POLITICA
La lista de gastos y bienes de Adorni que aparecen en la mira de la Justicia

Gastos inmobiliarios: US$$65.000. Gastos en viajes: US$27.658 en efectivo. Nuevas deudas contraídas: US$335.000. Desde que llegó a la función pública, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, registró estos números por las compras de dos propiedades, dos hipotecas y tres incursiones al exterior. Durante la mayor parte de ese período, su salario bruto estuvo congelado en 3,5 millones de pesos. Cómo solventó estos pagos y el origen de esos fondos configuran los dos grandes interrogantes que la Justicia busca responder en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Los dólares que Adorni declaró al cierre de 2024 no alcanzan para cubrir los gastos que la Justicia le anota en 2025. Tenía US$42.500 en efectivo y otros US$6.220,23 en una cuenta en el exterior. En total, unos US$48.720,23. El año pasado lo comenzó con el viaje a Aruba. Una agencia turística indicó a la fiscalía de Gerardo Pollicita que el aéreo y la estadía demandaron US$14.674. A ese desembolso se sumaron, meses más tarde, US$30.000 por la compra del departamento de Caballito y otros US$30.000 por la cancelación parcial de una hipoteca tomada en noviembre de 2024. Sólo esos tres ítems superan en US$25.953,77 los dólares que había declarado antes de partir rumbo al Caribe.
Adorni también había declarado dos inmuebles que, hasta marzo de este año, no vendió, según informes de los Registros de la Propiedad Inmueble porteño y bonaerense. Uno en La Plata y otro sobre la calle porteña Asamblea. El patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti, es otro foco clave de la investigación. Hasta hace un mes, la Oficina Anticorrupción no contaba con esa información, dado que el jefe de Gabinete había omitido incluir la declaración jurada de su cónyuge en el anexo reservado. El exvocero la presentó cuando la investigación judicial ya estaba en curso.
Un informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires muestra que, al mes de marzo, Angeletti figura como titular de la casa en el country Indio Cua y de otra propiedad en el partido de Morón. En la Ciudad de Buenos Aires, terminó de pagar una hipoteca en 2024 por un departamento adquirido en 2008 con un crédito del Instituto de Vivienda porteño, según el informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble de la capital.
El lado de los ingresos aporta más datos. En marzo de 2025, Adorni declaró ante el Tribunal Electoral porteño que su ingreso neto anual era de 40.300.000 pesos (unos 3,3 millones por mes). Recién en enero de este año duplicó su salario. Mientras tanto, Angeletti, pagó aportes a la obra social del monotributo hasta septiembre de 2025, según bases de datos con información bancaria. En ese período, la categoría más alta del régimen estipulaba ingresos brutos de hasta aproximadamente $7,9 millones mensuales. En octubre se dio de alta como trabajadora autónoma, que no reviste tope de ingresos, tal como refleja documentación de la ARCA. Para entonces, sin embargo, el patrimonio y los gastos familiares ya habían crecido de manera sustancial.
contactó al jefe de Gabinete en repetidas oportunidades, le transmitió preguntas concretas a él y a su primer abogado, pero no obtuvo respuesta ni comentarios.
El crecimiento patrimonial de Adorni durante la función pública comenzó tres meses después de asumir. En marzo de 2024 incorporó al 50% una camioneta modelo 2021; la otra mitad figura a nombre de Angeletti, según el Registro de la Propiedad Automotor. En el origen de fondos, el jefe de Gabinete indicó “venta de activos” sin precisar cuáles. La documentación bajo análisis no registra activos declarados previamente que puedan corresponderse con esa operación.
Ocho meses después de comprar el vehículo, el matrimonio tomó un crédito hipotecario no bancario de US$100.000 y el mismo día Angeletti escrituró la casa en el country Indio Cua. Un mes más tarde, realizaron el viaje a Aruba. En noviembre de 2025, escrituraron el departamento de Caballito con una segunda hipoteca y un pago de US$30.000. En febrero de este año fue el turno de la incursión en jet privado a Punta del Este y en marzo el viaje con la comitiva oficial a Nueva York.
