La cerrazón del Gobierno -que tiene máxima expresión en el caso Adorni- terminó de instalar la batalla con las universidades públicas como cuestión de impacto en los otros dos poderes del Estado. Después de la masiva marcha de esta semana en reclamo del financiamiento dispuesto por ley, el oficialismo se mostró intransigente, aunque enredado en su propio juego. La tensión se corrió a la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver sobre una cautelar, sin plazos pero con renovado foco sobre sus pasos: intercambio interno de opiniones y reuniones formales, como la de este jueves. Y todo indica que su definición sería gravitante para las chances de una negociación efectiva del oficialismo con los rectores, mientras el tema sigue sin pulso en el Congreso.

Al menos de momento, la pelea con las universidades empató los temores o inquietudes del Gobierno por otras señales que pueden llegar desde la Justicia. En el caso del jefe de Gabinete, los capítulos se suman a diario y se fue añadiendo la especulación sobre una citación al funcionario. Y en cuanto a las universidades, algunos hasta dan casi por seguro una decisión de la Corte que imponga, de hecho, la obligación de girar fondos en función de la ley que el Ejecutivo no cumple argumentando que la norma no incluye el recurso presupuestario.

En el máximo escalón judicial, como es tradición, incomoda quedar en el centro de una disputa que no pudo ser superada en el terreno político. Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, además, fueron apuntados por el Gobierno debido a su condición de docentes universitarios, lo cual fue interpretado como una chicana para tratar de estirar los tiempos. Como se sabe, el recurso extraordinario del Ejecutivo intenta extender el freno a la ley de financiamiento de las universidades públicas.

La UBA solicitó formalmente a la Corte que resuelva lo antes posible el tema, para evitar que se agrave la situación crítica en materia presupuestaria. En paralelo, se dejó trascender que no fue evaluada la alternativa de una concentración frente a los Tribunales. El límite sería el pedido de celeridad. A nadie escapa -y en especial, a ninguno de los jueces- que quedaron expuestos como pieza central de una pelea de carácter nacional.

La manifestación del martes tuvo ese sentido: fue dura contra el Gobierno y, de hecho, marcó la expectativa sobre la suerte judicial de una ley sancionada, vetada y sostenida finalmente por el Congreso en contra de la decisión presidencial. Fue masiva la demostración en Plaza de Mayo, que superó los alineamientos partidarios y sindicales. También expuso alcance geográfico: movilizaciones en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Mendoza, Salta, Jujuy, Resistencia, Corrientes. Expuso que el tema universitario -y educativo, en sentido más amplio- no es intrascendente ni limitado a los directamente afectados. Tampoco es un cheque en blanco para las autoridades de las universidades.

El Gobierno descalificó antes y después la marcha. Lo hizo además en un contexto de nuevo ajuste de cuentas para mantener superávit. Y eso mismo, entre otras interpretaciones, ratificó el peso de Economía sobre cualquier área a la hora de negociar. Es un dato, cuando desde el Gobierno surgen mensajes informales sobre la posibilidad de retomar las conversaciones con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional.

Alejandro Alvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, volvió a jugar como voz oficial en este terreno. Después de días repitiendo que el reclamo en la calle era una movida “política” -nada original, escuchado en otras gestiones-, dijo que más allá del número de personas que se movilizaron el martes, el límite sigue siendo presupuestario. “La ley nació muerta”, dijo. La versión sobre la posibilidad de negociar apuntó a que antes corran algunos días. Se verá, por supuesto, si se espera la decisión de la Corte.

Cualquier movimiento debería tener correlato en el Congreso. Es significativo: el intento de negociar una nueva ley de financiamiento universitario debería contar con consenso amplio para encontrar una fórmula que destrabe el conflicto. Hasta ahora, el intento inicial del Gobierno quedó en la nada, paralizado en Diputados.

La nueva tanda de poda presupuestaria volvió a marcar el eje del Gobierno. Y ese es un dato central a la hora de negociar. Una decisión de la Corte será determinante en ese plano, porque según su sentido podría acelerar o estirar los tiempos para sentarse a negociar con los rectores.

