POLITICA
La Libertad Avanza busca una coalición amplia para disputar la gobernación bonaerense en 2027
Con miras a la elección a gobernador bonaerense de 2027, que definirá al sucesor de Axel Kicillof, La Libertad Avanza (LLA) busca armar la alianza más amplia posible junto a Pro, la Unión Cívica Radical (UCR), partidos vecinalistas e intendentes afines.
En este caso, no los une el amor sino el espanto. Es que estos espacios corren con la desventaja de constituir la oposición a un peronismo que esperan que compita unificado en su bastión, y las reglas electorales del distrito –según las que gana quien saca más votos en una sola vuelta– los obligan a sumar la mayor cantidad de voluntades posibles.
Pro comparte esa vocación de ampliar la alianza, aunque anticipa que el núcleo de la coalición será Pro-LLA, como ocurrió en las legislativas de 2025.
En aquella oportunidad, intendentes del macrismo como Pablo Petrecca (Junín), hoy senador bonaerense, se resistieron a sumarse a los libertarios y armaron, junto al radicalismo y peronistas disidentes como Julio Zamora (Tigre), el sello Somos Buenos Aires, que tuvo un resultado magro.
Hoy la UCR se muestra como el sector más reacio a participar de una coalición con LLA y Pro. Dicen estar enfocados en la reconstrucción del propio partido, aunque no puede descartarse su eventual adhesión a esta alianza.
En cuanto al nombre propio que podría disputar el sillón de Dardo Rocha en La Plata, aparecen dos aspirantes: el diputado nacional Sebastián Pareja, presidente del partido en la Provincia y hombre de confianza de Karina Milei en el territorio; y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien además de haberse ganado la confianza de la secretaria general de la Presidencia, cuenta con el antecedente de haber triunfado, como cabeza de lista de diputados nacionales, en las legislativas bonaerenses de 2021 y 2025, y de haber sido precandidato a gobernador en 2023.
La sociedad LLA-Pro
A pesar de las diferencias ocasionales en el Congreso, los roces porteños y las críticas de Mauricio Macri y dirigentes amarillos al Gobierno, LLA y Pro construyeron en la Provincia un vínculo que ambos espacios entienden necesario para 2027, según reconstruyó de fuentes partidarias.
Desde el equipo de Pareja aseguraron que el líder de LLA bonaerense aspira a conseguir “la alianza más amplia que se pueda”. “Busca que se una toda la oposición a Kicillof”, explicó la fuente consultada.
Sin embargo, introdujo un matiz: las fuerzas que se sumen al armado deben “entender que el proyecto político de Javier Milei es el adecuado para sacar adelante la Argentina”, ya que “lo más importante es la reelección del Presidente”.
Sostuvo que “LLA es la fuerza con el mayor caudal de votos en la Provincia” y que el resto “se sumará” a su espacio. “Queremos que el candidato sea violeta”, agregó. Ubican ahí a Santilli –pese a que sigue formando parte de Pro, aunque sea solo oficialmente–, pero no bajan a Pareja de la carrera. “No veo otros nombres”, dijo su entorno.
Cerca de Santilli también confirmaron que “el Colo tiene la idea de armar el frente más amplio posible con la conducción de LLA y sumando a Pro, el radicalismo y los partidos vecinales de intendentes”, porque se trata de “una elección a matar o morir, sin balotaje”.
Su armador territorial es el diputado bonaerense Agustín Forchieri (Pro). “Hay diálogo con Pareja; con Pro; con la UCR, con el sector de Maximiliano Abad [diputado nacional]; y con intendentes radicales”.
Una persona cercana al jefe de Gabinete afirmó que Santilli está “entusiasmado con la posibilidad de competir” y que los hermanos Milei lo ven como el “candidato natural”.
Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en Diputados y presidente del partido en la Provincia, apoya la candidatura de Santilli, a quien considera un amigo. En sintonía con LLA, impulsa una coalición amplia entre todos los espacios opositores al gobierno de Kicillof.
