POLITICA
La Justicia confirmó que la vecina de Cristina Kirchner trabajaba para la UOM y analiza si su sueldo se corresponde con su patrimonio
La investigación sobre María Soledad Calle, la vecina de Cristina Kirchner en el edificio de San José 1111, sumó nuevos elementos en las últimas horas.
El juez Julián Ercolini recibió información que confirma que la militante camporista tuvo una relación laboral con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y ya cuenta con datos sobre las remuneraciones que percibía del gremio.
El dato resulta relevante porque en diálogo con el diario Clarín, Calle había negado trabajar para la UOM y porque la Justicia busca reconstruir el origen de los fondos con los que adquirió distintos bienes que están bajo análisis, entre ellos autos de alta gama y el departamento ubicado en el primer piso del mismo edificio donde vive la expresidenta.
Según la documentación incorporada al expediente, Calle figura como empleada de la UOM entre abril de 2021 y junio de 2026. En febrero cobró $3.579.794; en marzo, $3.589.794; en abril, $3.744.216; y en mayo, $3.745.302.
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Además, la Justicia recibió su historial laboral completo. Allí aparecen los siguientes empleos y períodos:
- SASA Suelos Argentinos S.A.: junio de 2011 a septiembre de 2011.
- Dirección General de Cultura: febrero de 2012 a junio de 2020.
- Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires: agosto de 2012 a mayo de 2013.
- Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires: septiembre de 2013 a diciembre de 2015.
- Municipalidad de Campana: diciembre de 2015 a diciembre de 2023.
- Unión Obrera Metalúrgica: abril de 2021 a junio de 2026.
La información sobre su paso por la UOM es uno de los elementos que ahora analiza Ercolini, justamente porque Calle había negado ese vínculo laboral.
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Los investigadores buscan determinar si los ingresos registrados permiten explicar la adquisición de los bienes que quedaron bajo análisis. Entre ellos aparecen un BMW M135 xDrive y un Peugeot 3008 GT Pack. Ambos estarían relacionados con la mujer.
También se investiga la compra del departamento del primer piso de San José 1111, por el que Calle habría pagado US$189.000. La unidad se encuentra inmediatamente debajo de la vivienda de Cristina Kirchner.
La pesquisa no se limita, sin embargo, al salario que Calle recibía de la UOM. Uno de los principales puntos bajo análisis es su relación con USEM S.A., una compañía vinculada a ella que mantenía un contrato de prestación de servicios con el sindicato y que recibía una comisión proporcional al dinero administrado.
El contrato entre USEM y la UOM que investiga la Justicia
USEM S.A. fue constituida en 2022 por Calle junto con Raúl Braconi. Según la documentación publicada en el Boletín Oficial, ella fue designada directora suplente de la sociedad.
Meses después, la empresa celebró un contrato con la UOM para gestionar la apertura y administración de cuentas corrientes vinculadas a un fideicomiso del sindicato. El convenio fue firmado el 27 de febrero de 2023 y comenzó a regir el 1 de marzo de ese año. Tenía una duración prevista de diez años, hasta febrero de 2033.
A cambio de sus servicios, USEM percibía honorarios mensuales equivalentes al 0,50% del total ingresado durante cada período a la cuenta fiduciaria.
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La Justicia intenta determinar el volumen de dinero que generó ese acuerdo. De acuerdo con la información que se encuentra bajo análisis, las comisiones mensuales podrían haber representado cifras de entre $100 y $350 millones.
Ese flujo de fondos es uno de los elementos que los investigadores cotejan con el patrimonio de Calle para determinar de dónde surgió el dinero utilizado para adquirir los bienes identificados en la causa.
El contrato establecía que USEM debía gestionar cuentas correspondientes a las seccionales de la UOM y a su Secretariado Nacional, además de analizar y auditar obligaciones de pago, verificar su correspondencia y concretarlas.
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La documentación incorporada al expediente también contiene rendiciones de cuentas con movimientos millonarios. Allí aparecen, entre otros conceptos, gastos por hasta $50 millones bajo la denominación “caja chica”, $22 millones por un “Congreso MDP”, $4 millones correspondientes a una tarjeta corporativa y más de $428.000 en TelePASE.
La Justicia también investiga al gremialista Abel Furlán en relación con ese contrato.
En las últimas semanas, Ercolini dispuso distintas medidas para reconstruir la situación patrimonial y laboral de Calle. Levantó su secreto bancario y fiscal y pidió información a ARCA, Anses, Migraciones y el Ministerio de Capital Humano.
El departamento de San José 1111 y los bienes bajo análisis
Otro de los puntos centrales de la pesquisa es el departamento. Ercolini pidió al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal un informe completo sobre la unidad del primer piso cuya titularidad se atribuye a Calle.
La ubicación del inmueble llamó la atención porque se encuentra debajo del departamento de Cristina Kirchner, donde la expresidenta cumple su condena en la causa Vialidad.
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Además de esa propiedad, la Justicia pidió informes sobre el Peugeot 3008 GT Pack y el BMW M135 xDrive vinculados a Calle, y buscó determinar si ella o Furlán poseen embarcaciones. En paralelo, el expediente también avanzó sobre una serie de vehículos vinculados a la UOM, entre ellos un Jeep Compass, un Peugeot 2008, dos Renault Kangoo, un Toyota Corolla Cross, un Fiat Fastback, una Ford Territory y una Volkswagen Taos Highline.
cristina kirchner, uom
POLITICA
Un intendente peronista del conurbano eximirá de tasas y les perdonará deudas a los mayores de 75 años
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (Partido Justicialista), anunció que su municipio no les cobrará tasas y les condonará deudas a las personas mayores de 75 años, siempre y cuando perciban ingresos de hasta dos haberes jubilatorios mínimos y tengan una única vivienda. El jefe comunal afirmó que tomó la medida porque la situación económica “golpea de lleno a los adultos mayores”.
