El expresidente de ARSAT Facundo Leal fue citado a declaración indagatoria en una causa que investiga presuntas maniobras de corrupción vinculadas a contrataciones realizadas dentro de la empresa estatal. La decisión fue tomada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien también convocó a otros acusados para que presten declaración a partir de fines de junio.

La investigación apunta a posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude contra la administración pública. En paralelo, la Justicia avanza sobre el análisis del patrimonio de Leal luego del hallazgo de 2,4 millones de dólares en efectivo durante allanamientos realizados en propiedades vinculadas al exfuncionario.

Según fuentes judiciales, el magistrado ordenó una serie de medidas para reconstruir el origen de los fondos encontrados. Entre ellas, dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los imputados, requirió información al Banco Central y solicitó las declaraciones juradas correspondientes a la Oficina Anticorrupción.

Además, todos los citados a indagatoria quedaron sujetos a una prohibición de salida del país y a medidas cautelares sobre sus bienes, incluyendo inmuebles que fueron allanados durante la investigación.

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Por otra parte, Leal continuará detenido luego de que fuera procesado con prisión preventiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La resolución está vinculada a la droga secuestrada durante un procedimiento realizado en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Durante su declaración, el exfuncionario sostuvo que las sustancias eran para consumo personal y presentó argumentos respaldados por un informe médico que acreditaría su adicción. Sin embargo, el juez consideró que las cantidades halladas excedían ese supuesto y resolvió avanzar con el procesamiento.

La causa por drogas fue remitida a los tribunales federales de Comodoro Py, al entender que los hechos investigados ocurrieron dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

En los allanamientos realizados a fines de mayo, los investigadores encontraron más de 2,4 millones de dólares en efectivo, dinero en distintas monedas extranjeras y diversas sustancias estupefacientes, entre ellas ketamina, MDMA, cocaína y un vapeador con cannabis. También se secuestraron elementos vinculados al consumo de drogas.

Otro de los puntos que generó atención durante la investigación fue el hallazgo de equipamiento tecnológico que inicialmente despertó sospechas sobre posibles tareas de espionaje. Sin embargo, un peritaje realizado por especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal concluyó que los dispositivos no fueron utilizados para actividades de inteligencia ilegal y que no contenían información relevante para otras causas judiciales.

La causa principal por presunta corrupción se originó a partir de una investigación sobre un robo ocurrido en instalaciones utilizadas por ARSAT. Durante las actuaciones, la Justicia detectó posibles irregularidades en la contratación de una empresa de logística encargada de almacenar equipamiento para un proyecto de la compañía estatal.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, la firma habría obtenido contratos mediante mecanismos que habrían evitado procesos licitatorios formales. La pesquisa también analiza si existieron pagos indebidos a funcionarios para facilitar esas contrataciones.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran conversaciones extraídas de teléfonos celulares secuestrados a exdirectivos y responsables de compras de ARSAT, que para los investigadores podrían aportar elementos sobre el funcionamiento de la presunta maniobra.

En paralelo, Leal quedó involucrado en otra investigación judicial vinculada a su paso por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). El fiscal federal Ramiro González impulsó una pesquisa preliminar tras una denuncia que sostiene que podrían haberse cometido hechos de corrupción relacionados con adjudicaciones de obras y contratos.

La presentación judicial también alcanzó a otros funcionarios que ocuparon cargos dentro del organismo. Como primeras medidas de prueba, la Fiscalía solicitó informes patrimoniales, documentación administrativa y antecedentes de contrataciones realizadas durante la gestión investigada.

Además, se requirió información a distintos organismos de control para determinar si existen denuncias previas o irregularidades detectadas en las adjudicaciones bajo análisis.

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la causa,Hernán Cappiello,Conforme a

“¿Pondrías las manos en el fuego por Manuel Adorni?”, le preguntaron a Lisandro Almirón en el estudio de Radio Dos de Corrientes. “No. Las pondría por Javier Milei”, respondió el diputado nacional libertario. El diálogo se produjo este viernes por la mañana, a menos de 48 horas de que el jefe de Gabinete de Ministros presentara su declaración jurada. Esta acción, que buscaba descomprimir la tensión sobre su crecimiento patrimonial, tuvo el efecto inverso.