Tanto LLA como Pro dan por hecho que competirán juntos en 2027, aunque las definiciones sobre armados y candidaturas municipales quedarán para más adelante.
Desde el macrismo, sin embargo, advirtieron sobre las dificultades de sumar a la UCR que, pese a acompañar al oficialismo en el Congreso, en ocasiones marca diferencias importantes.
“La alianza va a ser fuertemente Pro-LLA y después aliados, como intendentes”, resumió un dirigente clave de Pro en la Provincia.
Petrecca, que el año pasado rechazó una alianza Pro-LLA, ahora alienta una coalición amplia: “No alcanza solo con Pro ni LLA, ni con los dos. Hay que sumar radicales, vecinalismos y algún peronismo [como los intendentes Guillermo Britos (Chivilcoy), Gilberto Alegre (General Villegas) y Zamora (Tigre)]. Hay que hacer un Juntos por el Cambio ampliado, es decir, agregarle LLA y otros sectores”, dijo a .
Aseguró que tiene diálogo con libertarios y con intendentes radicales del interior, como Maximiliano Suescun (Rauch). Además, reconoció que Santilli es un “buen candidato”, aunque afirmó que el candidato a gobernador se definirá más adelante. “Estoy trabajando para lograr la unidad”, cerró.
Radicalismo
Los dos sectores del radicalismo bonaerense –uno alineado con la conducción nacional de Leonel Chiarella y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, y otro con Abad– dicen estar concentrados en la reconstrucción partidaria y en la unidad interna.
En rigor, la UCR de la Provincia se reunió este sábado en La Plata para renovar las autoridades partidarias y emitió un mensaje de “unidad” con el objetivo de “fortalecer el radicalismo” y “ofrecer una alternativa a la sociedad bonaerense”.
Recién ahora, pasado el encuentro, empezarán a discutir su estrategia de alianzas para 2027, reconoció una de las autoridades de la UCR, en conversación con . Dentro del espacio hay miradas encontradas: algunos son críticos del Gobierno, mientras otros prefieren aliarse con LLA.
Durante el acto, el titular de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, sostuvo que el partido solo podrá construir un acuerdo si primero tiene “peso propio”.
Más reticentes aún se mostraron los Passaglia, de San Nicolás, exintegrantes de Juntos por el Cambio. Los hermanos Santiago (intendente) y Manuel (diputado bonaerense) rechazaron el año pasado la alianza Pro-LLA dado que la consideraban un “sometimiento” del macrismo, y compitieron con el sello propio Hechos, que jugó solo en la segunda sección electoral y obtuvo buenos resultados.
Manuel Passaglia confirmó a que en 2027 competirán por fuera de esa eventual coalición y que buscarán presentar candidatos en los 135 municipios. “Un Passaglia va a ser candidato a gobernador”, agregó un allegado a los hermanos.
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POLITICA
Valentina Bassi advirtió por el impacto de los cambios en discapacidad: “Cada obra social va a poder fijar qué terapias aceptar”
La discusión por la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad quedó atravesada por el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso. La iniciativa propone modificar aspectos centrales del sistema de prestaciones, entre ellos el funcionamiento del nomenclador y el régimen de pensiones.
En ese contexto, Valentina Bassi, actriz y madre de un adolescente con autismo, cuestionó los cambios durante una entrevista en Infobae al Regreso. La actriz sostuvo que la discusión excede la continuidad de la emergencia y alcanza normas que, según explicó, resultan centrales para garantizar el acceso a tratamientos, escuelas especiales, transporte y otros apoyos.
“Estamos tratando de que se prorrogue la ley de emergencia en discapacidad y en la ley de Presupuesto derogan muchísimos artículos muy importantes”, afirmó.
Uno de los principales puntos de su planteo está relacionado con la Ley 24.901, que desde 1997 establece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. El proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar artículos de ese régimen y alterar el esquema mediante el cual se determinan los aranceles.
El nomenclador, el principal eje del reclamo
El Nomenclador de Prestaciones Básicas establece los valores de referencia para servicios que reciben las personas con discapacidad. El proyecto oficial plantea que deje de incluir valores universales y reemplaza ese criterio por un esquema en el que cada financiador pueda establecer condiciones y valores diferenciados.
