POLITICA
La mansión registrada por familiares de Jesica Cirio que alimenta las sospechas sobre Martín Insaurralde
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La casa no es una casa. Es la mansión de Tony Montana. O un trasatlántico acorde a los gustos del protagonista de “Scarface”, encallado en el corazón del conurbano bonaerense. Una mole blanca con mármoles rosados de casi 750 metros cuadrados cubiertos, 8 ambientes, 5 baños, una habitación antipánico, parque, quincho, pileta, barras, hidromasaje y mil chirimbolos más que no ocultan una verdad a gritos y una leyenda que corre en susurros. ¿La verdad? La casa figura a nombre de familiares de Jesica Cirio, a los que la Justicia investiga como presuntos testaferros de Martín Insaurralde en una megacausa por lavado de activos por cerca de US$100 millones. ¿La leyenda? Que la compró, por US$1.800.000, uno de los políticos más encumbrados de la provincia de Buenos Aires.
La casa queda en la calle José María Penna al 1700 de Banfield Oeste, a 15 cuadras de la estación y a 17 kilómetros al sur del Obelisco porteño. Sobresale como una ballena blanca en el barrio de clase media que ve con malos ojos a sus moradores. Por sus hábitos de nuevos ricos, por sus horarios exóticos, por sus movimientos sigilosos en camionetas negras con vidrios polarizados y porque exudan poder, aunque se esfumaron, cuentan los vecinos, desde que estalló el escándalo del yate “Bandido”.
¿Quiénes figuran como dueños de la casa que no es una casa? En el Registro de la Propiedad Inmueble provincial aparecen los Ferrante, según cotejó . Él es Andrés Ferrante, 65 años y otrora dueño de “París”, un boliche icónico de Lomas de Zamora, que en 2016 fue condenado a 5 años de prisión por “lesiones graves calificadas por el vínculo y el ensañamiento” contra su pareja. Y ella es su hija, Priscila Daiana Ferrante. Con 33 años y abocada a los servicios de entretenimiento, Jesica Cirio la presentó en varios reportajes como su sobrina y en otros apareció como su prima, mientras que en su cuenta de Instagram la anunció como la madrina de su hija con Insaurralde. En entrevistas a revistas del corazón de hace una década, la joven Ferrante contó que conocía a Insaurralde desde chica y que fue quien se lo presentó a Cirio.
Pero más importante que el parentesco y las relaciones sociales es un expediente penal: la Justicia federal la investiga a Priscila como presunta testaferro del ahora exjefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof, confirmaron fuentes judiciales.
El expediente judicial resulta demasiado incómodo para demasiadas personas. La tiene el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y se centra en una presunta asociación ilícita abocada al lavado de activos de la corrupción y otros delitos como la intermediación financiera no autorizada por el Banco Central (BCRA). Sus ramificaciones son explosivas. Hay testigos e imputados que señalan al supuesto jefe de la banda, Heber Ariel Russo, que es o fue pareja de Priscilla, como testaferro de Insaurralde; aunque las derivaciones llegan hasta el entonces gobernador Daniel Scioli, al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, y de manera más larvada, al candidato a presidente Sergio Massa.
La investigación, sin embargo, se dividió en tramos. El juez Armella ya remitió el primer tramo a los tribunales federales de La Plata para que 28 acusados afronten un juicio oral. Los procesó tras encontrar evidencias de que habrían evadido más de $4000 millones a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a mediados de la década pasada, por lo que el monto bajo sospecha superaría los US$100 millones, bajo el mando de Heber Russo y Claudio Gómez, dueños en los papeles de dos constructoras: CFS Construcciones y Construcciones Viales.
Durante años, Russo y Gómez se dieron la gran vida. El hombre vinculado a Priscila compró al menos 77 propiedades, entre las que figuran campos, chalets en Pinamar, pisos en Puerto Madero y dos departamentos en Miami, además de más de 200 rodados que incluyen autos, camiones y motos, sin contar ocho embarcaciones, joyas y montañas de dinero en efectivo.
