POLITICA
La lista de gastos y bienes de Adorni que aparecen en la mira de la Justicia
Gastos inmobiliarios: US$$65.000. Gastos en viajes: US$27.658 en efectivo. Nuevas deudas contraídas: US$335.000. Desde que llegó a la función pública, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, registró estos números por las compras de dos propiedades, dos hipotecas y tres incursiones al exterior. Durante la mayor parte de ese período, su salario bruto estuvo congelado en 3,5 millones de pesos. Cómo solventó estos pagos y el origen de esos fondos configuran los dos grandes interrogantes que la Justicia busca responder en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Los dólares que Adorni declaró al cierre de 2024 no alcanzan para cubrir los gastos que la Justicia le anota en 2025. Tenía US$42.500 en efectivo y otros US$6.220,23 en una cuenta en el exterior. En total, unos US$48.720,23. El año pasado lo comenzó con el viaje a Aruba. Una agencia turística indicó a la fiscalía de Gerardo Pollicita que el aéreo y la estadía demandaron US$14.674. A ese desembolso se sumaron, meses más tarde, US$30.000 por la compra del departamento de Caballito y otros US$30.000 por la cancelación parcial de una hipoteca tomada en noviembre de 2024. Sólo esos tres ítems superan en US$25.953,77 los dólares que había declarado antes de partir rumbo al Caribe.
Adorni también había declarado dos inmuebles que, hasta marzo de este año, no vendió, según informes de los Registros de la Propiedad Inmueble porteño y bonaerense. Uno en La Plata y otro sobre la calle porteña Asamblea. El patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti, es otro foco clave de la investigación. Hasta hace un mes, la Oficina Anticorrupción no contaba con esa información, dado que el jefe de Gabinete había omitido incluir la declaración jurada de su cónyuge en el anexo reservado. El exvocero la presentó cuando la investigación judicial ya estaba en curso.
Un informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires muestra que, al mes de marzo, Angeletti figura como titular de la casa en el country Indio Cua y de otra propiedad en el partido de Morón. En la Ciudad de Buenos Aires, terminó de pagar una hipoteca en 2024 por un departamento adquirido en 2008 con un crédito del Instituto de Vivienda porteño, según el informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble de la capital.
El lado de los ingresos aporta más datos. En marzo de 2025, Adorni declaró ante el Tribunal Electoral porteño que su ingreso neto anual era de 40.300.000 pesos (unos 3,3 millones por mes). Recién en enero de este año duplicó su salario. Mientras tanto, Angeletti, pagó aportes a la obra social del monotributo hasta septiembre de 2025, según bases de datos con información bancaria. En ese período, la categoría más alta del régimen estipulaba ingresos brutos de hasta aproximadamente $7,9 millones mensuales. En octubre se dio de alta como trabajadora autónoma, que no reviste tope de ingresos, tal como refleja documentación de la ARCA. Para entonces, sin embargo, el patrimonio y los gastos familiares ya habían crecido de manera sustancial.
contactó al jefe de Gabinete en repetidas oportunidades, le transmitió preguntas concretas a él y a su primer abogado, pero no obtuvo respuesta ni comentarios.
El crecimiento patrimonial de Adorni durante la función pública comenzó tres meses después de asumir. En marzo de 2024 incorporó al 50% una camioneta modelo 2021; la otra mitad figura a nombre de Angeletti, según el Registro de la Propiedad Automotor. En el origen de fondos, el jefe de Gabinete indicó “venta de activos” sin precisar cuáles. La documentación bajo análisis no registra activos declarados previamente que puedan corresponderse con esa operación.
Ocho meses después de comprar el vehículo, el matrimonio tomó un crédito hipotecario no bancario de US$100.000 y el mismo día Angeletti escrituró la casa en el country Indio Cua. Un mes más tarde, realizaron el viaje a Aruba. En noviembre de 2025, escrituraron el departamento de Caballito con una segunda hipoteca y un pago de US$30.000. En febrero de este año fue el turno de la incursión en jet privado a Punta del Este y en marzo el viaje con la comitiva oficial a Nueva York.
