POLITICA
La multimillonaria multa que le aplicó el Gobierno a La Fraternidad por haber adherido al último paro general de la CGT
El Ministerio de Capital Humano impuso una multa récord de $21.241.500.000 al sindicato La Fraternidad por el no acatamiento a la conciliación obligatoria en su conflicto salarial y haber adherido al último paro general de la CGT, el 19 febrero pasado.
La sanción, según la cartera que encabeza Sandra Pettovello, se fundamenta en el incumplimiento de la orden oficial que exigía retrotraer el conflicto y evitar medidas de fuerza, “afectando el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad, en perjuicio del interés general”.
Una sanción que sería incluso superior (de unos 70 mil millones de pesos) será anunciada en las próximas horas contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que también, según el Gobierno, incumplió la conciliación obligatoria el día del paro general de la CGT, aunque el sindicato que dirige Roberto Fernández argumentó que la conciliación había sido dispuesta únicamente para el conflicto salarial de los choferes de colectivos del interior y no para los trabajadores del AMBA.
La multa anunciada por Capital Humano surgió luego de constatar que La Fraternidad no respetó la conciliación obligatoria establecida el 5 de febrero de 2026, la cual tenía un plazo de 15 días para restablecer las condiciones previas al conflicto y suspender cualquier acción directa, según lo dispuesto por la Ley N° 14.786. Esta norma obliga a sindicatos y empleadores a abstenerse de cualquier medida mientras rige la conciliación, con el fin de proteger la continuidad del servicio y salvaguardar el orden público.
Ante la consulta de Infobae, Maturano afirmó: “Lo veremos con nuestro abogado y seguramente iremos a la justicia porque para nosotros está mal aplicada (la multa)”. De todas forma, advirtió una posible reacción: “Haremos un paro por tiempo indeterminado”.
Noticia en desarrollo
POLITICA
Senado, en vivo: las últimas noticias sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el régimen de Zonas Frías
El Senado sesiona este jueves con un temario centrado en dos proyectos que generan tensión política y abren interrogantes sobre los votos: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el recorte de subsidios al gas para las denominadas zonas frías.
La Cámara alta buscará modificar el texto que Diputados aprobó sobre el Banco Central, en particular el mecanismo de remoción de sus autoridades. Si el Senado introduce cambios, la iniciativa deberá regresar a la Cámara baja para una segunda revisión.
También está previsto el debate sobre el nuevo régimen de subsidios. La propuesta sostiene beneficios para la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero limita el alcance de la ampliación aprobada en años anteriores. La discusión llega al recinto con negociaciones abiertas y atención sobre el quórum.
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POLITICA
Presentan un proyecto para sancionar el abandono y maltrato a mascotas en la provincia de Buenos Aires
El diputado de la provincia de Buenos Aires Manuel Passaglia presentó un proyecto de ley para modificar el Código de Faltas provincial e incorporar penas contra el abandono y el maltrato animal. La propuesta establece multas, arrestos de hasta 60 días y el retiro preventivo de mascotas que estén en peligro.
La iniciativa, impulsada por el legislador bonaerense de Hechos, contempla penalizar la falta de cuidados básicos, la permanencia en espacios inadecuados o encerrados en vehículos sin ventilación, y el abandono deliberado.
Según explicó Passaglia a , el proyecto busca cubrir un vacío legal en el Decreto-Ley 8031/73, la normativa contravencional vigente en la materia: “El Código de Faltas bonaerense no prevé ninguna sanción por maltrato animal, sólo menciona a los animales cuando representan un peligro para las personas o la propiedad, nunca para protegerlos”.
Frente a situaciones de riesgo manifiesto para la salud o la vida de las mascotas, la iniciativa faculta a los Juzgados de Faltas y a los agentes de control a ordenar el retiro preventivo con el auxilio de la fuerza pública. Los animales rescatados quedarán bajo el cuidado de “un profesional idóneo, una entidad pública competente, o una institución de protección animal (hasta tanto se resuelva la situación definitiva”.
