POLITICA
La paradoja del resurgimiento de la UCR: recupera terreno tras la crisis de identidad, pero enfrenta dilemas cruciales

El partido se fortalece en el mapa de poder, sin embargo, no tiene un conductor indiscutido ni un dirigente con potencial electoral nacional; buscan cohesión interna para incidir en el próximo gobierno
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El resurgimiento radical encierra una paradoja. Si bien se fortalece como nunca desde el estallido económico y social de 2001, que marcó el final del gobierno de Fernando de la Rúa, y gana influencia en la discusión sobre el futuro del conglomerado opositor, no tiene un conductor indiscutido ni un dirigente con capacidad electoral a nivel nacional. Esa falencia medular en su reconstrucción política les impide hasta ahora a los radicales conseguir una mayor cohesión interna y capitalizar su poder de fuego en jurisdicciones estratégicas o en el Congreso, sobre todo en el Senado, donde seguirá teniendo el bloque mayoritario, pese a que podría perder escaños, e incidir en el rumbo del nuevo gobierno. De hecho, debido a sus divisiones internas, la UCR no logró consensuar una estrategia para consagrar a un candidato a presidente y terminó diluida en la disputa entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.
El radicalismo vuelve a emerger como una fuerza gravitante en el polo no peronista en medio de un proceso de reconfiguración política en el país. Mientras Milei, apuntalado en su proclama “anticasta”, cosecha adhesión popular y el peronismo sufre una deserción inédita de votantes y pierde el control de bastiones clave, como Santa Fe, San Luis, San Juan, Santa Cruz o Chaco, la maquinaria electoral del partido centenario resurge de la mano de nuevas figuras o cuadros partidarios que consolidan sus liderazgos en distritos estratégicos del interior del país. La UCR recupera mística e identidad y vuelve a ser un actor principal después de dos décadas de duelo por la caída de De la Rúa.
Los recientes triunfos de Leandro Zdero (Chaco), que le arrebató la provincia a Jorge Capitanich, un cacique peronista y alfil de Cristina Kirchner, y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), protagonista de una arrasadora victoria que redujo al peronismo a un papel testimonial, proyectan un panorama alentador para los jerarcas radicales. Es que, en caso de que Alfredo Cornejo logre extender su hegemonía en Mendoza en los comicios generales del próximo domingo, la UCR se habrá garantizado cinco gobernadores propios. A primera vista, será la fuerza de JxC con más mandatarios provinciales: Pullaro, Gustavo Valdés (Corrientes), Zdero, Carlos Sadir (Jujuy) y Cornejo -si gana en Mendoza-.
Resta saber si Jorge Macri podrá consagrarse como sucesor de Horacio Rodríguez Larreta en la Capital -el primo del expresidente parte como favorito-, y si Néstor Grindetti conseguirá desbancar a Axel Kicillof en Buenos Aires para sumarse a Ignacio Torres (Chubut) en el grupo de mandatarios provinciales de Pro. Rogelio Frigerio también podría integrar ese lote: tras superar al radical Pedro Galimberti en las PASO, parte con ventaja en la disputa con el PJ de Entre Ríos, pero es una incógnita si podrá sortear con éxito el escollo de Milei en las elecciones unificadas del 22 de octubre. Ese póker de Pro podría alterar el equilibrio de fuerzas por la incidencia de Buenos Aires en el tablero nacional.
Si bien los apalancó Larreta, Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz) son aliados de Pro dentro del universo de JxC. Por lo tanto, la UCR ocuparía la mayoría de las sillas en la mesa de gobernadores de JxC gane quien gane la pulseada por el premio mayor en las presidenciales.
Desde que Ernesto Sanz promovió la alianza con Pro para conformar Cambiemos en 2015, la UCR nunca había tenido tantos gobernadores. De hecho, Macri gobernó con tres aliados radicales en las provincias: Gerardo Morales (Jujuy), Cornejo (Mendoza) y Ricardo Colombi (Corrientes). Morales y Cornejo habían sido proclamados ese año en medio de una incipiente merma electoral del kirchnerismo. Colombi, un dirigente con extensa trayectoria partidaria, atravesaba su segundo mandato.