Para Bassi, esa modificación puede generar diferencias en el acceso según la cobertura médica de cada persona.
“El nomenclador único es fundamental”, remarcó. Y planteó cuál sería, desde su perspectiva, una de las consecuencias del cambio: “Cada obra social y cada prepaga va a poder fijar qué valor y qué terapias van a querer ofrecerte y aprobarte para tu hijo”.
La actriz explicó que el nomenclador funciona como una referencia común para prestaciones como escuelas especiales, centros de atención, transporte y tratamientos. “El Estado fija qué tiene que cobrar una escuela para mantener la escuela, los sueldos, la comida de los chicos; qué tiene que cobrar el transporte, qué tienen que cobrar los terapeutas”, detalló.
Actualmente, el Gobierno sostiene que el sistema necesita una actualización y un esquema que permita garantizar las prestaciones de manera sostenible. En septiembre, funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad defendieron ante el Congreso las medidas implementadas para actualizar el nomenclador y ordenar el sistema.
El proyecto, sin embargo, propone modificar el mecanismo vigente. También elimina la referencia a valores universales y cambia la modalidad de actualización de los aranceles.
Bassi advirtió que ese escenario puede repercutir sobre los prestadores y, en consecuencia, sobre las familias. Durante la entrevista, sostuvo que los valores actuales tampoco alcanzan para cubrir los costos del sistema y reclamó una actualización de la base del nomenclador.
La preocupación por la continuidad de los servicios también alcanza al transporte. “Se están yendo a trabajar a otros rubros y las personas con discapacidad se quedan sin movilidad para ir a las terapias. Y las familias nos enloquecemos”, afirmó.
El problema del financiamiento y las demoras en los pagos ya forma parte del debate parlamentario. Un informe reciente de Infobae señaló que prestadores, transportistas y familias vienen advirtiendo por el desfasaje entre aranceles y costos, con reducción de servicios e interrupciones de tratamientos.
Qué cambios plantea el Presupuesto para las pensiones
Otro de los puntos cuestionados por Bassi está relacionado con las pensiones no contributivas por discapacidad. El proyecto de Presupuesto propone modificar el régimen vigente y volver a un esquema denominado de pensión por invalidez laboral. Además, establece que el beneficio sea incompatible con un empleo formal o con la inscripción en determinados regímenes tributarios.
La propuesta también modifica el papel del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso al beneficio y deja parte de los requisitos en manos de la reglamentación.
Bassi cuestionó especialmente la incompatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado. “Las personas con discapacidad quieren trabajar. En vez de pelear porque se cumpla el cupo laboral en trabajo del Estado o porque los privados acepten a personas con discapacidad, dice: ‘Si trabajás no tenés derecho a una pensión’”, planteó.
La actriz también vinculó el beneficio con el acceso a la atención sanitaria. “Muchas personas con discapacidad no tienen obra social ni prepaga. Entonces, con la pensión te viene el beneficio de incluir salud para que tengas acceso a los tratamientos”, sostuvo.
El proyecto también propone derogar disposiciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad vinculadas con la cobertura médica obligatoria para titulares de pensiones y con el traspaso de beneficios al nuevo esquema.
Para Bassi, la discusión tiene un efecto concreto en las familias que dependen de las prestaciones para sostener tratamientos y apoyos. “Le quitan las pensiones a los niños. Muchas personas que no tienen obra social y tienen un niño con discapacidad acceden a la pensión para que ese niño tenga terapias”, afirmó.
La emergencia y el debate en el Congreso
La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad fue sancionada para establecer medidas específicas destinadas a sostener el sistema y afrontar la situación de los prestadores. La discusión actual está centrada en su prórroga, mientras el Presupuesto 2027 incorpora modificaciones que afectan distintos aspectos del régimen.