El panorama legislativo está cruzado por incertidumbres en el oficialismo y en la amplia franja de la oposición más dura, los dialoguistas y hasta los socios de LLA. Un paño en el que también juegan los gobernadores, que en su mayoría buscan sostener los puentes con el Gobierno, pero están complicados por la caída de la coparticipación, de otros fondos nacionales y de la recaudación local. El nuevo ajuste sorprendió por su alcance a los jefes provinciales: algunos ven tambalear acuerdos alcanzados trabajosamente como parte de las tratativas por la reforma laboral.

Son variadas las señales de fragilidad en el Congreso. En los espacios más enfrentados con el Gobierno, resultó notoria y a la vez esperable la decisión de postergar una semana la convocatoria a sesión de Diputados para poner en marcha una interpelación al jefe de Gabinete. En la vereda violeta, las internas complican incluso algunas negociaciones con dialoguistas: acaba de ocurrir en el Senado con la reforma electoral, como consecuencia de las tensiones entre Karina Milei y Patricia Bullrich.

El caso de Adorni tiñe buena parte de los movimientos del Gobierno, que desde hace más de dos meses repite intentos para recuperar el manejo de la agenda política. La última reunión de la mesa política del oficialismo pareció calcada de otras anteriores, pero con menos énfasis: reiteró el respaldo al jefe de Gabinete, aunque sin la foto de rigor y la ausencia de Santiago Caputo, y volvió a hablar de iniciativas para mover al Congreso. Se verá si reaparece el capítulo universitario.

Los bloques de la oposición levantaron el pedido de sesión especial para interpelar a Manuel Adorni previsto para hoy y sumaron a Unión por la Patria a una nueva convocatoria para el próximo 20 de mayo. La nueva sesión no solo incluirá los proyectos para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sino también iniciativas impulsadas por el peronismo.

La falta de acuerdos y la dificultad para reunir quórum —apenas superaban los 100 diputados confirmados— llevaron a los bloques convocantes a presentar una nota ante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para levantar la sesión.

Minutos más tarde, con las firmas de Germán Martínez, Esteban Paulón, Mónica Frade, Pablo Juliano y representantes de otras bancadas, solicitaron una nueva sesión para el 20 de mayo. El temario incluirá los cuatro proyectos que impulsan la interpelación de Manuel Adorni, además de iniciativas sobre modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, licencias por nacimiento, régimen de licencias parentales, la creación del plan Remediar y pedidos de informes sobre el PAMI.

Las iniciativas buscan ampliar el respaldo opositor para alcanzar el quórum de 129 diputados necesario para habilitar la sesión especial. A la convocatoria se sumarían bloques del peronismo, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal y algunos monobloques, como los que encabezan Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

La caída de la sesión

La presentación del pedido de sesión especial para este miércoles, sin las firmas de Unión por la Patria, que cuenta con 93 diputados, había generado desde el inicio pocas expectativas de concretar la convocatoria.

La situación derivó en negociaciones y reuniones contrarreloj durante este miércoles. La secretaria parlamentaria de Unión por la Patria, Paula Penacca, había adelantado a los diputados convocantes que el bloque acompañaría el pedido, aunque condicionó ese respaldo a la inclusión de iniciativas sociales que el peronismo viene impulsando en Diputados.

Finalmente, los bloques opositores resolvieron limitar el debate exclusivamente a la interpelación de Adorni y a una eventual moción de censura. Esa definición terminó alejando la posibilidad de reunir el quórum necesario para abrir la sesión y avanzar con los proyectos.

El desenlace fue el esperado: se levantó el pedido de sesión para hoy, se incorporó formalmente al peronismo a la estrategia opositora y se convocó a una nueva sesión especial para el martes 20 de mayo a las 11.

Los pedidos para interpelar al jefe de Gabinete

El pedido para que Manuel Adorni vuelva a la Cámara de Diputados se apoya en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que habilita a cualquiera de las dos cámaras del Congreso a solicitar la interpelación del jefe de Gabinete. Ese mecanismo incluso podría derivar en una moción de censura y, eventualmente, en la remoción del funcionario.