Resurgimiento
En la cúpula de la UCR celebran el resurgimiento del partido en el interior del país mientras el sello de JxC sufre una pérdida progresiva de votos a nivel nacional. Si bien será un premio consuelo en caso de que Bullrich no logre llegar a la Casa Rosada, los radicales se jactan de haber recobrado la actitud competitiva y exhibir vitalidad política. A su vez, se precian de haber atravesado un proceso virtuoso de renovación dirigencial, que tiene mayor visibilidad con los batacazos electorales de Pullaro y Zdero. Está claro que ambos triunfos se dieron en el marco de alianzas locales amplias y potentes, pero los radicales lideran esos procesos con recetas tradicionales -cercanía y despliegue territorial- y comienzan a plantarse en la escena política con mayor aplomo.
“Esto está asociado a la estrategia política y electoral diseñada en 2015 con la conformación de Cambiemos. La noche previa a la asunción de [Mauricio] Macri, la UCR tenía solo a Colombi en Corrientes y el día que se vaya Alberto Fernández probablemente tengamos cinco gobernadores. Eso no es casualidad”, señala Jesús Rodríguez, titular de la Auditoría General de la Nación y exministro de Economía de Raúl Alfonsín.
“Estamos viviendo una era de coaliciones, que son el resultado de acuerdos programáticos y reglas. Hay que mirar los procesos y la dinámica. El radicalismo va a tener actitud competitiva en todas las categorías y jurisdicciones”, completa Rodríguez.
Por primera vez desde 1999, cuando Fernando de la Rúa llegó al poder gracias al pacto electoral con Carlos “Chacho” Álvarez (Frepaso), la UCR tendrá más de tres gobernadores. Cuando gobernaba La Alianza, controlaba Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Río Negro y Mendoza. Enrique Olivera sucedió a De la Rúa en la Capital hasta el triunfo de Aníbal Ibarra, que fue electo en el frente de La Alianza y fue acompañado por una vice radical: Cecilia Felgueras.
En 1983, con la llegada de Alfonsín al poder, la UCR tenía una amplia red de gobernadores. Dominaba Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Misiones y Río Negro. La Capital y Tierra del Fuego, que aún eran territorios nacionales sin autonomía, tenían autoridades de extracción radical que habían sido designadas por el presidente.

En 2024, la UCR volverá a tener un importante caudal de poder en el interior del país y mantendrá gran parte de la tropa propia en el Congreso, aunque podría perder bancas en el Senado en caso de que se repitan los resultados de las PASO. A pesar de esa posible merma, seguirá siendo el bloque mayoritario de JxC. Hoy tiene 18 senadores. “Los radicales nos dimos cuenta de que la unidad nos fortalece frente al Pro”, aseguran en Evolución Radical, la corriente interna de Martín Lousteau.
Sin duda, Pullaro es una de las figuras emergentes del radicalismo. Con su histórico triunfo en Santa Fe, el tercer distrito más poblado del país, el referente de Evolución Radical no solo le dio impulso a Bullrich, que encontró alivio tras el golpe de las PASO, sino que fortificó las acciones de Lousteau, su gran promotor, quien venía de sufrir un revés en la Capital frente a Jorge Macri.
Pullaro, quien al igual que Zdero tuvo que superar una interna para liderar un amplio frente opositor para enfrentar al PJ, considera que la UCR recuperó la ambición de poder. “Espero aportar al fortalecimiento de Evolución en el orden nacional. Pretendemos renovar nuestro partido, pero fundamentalmente tenemos el desafío de gestionar. En nuestra generación, que lidera Lousteau, hay un cambio de paradigma. Desde el gobierno de Alfonsín, la UCR siempre fue un partido más parlamentario que ejecutivo. Y tenía buenos legisladores, pero no tenía el hambre de la disputa de poder”, apunta el gobernador electo de Santa Fe, quien venció sin contratiempos a Carolina Losada, otra de las nuevas figuras de la UCR, en las primarias locales.

Mientras digiere el triunfo por estrecho margen de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires -el vínculo quedó dañado tras una interna feroz-, Lousteau saca pecho con el crecimiento del volumen político de su fuerza a nivel nacional desde la arrolladora victoria de Pullaro. El senador también había apostado un pleno a Rodrigo de Loredo en la puja con el PJ por la intendencia de Córdoba, un distrito crucial, pero el extitular de Arsat no pudo doblegar a Daniel Passerini. Lo mismo pasó con Martín Berhongaray en La Pampa, quien cayó frente a Sergio Ziliotto. El domingo pasado Lousteau, se reencontró con el sabor del triunfo: Gonzalo Parodi se impuso en la interna radical de Río Cuarto y será candidato a intendente.
