POLITICA
La Justicia dejó en suspenso la reelección de consejeros de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura, que es el organismo encargado de elegir, controlar y remover a los jueces federales y nacionales, enfrenta un proceso de renovación de sus miembros marcado por una disputa que llegó a los tribunales. Jueces, abogados y legisladores que actualmente integran el organismo fueron a la Justicia para que los autoricen a ser reelectos, pero un tribunal dejó en pausa esa posibilidad.
Si bien la decisión judicial se refiere solo al planteo de un juez, en tribunales interpretan que es un mensaje para el resto de los casos, de que no van a prosperar.
El asunto es relevante porque si se mantiene todo como está, los jueces deberían apurar la definición de sus nuevos candidatos para poder entregar sus listas. Están en tiempo de descuento.
El que inauguró los pedidos para conseguir su reelección es el presidente de la Cámara Federal de Casación, Diego Barroetaveña. El camarista presentó una acción declarativa de certeza que recayó en el juzgado contencioso administrativo federal de Enrique Lavié Pico.
Barroetaveña sostuvo que era necesario esclarecer el impacto de un fallo de la Corte Suprema que generó diferentes interpretaciones sobre si es posible la reelección consecutiva dentro del Consejo o hace falta dejar correr un período para un nuevo mandato.
En 2021, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley de 2006, impulsada por el kirchnerismo, que redujo a 13 los miembros del Consejo de la Magistratura. El máximo tribunal señaló que se rompió el equilibrio entre los estamentos técnicos y políticos, y ordenó volver a la integración anterior de 20 miembros: cuatro jueces, cuatro abogados, ocho legisladores, dos académicos, un representante del Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte como titular del organismo.
Barroetaveña, entonces, reclamó determinar si está en vigor plenamente esa ley original, que permite la reelección de sus miembros o si rige la reforma sancionada en 2006, que exige un intervalo para postularse.
Lavié Pico le otorgó una medida cautelar para permitir que compita sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. Pero el Consejo de la Magistratura se pronunció en contra y apeló la medida cautelar.
Cuando el asunto llegó a la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, se concedió la apelación pero con efecto suspensivo. Es decir, los jueces suspendieron la medida cautelar que permitía a Barroetaveña buscar su reelección en el Consejo de la Magistratura.
Determinaron que la apelación del Estado debía tener efecto suspensivo y no devolutivo, con lo que dejaron en pausa la candidatura del magistrado hasta resolver el fondo del asunto.
Incluso si los camaristas de la Sala IV Rogelio Vincenti, Jorge Morán y Marcelo Duffy nunca se pronunciaran sobre el fondo, regiría su decisión que frena la reelección de jueces y deja en pausa las intenciones reeleccionistas.
Barroetaveña integra la lista Bordó dentro de la Asociación de Magistrados. Dentro de ese espacio, y hay rechazo al intento reeleccionista de Barroetaveña.
Seguramente habrá un encuentro entre los referentes de la lista en las próximas semanas para acordar un camino común antes de que se venzan los plazos para presentar candidatos.
El argumento de los consejeros que pretenden la reelección es que la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo “Colegio de Abogados”, en 2021, donde indicó que se debía volver a la vieja ley del Consejo de la Magistratura, de 20 miembros presidido por el presidente de la Corte.
Y que como la vieja ley permitía la reelección, ese artículo también recobraba vigor. Pero la ley tuvo una reforma en 2006, que entre otras cuestiones modificó la conformación del organismo e introdujo la necesidad del intervalo previo a la reelección de los consejeros.
Los reeleccionistas dijeron que, al cobrar vida la vieja ley, se permitían sus reelecciones. Apoyados en este argumento, y luego del juez Barroetaveña, se presentaron en la Justicia las consejeras por los abogados Fernanda Vázquez y Jimena De la Torre, de listas diferentes.
Pero el juez Lavié Pico entendió que el asunto de las abogadas no era similar al de Barroetaveña, porque se trata de otro estamento, y envió la causa por sorteo al juez Esteban Furnari.
En paralelo, los legisladores del Consejo de la Magistratura por el kirchnerismo, el senador Mariano Recalde y los diputados nacionales Rodolfo Taihlhade y Vanesa Siley, también plantearon la posibilidad de su reelección.
Lo hicieron mediante presentaciones de los jefes de bloque del Senado, José Mayans, y de Diputados, Gerardo Martínez. Ese pedido quedó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal a cargo de Martín Cormick.
Más allá de todos estos recursos, Siley, Recalde y Tailhade habían enviado antes de las vacaciones una nota formal a la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Consejo denunciando que Barroetaveña “pretendía forzar” la ley con su pedido de reelección.
Por ahora, el debate está en pausa con el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que otorgó efecto suspensivo a la apelación de la medida cautelar. En lenguaje judicial, es una advertencia de que estos recursos para todos los estamentos difícilmente prosperen, dijeron en tribunales.