Un dato llama la atención en la matriz de financiamiento: ninguna de las dos hipotecas es bancaria. Las acreedoras de la primera son una mujer retirada de la Policía Federal y su hija. Las de la segunda, una jubilada y una afiliada al PAMI. Se trata de perfiles inusuales para operar como prestamistas en dólares por montos de 100.000 y 200.000, respectivamente.
Esta secuencia puede traducirse en tres categorías. Los desembolsos vinculados a inmuebles son una de ellas. Allí aparecen los US$30.000 del departamento de Caballito, otros US$30.000 de la devolución parcial de la hipoteca de noviembre de 2024 y US$5.000 de ingreso al country Indio Cua, según reconstruyeron en el expediente.
Esa cifra podría ser mayor. En la fiscalía indicaron que la compra de la casa del country, además de los US$100.000 de la hipoteca, demandó US$20.000 adicionales, más gastos en refacciones. Hasta el momento no pudo constatar documentos que señalen eso.
La categoría viajes suma los US$14.674 informados por una agencia turística a la Justicia correspondientes al capítulo de Aruba. A ello se le agrega el costo del viaje de vuelta de Nueva York, equivalente a US$5.154. Y los traslados a Punta del Este, cuya ida tuvo un costo de US$4.830, mientras que la vuelta, unos US$3.000, según facturas presentadas en sede judicial.
A diferencia de los pagos descriptos, Adorni sumó compromisos que todavía no canceló. Luego del pago parcial de la hipoteca de noviembre de 2024, le restan US$70.000 más intereses del 11% para cancelarla. La segunda hipoteca, la del departamento de Caballito, agrega US$200.000. Y uno de los hijos de una de las acreedoras, Pablo Feijoo, declaró ante la Justicia que acordó con el jefe de Gabinete un pago de US$65.000 que no figura en la documentación analizada por .
Los gastos corrientes configuran otro capítulo. Sólo las expensas del departamento en la calle Asamblea representan $500.000, según un aviso de venta publicado hace casi 60 días. Esto se agrega a la mantención de otras cinco propiedades: dos en la Ciudad de Buenos Aires, una en Morón, otra en La Plata y otra en Indio Cua. Allí hay que considerar los impuestos inmobiliarios, más los gastos de patente y seguro de la camioneta que incorporaron al acervo familiar en marzo de 2024.
La cuenta no termina ahí. También pesan los gastos fijos de una familia con dos hijos menores: colegio, manutención, telefonía, Internet, servicios públicos, transporte, y otros. En parte, la central de deudores del Banco Central (BCRA) refleja este crecimiento en números. Según esos registros, los niveles de deudas mensuales ante el Banco Galicia llegaron a superar los 10 millones de pesos en el caso de Adorni y los 15 millones en el de su cónyuge. A propósito de esos datos, la Justicia aguarda información bancaria sobre gastos con tarjetas de crédito, con montos, fechas y destinatarios.
Línea de tiempo
Adorni y Angeletti compraron la camioneta modelo 2021 en marzo de 2024. Ocho meses después, realizaron una de las operaciones inmobiliarias centrales de la investigación. Por entonces, él ganaba unos 3,3 millones de pesos por mes (unos 2.400 dólares al tipo de cambio vendedor promedio de 2025). Sus ingresos pudieron no agotarse en esa cifra, dada la actividad empresarial de Angeletti, cuya facturación no trascendió y también comenzó a ser investigada.
Aún así, en noviembre de 2024, tomaron una hipoteca no bancaria por US$100.000 con dos acreedoras: una mujer retirada de la Policía Federal y su hija. La fecha coincide con el registro de la compra de la casa en el country de Exaltación de la Cruz, Indio Cua. Mientras se desconoce el importe final pagado por esa propiedad, el crédito añade cuotas con un interés del 11%, según indicó la escribana Adriana Nechevenko. Eso se suma a las expensas del nuevo inmueble, que rondan los 700.000 pesos, según publicó Clarín.
En el expediente señalaron que las dos acreedoras declararon que Adorni y Angeletti les deben US$70.000, más intereses, de donde se infiere que les pagaron US$30.000 desde noviembre de 2024. Como ya publicó , Adorni había omitido incluir la casa del country en el apéndice reservado de su declaración jurada de 2024 y solo la añadió este mes. Cuando este medio dio cuenta de la compra, el jefe de Gabinete y su entonces abogado no habían respondido las consultas efectuadas.