A su vez, Lousteau, quien superó a Jorge Macri en diez de las quince comunas y controlará entre ocho y nueve legisladores porteños -una cifra que podría condicionar al primo del expresidente-, se jacta de extender los brazos de su espacio en Buenos Aires. Cinco candidatos de Evolución superaron el filtro de las PASO y tienen chances de llegar a una intendencia: Pablo Domenichini (Esteban Echeverría), Carlos Avila (Tres Arroyos), Santiago Dos Santos (Chascomús), Ramiro Eguen (25 de Mayo) y Lucía Gómez (Chaves). Son incentivos para que Lousteau reaparezca en la campaña. Es más: este miércoles irá a Tandil para apoyar a Miguel Lunghi, quien busca su sexto mandato. Si lo logra, Lunghi, aliado de Larreta y Diego Santilli en las PASO, será una pieza clave para la UCR en Buenos Aires. Es que, con la caída del espacio de Gustavo Posse en San Isidro frente a Ramón Lanús, el radicalismo perderá el control de uno de los distritos clave del conurbano. Por su peso en el padrón, Tandil será un bastión fundamental.
Maximiliano Abad, candidato a senador nacional y titular de la UCR bonaerense, quien optó por aliarse con Bullrich, confía en ampliar el caudal político de los radicales en varias categorías en disputa. Promovido por Sanz, es uno de los rostros de la renovación radical. Supo escoltar a Facundo Manes, el último outsider con peso electoral que impulsaron los radicales, hasta que se distanciaron por diferencias en torno a la estrategia para competir en las presidenciales.
El radicalismo tiene 32 municipios en Buenos Aires. Abad lidera la mitad de esos intendentes, pero aspira a sumar unas quince comunas y ampliar su volumen legislativo. En caso de que Grindetti consiga la hazaña de vencer a Kicillof, Miguel Fernández, apalancado por Abad, será vicegobernador y controlará el senado provincial.

La UCR de Córdoba, donde inciden desde De Loredo hasta Mario Negri, pero sin un liderazgo claro, maneja unos 170 municipios, a pesar de que no logró quitarle el poder al gobernador peronista Juan Schiaretti y su sucesor, Martín Llaryora, quien eligió de vice a la intendenta radical de Juárez Celman, Myrian Prunotto. Con el arrastre de Pullaro y el frente de frentes opositor -que integran el Pro, el socialismo y otras quince fuerzas-, el radicalismo también incrementó su despliegue territorial en Santa Fe. A partir de diciembre, el mandatario electo no solo tendrá mayoría en ambas cámaras del parlamento, sino que sus correligionarios manejarán 39 de 50 municipios. En las elecciones del 10 de septiembre, la UCR ganó en 29 de las 46 comunas que se pusieron en juego.
Valdés, reelecto en Corrientes en 2021 y uno de los principales impulsores de Zdero en Chaco, también salvó la ropa pese al terremoto que provocó Milei en las PASO. De hecho, Corrientes fue una de las tres provincia donde ganó JxC -las otras fueron la Capital y Entre Ríos-. Valdés, un equilibrista en el ecosistema radical, había cerrado una lista de unidad gracias a que no se inclinó ni por Bullrich ni por Larreta. En la UCR dan por descontado que incidirá en el debate por la sucesión de Morales.
Incógnitas a futuro
El esquema de poder de la UCR representará un desafío mayúsculo para una posible administración de Milei, ya que el líder de La Libertad Avanza aborrece a los radicales, pero necesitará negociar con ellos si quiere que ayuden a ser garantes de la gobernabilidad. El economista considera que “arruinaron” el gobierno de Macri y los engloba dentro de “la internacional socialista”. Con ese trasfondo, es difícil imaginar que el radicalismo pueda colaborar en el Congreso con un eventual gobierno de Milei. Sin embargo, los radicales que asuman a partir de diciembre en puestos de gestión, como Pullaro, se mueven con cautela y evitan romper puentes con el libertario.
Más allá de la fragmentación interna, los radicales intentarán hacer valer ese capital político si Bullrich logra alcanzar el ballottage y vencer en los comicios presidenciales. Tanto los emergentes que responden a Morales y Lousteau como el sector que integran Valdés, Cornejo y Abad, entre otros, pretenden que la UCR ocupe puestos codiciados en un eventual gobierno de Bullrich. Consciente del peso de la estructura radical y, sobre todo, el empujón que le dieron a su proyecto nacional la seguidilla de triunfos en Santa Fe y Chaco, la exministra de Seguridad y candidata a presidente de JxC les hizo saber a los popes radicales que planea preservar la alianza y conformar un gobierno de coalición en caso de llegar a la Casa Rosada. Su compañero de fórmula es el mendocino Luis Petri, un exponente de la UCR que no responde a ninguna terminal del radicalismo.
