Durante más de dos décadas, la emergencia sanitaria funcionó como un marco de excepción para un sistema privado de salud que hoy acumula deudas, demora en los cobros y una brecha creciente entre los costos y lo que recibe por sus prestaciones. Mientras el Congreso analiza un proyecto para sustituir ese régimen, el diagnóstico que atraviesa a clínicas y sanatorios es que la crisis financiera amenaza con deteriorar la atención médica de manera gradual.

A partir de ese escenario, Enrique Camerlinckx, director del Sanatorio Mater Dei, reclamó que el debate legislativo reconozca al rubro como una actividad estratégica. “El sistema de salud es muy difícil de explicarlo”, planteó durante una entrevista en Infobae Al Mediodía, al describir una estructura que, según sostuvo, suele aparecer en la discusión pública por sus conflictos antes que por su peso económico y laboral.

Camerlinckx ubicó el origen de esa mirada en los temas que dominan la conversación sobre las prepagas y la cobertura. “Siempre que hablamos del sistema de salud hablamos de sus falencias, de sus problemas, de que aumenta la prepaga”, dijo. Para el directivo, esa agenda deja en segundo plano la situación de las instituciones que reciben y atienden a los pacientes.

“En definitiva, nosotros somos instituciones de enfermedad, porque convivimos con la enfermedad todo el tiempo”, afirmó el director del Sanatorio Mater Dei. La definición condensa su planteo: las clínicas, los sanatorios, los centros de diagnóstico y los laboratorios deben sostener servicios que requieren personal, medicamentos, tecnología e insumos, aun cuando sus ingresos no acompañen esa dinámica.

El proyecto busca reemplazar un régimen vigente desde 2001

La emergencia sanitaria rige desde 2001, según explicó Camerlinckx, y el proyecto que propone reemplazarla todavía no comenzó a debatirse. “Apunta a que se le ponga el foco a un sector estratégico de la Argentina”, señaló sobre la iniciativa, que busca revisar las condiciones bajo las cuales se desenvolvieron los prestadores privados durante ese período.

El director del Mater Dei dimensionó ese lugar con cifras de empleo. “El sector privado tiene una importancia estratégica preponderante”, sostuvo. De acuerdo con su exposición, clínicas, sanatorios, laboratorios y centros de diagnóstico reúnen entre 650.000 y 800.000 empleos formales, cerca del 10% de los seis millones de puestos registrados que mencionó.

Camerlinckx también remarcó que el sistema privado concentra más del 60% de las camas del país y atiende al 65% de quienes requieren prestaciones médicas. “Esto no es salud pública contra salud privada”, advirtió, al marcar que ambos subsistemas integran la respuesta sanitaria y que el debate, a su criterio, no debería plantearse como una disputa entre sectores.

Los ingresos de los prestadores quedaron 41% detrás de sus costos

La tensión que describe el directivo se concentra en una ecuación que se fue desajustando con el tiempo: los precios de medicamentos, equipamiento e insumos suben, mientras los pagos por las prestaciones quedan rezagados. “Hoy llegamos a un 41%”, afirmó Camerlinckx al referirse al atraso que calcula entre los costos de las instituciones y los ingresos que perciben.

Esa distancia impacta sobre decisiones que rara vez son visibles para quienes reciben atención. “Las instituciones de salud no cierran de un día para el otro”, explicó el director del Mater Dei. “Se van deteriorando”. Según sostuvo, el proceso puede manifestarse en la renovación de equipamiento, la adquisición de insumos o la capacidad para incorporar tecnologías y tratamientos nuevos.

Camerlinckx señaló que esa degradación es difícil de medir desde el lugar del paciente. “La calidad en salud es muy difícil que el paciente pueda evaluarla”, dijo. Por eso, vinculó el problema financiero con la continuidad de estándares que no siempre se perciben durante una consulta o una internación.

La moratoria apunta a deudas acumuladas durante dos décadas

El proyecto legislativo incluye una moratoria amplia para las obligaciones que clínicas y sanatorios fueron acumulando, de acuerdo con lo explicado por Camerlinckx. “No es condonación, es pagar una moratoria muy amplia”, aclaró. La propuesta, según su descripción, busca bajar el volumen de deuda y, al mismo tiempo, permitir que el Estado recupere recursos.

Para el director del Mater Dei, la discusión se vuelve urgente ante el eventual fin de la emergencia sanitaria. “Si das de baja la emergencia sanitaria, ARCA ejecuta a más de cinco mil clínicas”, afirmó. Añadió que esas instituciones no tienen capacidad para afrontar de inmediato las obligaciones postergadas a lo largo de los años.

Camerlinckx comparó además la carga laboral del sector con la de los colegios privados. “En las clínicas y sanatorios hay más mano de obra intensiva que en la educación”, expresó. Según indicó, los prestadores privados pagan 20% de contribuciones patronales, frente al 15% que atribuyó a esas instituciones educativas; en el Mater Dei, precisó, trabajan 1.100 personas con empleo formal.

Maternidades y especialidades pueden dejar de ser sostenibles

Las consecuencias de esa ecuación, según Camerlinckx, ya aparecen cuando los establecimientos revisan sus servicios. “Cierran las maternidades”, afirmó. La decisión, explicó, se toma cuando un área central para la atención deja de cubrir sus costos y la institución entiende que no puede sostenerla.

