POLITICA
La oposición criticó a la Corte por el fallo que dejó sin límites la venta de tierras a extranjeros y llamó a otra movilización

La decisión de la Corte Suprema que revocó la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737 provocó reacciones de dirigentes de Unión por la Patria, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda. Los referentes reclamaron que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023 y, en varios casos, convocaron a movilizarse.
El tribunal hizo lugar al recurso extraordinario del Estado, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. La Corte sostuvo que la asociación no acreditó legitimación para llevar adelante la acción colectiva.
La resolución dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, que imponía límites a la titularidad y tenencia de terrenos rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó la decisión como “el fallo de la infamia”. “La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”, escribió.
Kicillof sostuvo que el Gobierno retiró su proyecto en el Senado porque no reunió los votos necesarios. “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”, afirmó. Además, cuestionó al presidente Javier Milei y expresó: “Argentina para los argentinos”.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo en una entrevista con Infobae en Vivo que, a partir de la resolución, “Argentina no cuenta con una ley que proteja las tierras rurales frente a la extranjerización o la compra por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras o de Estados extranjeros”.
Según su interpretación, el DNU 70/2023 derogó por completo la Ley de Tierras y eliminó las restricciones para la compra de propiedades rurales. El constitucionalista afirmó que el fallo de la Corte “revocó una sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que declaró la inconstitucionalidad del DNU en este punto y conservaba la plena vigencia de la Ley de Tierras”.
Gil Domínguez calificó la sentencia como “dogmática” y “arbitraria”. También cuestionó que la Corte negara legitimación al CECIM de La Plata: “¿Quién más va a estar con legitimación procesal, con representación colectiva adecuada, que un centro de excombatientes de Malvinas, que tiene dentro de su objeto social la defensa de la integridad territorial?”.
Sobre la posibilidad de una nueva judicialización, señaló: “La Corte dice ‘acá no, pero en otro caso sí’. Ahora, para la Corte solamente se puede acceder a la Justicia si se titulariza un derecho individual”.

El senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde, afirmó que “la Corte Suprema falló en contra de la Ley de Tierras que el pueblo defendió en las calles”. También sostuvo: “Si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos”.
“El Senado ya rechazó el DNU 70 que derogó la Ley de Tierras. Si Diputados lo rechaza completamente, frenamos la venta del país”, escribió Recalde, quien cerró su mensaje con una convocatoria: “Es ahora, en el Congreso y en las calles”.
El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, cuestionó a los integrantes del máximo tribunal y señaló que “la misma ley” cuya derogación quedó vigente “quiso modificarse en el Senado y una enorme movilización popular lo impidió”.

“Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros”, expresó Martínez. Luego fijó los “objetivos” de su espacio: “Pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”.
La diputada Julia Strada, también de Unión por la Patria, pidió “bajar ese DNU en el Congreso” y cuestionó la decisión judicial en un mensaje que tituló: “Sobre la ley de tierras y el escándalo de los tres tipos de la Corte Suprema reviviendo un capítulo frenado del DNU 70 para vender el país”.
El diputado socialista Esteban Paulón sostuvo que la resolución restableció la derogación de la Ley 26.737 y afirmó que esa norma fijaba límites a la adquisición de terrenos por extranjeros.
“Ahora, la responsabilidad está en el Congreso. En Diputados debemos rechazar el DNU 70/23, tal como hizo el Senado”, planteó. También hizo “un llamamiento” a sus pares para convocar “urgente una sesión especial”.

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman reclamó “anular el decreto 70/23” y afirmó que el tratamiento pendiente corresponde a la Cámara de Diputados. “Integrantes del Frente de Izquierda nos hemos puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial”, indicó.
“Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”, agregó Bregman.
La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz publicó el mensaje “Argentina: se vende” y cuestionó que “después de semanas de debate y movilizaciones, tres jueces decidan por todo un país”.
“A los legisladores nos votó el pueblo y tenemos la responsabilidad de representarlo”, sostuvo Tolosa Paz. “No podemos permitirlo. Algo de la República debe quedar en pie, a pesar de este Gobierno vendepatria”, agregó.
La ex secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra también criticó la sentencia. “La Constitución dice que son nulos de nulidad absoluta, pero la CSJN vuelve inaplicable esa disposición y le permite a Milei gobernar por DNU”, expresó. Luego reclamó: “Que se muevan los diputados”.
POLITICA
En la mesa política admitieron que el proyecto de ley sobre discapacidad genera divisiones internas