Pese a esas deudas, el matrimonio y sus hijos viajaron a Aruba a fines de 2024, entre el 29 de diciembre de 2024 y el 14 de enero de 2025. Pagaron US$5.800 por los pasajes y US$8.874 por la estadía. En octubre de 2025, una constancia de la ARCA a nombre de Angeletti indica que se dio de alta como trabajadora autónoma, prestando servicios de “coaching ontológico” a empresas, entre ellas una naviera que brinda servicios para la petrolera YPF. La facturación de esa actividad no trascendió y forma parte de lo que la Justicia busca determinar.
Al mes siguiente, Adorni y Angeletti escrituraron el departamento de Caballito, por US$230.000. De ellos, US$30.000 fueron cancelados y US$200.000 forman parte de una segunda hipoteca que vence en noviembre de 2026 por un inmueble que en el mercado ronda entre US$400.000 y US$450.000. Las acreedoras son la jubilada Beatriz Viegas y la afiliada al PAMI Claudia Sbabo. La escribana Adriana Nechevenko indicó que el plazo de pago puede prorrogarse si las partes acuerdan. El hijo de Viegas, Pablo Feijoo, aseguró que tiene un acuerdo de palabra con Adorni, por un pago extra de US$65.000.
Recién a principios de 2026, el jefe de Gabinete aportó más ingresos al núcleo familiar. En el Boletín Oficial se publicó un decreto con la firma de Milei que dispuso que Adorni y los ministros que hasta diciembre cobraban 3,5 millones de pesos brutos pasaran a percibir 7,1 millones en enero y 7,2 millones en febrero. Ese último salario equivale a unos US$5.080 según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación del 2 de marzo.
Ese mismo mes de febrero, Adorni viajó a Punta del Este en un vuelo privado junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio. La factura de ida fue emitida por AlphaCentauri a la productora Imhouse, de Grandio, con un costo de US$4.830. La de vuelta habría sido de US$3.000, según una factura fechada el 9 de marzo. La Justicia busca determinar quién afrontó esos gastos.
Todo esto comenzó a ser investigado tras la inclusión de la esposa de Adorni en el vuelo que trasladó a la comitiva oficial a Nueva York en marzo, durante la Argentina Week. El costo del vuelo de regreso de Angeletti alcanzó los US$5.154,55, según la información en manos del fiscal Pollicita.
El expediente continúa con la toma de declaraciones y el análisis de documentación. Con el secreto fiscal y bancario levantados, los investigadores buscan establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados, el nivel de gasto y el incremento patrimonial, así como el origen de los fondos utilizados en las operaciones bajo análisis.
Manuel Adorni,Hugo Alconada Mon,Ignacio Grimaldi,Conforme a
POLITICA
El oficialismo avanzó con el dictamen de Zonas Frías en el Senado y buscará aprobarlo la semana que viene

El oficialismo obtuvo en el Senado un dictamen de mayoría para modificar los subsidios al gas en las zonas frías, una iniciativa con media sanción de Diputados que, si se convierte en ley, reemplazará parte del criterio geográfico vigente desde 2021 por una segmentación basada en la vulnerabilidad económica de los hogares.
La propuesta también extiende hasta 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables e incorpora un mecanismo para que las distribuidoras eléctricas regularicen sus deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
El cambio alcanzará a las localidades incorporadas al régimen hace cinco años, distribuidas en 10 provincias. Allí, el beneficio general dejará de aplicarse y quedará reservado para los usuarios que acrediten menores ingresos u otras condiciones de vulnerabilidad.
La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió el proyecto durante el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. La funcionaria sostuvo que la ampliación aprobada en 2021 “fue una ley que buscó tener votos para las elecciones, pero no tenía ninguna racionalidad desde el punto de vista de un esquema de subsidios”.
El Gobierno estima que 1.600.000 usuarios incorporados al sistema en 2021 perderán la totalidad del subsidio, pero la reforma podría afectar a unas 3,4 millones de familias, además de pequeñas y medianas empresas y sectores medios.