¿Cuál era la fachada de Russo? Ser empresario. Pero en la práctica, según reconstruyó la AFIP en tiempos de Alberto Abad, era prestamista y “panadero”, además de presunto testaferro. Pero no amasaba pan, ni horneaba medialunas. Operaba una usina de facturas truchas –“panaderías”, en la jerga de los sabuesos tributarios–, que ayudó a evadir a más de 3500 contribuyentes. Desde clubes de fútbol y grandes empresas, hasta al sindicato de camioneros de Hugo Moyano y al contador de Daniel “Tano Angelici”, entre otros.
Tras la denuncia de la AFIP, la investigación judicial abarcó a decenas de sospechosos y abordó también las actividades del presunto lavado de activos, que también provendrían de supuestas actividades ilícitas que podrían llegar hasta las orillas de Scioli, Ishii, Massa y, por sobre todos, de Insaurralde en sus tiempos de intendente de Lomas de Zamora.
Esas presunciones quedaron plasmadas en el expediente, según reconstruyó . Escuchas telefónicas, testigos e incluso imputados esbozaron para quiénes trabajaría Russo, lo que él negó durante sus indagatorias. Negó conocer a Insaurralde o a Scioli, y negó haber puesto bienes a nombre de Priscila, quien también aparece vinculada a una sociedad comercial en el extranjero: Muriel LLP, del Reino Unido, según corroboró . Russo, en tanto, sí admitió que le compró un auto a Jesica Cirio que no declaró ante el fisco, pero negó que uno de los campos que regenteaba fuera, en realidad, del luego jefe de Gabinete de Kicillof.
Las sospechas sobre el ida y vuelta entre la banda y la dirigencia política son más amplias. Los investigadores sospechan que algunos involucrados, como Gómez, quien se presentaba como asesor de Unidad Ciudadana y era invitado a los actos de Cristina Fernández de Kirchner, podrían haberse reunido con una frecuencia de una o hasta dos veces al mes con miembros de los entornos de Massa e Ishii. Pero eso integra el segundo tramo de la investigación judicial, que también abarca a Priscila, y que Armella todavía mantiene en su Juzgado.
Cuadrillas municipales
Mientras tanto, la casa que no es una casa muestra hoy una quietud llamativa. Cuentan los vecinos que las cuadrillas municipales entraban y salían del lote como si fuera un edificio público más que una propiedad privada. Pero que desaparecieron cuando estalló el escándalo de Insaurralde a bordo del yate “Bandido” con la escort Sofía Clerici. Esos mismos vecinos chismorrean que hace unas semanas los Ferrante vendieron la casa en US$1,8 millón. En el Registro Propiedad Inmueble provincial, sin embargo, el dato es inamovible: la casa que no es una casa sigue a nombre de los Ferrante.
En los tribunales federales de La Plata, mientas tanto, se registraron ya dos intentos por evitar el juicio oral. Primero con unas probations; luego con un juicio abreviado. Pero no prosperaron. Ahora hay un ida y vuelta sobre cuál es el tribunal oral que deberá quedarse con el expediente y llevar adelante el juicio oral. Mientras tanto, Heber Russo, quien pasó una temporada en el penal de Ezeiza tras un año prófugo, calla y espera. La sobrina de Cirio, también.
Hugo Alconada Mon,LA NACION,Política
POLITICA
“Se busca ampliar la impunidad”: duras críticas de Poder Ciudadano al Gobierno por la corrupción y la falta de transparencia
En su tradicional cena anual, y con escasa presencia de representantes del oficialismo, Poder Ciudadano apuntó este lunes en duros términos contra el Gobierno al destacar que “la corrupción sigue siendo una enfermedad endémica” y que “en los últimos años no sólo no se ha avanzado en ninguna política específica destinada a incrementar la transparencia, sino que pareciera que buscamos ampliar la impunidad”.