Almirón sostuvo luego que las decisiones que toma el Presidente “las lleva adelante con un equipo muy reducido”.

“En términos de resultados tiene mucho para exhibir. La fortaleza que ha tenido Javier es, frente a la opinión pública, poner los intereses de los argentinos por encima. A veces, obviando la agenda periodística”, acotó.

Ante la consulta sobre si le cree a Adorni, el legislador contestó: “Es una pregunta que no me la tengo que hacer yo porque no tomo decisiones ejecutivas”.

Almirón apeló a la división de poderes entre Presidencia y el Congreso que integra para no opinar sobre qué debería pasar con el funcionario cuestionado. “No es mi responsabilidad. El Presidente es quien tiene que decidir”, señaló.

“Por otro lado está la parte política. Es una determinación del Poder Ejecutivo. Es el jefe del Gabinete y goza de la confianza del Presidente. Esto me exime de evaluar esta etapa”, esgrimió.

Luego, aclaró que “para nada” le molesta o le incomoda hablar del tema. “Uno tiene que comprender que un gobierno está compuesto por un montón de funcionarios, de legisladores y de distintas partes del poder. Cada uno representa, de alguna manera, al gobierno nacional”.

A renglón seguido, indicó que existe “una base de representación dada por la gente que te elige”.

“En este caso (el jefe de Gabinete) tiene una relación directa con el Ejecutivo. Uno puede hablar de lo que sabe, pero es difícil hacerlo de lo que se desconoce. Hay decisiones como esta (sostener a Adorni) que son puras y exclusivas del Presidente”, indicó.

Con respecto a si la continuidad en el cargo del funcionario le causa daño al Gobierno, expresó: “Nosotros podemos hacer juicios de valor. Pero no tienen que ver con una decisión que se tome por mayoría o por la opinión de los legisladores o los medios. Son ejecutivas. Y si el jefe de Gabinete goza del respaldo del Presidente, nosotros tenemos que trabajar en consecuencia”.

Luego, recordó que Adorni “ha dado sus razones y explicaciones”.

“Ahora se ha presentado ante la Justicia y ARCA. Ese es el camino. La responsabilidad será del funcionario y del Presidente”, remarcó.

Cuando le consultaron si él sostendría a un funcionario en una situación como la que atraviesa Adorni, se escudó: “No puedo pensar por el Presidente”.

“Desde el punto de vista institucional, hay que comprender que existen la división de poderes y las garantías constitucionales, como la presunción de inocencia. Invertir la carga de la prueba en este tipo de asuntos a veces trae complicaciones en las interpretaciones. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Yo debo cumplir con mi parte y el jefe de Gabinete con la suya”, consignó el diputado nacional.

Por otro lado, aseveró que el caso que complica a Adorni y al Gobierno desde hace meses no ha interferido en la agenda legislativa del oficialismo. “Por el momento, en el tratamiento de las leyes y en los despachos de comisión se separa bien la situación. Queda muy lejos de lo que se está haciendo en materia parlamentaria. Este tema, por ahora, no está en la agenda legislativa”, aseveró.

Sin embargo, señaló que el conflicto abierto con el jefe de Gabinete “se materializa cuando hay que tocar temas puntuales y se lleva a la negociación por razones específicas”. Si la condición de tratar una ley tiene que ver con ‘Adorni sí o no’, es poner al Presidente en la mesa, porque es su decisión la continuidad o no de cada uno de sus funcionarios”. Esto, aseguró, no ha sucedido.

“No puedo tomar una posición frente a una situación que desconozco. El rol del jefe de Gabinete tiene mucha relevancia. Su presencia en la mesa política así lo marca. El Presidente entiende que el acompañamiento de Adorni es importante en esta etapa, aun con estas cuestiones instaladas en los medios. No tengo toda la información que tiene (Milei) y no puedo pensar por él”, expresó.

Con respecto a los datos que presentó Adorni en su declaración jurada, el legislador indicó: “Se tendrá que evaluar en sede administrativa. Luego, en la procesal penal. Después, en la conciencia del Poder Ejecutivo, deberá tomarse la determinación de qué hacer con el funcionario”.

“Se ha dado algo que él anunció y que era esperado por todos: la presentación de su declaración jurada. Estará en manos de la Justicia resolver las cosas que hacen al expediente que tramita”, precisó.

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