Bassi aseguró que el reclamo por la continuidad de la emergencia atraviesa distintos espacios políticos. “Hablo con muchísimos diputados, gobernadores y doy fe de que esto es completamente transversal”, afirmó.
También expresó expectativas sobre el tratamiento parlamentario de la prórroga. “Yo creo que la prórroga de la ley de emergencia va a salir. Tengo fe en eso, lucho por eso”, señaló.
Durante la entrevista, además, diferenció la vigencia temporal de la emergencia de las normas permanentes que regulan las prestaciones. “Lo que vence es la emergencia, los artículos de la ley no vencen”, sostuvo.
El Gobierno, por su parte, defendió ante el Congreso su política en materia de discapacidad y aseguró que busca garantizar las prestaciones, actualizar el nomenclador y ordenar el sistema de pensiones.
Bassi también respaldó la realización de controles sobre las pensiones y planteó que el objetivo debe ser identificar irregularidades sin afectar a quienes necesitan el beneficio. “Todos los que estamos relacionados con discapacidad queremos que cobren las personas que lo necesitan, no que cobre alguno que no”, afirmó.
Al final de la entrevista, la actriz habló además de su actividad artística. Actualmente participa de Salvajada, obra de Mauricio Kartun basada en un cuento de Horacio Quiroga, junto a Pablo Mariuzzi y bajo la dirección de Luis Rivera López. La puesta aborda cuestiones vinculadas con la discriminación y el bullying y se presenta los martes a las 20 en el Teatro Astros.
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POLITICA
El gobernador de Córdoba rechazó los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027: “No vamos a acompañar”
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó este domingo los recortes en los fondos para discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 del oficialismo y anticipó que su provincia no los va a acompañar en el Congreso.
“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos”, sentenció en su cuenta de X.
En el mismo mensaje, Llaryora sostuvo que en su provincia el área “es una prioridad” y que “no es beneficencia ni caridad”. Agregó que las prestaciones, los traslados y las terapias “no pueden depender de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer”.
Llaryora también se dirigió a sus legisladores en ambas cámaras y al Congreso en general que no permitan la aprobación de lo que las personas afectadas viven como “un acto de crueldad”. El gobernador también advirtió que el esfuerzo que hace la provincia junto a casi 350 organizaciones y a los gobiernos locales “no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades”. Y sumó: “Esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional”.
“Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco. Detrás de cada política de discapacidad hay personas, familias y realidades que necesitan acompañamiento. Por eso, las medidas integrales y el compromiso del Estado con las personas con discapacidad son indispensables”, finalizó el mandatario.
El posicionamiento de Llaryora llega luego de que el Ejecutivo enviara al Congreso una Ley de Presupuesto que contemplaba en uno de sus apartados una modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por la oposición el año pasado.
POLITICA
Escepticismo en las Fuerzas Armadas por el proyecto de Milei que nació por las tensiones en Malvinas
Un diagnóstico aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes. Así definen sectores castrenses el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, que a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas crea el Consejo de Seguridad Nacional y dispone que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para participar en “operaciones militares convencionales y no convencionales”.
La evaluación entre los militares se completa con el análisis de otro proyecto sensible remitido a la Cámara de Diputados; el presupuesto 2027, que aumenta los recursos asignados al área de Defensa en un 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en un 30 por ciento.
Sigue muy lejos la prometida equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, el presupuesto militar decrece en términos reales y se mantiene la crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas, con una deuda de $160.000 millones. El proyecto enviado al Congreso llega, así, en “un contexto de marcado desinterés y fuerte preocupación”, dijo a un oficial en actividad.
“En algunas provincias, muchos suboficiales y oficiales subalternos están más preocupados en saber cuándo la Policía local abre la inscripción para incorporar efectivos que en otra cosa”, explicó con preocupación un militar, como reflejo del descontento por los bajos salarios.
Experiencias recientes, como la Operación Roca −el despliegue militar en la frontera norte para tareas de control, vigilancia y apoyo contra el delito complejo− y los intentos por involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico no encontraron un fuerte entusiasmo en las filas militares.