La última palabra la tendrán los camaristas si resuelven el fondo del debate, es decir, si la ley en vigor del Consejo de la Magistratura habilita o no la reelección sin dejar pasar un mandato en medio. Pero si los camaristas no dijeran nada, y pasa el tiempo tal como están las cosas, las reelección de Barroetaveña quedarían en suspenso, interpretan en tribunales.
En la Corte Suprema de Justicia siguen con atención el proceso, de reojo, interesados y preocupados por los movimientos de los consejeros.
Los consejeros de la magistratura cobran un salario equivalente a juez de la Cámara Federal de Casación Penal, que hoy es un poco mas de 10 millones de pesos. Esto rige para los abogados y los académicos, los legisladores cobran sus salarios como tales, al igual que los magistrados.
Jueces, abogados,Hernán Cappiello,Conforme a
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Milei se burló de quienes dicen que la gente no llega a fin de mes: “¿Cómo viven 10 días sin comer ni beber?»

La frase se volvió viral en cuestión de minutos. Javier Milei refutó en una cumbre petrolera a quienes sostienen que hay gente que no llega a fin de mes con tono burlón y un argumento llamativo: “Si se quedan sin plata verdaderamente el día 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”.
Aludió a una encuesta publicada por la consultora Zentrix, en cuyo último monitor sostiene que dos de cada tres se quedan sin dinero a más tardar el día 20, con picos del 72% entre los menores de 40 años y del 83,3% en la clase baja. El crédito aparece como el puente para llegar: el 56,2% tomó deuda en los últimos seis meses.
Para Milei, “son pelotudeces” que instaló el kirchnerismo, tal como afirmó en Neuquén el lunes.
“Entiendo que a veces los slogan suenan lindos, pero que suenen lindos no los convierte en algo razonable. Una pelotudez por más que lo digan de manera linda es una pelotudez. Voy a usar una pelotudez emblemática que impulsó el kirchnerismo. Ya operaron con eso y este fin de semana volvieron a tirarla y ahora la estaban moviendo desde los corruptos de los medios de comunicación”, dijo el Presidente.
A partir de ahí cambió el tono y usó una voz burlona: “La gente no llega a fin de mes’. ‘Dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes’. ‘No llegan al día 20’. ¿Podemos pensar un poquito lo que significa?. Les hago una pregunta, ¿si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, me pueden decir cómo hacen diez días sin comer y sin beber? ¿Nadie se hizo la pregunta?”.
Y siguió: “¿Ustedes se dan cuenta de que la frase suena linda, pero es una pelotudez del tamaño de una casa? Reflexionemos. No nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país”.
LA NACION,Política,Javier Milei refutó en una cumbre petrolera,Javier Milei,Conforme a
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Jorge Macri respaldó las detenciones de los metrodelegados: “El que bloquea un servicio esencial va preso”

En medio del conflicto por el paro en todas las líneas de subte, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri salió a respaldar las detenciones de los metrodelegados y advirtió: “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple”.
Macri remarcó que no va a aceptar “extorsiones mafiosas” y que quienes bloqueen un servicio esencial “van presos, sin vueltas”.
El mandatario porteño insistió en que no permitirá que “les jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”.
El secretario de Seguridad porteño explicó por qué detuvieron a tres metrodelegados
En diálogo con TN, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro, explicó que las detenciones de los trabajadores del subte se produjeron luego de que un gremialista abriera una puerta de emergencia en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B para permitir el paso de los usuarios como medida de fuerza.
“En la primera hora del día, un gremialista del subte abrió una de las puertas de emergencia y habilitó el paso de los usuarios como medida de fuerza. A raíz de ello, el personal policial consultó a la fiscalía, que ordenó el cese de esta actividad irregular. Ante la negativa de esta persona, la fiscalía dispuso su detención por desobediencia”, relató.
Luego, según su relato, otros dos gremialistas intervinieron para impedir el accionar policial, por lo que la fiscalía también avaló que sean detenidos. “Están detenidos por incumplir lo ordenado por la Justicia”, reiteró Piñeiro.
Los metrodelegados advierten que no reanudarán los servicios del subte “hasta la inmediata liberación” de los gremialistas
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP) denunció la detención de dos trabajadores por parte de la Policía de la Ciudad en la estación Juan Manuel de Rosas (Línea B).
“No habrá servicio de subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos. Exigimos su libertad urgente y el cese de la represión”, alertaron.
Jorge Macri, Metrodelegados, Subte
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Malvinas: el Gobierno evita confrontar con Washington por el Comité de Descolonización de la ONU y la ley de soberanía

“(Donald) Trump es Trump. Aun con los amigos”, reflexionó un diplomático de carrera en la noche del lunes, cuando ya era conocido que el gobierno norteamericano solicitó, a través de sus representantes diplomáticos, disolver el Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que desde 1965 insta al Reino Unido a sentarse a negociar con la Argentina una resolución a la diputada por la soberanía de las islas Malvinas.
