En un nuevo gesto de diferenciación con la Casa Rosada, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, no asistirá este martes a la reunión convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con la bancada oficialista en la Casa Rosada. Según pudo saber TN, la exministra de Seguridad se ausentará del encuentro previsto en la previa de una eventual interpelación en el Congreso.

La decisión se produce en medio de nuevas tensiones entre la senadora y el jefe de Gabinete, quien enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y la amenaza de una interpelación impulsada por la oposición en el Senado.

Adorni había citado a los 21 integrantes del bloque libertario para mantener una serie de reuniones a lo largo del día. El objetivo del encuentro es “conversar acerca de la dinámica del Congreso durante el segundo semestre del 2026”.

Con la intención de facilitar el intercambio con los legisladores, el jefe de Gabinete resolvió dividir a los senadores en tres grupos, que fueron convocados en distintos horarios: a las 11, a las 13.30 y a las 16.

En la Casa Rosada habían asegurado que la respuesta de los legisladores había sido “inmediata y exitosa” y esperaban contar con la presencia de toda la bancada oficialista.

Sin embargo, finalmente Bullrich no participará de la reunión, en lo que constituye un nuevo episodio de diferenciación respecto del Gobierno y, particularmente, de Adorni.

Semanas atrás, la senadora había reclamado públicamente que el jefe de Gabinete adelantara la presentación de su declaración jurada patrimonial en medio de las denuncias por un presunto incremento injustificado de sus bienes.

Tras conocerse las explicaciones de Adorni sobre su patrimonio, Bullrich cuestionó la situación y afirmó que las inconsistencias detectadas excedían un error administrativo. “Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado”, sostuvo.

La legisladora también remarcó que el caso deberá ser esclarecido en el ámbito judicial. “Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”, agregó en declaraciones a La Nación.

Fue la propia Bullrich quien, poco más de un mes atrás, le había pedido al funcionario que presentara la documentación “de inmediato”. Antes de hacerlo público, además, se lo habría comunicado al presidente Javier Milei e intentó plantear el tema durante una reunión de gabinete.

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Las diferencias entre la senadora y la Casa Rosada no se limitan al caso Adorni. En las últimas semanas, la exministra de Seguridad participó de una reunión de la comisión de Libertad de Prensa del Senado, en la que se formularon críticas a las restricciones impuestas al trabajo de los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

También manifestó públicamente su desacuerdo con el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli. En esa oportunidad, explicó que rechazaba la decisión “por razones de conciencia”. Posteriormente, mantuvo una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y se abstuvo durante la votación del pliego en el Senado.

Pese a sus cuestionamientos al jefe de Gabinete, Bullrich es actualmente la encargada de coordinar la estrategia oficialista en la Cámara alta para intentar impedir que la oposición apruebe una interpelación contra Adorni en la sesión prevista para este jueves.

En un primer momento, la senadora había aceptado con los bloques opositores habilitar el tratamiento de la interpelación con mayoría simple. No obstante, la Casa Rosada insistió en que cualquier iniciativa sin dictamen de comisión requiere el respaldo de dos tercios del recinto. Ante esa discusión, Bullrich convocó para este martes a una nueva reunión de Labor Parlamentaria para revisar lo resuelto la semana pasada.

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“Si ese proyecto de interpelación tiene una mayoría, eso podría llevar o no a una moción de censura”, había advertido la senadora la semana pasada.

En caso de que el oficialismo logre bloquear el tratamiento, Adorni ganará tiempo. Si la oposición consigue avanzar, el jefe de Gabinete deberá presentarse ante el Senado el próximo 2 de julio, fecha en la que también tiene previsto brindar su informe de gestión ante la Cámara alta.

En paralelo, el oficialismo también trabaja para desactivar una ofensiva opositora en la Cámara de Diputados, donde se había convocado una sesión especial para impulsar proyectos de interpelación contra el jefe de Gabinete y emplazar a las comisiones para que abordaran esas iniciativas.

Patricia Bullrich, Manuel Adorni, La Libertad Avanza, Senado

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Dos ex funcionarios provinciales del radicalismo de Río Negro fueron detenidos y alojados en una dependencia penitenciaria regional tras ser condenados por cobrar sobresueldos entre los años 2004 y 2010, mientras que a otros ex integrantes del mismo gabinete les impusieron penas en suspenso. Todos cumplieron funciones durante la gestión del gobernador Miguel Saiz.

Los ex ministros de Educación y Coordinación, César Barbeito y Francisco González, fueron alojados en una dependencia penitenciaria de la localidad de Pomona, luego del fallo confirmatorio de la Corte Suprema de Justicia, con la imposición de penas de cumplimiento efectivo para ambos funcionarios.

Barbeito fue interceptado el domingo a media tarde en el aeropuerto internacional de Bariloche por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuando regresaba de vacacionar en Brasil junto a su familia. De inmediato fue abordado a un móvil de la Policía rionegrina, que lo trasladó la unidad carcelaria donde cumplirá la condena. González, por su parte, se entregó de forma voluntaria tras conocer el revés judicial dispuesto por la Corte.

Ambos deberán cumplir 3 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que otros cinco integrantes del gabinete fueron condenados a penas de 2 años y seis meses. Entre ellos están el ex titular de la cartera de Turismo, Omar Contreras, Cristina Uría (Salud), Juan Accatino (Producción), Alfredo Pega (Desarrollo Social) y Diego Larreguy (Gobierno). La medida de la Corte también alcanza al extesorero provincial José Ongaro.

La investigación determinó que, entre los años 2004 y 2010, se montó un sistema para utilizar fondos públicos en el pago de adicionales salariales a funcionarios. Estos recursos se distribuían de manera discrecional, sin criterios transparentes de asignación y utilizando un mecanismo que operaba por fuera de los circuitos administrativos y de controles habituales del Estado.

En 2018, la Cámara Criminal de Viedma condenó a los implicados por el delito de peculado y las penas fueron confirmadas dos años más tarde por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Ahora fue la Corte Suprema la que confirmó las condenas, luego de rechazar los recursos apelativos que presentó la defensa.

La investigación surgió a partir de una investigación periodística que describía el desvío sistemático de fondos públicos a los funcionarios condenados. “Mes a mes y desde hace siete años, el secretario General de la Gobernación y los ministros del gobierno de Miguel Saiz vienen percibiendo un sobresueldo por encima de los haberes que les han sido estipulados. Lo hacen ilegalmente —aunque bajo una apariencia reglamentaria—, burlando los órganos de control y a espaldas de los rionegrinos”, advertía la nota que dio pie a la denuncia judicial.

A partir de esa publicación se abrió una investigación que terminó por reconstruir un sistema de pagos adicionales destinado a funcionarios de primera línea durante los dos mandatos de Saiz. Según la acusación, los fondos eran retirados mediante cheques emitidos a nombre de funcionarios y cobrados por ventanilla bancaria, un mecanismo que permitía eludir los controles habituales aplicados a la liquidación de haberes.

La Corte Suprema demoró seis años en resolver el expediente, al que acudió la defensa para intentar revertir lo que había dispuesto la Justicia rionegrina.

Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas al considerar que no lograban desvirtuar los fundamentos de las sentencias previas. De esta manera, quedaron firmes las condenas que habían sido ratificadas por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en 2020.