Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner se reunieron el jueves por la noche, más de dos meses después del último encuentro que protagonizaron, en el que trascendió un compromiso de las distintas vertientes del peronismo por mantener vigentes las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Al igual que en la cumbre anterior, confluyeron con gobernadores y legisladores nacionales del justicialismo. Las PASO volvieron a estar en la agenda, al igual que el proyecto de ley de Presupuesto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.

El encuentro fue en la Casa de La Pampa en la Ciudad de Buenos Aires, con Sergio Ziliotto como anfitrión. Además de Kicillof, Massa y Kirchner, participaron gobernadores del peronismo y los jefes de los bloques justicialistas en las dos cámaras del Congreso, Germán Martínez y José Mayans. También estuvo el dirigente porteño Juan Manuel Olmos. De la reunión, quedó afuera la diputada Victoria Tolosa Paz, que expresó su malestar en las redes. “Un peronismo sin mujeres es un peronismo sin pueblo”, escribió Tolosa Paz en un texto que publicó en la red social X y en el que reivindica a Cristina Kirchner.

La anterior reunión entre los referentes de los sectores internos en pugna en el peronismo fue el 11 de agosto, en el Hotel Emperador, de la Capital Federal. El mensaje que dejaron trascender tras esa cumbre fue el de abroquelarse para sostener la vigencia de las PASO, instrumento electoral que el presidente Javier Milei apuesta por eliminar en los comicios de 2027. En el encuentro del jueves se volvió a debatir sobre las PASO y se definió una postura sobre el presupuesto nacional, al que rechazarían como oposición legislativa.

La nueva cumbre peronista se concretó en momentos de tensión creciente en la interna del partido. Hace una semana, un encuentro de Massa con Cristina Kirchner, en el departamento de Constitución donde la expresidenta cumple su condena judicial, agitó la pelea, con interpretaciones sobre un posible eje entre el cristinismo y el massismo contra Kicillof como especulación. En el kicillofismo no lo interpretaron de ese modo, según indicó a una fuente del sector. Desde el massismo y el cristinismo destacaron que el exministro de Economía y la expresidenta hablan con frecuencia.

Sin embargo, el dirigente de La Cámpora Facundo Tignanelli puso en duda esa versión con unas declaraciones en un canal de streaming. “Hoy no tenemos claridad sobre cuáles son las ideas que quiere llevar adelante el espacio del gobernador [Kicillof] en términos de proyecto de país porque no hay un diálogo con Cristina, si no me equivoco, desde hace más de un año”, dijo Tignanelli al canal de streaming Gelatina. Tignanelli es el jefe del bloque de diputados bonaerenses del peronismo en la Legislatura y un hombre de confianza de Máximo Kirchner.

Otra aparición de Massa

Desde antes del encuentro con Cristina Kirchner, Massa levantó el perfil en una suerte de reaparición pública. Se mostró con los rectores que impulsaron la protesta callejera por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y esta semana participó de una cena con una comitiva de sindicalistas que integran las 62 Organizaciones Peronistas, el desarticulado brazo político del movimiento obrero que ahora conduce el taxista José Ibarra. “Sergio nos dijo que iba a trabajar para la unidad y que estaba dispuesto a trabajar desde el lugar que le toque”, contó Ibarra hoy en declaraciones a Radio Zónica.

El encuentro con Massa se suma a una serie de reuniones que la entidad viene manteniendo con distintos actores del peronismo. Participaron, además, los dirigentes sindicales Guillermo Mangone (Gas), Rubén Grimaldi (PAMI), Rubén Ledesma (Comercio), Guillermo Mosser (Luz y Fuerza), Ángel García (Seguridad) y Juan Carlos Murgo (Caucho), entre otros. Desde las 62 Organizaciones Peronistas presionan a la CGT para convocar a un congreso para activar un nuevo paro general contra la gestión de Javier Milei. “Algo tenemos que hacer porque se están perdiendo puestos de trabajo registrado todos los días. Nosotros vamos a levantar la mano para hacer un paro general”, dijo Ibarra.