Un dato llama la atención en la matriz de financiamiento: ninguna de las dos hipotecas es bancaria. Las acreedoras de la primera son una mujer retirada de la Policía Federal y su hija. Las de la segunda, una jubilada y una afiliada al PAMI. Se trata de perfiles inusuales para operar como prestamistas en dólares por montos de 100.000 y 200.000, respectivamente.
Esta secuencia puede traducirse en tres categorías. Los desembolsos vinculados a inmuebles son una de ellas. Allí aparecen los US$30.000 del departamento de Caballito, otros US$30.000 de la devolución parcial de la hipoteca de noviembre de 2024 y US$5.000 de ingreso al country Indio Cua, según reconstruyeron en el expediente.
Esa cifra podría ser mayor. En la fiscalía indicaron que la compra de la casa del country, además de los US$100.000 de la hipoteca, demandó US$20.000 adicionales, más gastos en refacciones. Hasta el momento no pudo constatar documentos que señalen eso.
La categoría viajes suma los US$14.674 informados por una agencia turística a la Justicia correspondientes al capítulo de Aruba. A ello se le agrega el costo del viaje de vuelta de Nueva York, equivalente a US$5.154. Y los traslados a Punta del Este, cuya ida tuvo un costo de US$4.830, mientras que la vuelta, unos US$3.000, según facturas presentadas en sede judicial.
A diferencia de los pagos descriptos, Adorni sumó compromisos que todavía no canceló. Luego del pago parcial de la hipoteca de noviembre de 2024, le restan US$70.000 más intereses del 11% para cancelarla. La segunda hipoteca, la del departamento de Caballito, agrega US$200.000. Y uno de los hijos de una de las acreedoras, Pablo Feijoo, declaró ante la Justicia que acordó con el jefe de Gabinete un pago de US$65.000 que no figura en la documentación analizada por .
Los gastos corrientes configuran otro capítulo. Sólo las expensas del departamento en la calle Asamblea representan $500.000, según un aviso de venta publicado hace casi 60 días. Esto se agrega a la mantención de otras cinco propiedades: dos en la Ciudad de Buenos Aires, una en Morón, otra en La Plata y otra en Indio Cua. Allí hay que considerar los impuestos inmobiliarios, más los gastos de patente y seguro de la camioneta que incorporaron al acervo familiar en marzo de 2024.
La cuenta no termina ahí. También pesan los gastos fijos de una familia con dos hijos menores: colegio, manutención, telefonía, Internet, servicios públicos, transporte, y otros. En parte, la central de deudores del Banco Central (BCRA) refleja este crecimiento en números. Según esos registros, los niveles de deudas mensuales ante el Banco Galicia llegaron a superar los 10 millones de pesos en el caso de Adorni y los 15 millones en el de su cónyuge. A propósito de esos datos, la Justicia aguarda información bancaria sobre gastos con tarjetas de crédito, con montos, fechas y destinatarios.
Línea de tiempo
Adorni y Angeletti compraron la camioneta modelo 2021 en marzo de 2024. Ocho meses después, realizaron una de las operaciones inmobiliarias centrales de la investigación. Por entonces, él ganaba unos 3,3 millones de pesos por mes (unos 2.400 dólares al tipo de cambio vendedor promedio de 2025). Sus ingresos pudieron no agotarse en esa cifra, dada la actividad empresarial de Angeletti, cuya facturación no trascendió y también comenzó a ser investigada.
Aún así, en noviembre de 2024, tomaron una hipoteca no bancaria por US$100.000 con dos acreedoras: una mujer retirada de la Policía Federal y su hija. La fecha coincide con el registro de la compra de la casa en el country de Exaltación de la Cruz, Indio Cua. Mientras se desconoce el importe final pagado por esa propiedad, el crédito añade cuotas con un interés del 11%, según indicó la escribana Adriana Nechevenko. Eso se suma a las expensas del nuevo inmueble, que rondan los 700.000 pesos, según publicó Clarín.
En el expediente señalaron que las dos acreedoras declararon que Adorni y Angeletti les deben US$70.000, más intereses, de donde se infiere que les pagaron US$30.000 desde noviembre de 2024. Como ya publicó , Adorni había omitido incluir la casa del country en el apéndice reservado de su declaración jurada de 2024 y solo la añadió este mes. Cuando este medio dio cuenta de la compra, el jefe de Gabinete y su entonces abogado no habían respondido las consultas efectuadas.