El germen del nuevo proyecto es el decreto 1112/24, dictado en la gestión ministerial de Luis Petri. Como no había fuerza política en el Congreso, se extendió por decreto la banda de actores considerados amenaza externa. “De la interpretación restrictiva que hacía el decreto 727/2006, de Nilda Garré, pasamos a una interpretación amplia: amenaza externa es todo lo que afecte la integridad territorial del país, mientras opere en el exterior”, explicó Juan Battaleme, quien acompañó a Petri como secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa.
“El proyecto no otorga a las Fuerzas Armadas los medios, ni el presupuesto para defender las fronteras. Crea un aparato burocrático centralizado en la Casa Rosada, otorga atribuciones a los servicios de inteligencia y posterga indefinidamente la presencia real de la Argentina en el Atlántico Sur”, advirtió a el teniente general retirado Juan Martín Paleo, referente del Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional, junto al abogado Carlos Lionel Traboulsi.
Más allá de las deudas y la coyuntura presupuestaria, hay consenso entre los uniformados en que todo el encuadramiento legal vigente en materia militar fue pensado para los tiempos de la guerra fría, con conceptos como agresiones del orden externo e interno. “El nuevo escenario mundial obliga a buscar consensos y requiere un trabajo de Estado”, estimó un general del Ejército retirado, que ya inmersos en la tercera década del siglo XXI sugiere “despojarse de ataduras ideológicas”.
Desde una perspectiva profesional, algunas fuentes militares entienden que es positivo que “el Estado vuelva a discutir qué defensa necesita la Argentina” y que se procure articular capacidades que hoy aparecen muy fragmentadas.
Muchos, incluso, comparten la mirada integral del proyecto, que crea el Consejo de Seguridad Nacional con participación de las áreas de Defensa, Relaciones Exteriores, Economía e Inteligencia. Pero estiman difícil que funcione en la práctica. “Las culturas imperantes son muy fuertes y contrarias a esta sinergia que en un país serio sería norma”, precisó un oficial retirado.
Amenazas y misiones
Frente al debate parlamentario de la ley que diseña el nuevo escenario para el instrumento militar, voces castrenses advierten que “una cosa es ampliar el concepto de amenazas y otra muy distinta es ampliar las misiones de las Fuerzas Armadas”.
“Que las Fuerzas Armadas estén preparadas para operaciones no convencionales no significa que deban convertirse en una fuerza de seguridad, ni asumir indistintamente funciones que corresponden a otros instrumentos del Estado”, señala un experimentado general, ante una consulta de .
La impresión de fuentes familiarizadas con la seguridad y la defensa, según pudo evaluar , es que el proyecto del gobierno de Milei es extremadamente largo y muy amplio. “Es una ley ómnibus, porque mezcla temas que son de diferentes niveles y aspectos muy distintos”, dijo un exfuncionario experto en temas de seguridad. Advirtió que la iniciativa “amplía las misiones y funciones de las Fuerzas Armadas y “vuelve a instalar la posibilidad de que los militares desarrollen actividades de inteligencia en el marco interno”, cuando la Argentina en democracia había cancelado ese debate.
El exjefe militar Paleo añadió otro punto de controversia. “Me preocupa la falta de mención a la problemática de la milla 350”, lamentó Paleo. Explicó que el país extendió los límites exteriores de su plataforma continental hasta la milla 350, con el aval de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Pero el proyecto de Milei limita la actuación del Comando Conjunto Marítimo a la Zona Económica Exclusiva, marcada por la milla 200. “Deja en una laguna jurídica la capacidad de detener y sancionar la depredación de los recursos del lecho y subsuelo marino”, advirtió.
En términos políticos, Sabina Frederic, exministra de Seguridad y excolaboradora de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, expresó que la iniciativa “está lanzada para generar discusiones” sobre tareas, misiones y objetivos, en momentos en que las Fuerzas Armadas tienen el presupuesto más bajo de la región. Y cerró: “Con la excusa de Malvinas, el Gobierno hizo un proyecto con muchas trampas que nada tiene que ver con la causa”.
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