Así lo dijo en su discurso el presidente de la organización, Martín D’Alessandro, quien remarcó que es “imperioso ocuparse en serio de la corrupción de una buena vez”, ya que, puntualizó, “en las encuestas sigue en el tope de las preocupaciones de la ciudadanía y en el Índice de Percepción de la Corrupción que confecciona anualmente Transparencia Internacional para 182 países, Argentina se ubica recién en el puesto 104, con apenas 36 puntos sobre 100″. “Es el peor resultado de los últimos 10 años, consolidando la tendencia declinante de los últimos 6 años”, afirmó el titular de Poder Ciudadano.
En un salón del hotel Sheraton, en Retiro, lo escuchó un variado auditorio en el que se destacó la presencia de dirigentes de la oposición, miembros del Poder Judicial, empresarios y pocos referentes libertarios: estuvieron Luis Petri, Sebastián Pareja y Nicolás Mayoraz, por ejemplo, pero no concurrió ningún miembro del Gabinete nacional ni las máximas autoridades de los bloques legislativos de La Libertad Avanza.
Entre los representantes de la oposición estuvieron, entre otros, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Martín Lousteau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez, Carolina Losada, Laura Alonso, Nicolás Massot, Luis Naidenoff, Mario Negri, Gabriel Katopodis, Germán Martínez, Juan Manuel Abal Medina, Diego Bossio, José Octavio Bordón, Karina Banfi, Ricardo Gil Lavedra, Daniel Arroyo y Marcelo Stubrin. Además, hubo empresarios como Martín Rappallini, Jorge Brito, Gustavo Weiss y Cristiano Ratazzi, y economistas como Hernán Lacunza, Carlos Melconian, Alfonso Prat Gay y Marina Dal Poggetto.
Además, concurrió una nutrida representación de jueces y fiscales: Julián Ercolini, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, Diego Luciani, Diego Barroetaveña, Inés Weinberg de Roca, Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Sergio Mola Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens, Eduardo Taiano y Alejandra Mángano, entre otros.
En su discurso, D’Alessandro consideró que la corrupción tiene dimensiones morales, colectivas, estatales, republicanas, democráticas y económicas, al tiempo que señaló que afecta la igualdad ante la ley, debilita la confianza en las instituciones, perjudica las políticas públicas y distorsiona la asignación de bienes públicos.
El titular de Poder Ciudadano cuestionó que desde el Gobierno no se hayan implementado políticas específicas para elevar la transparencia y denunció intentos del oficialismo de reducir la cantidad de juzgados con capacidad para investigar hechos de corrupción cometidos por funcionarios. También criticó el proyecto de inocencia fisca”, enviado al Congreso durante este año, porque inicialmente permitía a funcionarios blanquear dinero no declarado sin dar explicaciones.
El proyecto oficial de reforma política fue otro de los puntos objetados por D’Alessandro: sostuvo que la iniciativa contempla liberar los límites a las donaciones privadas para campañas electorales y habilitar campañas paralelas sin controles, en sentido contrario a las prácticas internacionales en la materia.
También cuestionó el incremento del gasto en agencias de inteligencia sin rendición de cuentas y las demoras o versiones contradictorias que, según dijo, buscaron ocultar enriquecimientos sospechosos de funcionarios. Describió esos episodios como una combinación de “arrogancia y tozudez, de tragedia y de comedia”.
Tras mencionar que la Argentina quedó en el último lugar de América Latina en recepción de inversiones extranjeras, de acuerdo con el último relevamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el presidente de Poder Ciudadano vinculó ese retroceso con el deterioro institucional y sostuvo que las reglas estables, la Justicia independiente, la transparencia y la integridad reducen la incertidumbre económica.
D’Alessandro mencionó estimaciones según las cuales la corrupción le hace perder al país entre 8% y 10% del PBI cada año. A partir de esa cifra, planteó que combatirla podría tener un efecto económico rentable.
Por otra parte, rechazó la idea de que la corrupción desaparecería solamente con la reducción del Estado. Admitió que las regulaciones excesivas pueden generar oportunidades de corrupción, pero advirtió que una desregulación sin controles también facilita el aprovechamiento de la debilidad estatal.