Al ser consultado por este medio sobre la duración de la inhabilitación a los infractores a tener mascotas que establece el documento, el legislador detalló: “Es temporal, de 1 a 2 años, y solo se aplica como sanción por el menoscabo de la integridad de animales de compañía y el abandono”.
El texto también agrega un apartado al régimen contravencional para sancionar acciones como pintarles el pelo, aplicarles sustancias tóxicas o provocarles sufrimiento y estrés.
A su vez, el proyecto crea un Registro de Infractores a la Ley de Maltrato Animal dentro del sistema provincial y permite a los jueces cambiar las multas económicas por donaciones o tareas comunitarias en entidades de protección.
Respecto a la aplicación de la norma y el presupuesto necesario en las comunas, Passaglia remarcó: “La Provincia no necesita adherir presupuesto para implementar el proyecto. Serán los Municipios, a través de sus Juzgados de Faltas, lo que tendrán los gastos ejecutivos de las inspecciones y traslados”.
En el mismo sentido, sobre la articulación con las organizaciones protectoras y los costos del sistema, el diputado sostuvo: “Para la ejecución del procedimiento es necesario la articulación con las ONG´s que ya hacen este trabajo, muchas veces sin el apoyo del Estado provincial porque hay situaciones que la actual ley no contempla».
“El financiamiento surge del propio proceso, mediante las sanciones. Nuestro proyecto incrementa las penas y los casos considerados de explotación y maltrato animal. Pero no crea ninguna nueva dependencia estatal ni requiere incorporación de personal”, detalla al respecto.
Sobre el trámite parlamentario en las comisiones y el alcance de la propuesta, Passaglia señaló: “Estamos iniciando las conversaciones, aún está en comisión tanto en diputados como en senadores”.
Asimismo, ante la pregunta por una posible proyección nacional agregó: “Si funciona en la Provincia de Buenos Aires, puede servir como modelo para que otras provincias incorporen sanciones y medidas de protección similares. Cada jurisdicción tendría que adaptar su propio Código de Faltas, pero la experiencia puede impulsar una discusión más amplia sobre cómo fortalecer la protección animal en todo el país”.
El ejemplo de la gestión en San Nicolás
El legislador citó la experiencia previa desarrollada en el municipio de San Nicolás —fue intendente de allí—, donde y realizaron más de 50.000 castraciones gratuitas y articularon denuncias, inspecciones y rescates. Al respecto, indicó: “En San Nicolás tuvimos una gran respuesta de parte de la comunidad en general y con el apoyo de las organizaciones protectoras de animales logramos intervenir en casos muy diversos siempre con buen resultado.
El Municipio realiza el procedimiento de inspección, rescate y sanción, mientras que son las ONG las que determinan el hogar final de la mascota rescatada. Las sanciones sirven para financiar el proyecto y mantener los animales a salvo de los malos tratos”.
Finalmente, el diputado concluyó sobre la necesidad de actualizar el marco regulatorio nacional: “si el sistema funciona en la provincia de Buenos Aires, se sumaría al antecedente de la Ciudad y daría más fuerza al pedido de reformar la Ley Nacional 14.346. La ley fue sancionada hace más de 70 años y no contempla expresamente todas las situaciones de maltrato que hoy se denuncian”.
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POLITICA
Diputados: la Comisión de Salud dictaminó la creación de un sistema de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo
La Comisión de Salud dictaminó la creación de un Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAs), que tomó como base el proyecto de la diputada nacional Silvana Giudici (LLA). “A partir de esta ley nunca más en la Argentina los medicamentos de alto riesgo como el fentanilo llegarán al brazo de los pacientes sin dejar una huella trazable y verificable”.
Ante la crisis sanitaria que produjo el fentanilo contaminado en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo el año pasado, con un saldo de más de 100 muertos. Tras el caso, la Cámara baja creó por unanimidad una Comisión Especial Investigadora, que Giudici integró y cuyo informe final recomendó la trazabilidad de medicamentos críticos.