Pese a esas deudas, el matrimonio y sus hijos viajaron a Aruba a fines de 2024, entre el 29 de diciembre de 2024 y el 14 de enero de 2025. Pagaron US$5.800 por los pasajes y US$8.874 por la estadía. En octubre de 2025, una constancia de la ARCA a nombre de Angeletti indica que se dio de alta como trabajadora autónoma, prestando servicios de “coaching ontológico” a empresas, entre ellas una naviera que brinda servicios para la petrolera YPF. La facturación de esa actividad no trascendió y forma parte de lo que la Justicia busca determinar.
Al mes siguiente, Adorni y Angeletti escrituraron el departamento de Caballito, por US$230.000. De ellos, US$30.000 fueron cancelados y US$200.000 forman parte de una segunda hipoteca que vence en noviembre de 2026 por un inmueble que en el mercado ronda entre US$400.000 y US$450.000. Las acreedoras son la jubilada Beatriz Viegas y la afiliada al PAMI Claudia Sbabo. La escribana Adriana Nechevenko indicó que el plazo de pago puede prorrogarse si las partes acuerdan. El hijo de Viegas, Pablo Feijoo, aseguró que tiene un acuerdo de palabra con Adorni, por un pago extra de US$65.000.
Recién a principios de 2026, el jefe de Gabinete aportó más ingresos al núcleo familiar. En el Boletín Oficial se publicó un decreto con la firma de Milei que dispuso que Adorni y los ministros que hasta diciembre cobraban 3,5 millones de pesos brutos pasaran a percibir 7,1 millones en enero y 7,2 millones en febrero. Ese último salario equivale a unos US$5.080 según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación del 2 de marzo.
Ese mismo mes de febrero, Adorni viajó a Punta del Este en un vuelo privado junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio. La factura de ida fue emitida por AlphaCentauri a la productora Imhouse, de Grandio, con un costo de US$4.830. La de vuelta habría sido de US$3.000, según una factura fechada el 9 de marzo. La Justicia busca determinar quién afrontó esos gastos.
Todo esto comenzó a ser investigado tras la inclusión de la esposa de Adorni en el vuelo que trasladó a la comitiva oficial a Nueva York en marzo, durante la Argentina Week. El costo del vuelo de regreso de Angeletti alcanzó los US$5.154,55, según la información en manos del fiscal Pollicita.
El expediente continúa con la toma de declaraciones y el análisis de documentación. Con el secreto fiscal y bancario levantados, los investigadores buscan establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados, el nivel de gasto y el incremento patrimonial, así como el origen de los fondos utilizados en las operaciones bajo análisis.
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Casación confirmó los procesamientos de De Vido y su esposa en una causa por enriquecimiento ilícito
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido y de su esposa, Alessandra Minnicelli, por el delito de enriquecimiento ilícito.
Los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky rechazaron el recurso extraordinario presentado por la defensa de De Vido al considerar que no reunían los requisitos formales para habilitar esa instancia, ya que la resolución no pone fin a la acción penal y no se acreditó una cuestión federal.
En esta causa, se le atribuye al matrimonio un enriquecimiento patrimonial no justificado de alrededor de 677.000 dólares. De Vido fue procesado como autor del delito y Minnicelli como partícipe necesaria. El tribunal también confirmó los embargos por 998 millones de pesos a cada uno.
El juez federal Sebastián Casanello había procesado sin prisión preventiva a ambos. Según la imputación, entre 2003 y 2017, De Vido aumentó de manera apreciable e injustificada su patrimonio mientras ocupaba cargos públicos, con la colaboración de su esposa y terceras personas.
Uno de los puntos centrales de la investigación es un departamento ubicado en Avenida del Libertador. El inmueble fue adquirido entre 2007 y 2009 a través de la sociedad Uni-Vite Argentina S.A. y registrado a nombre de supuestos testaferros.
Según la causa, De Vido y Minnicelli simularon ser inquilinos hasta octubre de 2018 y vivieron allí hasta marzo de 2023, cuando el departamento fue vendido. El expediente incluye también una baulera y una cochera embargadas, además de la tenencia no justificada de 90.000 dólares en efectivo.