“Cuando vos lo evaluás como director, como negocio, decís: no puedo seguir teniendo la maternidad porque no me cierran los números”, sostuvo el titular del Mater Dei. El sanatorio destinó USD 2,1 millones de donaciones a mejoras en su maternidad durante el año anterior y, pese a ello, registró un récord de nacimientos en junio, según detalló.

El mismo riesgo puede trasladarse a pediatría y a otras prácticas, advirtió Camerlinckx. “Algún día van a decir: ‘La cirugía esta nosotros no la hacemos más, porque no te alcanza la plata’”. Su señalamiento apunta a que la pérdida de sostenibilidad no necesariamente implica el cierre de un establecimiento, sino la reducción progresiva de servicios disponibles.

En paralelo, el director del Mater Dei describió una mayor demanda de atención en salud mental entre jóvenes y adultos, con consultas vinculadas a patologías psiquiátricas y consumos problemáticos. “Mucho de adicciones, de alcohol, de todo tipo”, afirmó. El sanatorio conformó durante la pandemia un equipo de psiquiatría y psicología que comenzó a asistir a sus trabajadores y que hoy forma parte de esa respuesta.

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enrique camerlinckx, director del sanatorio mater dei

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El Gobierno llamará a sesiones extraordinarias en las próximas semanas para terminar de aprobar algunos de los proyectos más importantes para la administración libertaria. Lo confirmó esta mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, luego de indicar que se buscará acelerar el tratamiento del Presupuesto 2027 y la Reforma Política, la cual contempla la suspensión de las PASO.

“Seguramente haya extraordinarias”, confirmó Menem en diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre. Aún no se conoce la fecha en la que el presidente Javier Milei firmará el decreto para convocar a sesiones extraordinarias. El año pasado se convocó del 10 al 30 de diciembre, pero en el oficialismo creen que se debería adelantar para principios de mes y que finalice antes de la semana de las fiestas, con el viernes 18 de diciembre como fecha tentativa.

También se desconoce cuál será el listado de temas que se convocará. Tanto el Presupuesto como la Reforma Política son reconocidos como las dos iniciativas que estarán en el próximo llamado. Estos son los dos proyectos más importantes para el Presidente. En primer lugar, porque la planificación presupuestaria resulta una condición de previsibilidad del gasto que miran los inversores y entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En segundo término, Milei les pidió particularmente a sus operadores políticos que aceleren las negociaciones para poder movilizar el proyecto electoral en el Congreso y asegurarse de que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias no adelanten el calendario electoral, de modo que le permitan a la economía tener capacidad de recuperación.

En el reportaje que brindó esta mañana, Menem afirmó que el Gobierno buscará avanzar particularmente con esta última iniciativa y dijo que debería conseguirse media sanción en el Senado en un lapso de 15 días. Se trata, también, de un gesto hacia Patricia Bullrich, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, que no está convencida de que se deba tomar esa determinación. En el Gobierno —y en su propio círculo de confianza— afirman que lo hace para tener la opción de pedirle una interna presidencial a Milei, algo que siguen sin ver como un escenario probable por lo que implicaría en términos políticos.

Quienes lideran ambas conversaciones legislativas son los diferentes integrantes del círculo político de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, es uno de los integrantes del oficialismo que viene diciendo en privado que tiene los votos para conseguir la media sanción en la Cámara Alta.

Aun así, dice que necesita de la buena voluntad del partido nacional de La Libertad Avanza para que los gobernadores que tienen alfiles en el Congreso se animen a darle apoyo al oficialismo nacional, a sabiendas de que estos quieren competir en las provincias, lo cual podría afectar sus propios proyectos provinciales.

“No veo que vaya a haber una charla de acuerdos por ahora”, sostiene una importante fuente del círculo menemista, que agrega: “Creemos que es momento de dar un primer paso, aunque los gobernadores deberían pagar al contado”.

Más allá del Presupuesto y de las PASO, hay un grupo de proyectos que el Gobierno podría sumar al temario de extraordinarias. Ninguno tiene dictamen y, con el calendario actual, solo avanzarían este año si la Casa Rosada los incluye en la convocatoria.

El caso más visible es el del Súper RIGI. Diputados le dio media sanción en junio, pero en el Senado está empantanado: los aliados del oficialismo condicionan su apoyo a que se incorpore la obligación de comprar a proveedores locales. Algo parecido ocurre con la Ley Hojarasca, que también tiene media sanción de la Cámara baja desde mayo y en el Senado no tiene acuerdo político ni fecha de tratamiento. Si los senadores le hacen cambios, además, tendría que volver a Diputados.

En el camino inverso, del Senado a Diputados, la reforma de la ley de Biocombustibles quedó trabada en la Cámara baja. PRO, la UCR, el MID y Unión por la Patria reclaman cambios para proteger a las pymes regionales del sector. Otros dos proyectos con sanción del Senado, el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes y la creación de un Mercado de Carbono, recién empiezan su paso por las comisiones de Diputados y todo indica que quedarán para el año próximo. Por último, la reforma de la Ley de Salud Mental, aprobada por el Senado el 29 de octubre, espera tratamiento en Diputados. Uno de sus puntos centrales es que las internaciones ya no requerirían autorización judicial previa y alcanzaría con comunicarlas a la Justicia.

Si el Ejecutivo suma alguno de estos proyectos al temario, mostrará cuáles considera prioritarios de cara a 2027 y cuánto está dispuesto a negociar con los bloques dialoguistas para destrabarlos. No se descarta que algunos de ellos sean incorporados en un eventual segundo llamado a extraordinarias en enero y febrero, un escenario que el propio Gobierno no descarta.