Como ejemplo, recordó una denuncia presentada por la organización que dirige ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en diciembre del año anterior luego de descubrir que, tras la eliminación de trámites y controles, ingresaban al país autos de lujo declarados como vehículos de colección, una maniobra que permitía evadir millones de pesos en impuestos.
La denuncia derivó en la detección de un posible delito de contrabando agravado, sanciones a funcionarios, cambios normativos y la elevación del caso a la Justicia Penal Económica. Para D’Alessandro, ese episodio mostró la necesidad de instituciones sólidas y de una sociedad civil que controle las decisiones públicas.
El presidente de Poder Ciudadano aseguró que la democracia no puede depender del crecimiento económico. Recordó que ningún país que sufrió golpes de Estado tuvo ingresos superiores a los de Argentina en 1976, al referirse a la relación entre desarrollo, estabilidad democrática e instituciones.
La participación de organizaciones y ciudadanos debe ser considerada un aporte al control de los gobiernos y no una interferencia, enfatizó D’Alessandro. Sin embargo, denunció que el Gobierno avanza en una dirección opuesta mediante decretos y proyectos legislativos que limitarían la intervención de la sociedad civil.
Entre esas medidas mencionó un decreto que restringió el acceso ciudadano a la información pública y otro que eliminó la participación y la consulta ciudadana en el proceso de designación de jueces. Según expuso, ambas decisiones contradicen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
También objetó el proyecto de regulación del lobby, que, según describió, busca someter a miles de organizaciones no gubernamentales a un régimen de vigilancia que las obligaría a informar al Estado prácticamente todos sus movimientos. El proyecto de defensa de la soberanía nacional, agregó, pretende limitar la libertad de opinión.
Ambas iniciativas prevén delitos de prisión formulados de manera ambigua, señaló. D’Alessandro consideró que ese tipo de disposiciones acerca al país a modelos como los de Venezuela, Hungría y Nicaragua, en lugar de aproximarlo a Estados Unidos o a Europa.
“Los políticos no se dejan ayudar por los ciudadanos”, resumió el presidente de Poder Ciudadano. A partir de esa premisa, se preguntó cómo podría recuperarse la confianza en la política y en las instituciones si el Estado desconfía de su propia ciudadanía.
Recordó que la fundadora de la organización, Marta Oyhanarte, había definido ese objetivo durante la primera convocatoria pública de Poder Ciudadano, en abril de 1989: “Hemos iniciado un camino que pretende reavivar nuestra conciencia cívica -dijo-. Esto implica un cambio de modalidad en nuestra forma de pensar y de actuar, porque somos copropietarios de esta democracia”.
Oyhanarte agregó entonces: “Intentamos ser promotores de participación para vivir en un país normal, con un sistema de normas claras que sean cumplidas por gobernantes y gobernados”. También sostuvo que el espíritu de la entidad era “la suma de muchos que hacen poquito y no a la inversa”.
D’Alessandro afirmó que esa definición continúa orientando las convicciones y la propuesta de Poder Ciudadano. La organización que preside, según precisó, configuró la corrupción como un problema público y promovió el activismo social como complemento de los controles y las sanciones estatales.
D’Alessandro sostuvo que la organización “no adoptó una posición antipolítica ni alentó escándalos, fanatismo punitivo o la idea de que algunas personas son moralmente inferiores por sus opiniones partidarias”. En cambio, salió en defensa de una visión pluralista basada en la transparencia, los controles, la rendición de cuentas y la calidad institucional.
Cuando los ciudadanos se repliegan en la vida privada, la esfera pública se debilita y aumenta la vulnerabilidad frente al autoritarismo, advirtió. Según D’Alessandro, una sociedad organizada que exige explicaciones fortalece la confianza entre la población y el Estado, reduce las probabilidades de autocratización y mejora las condiciones para el desarrollo.
POLITICA
Malvinas: el Gobierno denunció a una empresa británica por realizar vuelos sin autorización hacia Chile
El Gobierno denunció este lunes las operaciones realizadas por la empresa británica THALES UK LIMITED en la ruta aérea que conecta las Islas Malvinas con Punta Arenas, en Chile, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas.