La Ley 27.637, impulsada entonces por el diputado Máximo Kirchner, había ampliado el régimen que hasta ese momento se concentraba en la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la Puna. La reforma sumó departamentos y localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

El nuevo esquema mantendrá los subsidios residenciales de alcance general para la Patagonia, Malargüe y la Puna. En las regiones incorporadas durante la ampliación de 2021, el beneficio dependerá de la inscripción y calificación dentro del SEF, creado por el Decreto 943/2025.
Para acceder al subsidio en las zonas templadas e intermedias, las familias deberán demostrar ingresos mensuales iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo dos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El límite equivale a $4.400.000 para una familia de cuatro integrantes.
La iniciativa prevé una incorporación automática para hogares con integrantes que perciban una Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o cuenten con un Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares, sin importar sus ingresos. En cambio, los hogares con una persona que posea Certificado Único de Discapacidad quedarán sujetos a una evaluación posterior de la Secretaría de Energía.
El descuento ya no se calculará sobre el total facturado por las distribuidoras, sino únicamente sobre el componente correspondiente al precio del gas. El cargo fijo dejará de estar alcanzado por el subsidio.
Tettamanti planteó que la diferencia de consumo justifica una segmentación más focalizada. “En la Patagonia el consumo medio de un residencial son 4.500 metros cúbicos al año de gas, cuando en las zonas templadas son 990 metros cúbicos. En el resto de las provincias que quedaron sin subsidios tienen un consumo de 650”, afirmó.
El senador de Santa Cruz José María Carambia cuestionó que la reforma implique una suba encubierta de tarifas para los usuarios de su provincia y del resto de la Patagonia. “Si un senador de la Patagonia vota a favor de esto, está votando a favor de que se aumenten las tarifas de gas”, advirtió.
El legislador mencionó el caso de un vecino santacruceño cuya factura de $315.000, según sostuvo, pasaría a costar $500.000. También alertó que el proyecto le otorgaría al Poder Ejecutivo facultades para subir o bajar subsidios de manera discrecional.
La Secretaría rechazó esa proyección y afirmó que el grueso del consumo seguirá subsidiado en 50%, aunque el cargo fijo dejará de tener descuento. “De ninguna manera una factura de $315.000 va a pasar a $500.000 por dejar de subsidiar el cargo fijo”, respondió.
Según las estimaciones expuestas por Tettamanti, los usuarios de zonas templadas que pierdan el subsidio al gas y comiencen a pagar el cargo fijo completo enfrentarán una suba promedio de $15.000 mensuales. Para quienes viven en zonas frías y pasen a pagar el cargo fijo pleno, el aumento medio sería de $25.000 por mes.
La funcionaria sostuvo que un usuario de Santa Cruz o de cualquier punto de la Patagonia pagará el mismo cargo fijo que una persona de bajos ingresos del resto del país. También remarcó que el mayor consumo de gas por las condiciones climáticas no implicará un cargo fijo más alto.
El dictamen fue firmado por representantes de La Libertad Avanza, PRO, la senadora salteña Flavia Royón, presidenta de la Comisión de Minería, la neuquina Julieta Corroza, el correntino Carlos “Camau” Espínola y los integrantes de Convicción Federal Carolina Moisés y Guillermo Andrada.
La mendocina Mariana Juri, de la Unión Cívica Radical, no acompañó el despacho, al igual que Carambia, la cordobesa Alejandra Vigo y el puntano Fernando Salino. El bloque Justicialista no participó porque todavía no designó a sus vocales para esas comisiones. El oficialismo buscará llevar la iniciativa al recinto el jueves 24 de septiembre.
POLITICA
Causa AMIA: suman al juicio al hombre de confianza de Khamenei como cerebro del atentado

El juez federal Daniel Rafecas sumó al iraní Alí Asghar Hejazi al juicio en ausencia por el ataque a la AMIA. De esa forma, hizo lugar al pedido de la fiscalía, que considera a Asghar Hejazi como el presidente del comité que decidió el atentado terrorista de 1994.