En la Cancillería no hubo comentarios públicos sobre el pedido, que va en línea con la escasa estima que Trump tiene hacia las Naciones Unidas (sentimiento compartido por el presidente Javier Milei) y que tuvo como argumentos que ese comité “dejó de cumplir su propósito original”. Ayer, en la conferencia de prensa semanal que brinda en Casa Rosada, el portavoz Adrián Ravier afirmó que esa postura de Estados Unidos “está bajo análisis hoy como para tomar una decisión final”, y afirmó que “seguramente” el canciller Pablo Quirno, que acompaña al Presidente en su actual gira por España, hablaría sobre el tema. La consulta incomodó a Ravier, que no pudo precisar qué es lo que “está en análisis”.
En la última reunión del Comité de Descolonización, en junio pasado, el canciller Quirno acusó en duros términos al Reino Unido de “desconocer la realidad histórica”, y afirmó que “el principio de autodeterminación no aplica en casos de colonialismo que vulneran la integridad territorial de una nación preexistente”, en relación con la posición de Londres en relación con los pobladores de las islas. Fue solo una de las exposiciones de los últimos meses en las que el Gobierno y la Cancillería elevaron el tono del reclamo por la soberanía de las islas.
“Lo que dijeron los Estados Unidos tiene que ver con la propuesta de racionalizar la ONU, algo similar a la motosierra”, explicó una fuente diplomática cercana al Gobierno, con intención de minimizar un eventual conflicto.
“Por supuesto que, como todo país con controversias de ese tipo, apoyamos la continuidad del comité. Pero no sería un daño para la Argentina, el reclamo se puede presentar, como se hacía en los años noventa, ante la Asamblea General de la ONU”, agregó el experto.
En coincidencia con el despertar del sentimiento nacionalista en el país por la recuperación de Malvinas, que explotó luego del partido con Inglaterra en el mundial de fútbol, y enojado por la posición del Reino Unido durante la guerra con Irán, Trump declaró que “podría revisar” su postura en relación a la soberanía de Malvinas. Semanas después, se reunió con el primer ministro británico Andy Burnham, y esa amenaza se disipó.
Más allá de la controversia por el Comité de Descolonización (que no integran ni Estados Unidos ni Gran Bretaña, que sostiene 10 de los 17 territorios no autónomos en disputa, entre ellos Malvinas), el freno al tratamiento en comisión de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado con la causa Malvinas e impulsado por el Poder Ejecutivo, también muestra posturas divergentes entre Washington y Buenos Aires.
Empresas norteamericanas le habrían transmitido al Gobierno su preocupación por la “laxitud” del Título I del proyecto, que no solo establece sanciones para las compañías Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) que llevan adelante el proyecto Sea Lion en las aguas circundantes de Malvinas, sino también contra empresas asociadas a ellas en otros proyectos, con la secretaría de Malvinas que encabeza la secretaria Paola di Chiaro, como autoridad de aplicación.
“A la industria le preocupaba este abordaje tan amplio que tiene la ley, y que impacte sobre la actividad”, comentó a una importante fuente del sector petrolero. No sólo las empresas se quejaron: según informadas fuentes del Gobierno, el embajador norteamericano Peter Lamelas también le habría expresado su preocupación vía telefónica a miembros del oficialismo. Consultadas por este diario, fuentes de la embajada norteamericana evitaron hacer comentarios sobre el asunto, y desde el oficialismo de la Cámara baja -los diputados Silvana Giúdici y Gabriel Bornoroni trabajan en el dictamen de la ley- dijeron no haber recibido llamado alguno. Adjudicaron la postergación del tratamiento a la cantidad de temas que incluirá la próxima sesión de la Cámara baja.
Diplomáticos alejados del Gobierno agregan un tercer foco de disenso, siempre dentro de los márgenes de la excelente relación entre ambos países. Se trata de la postulación de Rafael Grossi como próximo secretario general de la ONU, impulsado por Argentina y que marcha en el primer pelotón en las votaciones secretas que se han venido haciendo hasta ahora. Esos diplomáticos aseguran que Grossi “no es” el preferido de Trump, que ya intentó postular al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y con el megamillonario Elon Musk, y que podría insistir con otro “outsider” en las próximas semanas, si como viene ocurriendo, ninguno de los postulantes alcanza la mayoría necesaria (sin vetos de los cinco miembros permanentes) para ser elegido.
El jueves próximo, ya con Milei y Quirno de regreso en el país, el influyente subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, llegarán a Buenos Aires. Entre otros asuntos, las divergencias por el comité de Descolonización y el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía podrían ser temas de conversación con el Gobierno.
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