El presidente Javier Milei ordenó a los equipos de Gobierno “dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”.
“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e Internacional. Las Malvinas son argentinas”, cierra el texto.
Explotación de hidrocarburos
En tanto, el Gobierno intimó formalmente al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para “impedir el inicio o la continuación” de las actividades de explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.
Milei también instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo, según el comunicado, es impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto Sea Lion, y evitar el otorgamiento de nuevos permisos sobre los recursos de la Plataforma Continental Argentina.
Si Londres no cumple con la intimación, el Gobierno anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental. El comunicado sostiene que la explotación unilateral de esos recursos es “contraria al derecho internacional” y provoca un “perjuicio irreversible e irreparable”.
“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”, publicó Milei en sus redes tras compartir el comunicado. En el texto oficial, el Gobierno también manifestó su “rechazo categórico” a la respuesta del Reino Unido frente al discurso del Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y remarcó: “La pretendida denominación de las Islas Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum unilateral celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas».
POLITICA
Lijo amplió el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito
El juez federal Ariel Lijo ordenó ampliar el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni para el período comprendido entre el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011, es decir, desde que comenzó su vida activa a los 18 años hasta la fecha a partir de la cual ya fue investigado en la causa que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal Gerardo Pollicita había solicitado la medida para acceder a sus declaraciones juradas, inscripciones tributarias, actividades declaradas, datos aportados por terceros y eventuales adhesiones a blanqueos, moratorias o regímenes de exteriorización de activos.
La medida también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, bajo el mismo criterio, por el período comprendido entre el 10 de octubre de 2000 y el 31 de diciembre de 2011.
Por otro lado, Lijo autorizó la realización de una diligencia probatoria para constatar la explicación brindada por el imputado en el requerimiento de justificación patrimonial.
La medida consiste en convocar al defensor Matías Ledesma para que se presente en Comodoro Py acompañado por el perito de parte, “muñido del sobre en cuestión y de una computadora portátil propia, en miras de que el especialista de la defensa ingrese a las cuentas a través de billetera de administración -como ser Sparrow o Electrum- y consigne en la función ‘Sign’ o ‘Verify Message’, en cada una de estas direcciones de bitcoin, un mensaje que será proporcionado por esta parte en el mismo acto”.
La resolución de Lijo establece que, una vez realizada esa operación, personal técnico de la Policía Federal Argentina efectuará una verificación criptográfica de las firmas correspondientes a cada una de las ocho direcciones. La diligencia será grabada y las claves privadas deberán quedar bajo acceso exclusivo de la defensa técnica.
El requerimiento fiscal
La Fiscalía Federal N° 11 busca reconstruir los ingresos y bienes del matrimonio desde que sus integrantes alcanzaron la mayoría de edad, luego de que la defensa atribuyera el capital aplicado desde 2014 a ahorros familiares previos y a operaciones con bitcoin.
Con esta medida, el Ministerio Público Fiscal busca verificar la explicación de la defensa sobre ocho direcciones de bitcoin que habrían sido utilizadas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018.
Según la presentación de Pollicita, la liquidación de esas tenencias habría generado USD 591.544,61, monto que fue invocado como origen de los USD 565.000 declarados en efectivo en el país bajo el rubro “venta de activos”.
Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá informar las fechas, los montos, las entidades intervinientes, el destino declarado y el resultado de las validaciones de cada operación.
La fiscalía requirió a la ANSES la historia laboral completa de los dos integrantes del matrimonio, con sus aportes, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas previsionales, actividades autónomas o monotributistas y prestaciones registradas.
También pidió a los registros de la propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires información sobre los inmuebles que hubieran tenido a su nombre. El requerimiento incluye las fechas de adquisición y transferencia, los porcentajes de titularidad, los gravámenes y los datos de las escrituras.
La investigación también alcanzará a los vehículos y motovehículos registrados, con detalle de dominios, marcas, modelos, años, altas, bajas y prendas inscriptas. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá remitir esos antecedentes.
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