La investigación fue impulsada originalmente por el fiscal Carlos Stornelli y tramitó ante los jueces Octavio Aráoz de Lamadrid y Luis Rodríguez. En 2023, Julián Ercolini tomó declaraciones indagatorias.
La falta de declaraciones juradas de bienes correspondientes al período 2000-2003 y la ausencia de ingresos declarados por Minnicelli formaron parte de los elementos valorados por la Justicia.
Con este revés, los imputados pueden intentar una queja ante la Corte Suprema de Justicia como última opción antes de la elevación a juicio oral.
Las condenas de De Vido
De Vido se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario por razones de salud, tras la confirmación de una condena a cuatro años de prisión por malversación de fondos públicos en el marco de la tragedia de Once.
El exfuncionario acumula otras condenas firmes de cuatro años por fraude en la compra de trenes chatarra a España y Portugal, y de cuatro años por irregularidades en la adquisición de Gas Natural Licuado.
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Asimismo, recibió condenas en las causas Odebrecht y Skanska.
Además, sigue siendo investigado en la causa de los cuadernos de las coimas, donde se le atribuye haber recibido dinero en efectivo.
De Vido, Minnicelli, casación penal
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Villarruel defendió la autorización excepcional a Fernández Sagasti para que votara de manera virtual
La vicepresidenta Victoria Villarruel defendió este jueves su decisión de autorizar de forma excepcional a la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti a votar en la sesión por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El decreto de la funcionaria no se llevó adelante por un planteo de Patricia Bullrich.
Villarruel contestó un posteo de un abogado constitucional que afirmaba que la autorización que había brindado la vicepresidenta no modificaba el reglamento del Senado, dado que se trataría de una decisión de carácter individual, excepcional y transitorio.
“Gracias, Dr. Armesto, por aclarar una decisión donde la Presidencia del Senado solamente ha trasladado a los senadores la resolución de este tema. Nada se ha hecho que contradiga a las instituciones y al Reglamento del Senado”, señaló la vicepresidenta a través de X.
Fernández Sagasti había solicitado votar a distancia debido a que cursa 32 semanas de embarazo y no puede trasladarse por orden médica. Ante ello, Villarruel le dio una autorización excepcional a través de un decreto, que permitía el voto de manera virtual. Sin embargo, la medida estaba supeditada a lo que decidiera el pleno del cuerpo, que es el cual tiene la facultad de tomar este tipo de decisiones.
La medida prometía complicar el inicio del debate del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que ya sufrió el recorte de su polémico capítulo III de extranjerización de tierras por oposición de bloques aliados y el rechazo social que generó.
Aun así, el tema fue tratado al comienzo de la sesión sin escándalo. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, presentó una moción de preferencia donde planteó enviar todos los proyectos vinculados a la regulación del voto no presencial a la Comisión de Asuntos Institucionales. La moción fue aprobada por amplia mayoría.
De esta manera, Fernández Sagasti quedó inhabilitada para la sesión de este jueves. Lo mismo ocurrió con el senador catamarqueño Flavio Fama, que atraviesa un postoperatorio y debe permanecer en su provincia. Fama no detalló a qué procedimiento fue sometido ni su período de recuperación. El legislador también había sido autorizado por Villarruel a votar.
El debate de este jueves en la Cámara alta gira en torno a la aceleración de los plazos judiciales para los desalojos y a los cambios en la Ley de Manejo del Fuego para levantar los impedimentos para disponer de los predios de zonas productivas y pastizales afectados por un siniestro.
En paralelo, frente al Congreso, organizaciones sociales, sindicales y la oposición llevan adelante una manifestación contra el proyecto, donde se registraron al menos tres detenidos y dos efectivos de las fuerzas federales heridos.
La medida de la vicepresidenta sumó tensiones al ya creciente enfrentamiento con el presidente Javier Milei e importantes funcionarios de su Gabinete.
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Ley de inviolabilidad de la propiedad privada: Patricia Bullrich bloqueó la votación a distancia de Anabel Fernández Sagasti
Tras la polémica, las idas y vueltas y el nuevo desplante de Victoria Villarruel al Gobierno, Patricia Bullrich logró este jueves bloquear el pedido de votación a distancia de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
La legisladora opositora se encuentra en Mendoza, su provincia, imposibilitada de viajar a Buenos Aires a causa de su avanzado embarazo. En lo que se anticipaba como una elección de resultado ajustado, su voto era clave, por lo que realizó un pedido especial para poder participar de la sesión a través de la plataforma Zoom. En la misma situación se encontraba el senador radical catamarqueño Flavio Fama, quien se recupera de una intervención quirúrgica.