Los proyectos presentados en Diputados apuntan a la situación judicial y patrimonial de Adorni. Entre otros puntos, solicitan informes verbales del jefe de Gabinete “sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”, pedidos de información vinculados a su patrimonio declarado y la posibilidad de avanzar con una moción de censura por supuestas irregularidades.

Manuel Adorni, Diputados

Por segunda vez, el Gobierno oficializó una nueva prórroga de la emergencia en el sistema penitenciario federal tras constatar que la capacidad de alojamiento se encuentra superada y que la demanda de ingresos sigue en aumento. Pese a que destacaron la inauguración de la Unidad N° 36 de Coronda, Santa Fe, reconocieron que aún no se logró solucionar la problemática.

Por medio de la publicación de la Resolución 439/2026 en el Boletín Oficial, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aprobó la extensión de “la ‘emergencia en materia penitenciaria’ declarada por la Resolución N° RESOL-2019-184-APN-MJ, por el término de dos años desde la fecha de vencimiento del plazo establecido por la Resolución N° RESOL-2024-254-APN-MSG».

Esta categorización ya había sido prorrogada en 2022 y 2024. De la misma manera, indicaron que actualmente el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aloja a 12.248 personas. Esto representaría un 106% de su capacidad operativa, que es de 10.932 plazas.

Bajo el punto de vista de las autoridades, esta situación afectaría la gestión de la custodia y la reinserción social de los internos. Asimismo, detallaron que el 61,83% de los alojados corresponde a condenados, mientras que el 38,17% permanece detenido bajo proceso.

En línea con los datos recabados, entre el 11 de diciembre de 2023 y el 1 de marzo de 2026, ingresaron 15.041 personas privadas de la libertad al sistema federal. De este total, 4.695 se encontraban a disposición de la Justicia Federal, 9.675 de la Justicia Nacional, 418 de la Justicia Penal Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y 253 de otros tribunales provinciales.

Pese a que la capacidad máxima ya fue superada, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que hay otras 2.657 personas detenidas por la Justicia Federal y 2.416 por causas ante la Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que están a la espera de ingresar al sistema.

Por este motivo, en la resolución las autoridades destacaron que la cifra de plazas disponibles resulta insuficiente para recibir nuevos detenidos y advirtieron que el Servicio Penitenciario Federal aún se encuentra a cargo de la custodia de 5.983 personas implicadas en causas de la Justicia Ordinaria porteña, lo que representa el 48,85% de la población alojada.

Desde el Gobierno, atribuyeron este desbalance, en parte, a que no se concretó el traspaso de la Justicia Penal Ordinaria al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Así, consideraron que la continuidad de esa estructura organizativa limitaría la capacidad de alojamiento para detenidos con causas federales.

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Entre las estrategias para abordar la problemática, el Ministerio de Seguridad Nacional resaltó la implementación del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, que desde abril de 2024 incorporó a 1.291 personas y actualmente supervisa 1.503 arrestos domiciliarios. De la misma forma, informaron que se distribuyeron 310 dispositivos electrónicos en 23 convenios con provincias.

En cuanto a infraestructura, la gestión actual recordó la inauguración de la Cárcel Federal de Coronda (Unidad 36) y la habilitación de la Unidad Residencial IV del Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa. Aunque estas contribuyeron a ampliar la capacidad, reconocieron que no era suficiente.

Además, indicaron que se encuentra en marcha la construcción del Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, con un avance del 72,37%, y la relocalización del Complejo Penitenciario Federal Devoto al partido bonaerense de Marcos Paz. No obstante, la segunda obra que permanece inconclusa tras haber sido suspendida por el Gobierno porteño en 2020.

A raíz de esto, las autoridades resaltaron que, de concretarse la construcción de la cárcel de Marcos Paz, se sumarían un total de 700 plazas en el sistema federal. Por este motivo, destacaron que permitiría un “flujo de ingresos y egresos de detenidos al sistema”.