En las distintas ramas internas de la UCR -desde Morales y Lousteau hasta Abad- valoran esos gestos de apertura. Es que, frente un escenario político inestable e incierto, la mayoría de los radicales lucen incómodos y molestos con la actitud que adoptó Mauricio Macri, sobre todo, en la Capital, la casa matriz de Pro, y su discurso ambiguo respecto de Milei.

“Macri no nos quiere”, repiten en el campamento de Morales. Los mismos resquemores sobrevuelan en Evolución Radical, que casi dan por hecho que perderán las sillas en ministerios o el Banco Ciudad que les dio Larreta en un eventual gobierno de Jorge Macri.
Morales, que apostó todas sus fichas al acuerdo con Larreta y un triunfo en la ciudad de Lousteau, su aliado táctico en la UCR, luce ausente en la nueva etapa de la campaña. Quienes lo frecuentan aseguran que tiene un rol activo en el armado del norte del país junto con Valdés y que está a disposición de Bullrich. Pero, ante la intención de la exministra de exhibir caras nuevas, optó por correrse para no estorbar. Eso sí: coordinó actividades con Petri para fortificar la presencia de JxC en las regiones del NOA y NEA. Días atrás, viajó a Bruselas, en Bélgica, para reunirse con representantes argentinos ante la Unión Europea. Por esa razón, no participó ni de los festejos de Zdero en Chaco. Tampoco había estado en Rosario para celebrar junto a Pullaro. En esa ocasión, tuvo un problema con el avión que le impidió llegar a Santa Fe después de los actos en Jujuy, pero se comunicó con Pullaro para felicitarlo.
Morales salió golpeado de las PASO no solo porque el experimento de Larreta y su apuesta antigrieta cosechó apenas el 11% de los votos, sino porque Milei se impuso en Jujuy, su terruño. En mayo, Morales había logrado ratificar su hegemonía al imponer a su delfín, Carlos Sadir. Sin embargo, no pudo detener la ola violeta y ahora deberá redoblar esfuerzos para que Mario Fiad (UCR) renueve su banca en el Senado.
El radicalismo también deberá movilizar a la tropa propia en La Rioja, Santa Cruz y Formosa para que Julio Martínez, Belén Tapia y Luis Naidenoff dejen el tercer lugar de las PASO y logren acceder en octubre a un nuevo mandato en la Cámara alta.
El bloque radical sigue dividido en Diputados. Ese fue el detonante de la última batalla entre Morales y Lousteau antes de que sellaran un pacto que derivó en el apoyo nacional a Larreta. De hecho, Emiliano Yacobitti, mano derecha de Lousteau, provocó un fuerte cortocircuito ayer en el seno de JxC al habilitar el quórum junto con otros legisladores de su bancada para debatir la reforma de ganancias impulsada por Massa, pese a que luego votó en contra.
En la actualidad, entre la UCR y Evolución tienen 38 escaños, doce menos que Pro. Según el resultado de las PASO, varios radicales quedaron a las puertas de renovar o ingresar al Congreso. Por ejemplo, según estimaciones de la bancada de Negri, Sebastián Salvador quedó a 700 votos de lograr la diputación en Buenos Aires. Luis Vergara (Catamarca) necesita unas 2000 adhesiones nuevas; Ricardo Buryaile (Formosa), unas 3000, y Gracia Jaroslavsky (Entre Ríos), alrededor de 10.000. Es un estímulo para empujar la boleta de Bullrich en octubre. “Estamos trabajando a full para Patricia. Lo que más nos conviene es que sea ella”, comentan cerca de Morales. En el entorno de la postulante presidencial destacan la predisposición del jefe de la UCR para apuntalar a Bullrich. Es probable que la semana próxima compartan una actividad, según fuentes de Pro. “Está metido un 100%”, afirman allegados a la exministra.