El dirigente iraní, cuyo nombre también se consigna como Alí Asghar Mirhejazi, tiene actualmente 79 años y era en 1994 el delegado personal del entonces líder supremo Alí Khamenei, su mano derecha.
El fiscal federal especial para la causa AMIA Sebastián Basso entendió en un dictamen que la decisión de atacar la mutual se tomó durante una reunión de un comité secreto conocido como “Vijeh”, encabezado por Khamenei y Hejazi.
El fiscal considera que intervinieron en la decisión del atentado Mohsen Rezai (comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica), Ahmad Vahidi (a cargo de la Fuerza Al Quds, la sección encargada de operaciones fuera de Irán), Alí Fallahian (ministro de Inteligencia) y Alí Akbar Velayati (a cargo de la política exterior).
La fiscalía entiende que el 14 de agosto de 1993 se decidió el atentado del 18 de julio de 1994 en ese Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, con el aval de Khamenei.
Desde ese momento, el comité presidido por Hejazi se ocupó de los preparativos y la definición de la fecha del ataque, que provocó la muerte de 85 personas y dejó 300 heridos.
La fiscalía entendió que Hejazi estuvo en Buenos Aires en marzo de 1993, como delegado personal de Khamenei y para supervisar la operación y analizar sus posibilidades.
Según Basso, integrantes de la Fuerza Al Quds, liderada por Vahidi, transmitieron las directivas para la ejecución material del atentado a Imad Mughniyeh, señalado como el jefe de la estructura más clandestina de Hezbollah hasta su muerte en 2008.
El juzgado de Rafecas dictó la captura nacional e internacional de Hejazi el 10 de abril pasado, pidió a Interpol la difusión de una circular roja y lo declaró rebelde el 7 de mayo.
El tribunal remarcó que la cancillería iraní fue notificada de todas las medidas dispuestas en su contra, y concluyó que “no existe forma alguna que Hejazi no haya tomado conocimiento de las imputaciones que pesan en su contra y de la existencia del proceso penal”.
Por eso es que lo sumó al resto de los acusados al juicio en ausencia, cuya viabilidad analiza la Cámara de Casación Penal.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El ministro de Defensa ordenó iniciar el proceso para destituir al personal de la Armada involucrado en los presuntos sobresueldos

El ministro de Defensa, Carlos Presti, reveló este miércoles durante su paso por ¿La Ves? que ordenó al jefe de la Armada que inicie el proceso para destituir al personal de su fuerza señalado por cobrar presuntos sobresueldos de manera irregular por $980 millones.
“Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco o veinte delincuentes”, enfatizó Presti en una entrevista con TN. Y confirmó: “Le he impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que con un consejo de disciplina militar pasen a ser destituidos”.
En ese sentido, el ministro fue aún más lejos y afirmó: “Más allá de la Justicia federal, que espero que los encuentren culpables, que devuelvan el dinero y que vayan presos”.
Las declaraciones del funcionario se dan luego de que la propia fuerza presentara una denuncia penal por presuntas irregularidades en el pago de haberes a 23 personas, por un monto que asciende a $981.148.567,88. La denuncia fue radicada por el Jefe de Administración Financiera de la Armada, Carlos Alberto Castro Maggio, quien alertó sobre “modificaciones efectuadas sobre registros y archivos destinados a la acreditación bancaria de haberes”.
Según el escrito, entre julio de 2022 y enero de 2026 se realizaron 645 acreditaciones indebidas a favor de esas 23 personas, por importes superiores a los que correspondían según sus liquidaciones o directamente sin respaldo en haberes legítimos. El denunciante detalló que los registros generados por el Sistema de Haberes eran alterados de forma transitoria antes de su envío al Banco Nación, y luego restituidos a sus valores originales para que los cambios no quedaran reflejados en los recibos publicados.
Entre los señalados hay personal militar en actividad y en retiro, personal civil de planta permanente y contratado, personal civil jubilado, y cuatro personas sin ningún vínculo laboral ni funcional con la Armada. Una de ellas, María del Carmen Prieto —con 46 acreditaciones por $152.259.495,86, la cifra individual más alta de toda la causa—, es cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista, el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff.
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