Con asistencia perfecta, el Gobierno reunió este martes a su mesa política para abordar la agenda legislativa que tiene como principal desafío lo que sucederá este miércoles en la Cámara de Diputados, donde se debatirán los proyectos de discapacidad, desendeudamiento e inviolabilidad de la propiedad privada.
El encuentro estuvo encabezado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, quien por segunda vez en un mes no participó de una comitiva con su hermano, el presidente Javier Milei, de viaje esta vez en España. Se quedó en el país para participar del cónclave de este martes y monitorear de cerca distintos temas legislativos y de gestión.
Al final del encuentro, en la información difundida por Casa Rosada, se comunicó que se “analizaron la situación económica y política internacional, la agenda legislativa nacional y la evolución del fenómeno de El Niño en el país”.
“Se realizó un análisis del contexto económico y político internacional, con especial atención a los conflictos sociales en Francia e Italia”, se informó. Y agregaron que el ministro de Economía, Luis Caputo, “brindó detalles de la cumbre con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Tailandia realizada la semana pasada”.
En tanto que, en materia legislativa, agregaron que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, “repasó los temas previstos para la sesión de mañana, en la que se abordarán proyectos vinculados a la propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar”.
Como contó este martes , la forma de abordar la iniciativa sobre discapacidad sigue generando diferencias dentro del Gobierno.
Mientras el oficialismo en Diputados negoció con sus aliados un proyecto que recoge reclamos del sector para evitar que la oposición imponga una nueva emergencia, en el Poder Ejecutivo persisten los reparos por su costo fiscal.
“Se habló del proyecto en diputados con el que se va a tratar el tema”, dijo a una de las fuentes consultadas sobre el tema discapacidad. El proyecto divide aguas internamente y en el oficialismo hay un reconocimiento de que “no es el proyecto que les gusta a todos”. Los reparos son por el eventual costo fiscal.
“Se analizó la situación vinculada al fenómeno de El Niño, a partir de los informes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y se evaluó la posible evolución de las inundaciones durante las próximas semanas y la articulación con las provincias y los equipos de Emergencia y Seguridad”, señaló el comunicado oficial.
El encuentro se dio en el despacho de Diego Santilli y, además de él y Karina Milei, estuvieron la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; Menem; Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario y armador político libertario, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor, Santiago Caputo.
Noticia en desarrollo
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POLITICA
Frigerio, Llaryora y Pullaro reclamaron “que el narco y el crimen organizado no terminen financiando la política”

Rogelio Frigerio, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro se encontraron este martes en Paraná, Entre Ríos, y, consultados por la reforma electoral que propone el oficialismo a nivel nacional, coincidieron en reclamar “que el narco y el crimen organizado no terminen financiando a la política”, como ocurre en otros países de la región.
El gobernador de Córdoba, Llaryora, señaló ante la consulta de Infobae que en la reforma electoral que el gobierno nacional envió al Congreso “hay un capítulo que es muy importante y sobre el que nadie pregunta. Es el financiamiento. En ese debate hay que tener todos los controles necesarios para que no ingresen el crimen organizado y el narcotráfico”.
“Sería el punto sobresaliente cuando se debata el financiamiento”, subrayó, poniendo en un segundo plano la cuestión de la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional.
Cuando terminó de responder, se escuchó un “muy bien”. Al que se le escapó fue a Pullaro, quien felicitó a su par cordobés por la definición. Por su parte, el gobernador de Santa Fe acentuó: “Hay que ser muy claro en el financiamiento de los partidos y frentes para que no se metan el narco y el crimen organizado”.
“No digo que haya sucedido en Argentina, pero sí lo vemos en muchos países y no nos puede pasar a nosotros”, alertó.
Frigerio, en tanto, se acopló al reclamo. “A nivel nacional y provincial hay que sumar mayores controles respecto del financiamiento de la política. Hay que dar una vuelta de tuerca. Me tocó hacerlo cuando fui ministro del Interior (entre 2015 y 2019), pero que hay que seguir discutiendo”. El tema “exige nuevos replanteos”, resumió.
Los gobernadores hicieron estas declaraciones en la conferencia de prensa que cerró el encuentro de la Región Centro realizado este martes por la mañana en Paraná. La convocatoria fue en el marco de las XII Jornadas de desarrollo productivo y competitividad.
Durante las exposiciones, los mandatarios de las tres provincias reclamaron un plan nacional de infraestructura para atender la demanda productiva. Además, señalaron la necesidad de que, sobre la base del ordenamiento de la macroeconomìa y el control de la inflación, se defina un programa desarrollo. Al ser provincias de la zona núcleo, también exigieron el fin de las retenciones agropecuarias.
PASO: ¿sí o no?