Gray impulsó una ordenanza que se aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante, en la que se establece que los mayores de 75 años, que perciban ingresos por hasta dos jubilaciones mínimas (el haber mínimo de octubre es de $435.748,51) y tengan una única vivienda quedarán exentos del pago de nueve tasas y de las deudas por otras tres imposiciones municipales.
Según informó la Municipalidad de Esteban Echeverría en un comunicado, los beneficiarios de la ordenanza quedarán exentos del pago de la Tasa por Servicios Generales; la Contribución Especial para Obras Públicas; la Contribución Especial por Servicios Complementarios de Salud y Seguridad; Derechos de Oficina; Patentes de Rodados; Carnet de Conducir; Derechos de Cementerio; Tasa por Servicios Asistenciales, y Derechos por Servicios de Tránsito y Transporte.
Además, “se condonarán las deudas que, en concepto de Tributo Municipal por la Propiedad, Patentes de Rodados y Derechos de Cementerio, más sus intereses, recargos, multas y gastos devengados, mantengan quienes integran el grupo beneficiario con el municipio de Esteban Echeverría y no hayan sido abonadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la exención total impositiva anunciada”, se indicó en el comunicado municipal.
Para acceder al beneficio, que regirá desde el 1º de enero del año que viene, los mayores de 75 años del distrito deberán presentar una declaración jurada acompañada por la documentación pertinente.
“Frente a la difícil situación que atraviesa nuestro país, que golpea de lleno a los adultos mayores, desde el municipio decidimos dar una respuesta concreta para aliviar la carga impositiva de quienes más ayuda necesitan”, afirmó Gray al presentar su iniciativa en el Concejo Deliberante de Esteban Echeverría.
La intendencia subrayó en su comunicado que la canasta básica de un adulto, en agosto, llegó a $519.578 y que, además, “se suma el ajuste sobre organismos y prestaciones destinados a las personas mayores”. Entre esos puntos, se destacó “el desfinanciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la eliminación de prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”.
la medida,»Las instituciones importan». Poder Ciudadano alertó sobre la falta de políticas anticorrupción,Tasas transparentes,Esteban Echeverría,Impuestos,Conforme a
POLITICA
Procesaron a un exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores de la obra social OSPRERA en una causa por presunta corrupción
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Sergio Aguirre, exsocio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a dos exinterventores que el Gobierno designó en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). La causa investiga presuntos contratos irregulares.
El magistrado los procesó por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. También les trabó un embargo de $1000 millones.
OSPRERA es la obra social de los trabajadores rurales y el Gobierno la tiene intervenida desde 2024, en medio de un conflicto con el gremio UATRE.
La investigación se centra en la contratación de HTECH, una empresa de Aguirre que se creó en abril de 2024. Según la causa, la firma no tenía antecedentes, empleados ni facturación previa antes de trabajar para la obra social. HTECH le cobró a OSPRERA por servicios de consultoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software. Entre noviembre de 2024 y julio de 2025 recibió unos $266 millones.
Aguirre y Martín Menem fundaron juntos en 2018 la firma TR Nutrition SRL, que se dedica a importar y vender suplementos dietarios.
El contrato con HTECH lo firmó Virginia Montero, la primera interventora de OSPRERA. Su sucesor, Marcelo Petroni, lo renovó y lo amplió. Ambos estaban entre los citados a indagatoria en la causa. Además, la madre de Aguirre, María Casandra Mirabelli, era socia de HTECH y al mismo tiempo trabajaba como secretaria privada de Petroni.
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En julio, Casanello había citado a indagatoria a los imputados y había embargado bienes por 920 millones de pesos, entre ellos vehículos de alta gama. En su declaración, Montero justificó la contratación de la empresa. Aguirre, por su parte, negó haber participado en el proceso que terminó con el contrato de su firma y cuestionó que se filtraran datos de la causa.
A comienzos de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña anuló parte de la investigación. Los camaristas invalidaron el allanamiento al domicilio de Montero, el secuestro de su teléfono y las pruebas que se obtuvieron de ese aparato. También dejaron sin efecto los embargos sobre el patrimonio de los imputados. Sin embargo, la causa general siguió en marcha a cargo de Casanello, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuán.
Martín Menem, Casanello, Justicia
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Procesaron a un exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores nombrados por el Gobierno en la obra social de los peones rurales
El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy por un presunto desvío de 247 millones de pesos a dos exinterventores de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) y a dos personas vinculadas con la empresa que se habría beneficiado con el desvío; una de ellas, Sergio Aguirre, exsocio comercial de Martín Menem.
En la causa se investiga una contratación directa de la empresa HTECH Innovation, constituida por Aguirre en abril de 2024, cuatro meses después de que Javier Milei llegara al poder.
Los exinterventores procesados son Virginia Montero y Marcelo Petroni; ambos, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. Aguirre y María Casandra Mirabelli, socio y presidenta de HTECH Innovation, respectivamente, fueron procesados por los mismos delitos que los exinterventores, pero como “partícipes necesarios” y no como autores.
A cada uno de los cuatro procesados, Casanello les impuso embargos de $1.463.896.868.
Según el fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, “ambos interventores -Montero y Petroni- habrían sido designados por recomendación de Aguirre, quien ejerció influencia directa sobre ellos y, de modo indirecto, condujo la voluntad del ente, logrando la contratación injustificada de su empresa, recientemente constituida y sin capacidad técnica y operativa”.
Petroni es un abogado penalista vinculado a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, la hermana del Presidente.
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