene que siguió el circuito administrativo habitual y que fue publicado el martes 3 en el trámite parlamentario correspondiente.

En cualquier caso, el resultado fue el mismo: el Gobierno había enviado al Congreso un proyecto que, apenas se hizo público, sus propios funcionarios salieron a desconocer.

El artículo que desató la controversia proponía cobrar un impuesto del 15% sobre las ganancias obtenidas por la venta de cedears. La medida buscaba que estas inversiones pagaran los mismos impuestos que si las acciones se compraran directamente en el exterior. El cambio se aplicaría únicamente a los cedears adquiridos a partir del 31 de octubre de 2026, y no afectaría las tenencias anteriores.

La propuesta provocó un inmediato rechazo en el mundo financiero y resultó particularmente incómoda para un gobierno cuyo presidente prometió reiteradamente que prefería cortarse un brazo antes que aumentar o crear impuestos.

Las críticas se multiplicaron en las redes sociales y obligaron a intervenir a los propios asesores del oficialismo. A las 18.37 del martes, Santiago Caputo respondió a un usuario que cuestionaba el gravamen y le reclamaba que ordenara la situación. “Dame un toque”, escribió. Apenas seis minutos después, Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, anunció que la medida no prosperaría. “Alan querido, quedó de un borrador viejo. Se va a retirar!”, contestó a una publicación del usuario Alan Riedmaier.

Desde el Ministerio de Desregulación, que conduce Sturzenegger, también buscaron tomar distancia. “Todo lo regulatorio lo mira nuestro ministerio. Lo tributario, impositivo, etcétera, es del Ministerio de Economía”, señalaron a . Es decir, desde su cartera responsabilizaron a Caputo.

La explicación contrastó con la presentación que el propio Sturzenegger había hecho a principios de octubre, durante la inauguración de la Semana Mundial del Inversor, organizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Frente a empresarios y representantes del sistema financiero, el ministro había definido la iniciativa como el “broche de oro” de la transformación del mercado de capitales. En aquella oportunidad, sin embargo, no había anticipado la incorporación del nuevo gravamen.

El apuro por retirar el proyecto también tuvo una razón política: el Gobierno temía que la oposición aprovechara la situación para avanzar con el impuesto que el propio oficialismo ya había decidido descartar. Por eso, en lugar de eliminar el artículo cuestionado, pidió retirar el proyecto completo.

El peronismo, de hecho, no descarta gravar determinadas operaciones financieras. En septiembre, Máximo Kirchner presentó un proyecto para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), destinado a gravar la salida al exterior de divisas, valores negociables y activos virtuales. Aunque se trata de una iniciativa distinta, el antecedente alimentó la preocupación oficialista por las consecuencias de mantener abierto el expediente.

No es la primera vez que una contradicción entre las decisiones del Poder Ejecutivo y sus legisladores complica al oficialismo en el Congreso. Hace poco más de un mes, mientras los diputados libertarios buscaban un acuerdo con sus aliados sobre una nueva legislación en materia de discapacidad, el Gobierno envió un proyecto de presupuesto que derogaba aspectos centrales de la normativa vigente. La contradicción desató una crisis interna y endureció las negociaciones.

El oficialismo terminó aceptando buena parte de las exigencias de sus aliados y avanzó con una ley que recuperó numerosos puntos de la emergencia en discapacidad, aunque sin esa denominación. El proyecto obtuvo incluso el respaldo del peronismo y fue girado al Senado. Esta vez, el Gobierno optó por dar marcha atrás antes de que la discusión se iniciara.

La Cámara Federal de Casación Penal accedió a revisar el fallo que excluyó a los querellantes del caso $LIBRA y generó así una posibilidad de que se reabra el expediente en el que fueron sobreseídos el presidente Javier Milei y su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia.

El tribunal tomó la decisión por dos votos contra uno. Por conceder el recurso se pronunciaron los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma. En contra se manifestó Guillermo Yacobucci.

Ahora comenzará un trámite que llevará tiempo. Es probable que la Cámara de Casación resuelva recién el año que viene si reincorpora o no a los querellantes. Será una decisión clave porque el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, fue quien promovió su cierre con el argumento de que ya se había demostrado que no hubo delito. Sin los querellantes, que habían sido excluidos tres meses antes, no había quedado quien apelara los sobreseimientos.

Esta semana, en paralelo con el reclamo de los damnificados, se presentó en el juzgado de primera instancia la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y pidió asumir el rol de acusador público que Taiano decidió no ejercer.

Al igual que los querellantes removidos, la PIA reclama que se reviertan los sobreseimientos. No está resuelto todavía si la habilitarán a intervenir en el caso. Eso lo resolverá el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi -el mismo que cerró la causa- a partir de la semana próxima, cuando vuelva de viaje. Mientras tanto, lo reemplaza su colega Daniel Rafecas, a quien ayer Milei propuso para la Cámara Nacional de Casación, el tribunal que revisa los fallos de la justicia penal ordinaria (no federal) con sede en la ciudad de Buenos Aires.

Cómo sigue

En cuanto al trámite de la Casación, primero, las partes y los presuntos damnificados que apostaron a la criptomoneda $LIBRA tendrán 10 días (hábiles judiciales) para presentar cada una sus argumentos. Luego, serán convocadas a una audiencia con los camaristas y, solo después, la Cámara de Casación resolverá si los reincorpora o no como acusadores particulares.

En la Cámara de Casación estiman que es probable que la audiencia se realice este año y que la decisión se tome después de la feria judicial de enero.

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