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso que se investiguen las obras realizadas por el Municipio de Pilar, a cargo de Federico Achaval, en el predio que funcionó como vacunatorio durante la pandemia por COVID 19, en varias hectáreas junto al Panamericana donde se construyeron cocheras y un centro comercial.

Lo dispuso la Sala IV de la Cámara Federal de Casación con motivo del reclamo de Mateo Corvo Dolcet, de la firma Pilar Bicentenario SA, propietaria del predio usado por el municipio para montar el mayor vacunatorio bonaerense, luego abandonado, con restos de medicamentos, insumos médicos, vacunas y material descartable, además de camillas y mobiliario.

Había sido promocionado durante la pandemia como el más grande de la Argentina.

El investigado es el intendente Federico Achaval, de Pilar, que inauguró ese predio y que, cuando comenzaron a conocerse las denuncias sobre su estado de abandono, dispuso su limpieza.

La Sala IV, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hizo lugar al recurso de la empresa.

Así revocó el archivo del caso que había dispuesto el Juzgado Federal de Campana, de Adrián González Charvay, confirmado luego por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Ahora se mandó a continuar con la investigación.

La causa se originó al inicio del año 2025 a partir de una presentación del presidente de la firma Pilar Bicentenario SA, Mateo Corvo Dolcet, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8 de Marcelo Martínez de Giorgi.

Corvo Dolcet había sido investigado por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico. En el medio de esa investigación, la Justicia cedió temporariamente el predio a la municipalidad, con intervención de la Administración de Bienes del Estado (AABE).

La AABE participó en la entrega del predio como interventor judicial, porque se estaba construyendo allí un Centro de Transferencia de Pasajeros del área metropolitana de la Línea General Belgrano de Ferrocarriles, próximo a la autopista.

En el edificio funcionarían más de 400 cocheras para vehículos. El proyecto se sustentaba en un acuerdo celebrado entre la empresa, el gobierno nacional y la comuna de Pilar.

Cuando Corvo Dolcet fue sobreseído de la investigación, intentó recuperar el predio y se encontró con el estado de abandono que había dejado la municipalidad.

El presidente de la firma Pilar Bicentenario SA también es querellante en otra causa, que tramita ante la justicia federal de La Plata, en la cual se investigan hechos relacionados con la sanción en diciembre de 2020 de la ley provincial 15.239 que dispuso la expropiación del predio, para que se lo quede la provincia. Según el querellante: “Una autoridad municipal recibió un inmueble cautelado por la justicia federal, en custodia transitoria, con una finalidad pública específica vinculada a la pandemia; incumplió las condiciones impuestas; alteró el inmueble”.

Dijo que se “realizaron obras sin autorización ni control técnico conocido; retuvo el inmueble luego de revocada la custodia; la autoridad invocó una intervención de título incompatible con la tenencia que había recibido; se benefició con una ley de expropiación promovida mediante falsedades y actualmente suspendida; y, producto de todo ello, afectó un proceso cautelar federal, la materialización de donaciones ya aceptadas por el Estado Nacional, la ejecución de un proyecto de transporte de interés público nacional, la propiedad de PBSA y su proceso concursal”.

Así, el querellante dijo que el archivo de la causa era “arbitrario y prematuro porque fue dispuesto sin realizar medida alguna” luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación anulara las decisiones que le habían negado actuar como parte querellante.

Cuestionó los fallos de Gozalez Charvay y la Cámara de San Martín porque, a su entender, habían recortado y descontextualizado los hechos denunciados, al considerarlos meros incumplimientos contractuales, obturando de tal modo la posibilidad de producir las pruebas propuestas por esa parte con el propósito de acreditar su hipótesis delictiva».

Sostuvo que no podía descartarse “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación por depositario infiel y desbaratamiento de derechos acordados”.

Los jueces de la Cámara de Casación hicieron lugar al reclamo del querellante y dejaron sin efecto el archivo de las actuaciones por considerarlo arbitrario y prematuro.