Si bien sienten que demostraron a sus socios de JxC, sobre todo a Macri, que el radicalismo está vivo y tiene musculatura para disputarle el liderazgo del espacio a Pro, los jefes de la UCR coinciden en un punto: nadie se atreve a mirar más allá del umbral del 22 de octubre. Desde los más optimistas, que sueñan con un triunfo de Bullrich para frenar a Milei, hasta los más precavidos, visualizan que el resultado de los comicios generales marcará un punto de inflexión para JxC. Nadie descarta una reconfiguración del partido o, incluso, un quiebre de la alianza con Pro si Bullrich queda afuera de la segunda vuelta. El radicalismo recuperó la voluntad de poder, pero el contexto abre más interrogantes que certezas hacia el futuro. “No sabemos cómo va a terminar este proceso. ¿Qué vamos a hacer si Milei y Massa llegan al ballottage? Todo es una incógnita”, confiesa uno de los popes de la UCR.
Matías Moreno,LA NACION,Política
POLITICA
Dura advertencia de la Iglesia por el avance narco en barrios populares: “La ausencia del Estado permite que ocupe su lugar”

La Iglesia lanzó una advertencia por el avance del narcotráfico en los barrios populares y vinculó ese fenómeno con el retroceso de la presencia estatal. El obispo de San Justo, Eduardo García, sostuvo que la falta de servicios, oportunidades y respuestas institucionales favorece a las redes criminales. Sus palabras fueron escuchadas por funcionarios bonaerenses, jueces, fiscales y organizaciones sociales.
“La ausencia del Estado permite que el narcotráfico ocupe su lugar al ofrecer una falsa salida que destruye vidas”, alertó García durante la Jornada de Acceso a la Justicia, que se realizó el martes en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), y que llamativamente no contó con la presencia ni del intendente local, Fernando Espinoza, ni de la vicegobernadora y ex mandataria, Verónica Magario. Allí, el prelado describió un circuito que resumió con una fórmula: “Las tres C de la muerte: calle, cárcel y cementerio”. Como contrapartida, reclamó fortalecer “las tres C de la vida: colegio, capilla y club”.
El planteo excedió a un distrito específico y apuntó a una problemática presente en numerosos barrios del conurbano bonaerense: la combinación de exclusión social, economías delictivas y dificultades de acceso a derechos. García relacionó la expansión del narcotráfico con la falta de educación, atención sanitaria, cloacas y oportunidades de desarrollo.
También cuestionó el momento en que las instituciones judiciales toman contacto con esas realidades. Según afirmó, la Justicia ordinaria en los barrios populares “suele llegar tarde, interviniendo únicamente cuando el daño ya está hecho y el delito se ha cometido”. La observación expuso la tensión entre la respuesta penal ante hechos consumados y la prevención de las condiciones que facilitan el ingreso de adolescentes y jóvenes a circuitos criminales.

El encuentro se realizó en el Salón de las Américas de la UNLaM y reunió a representantes de la Iglesia, el Poder Judicial, el gobierno de Axel Kicillof y organizaciones territoriales. Participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena; el juez federal de Morón Jorge Rodríguez; la fiscal general Patricia Ochoa; el diputado provincial Facundo Tignanelli y el rector de la universidad, Daniel Martínez.
Mena coincidió en ubicar a la desigualdad en el centro de la discusión. “Hablar de justicia en la región es hablar fundamentalmente de desigualdad”, afirmó. También se refirió a la relación entre los sectores más postergados y las instituciones: “La mayoría de los ciudadanos vulnerables conocen el sistema judicial a través de su peor cara, que es la Justicia Penal”.
El ministro defendió la necesidad de modificar ese vínculo y ampliar los mecanismos para resolver conflictos antes de que deriven en un expediente penal. Como ejemplo, destacó las visitas de integrantes del Ministerio Público Fiscal al barrio Puerta de Hierro, donde reciben las inquietudes de los vecinos.
Además, valoró la apertura de espacios de los Hogares de Cristo dentro de la Unidad 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esos ámbitos buscan acompañar a personas privadas de la libertad y ofrecer herramientas para reconstruir sus proyectos de vida.
El debate giró en torno a cómo evitar que el sistema penal se convierta en la única presencia estatal reconocible en los sectores marginados. Para los organizadores, acercar la Justicia supone garantizar la intervención de jueces y fiscales, facilitar el acceso a dispositivos de acompañamiento y promover la cooperación entre organismos públicos y organizaciones comunitarias.
La convocatoria fue organizada por áreas académicas de la UNLaM, el Obispado de San Justo, Cáritas, la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, la Pastoral Judicial y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. También participaron el defensor general Marcelo García, el presidente del Colegio de Abogados local, Martín Rivas, y el juez Franco Fiumara, entre otros referentes judiciales.