“En Córdoba no tenemos PASO. Estamos abiertos al debate. Lo importante es que se exprese después cómo se resolverán los temas electorales al suspender el sistema”, definió Llaryora. El mandatario cordobés esquivó una respuesta concreta al asunto.
Pullaro, en tanto, recordó: “Yo ya me manifesté a favor de la eliminación de las PASO nacionales. No veo que sirva para algo. No aportan nada al funcionamiento democrático argentino”, afirmó.
“No han sido utilizadas por los partidos políticos. Muchas veces los frentes electorales llevan a un solo candidato y hacen que la gente tenga que ir en tres oportunidades a votar. En el caso de Santa Fe hay que sumar otras dos. Es muy difícil”, detalló. La Constitución santafesina ordena que los comicios provinciales no pueden ser concomitantes con los nacionales.
A renglón seguido, sumó otro elemento para sostener la derogación del sistema de primarias: el costo. “Esa es mi posición como gobernador”, sentenció.
Entre risas, agregó: “Esto no significa que los diputados y senadores nacionales de Santa Fe tomen mi postura. A veces dicen ‘lo que hicieron los legisladores de Pullaro’. Que yo sepa, ninguno es Pullaro. Son autónomos. Hacen lo que entienden que tienen que hacer. No me consultan. Y está bien que sea así, porque si no parecerían empleados del gobernador”, aclaró.
El mandatario santafesino distinguió: “Mi provincia tiene una cultura de PASO y se utiliza. Yo soy producto de una primaria provincial. Desde el 2007 en adelante, Santa Fe usó el sistema con mucha nitidez.”
Frigerio, en tanto, describió: “Hay un divorcio creciente entre la sociedad y la política. En estas condiciones, en una provincia como la nuestra, que pueda haber cinco elecciones en un año es tirar de la cuerda”.
A continuación, indicó: “Nuestro frente político, integrado por 28 espacios, no tomó una definición todavía”.
“Cualquier cosa que diga, es a título personal”, concluyó.
POLITICA
Identifican los restos de la hija de un exintendente de Cipolletti secuestrada en 1976

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A 50 años de su secuestro, identificaron los restos de María Luisa “Mara” Salto Segovia, la joven de Cipolletti –hija de un exintendente de esa ciudad– secuestrada en Córdoba en 1976.
La confirmación oficial fue comunicada a sus familiares luego de que los cotejos realizados por el Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) arrojaran un resultado positivo con una certeza superior al 90%.
El caso se enmarca en la causa “Enterramientos Clandestinos”, que tramita en el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, bajo la dirección del juez Hugo Vaca Narvaja y el secretario Miguel Ceballos. Las tareas antropológicas y forenses permitieron reconstruir perfiles genéticos que posibilitaron la identificación de unas 30 personas detenidas-desaparecidas durante el terrorismo de Estado en esa provincia.
Nacida en Cipolletti el 8 de diciembre de 1955, Salto pertenecía a una de las familias pioneras y tradicionales del Alto Valle. Era hija de Margarita Segovia y del médico Julio Dante Salto, quien se desempeñó como intendente de Cipolletti durante la década de 1960 y protagonizó el histórico proceso social conocido como el Cipolletazo.
Además, era hermana de Julio Rodolfo Salto (exjefe comunal de la ciudad), de María Isabel “Mariela” Salto (docente universitaria) y de María Emilia “Beba” Salto, exconcejal de Neuquén y sobreviviente de centros clandestinos de la Patagonia que ha testificado en juicios de lesa humanidad.
A los 20 años, Mara estaba radicada en la ciudad de Córdoba, donde estudiaba la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. En el ámbito universitario, desarrollaba una activa militancia política como integrante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en la Facultad de Medicina y militante de la organización Montoneros. En la actualidad, su nombre integra el memorial de Cipolletti erigido en homenaje a las 17 personas víctimas del terrorismo de Estado nacidas o vinculadas a la localidad.
El 27 de julio de 1976, en los primeros meses de la última dictadura militar, Mara Salto fue secuestrada en Córdoba por integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Dos días después del secuestro, las fuerzas represivas allanaron la vivienda que la joven compartía con una compañera de estudios.
De acuerdo con las declaraciones y testimonios de sobrevivientes incorporados a las causas judiciales, Mara fue conducida al Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “La Perla”, donde permaneció en cautiverio y fue vista con vida por última vez aproximadamente 20 días después de su captura. Los responsables del circuito represivo en el que se enmarcó su desaparición, entre ellos el represor Luciano Benjamín Menéndez, fueron posteriormente juzgados en la causa emblemática “La Perla – La Ribera – D2”.
La recuperación de los restos de Mara Salto es el resultado de exploraciones arqueológicas y antropométricas desarrolladas en el sector denominado Loma del Torito, un predio ubicado dentro de la Guarnición Militar de La Calera, adyacente a donde funcionó el centro clandestino La Perla, en pleno monte cordobés.
La ubicación de la zona de búsqueda se logró a partir del análisis del terreno apoyado en una antigua fotografía aérea que mostraba un pequeño claro en el monte. En ese sector, el EAAF –junto con la colaboración del Servicio de Antropología Forense de Córdoba y áreas especializadas de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto– delimitó una exploración sistemática sobre un área de tres hectáreas.
El escenario de trabajo en Loma del Torito presenta características complejas: los investigadores hallaron pequeños restos óseos desarticulados y dispersos en sedimento de relleno. Las actuaciones judiciales sostienen la hipótesis de que en el lugar funcionó un gran enterramiento clandestino de víctimas ejecutadas en La Perla y otros centros del circuito represivo cordobés.
Se presume que en 1979, ante la inminente inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Argentina, los cuerpos fueron desenterrados clandestinamente mediante el uso de maquinaria pesada para trasladarlos y borrar las evidencias de los crímenes. Sin embargo, la remoción dejó pequeños fragmentos óseos atrapados en la tierra que, décadas más tarde, hicieron posible la extracción de perfiles genéticos y representaron un hito fundamental en la reconstrucción de la verdad histórica.
Paz García Pastormerlo,Conforme a
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