Después de que el Gobierno anunciara que enviará la reforma electoral al Congreso -entre las que se encuentra un proyecto para eliminar las PASO-, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto cuestionó la iniciativa y dijo que será difícil que el oficialismo consiga una victoria legislativa. Aseguró que algunos sectores de ambas Cámaras “no van a permitir” su eliminación.

“Hablan de que quieren eliminar las PASO por un costo económico. No hacer elecciones puede ser muy barato también. Es un argumento poco sólido”, expresó Pichetto en TN y adelantó: “Vamos a ver cómo votan los gobernadores”.

El diputado acusó al Gobierno de buscar “alterar las reglas de juego electoral” a un año y medio de las elecciones de 2027 y aseguró: «No corresponde. El sistema electoral argentino es muy bueno, garantiza la participación y evita que haya abstención, aún cuando en el último proceso hubo un crecimiento significativo. Además, siempre ha sido transparente y el que debía ganar ganó. No ha habido fraude. Esta actitud de mirar todo lo de la política como negativo es muy malo para el sistema. Hay que ayudar a valorizarlo, no destruirlo».

Acto seguido, Pichetto sostuvo que al oficialismo no le van a alcanzar los votos y dijo que va a necesitar de una votación “especial” porque, al ser una ley electoral, requiere de la mitad más uno. “No es por simple mayoría y yo creo que van a tener dificultades”, subrayó.

En esta línea, planteó que el Gobierno también podría no recibirse el apoyo de algunos gobernadores que -según Pichetto- tienen “sistemas electorales propios”. “En algunas cuestiones vienen acordando pero hay que entender que la problemática de la política económica de las provincias coloca al Congreso en un tablero de negociación. Entiendo las reglas del juego”, indicó.

Por otra parte, en medio de un momento en el que Pichetto se mantiene en constantes diálogos con dirigentes peronistas -como Guillermo Moreno y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien se reunió con diputados del sector del excandidato a vicepresidente-, declaró que no volvió a hablar con Cristina Kirchner. La última vez que la vio fue en una visita después de que se confirmara su condena.

Pichetto también desmintió que esté tratando de unir al peronismo y tildó a la idea como una “exageración”. “Hay gente con la voluntad de construir una propuesta nacional para competir democráticamente con este gobierno. Hay un proceso económico muy duro para la sociedad argentina que empieza a aparecer vigorosamente en el debate político. El plan de estabilización se parece al de Martínez de Hoz. Cuando el dólar es tan bajo y no es competitivo produce una crisis económica generalizada”, detalló..

Con algunos retoques al texto original propuesto por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el oficialismo avanzó en la Cámara de Diputados con la firma del dictamen de la llamada “ley hojarasca”, por la cual se propone la eliminación de más de 70 normas y reglamentaciones por considerarlas “obsoletas o superadas”.

El dictamen, que obtuvo 35 firmas, se despachó en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que presiden los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio. Consiguió el respaldo de los bloques del oficialismo, Pro y la UCR. En cambio, Unión por la Patria y un sector de Provincias Unidas anticiparon su rechazo, por considerar que el paquete contiene normas cuya derogación afectaría áreas sensibles -como la salud y los bienes culturales- y reclamaron más tiempo de estudio.

Ante el plenario de comisiones, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, insistió en que esta norma es necesaria para ordenar el plexo jurídico vigente.

“Así como en nuestra historia hemos tenido el problema de la inflación, en el ámbito legislativo tenemos un severo problema de inflación normativa -enfatizó-. Entre leyes, decretos y resoluciones ministeriales se cuentan alrededor de un millón de normas. Uno de los objetivos es ordenar eso, porque tiene un gran costo, tanto para el ciudadano como para la administración pública”.

El funcionario precisó que si bien en 2014 el Congreso aprobó un digesto jurídico en el que se hizo un primer ordenamiento legislativo, unas 15.000 leyes quedaron en una suerte de “limbo jurídico” que, a su juicio, es necesario ordenar. “Esto es un tema serio porque estamos hablando de leyes que no sabemos a ciencia cierta cuáles están vigentes y cuáles no”, sostuvo.

Desde Unión por la Patria, el diputado Diego Giuliano planteó que si bien su bancada está de acuerdo con dar de baja una quincena de leyes que resultaron obsoletas con el tiempo, advirtió que dentro del paquete que presentó el Ministerio de Desregulación para su derogación hay normas que tocan áreas sensibles, como la educación, la salud y la cultura, que merecerían un “análisis más pormenorizado” antes de ser eliminadas de un plumazo.

El legislador mencionó, entre otras, la ley que declara de interés la producción pública de medicamentos y el artículo 5 de la ley de cooperativas, por el cual se las exime del pago de impuestos a los edificios y construcciones. Este último punto fue finalmente dado de baja por el oficialismo.

Por su parte Germán Martínez, jefe de la bancada, advirtió sobre los riesgos de derogar la ley 25.750 sobre bienes culturales, aprobada en 2003; dicha norma, explicó Martínez, fue impulsada tras la caída de la convertibilidad e impone, entre otros puntos, un tope del 30% para los capitales extranjeros en un medio de comunicación.

“En su momento esta ley se aprobó ante el riesgo de que estas acciones cayeran en manos de fondos buitres. Pero no solo contempla a los medios de comunicación; también a ARSAT, empresa que este gobierno buscó privatizar en la Ley Bases. ¿Qué pasa si a partir de la irresponsable derogación de esta ley se busca privatizar las acciones de la empresa satelital por otras vías?“, planteó.

También desde los bloques de izquierda plantearon objeciones. La diputada Myriam Bregman enfatizó que la iniciativa “ataca la salud, a las cooperativas y a la cultura”, mientras que Romina Del Pla advirtió que, lejos de ser inocente, la propuesta de Sturzenegger “busca dejar las manos libres a los empresarios” para evitar regulaciones.

Irónica, la diputada Vanesa Siley apuntó directo contra Sturzenegger, el autor del proyecto. “El señor del megacanje y del blindaje durante el gobierno de la Alianza, el mismo que volvió con (Mauricio) Macri, habla de leyes obsoletas cuando él es el más obsoleto, inútil y viejo que hay en el país”, asestó.

Modificaciones

El proyecto, de solo nueve artículos, condensa en el primero la derogación de medio centenar de leyes, la eliminación de varios artículos de otras tres normas y un par de decretos leyes hasta ahora vigentes. Fue presentado originalmente en octubre de 2024, perdió estado parlamentario y debió ser reingresado.

La cartera que conduce Sturzenegger argumenta que muchas de esas normas quedaron obsoletas porque fueron superadas por cambios regulatorios posteriores y por el avance tecnológico o el paso del tiempo. Algunas de ellas rondan lo insólito, como exigir un carnet de mochilero para hacer dedo o inhabilitar a los funcionarios públicos que azoten a alguna persona.

Sin embargo, el paquete incluye algunas leyes cuya derogación generó resistencia entre los legisladores y que el oficialismo, ante la presión de las bancadas, debió ceder. Así, decidió dar marcha atrás con la ley 20.959 que otorga una credencial de libre circulación a los diputados y senadores nacionales.

Asimismo, se eliminó el artículo que propone eliminar el aporte estatal al Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y a la Federación Argentina de Municipios, otros dos puntos que generan incomodidad en distintos sectores de la Cámara.