Durante la apertura, el rector Martínez sostuvo que el debate sobre los tribunales debe partir de las condiciones materiales de vida de la población. “Cuando hablamos de Justicia, lo primero que tenemos que hablar es de vida, de la gente”, expresó. También aludió a la decisión judicial que ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y vinculó la educación pública con la garantía de derechos.

Uno de los anuncios políticos de la jornada estuvo a cargo de Tignanelli, vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense. El legislador anticipó que impulsará la incorporación de las denominadas “Reglas del Papa Francisco” como material obligatorio en la Escuela Judicial provincial. La propuesta busca que quienes aspiren a integrar la magistratura conozcan principios orientados a una Justicia cercana a las personas vulnerables y atenta a las desigualdades que condicionan el ejercicio de los derechos.
Tignanelli a su vez destacó el trabajo de la Iglesia a través de los Hogares de Cristo en los barrios más vulnerables de La Matanza: “La Iglesia es el gran articulador de toda esta actividad, es quien convoca a todos los actores que pueden hacer algo para poder dar una respuesta clara a las necesidades que están viviendo hoy los vecinos y vecinas de la Matanza”.
“Es muy importante el trabajo que vienen haciendo en distintos barrios de La Matanza, ahí dónde es más urgente y el Estado abandonó”, afirmó.
La jornada incluyó mesas de trabajo sobre adicciones en el sistema penal juvenil, violencia de género y derecho a la identidad en contextos de marginalidad. Los debates serán sistematizados en un documento académico con conclusiones y propuestas. Según informó la universidad, el material será remitido al papa León XIV y servirá de insumo para continuar el intercambio entre las instituciones participantes.
Los organizadores proyectan conformar una Mesa Territorial de Acceso a la Justicia de La Matanza. La iniciativa busca establecer un ámbito permanente de coordinación para identificar obstáculos, compartir experiencias e impulsar respuestas conjuntas entre los equipos judiciales y las organizaciones que trabajan en los barrios.
POLITICA
Caso $LIBRA: EE.UU. rechazó el pedido de colaboración de la Justicia argentina tras concluir que faltan pruebas de un delito

Un día antes de que una jueza federal de Nueva York desestimara la demanda colectiva (“class action”) que impulsaron afectados por el lanzamiento y colapso de $LIBRA, el gobierno de Estados Unidos había fijado su propia posición, por escrito, que comunicó de manera formal a las autoridades argentinas. Sostuvo que los inversores en criptomonedas asumen los riesgos propios de comprar y vender activos financieros que son especulativos, nuevos y no regulados, y que la publicación viral de un político que promueve un criptoactivo no basta, por sí sola, para demostrar que fueron inducidos a una trampa.
La posición oficial del gobierno estadounidense, que hasta ahora no había trascendido y cuya copia obtuvo , fue más lejos. Tras transmitir su parecer, le informó al Gobierno de Javier Milei que no entregará los registros solicitados por la Justicia argentina porque la información aportada desde Buenos Aires fue insuficiente para demostrar que se había cometido un delito.
“Dado que no hay pruebas suficientes para dar curso a la solicitud, estamos cerrando nuestro expediente sobre este asunto”, indicó la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) de la División Criminal del Departamento de Justicia. Y lo planteó mediante una carta de una carilla que remitió al Ministerio de Justicia argentino para que la presente ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de instruir la investigación criminal por presunto fraude en los tribunales federales de Comodoro Py.
La requisitoria argentina había comenzado a tramitarse hace más de un año y medio y el Departamento de Justicia la recibió el 8 de abril de 2025. El pedido buscaba acceder a “registros de suscriptor” para avanzar en la investigación por fraude en torno a $LIBRA, el criptoactivo que impulsaron el estadounidense Hayden Mark Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y que contó con el apoyo del presidente Milei, quien posteó en su cuenta de la red social X el código de 44 letras y números indispensable para adquirirlo.
Según surge de la respuesta oficial remitida desde Washington, funcionarios estadounidenses solicitaron información adicional a los tribunales argentinos en dos ocasiones —el 24 de abril y el 31 de julio de 2025— para evaluar si daban curso a la requisitoria. La primera respuesta argentina llegó el 31 de julio de 2025; la segunda, recién el 7 de mayo de 2026, más de nueve meses después. Pero, al final, la respuesta fue negativa.
“Lamentablemente —indicó la carta, redactada en inglés, con traducción oficial en español, y firmada por la fiscal Mari Aponte—, la información fue insuficiente para obtener los registros solicitados, ya que no había pruebas suficientes que demostraran que se había cometido un delito”.