Este debate comenzó el 8 de septiembre y el dictamen incluyó también los proyectos de los diputados Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Victoria Tolosa Paz (UxP), y las propuestas de Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), Marcela Pagano (Coherencia) y las exdiputadas Danya Tavela (UCR) y Mónica Fein (Socialista).
Silvana Giudici expresó: “Los responsables de esta crisis sanitaria están presos, los dueños de HBL Pharma son criminales y como tales deberán pagar su pena, las vidas lamentablemente no vuelven, pero el Congreso hoy se pone a la altura de las circunstancias y en lo que le compete refuerza el marco regulatorio para que cualquier evento adverso detectado en el sistema hospitalario sea aislado, investigado y neutralizado en tiempo real” finalizó la diputada por la Ciudad de Buenos Aires.
Postura de UxP
Desde la oposición fundamentó la postura de Unión por la Patria (UxP) la diputada Victoria Tolosa Paz: “Con esta ley buscamos que ningún medicamento de alto riesgo pueda quedar fuera del radar del Estado: saber de dónde salió, por dónde pasó, a qué institución llegó y a qué paciente se administró. Si aparece una sospecha de contaminación, que la información circule inmediatamente y el Estado pueda inmovilizar el lote en todo el país antes de que haya más personas afectadas”.
Mientras que Pablo Yedlin agregó: “La propuesta original de la legisladora Silvana Giudici fue modificada y ampliada por varios bloques, avanzando en la dirección correcta, pero está muy lejos de ser la solución adecuada”, explicó el diputado nacional Pablo Yedlin, integrante de la Comisión.
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Yedlin sostuvo que “será difícil de cumplir en las condiciones actuales en que se encuentra ANMAT que es la autoridad de aplicación. ANMAT no tiene ni los inspectores, ni el equipamiento informático, entre otras falencias, que son responsabilidad del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones”.
La presencia de familiares
En el debate en la Comisión de Salud, hicieron uso de la palabra algunos familiares de las víctimas. “Reducir el tema a la trazabilidad solamente es un error, la Comisión del Fentanilo hizo muchos más aportes que no están siendo tenidos en cuenta”, explicaron.
“Si aprueban una ley a la medida de sus conveniencias políticas o sectoriales, sepan que no estarán protegiendo a la población. Estarán siendo cómplices de la desprotección y del silenciamiento al que nos vienen sometiendo”, destacó Daniel Oviedo, papá de Daniel Sebastián Oviedo, fallecido por el fentanilo adulterado el 17 de mayo de 2025 en el Hospital Italiano de la Plata.
Desde el bloque Coherencia, la diputada Marcela Pagano, les pidió perdón a los familiares de las víctimas “como parte del Estado ya que llegamos muy tarde, porque las pérdidas que sufrieron son irreparables”.
La norma dictaminada
El proyecto indica el deber de notificación inmediata por parte de las instituciones de salud públicas y privadas respecto del uso de medicamentos de alto riesgo, la ocurrencia de brotes infecciosos intrahospitalarios y la aparición de eventos adversos graves que puedan comprometer la salud pública.
La propuesta establece la trazabilidad obligatoria y en tiempo real de los fármacos inyectables parenterales (intravenosos, intramusculares, intratecales, entre otros) y de sus materias primas. Exige un registro digital en cada etapa: importación, producción y distribución. El registro llega hasta la administración efectiva, vinculada al identificador clínico del paciente dentro del establecimiento hospitalario.
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La norma crea también un Protocolo de Eventos Críticos de Salud. Ante sospechas de contaminación o eventos adversos, obliga a notificar en simultáneo a Nación, Provincias y ANMAT dentro de las 24 horas. También fija una Alerta Sanitaria Inmediata, con aviso a nivel nacional y bloqueo preventivo de los lotes sospechosos en un máximo de seis horas.
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