Tras la aprobación de los pedidos por parte de Villarruel, presidenta del cuerpo, la decisión final debía ser tomada por el resto de los legisladores en el recinto. Fue en ese contexto en que al inicio de la sesión, Bullrich pidió la palabra para desplegar su maniobra.
“Quiero mocionar que, de acuerdo al artículo 227 del Reglamento, y a partir del debate que se hizo público en torno a las licencias, el voto no presencial y los proyectos parlamentarios necesarios para habilitar este tema se discutan en la Comisión de Asuntos Institucionales”, manifestó.
La votación se realizó a mano alzada y se aprobó la moción por amplia mayoría, con votos del bloque peronista incluidos.
Luego de que el oficialismo resolviera eliminar el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros para evitar que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada se postergara, el Senado debate este jueves el resto de la iniciativa.
La exclusión del aspecto más controvertido de la iniciativa se precipitó después de una serie de rechazos expresados durante la tarde del martes, que excedieron el ámbito de la política e incluyó mensajes negativos de representantes de la cultura y hasta del deporte.
Mientras Bullrich ofrecía una conferencia para anunciar modificaciones en la venta de tierras a extranjeros —pasando de la liberalización total a la actualización del tope del 15% al 25%—, al menos cuatro legisladores que se presumía votarían a favor expresaron dudas y negaron a Infobae haber comprometido su apoyo. Al notar que los números no cerraban para aprobar el proyecto, el Gobierno debió dar marcha atrás con el artículo que encendió las mayores críticas.
A pesar de la modificación del proyecto, militantes de partidos políticos opositores y organizaciones sociales sostuvieron la convocatoria a manifestarse en contra de la propuesta oficialista, por lo que se respira un aire caldeado frente al Congreso.
José Mayans, presidente del bloque kirchnerista, intentó a último momento hacer caer la sesión.
El legislador formoseño realizó una moción para que el proyecto regresara a comisiones, argumentando que el dictamen final fue enviado recién este mediodía, lo que impidió un estudio y un tratamiento serio.
La propuesta fue sometida a votación y obtuvo el acompañamiento de 31 senadores, pero el rechazo de 38, por lo cual la moción fue descartada y la sesión continuó como estaba previsto.
El rechazo de gobernadores aliados a la ley enciende una alerta en la Casa Rosada
Al interior de la Casa Rosada comenzaron a hacer una lectura interna de cómo resultó la derrota legislativa de ayer, la cual implicó que el oficialismo debiera quitar de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo de venta de terrenos a extranjeros.
La oposición más intransigente al Gobierno logró ganar la disputa en la arena pública y eso forzó a que varios gobernadores que habían dado su apoyo inicial luego terminaran cediendo, dado que no querían cargar con el costo político de habilitar la media sanción de la iniciativa.
Al finalizar la reunión de Mesa Política del martes, los operadores políticos ya esgrimían en privado la dificultad con la que se encontraban para conseguir la mitad de los votos de la cámara alta. Marcaban que el panorama estaba “complicado”, pero que al igual que en otras instancias difíciles, iban a poder torcer las últimas voluntades. “La negociación se cayó como un castillo de naipes. Se salió uno y se cayeron todos”, analizó uno de los principales operadores políticos de la Casa Rosada a Infobae.
Al oficialismo le queda impresa la narrativa de la derrota porque se desprendieron de un articulado que consideraban clave, aunque fue más importante el cómo: y es que muchos de los gobernadores que optaron por el silencio en estas horas -y algunos de los que se terminaron oponiendo al capítulo de venta- estaban a favor del proyecto.
¿Esto que sucedió es presagio de lo que pueda llegar a acontecer en otras votaciones venideras? No es la lectura que hacen desde los despachos políticos del Gobierno. Afirman que se trató de un caso excepcional y que estuvo signado por diferentes errores políticos por parte de varias alas del oficialismo. Aun así, marcan: “Es cuestión de que se produzca un episodio más de este estilo para que nos empecemos a preocupar”.
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