“Deben existir pruebas suficientes para demostrar que existe una conexión clara entre los sujetos de la investigación y los delitos objeto de investigación y las asistencias solicitadas”, abundó el texto, que en su cuerpo no aludió por sus nombres a Davis, Novelli y Terrones Godoy, entre otros acusados, ni a Milei, que sí figuró en la carátula de la misiva.
“Los inversores de criptomonedas asumen los riesgos de activos financieros especulativos nuevos y no regulados”, fijó como pauta general el Departamento de Justicia. “Las campañas agresivas en las redes sociales sobre un criptoactivo altamente volátil y una publicación viral de un político que lo promueve, por sí solas, no son suficientes para demostrar que los inversores fueron inducidos a invertir mediante falsedades”.
Aunque el texto no aludió a político alguno, esa descripción podría aplicarse a figuras como el presidente Donald Trump, su esposa Melania y Milei, quienes han utilizado sus redes sociales para difundir “memecoins” y otros criptoactivos con sus nombres -$Trump y $Melania- o, en el caso del jefe de Estado argentino, $LIBRA, para darles visibilidad y volumen financiero a esos proyectos.
Tras el colapso de $LIBRA, cabe recordar, Milei borró su posteo original y buscó despegarse del proyecto y de sus protagonistas. Remarcó que él solo se había limitado a “difundir”, pero no a “promocionar” el proyecto, del que empezó por afirmar que serviría para “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, pero al que luego caracterizó como “ir al casino” o, incluso, una “ruleta rusa”.
En la misiva que llegó a Comodoro Py, el Departamento de Justicia terció en ese contrapunto, acaso sin buscarlo: aludió al político que “promueve” un criptoactivo, en lugar de sostener que se había limitado a difundirlo. La carta, sin embargo, se limitó a cerrar el trámite vinculado al pedido argentino, pero no precisó si la Sección Fraudes de la División Criminal tramita su propia investigación sobre lo ocurrido.
En ese sentido, funcionarios de la Sección Fraudes recibieron al menos un “reporte de operaciones criminales” en los días posteriores al colapso de $LIBRA, según reveló en febrero de 2025, ante la sospecha de una presunta megaestafa por entre 87 millones y 107 millones de dólares, que afectó a miles de inversores de la Argentina, Estados Unidos y otros países, e impactó en empresas del mundo cripto como KIP Protocol, Jupiter y Meteora, donde cayó uno de los máximos ejecutivos. No trascendió si esas actuaciones avanzaron.
Un día antes
La comunicación oficial del Gobierno de Estados Unidos se fechó el 28 de septiembre pasado, en Washington. Es decir, un día antes de que la jueza federal Jennifer Rochon rechazara en Nueva York la demanda colectiva de inversores damnificados por el lanzamiento y posterior colapso de $LIBRA y dispusiera el cierre de la causa que tramitaba ante los tribunales federales de Manhattan.
Rochon admitió así los pedidos de desestimación formulados por Davis y los demás integrantes de Kelsier Ventures, por Benjamin “Ben” Chow y por Dynamic Labs, y rechazó además el intento de los demandantes de ampliar nuevamente su denuncia, por lo que los impulsores de la “class action” deberán evaluar ahora si recurren a la Cámara de Apelaciones.
Rochon concluyó que los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta no habían logrado demostrar sus acusaciones de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violaciones de la ley federal RICO —utilizada contra organizaciones que desarrollan un patrón continuado de actividades ilícitas—. En particular, consideró que no habían acreditado el requisito de continuidad exigido para configurar un “patrón” de actividad ilícita bajo esa legislación.
En ese sentido, la jueza mencionó 18 veces a Milei en su resolución y consignó que Davis envió mensajes a terceros afirmando que tenía “control” sobre el jefe de Estado y ofreciendo reuniones con el mandatario a cambio de dinero. También, según surge de los mensajes incorporados a la demanda colectiva, que afirmó que le enviaba dinero a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “y él firma lo que sea que yo le diga y hace lo que yo quiera”.
Rochon también consignó el papel que los propios demandantes atribuyeron a Milei en el lanzamiento del criptoactivo, el 14 de febrero de 2025, a partir de su posteo en la red social X. “En respuesta a su anuncio [por el posteo], el interés de los inversores, el volumen de operaciones y la cotización [de $LIBRA] subieron”, señaló la magistrada.
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POLITICA
La cárcel de Devoto pasó a manos del Gobierno nacional y avanza el traslado de los presos al penal de Marcos Paz

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmaron el acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. El documento habilita una nueva etapa para trasladar a los detenidos alojados en la cárcel de Devoto y desocupar el establecimiento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
La nueva unidad penitenciaria, construida en territorio bonaerense, quedará bajo la órbita nacional una vez finalizada. El Ministerio de Seguridad Nacional tendrá a su cargo la preparación de las instalaciones y la organización del operativo para movilizar a la población carcelaria, junto con los equipos necesarios para el funcionamiento del nuevo destino.
La mudanza todavía no tiene fechas definidas, pero el Gobierno ordenó que las fuerzas involucradas elaboren un plan operativo conjunto. La planificación deberá contemplar el perfil criminológico de cada detenido, los recorridos terrestres, la custodia de los inmuebles y la prevención de incidentes durante todo el desplazamiento.
El acuerdo para dejar sin detenidos el penal de Devoto forma parte de un convenio entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. La entrega del complejo de Marcos Paz permitirá trasladar a la totalidad de las personas privadas de la libertad alojadas en el establecimiento porteño y avanzar en el cierre de esa prisión.

El nuevo penal tendrá capacidad para 2.240 detenidos. La infraestructura incluye cuatro unidades, un edificio administrativo, un área de salud, espacios para visitas, salas de videoconferencia para internos y profesionales, un gimnasio y un sector educativo destinado a talleres de trabajo y capacitación laboral.
También contará con un campus de módulos de alojamiento distribuidos en cinco sectores independientes, con canchas de fútbol y áreas para huertas. Habrá un espacio específico para la distribución de raciones alimentarias y dependencias para los programas y servicios vinculados con el comando de seguridad interna.
Un comando para custodiar el traslado hacia Marcos Paz
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de un Comando Unificado Federal para planificar, coordinar y ejecutar el traslado. La conducción general estará a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal, que deberá coordinar las acciones entre el personal penitenciario y las Fuerzas Federales de Seguridad.
La estructura funcionará dentro del Comando Unificado Federal creado en mayo de 2024 mediante la Resolución N.º 403. La nueva medida fue formalizada a través de la Resolución 1018/2026 y prevé un dispositivo específico para el desplazamiento entre Devoto y el partido bonaerense de Marcos Paz.

La mesa de trabajo estará integrada por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Subsecretaría de Despliegue Territorial, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y el Servicio Penitenciario Federal. También participarán la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El esquema habilita la convocatoria de otros organismos nacionales según sus competencias e invita a los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires a designar representantes con capacidad de decisión operativa. La intervención de ambas jurisdicciones busca asegurar la cooperación en la custodia del trayecto y de los establecimientos involucrados.
El plan deberá proteger al personal penitenciario, a las autoridades participantes, a los internos y a la población civil de las zonas alcanzadas por el operativo. También deberá establecer mecanismos de respuesta ante contingencias, con vigilancia perimetral en las dos cárceles y control de los corredores viales utilizados para el traslado.

La firma del acta reunió además a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; al ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y a la legisladora de la Ciudad, Pilar Ramírez. Participaron igualmente el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.
Una obra reactivada tras cinco años de paralización
La construcción del complejo de Marcos Paz comenzó hace ocho años y permaneció detenida durante cinco. Las obras fueron reactivadas en diciembre de 2024 por la gestión porteña, que avanzó con su finalización para cumplir el convenio firmado entre las jurisdicciones en 2018.
Jorge Macri supervisó el predio de 80 hectáreas del Centro Penitenciario Federal VII cuando la obra se encontraba en su etapa final. El jefe de Gobierno sostuvo entonces que la cárcel permitiría trasladar a los detenidos de Villa Devoto y atender el reclamo vecinal por el cierre de ese establecimiento.
“La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, afirmó Macri. El mandatario agregó que la obra posibilitaría avanzar con la desocupación de Devoto.
El acuerdo entre Monteoliva y Giménez incluyó además la posibilidad de incorporar módulos de alojamiento en los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, ambos en Ezeiza. Esas estructuras permitirán sumar plazas permanentes para hasta 400 detenidos.
La puesta en funcionamiento de Marcos Paz y la ampliación prevista en Ezeiza apuntan a incrementar la capacidad del Servicio Penitenciario Federal y a descomprimir las comisarías y alcaidías porteñas. El complejo fue diseñado bajo estándares nacionales e internacionales de seguridad, tratamiento penitenciario y habitabilidad, mientras el Gobierno prepara el traslado y la desocupación definitiva de Devoto.
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