POLITICA
La reacción de la administración británica en Malvinas a la advertencia de Trump antes de la cadena de Milei y el precedente de Chagos
Horas antes de la cadena nacional que Javier Milei brindará en la noche del jueves para exponer el estado del reclamo de soberanía sobre las Malvinas, la administración británica de las islas hizo público el respaldo oficial de Londres en medio de la advertencia de Donald Trump a revisar la posición histórica de Estados Unidos sobre el conflicto.
La cuenta oficial de la Oficina del Gobierno de las Islas Malvinas en Londres (@FalklandsinUK) difundió un fragmento del debate celebrado el pasado martes en la Cámara de los Comunes, en el que la subsecretaria de Estado Uma Kumaran reafirmó que “el Reino Unido no tiene ninguna duda de su soberanía” sobre el archipiélago.
La sesión parlamentaria había sido convocada, en principio, para debatir los gastos futuros del Tratado entre el Reino Unido y Mauricio sobre el archipiélago de Chagos, pero derivó rápidamente hacia las Malvinas cuando Emily Thornberry, presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de los Comunes y diputada laborista, tomó la palabra y calificó de “disparate” (nonsense) la sugerencia de Trump de revisar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las islas y exigió una respuesta oficial del gobierno.
Kumaran respondió con el argumento oficial de Londres sobre las islas: “Son y siempre serán un territorio de ultramar británico, de acuerdo con los deseos de sus habitantes”, señaló, y agregó que el Reino Unido es “firme en su apoyo al derecho de autodeterminación de los isleños”.
El contexto en que se produjo este intercambio no es menor. La sesión parlamentaria del 1 de septiembre comenzó con un debate sobre el Tratado con Mauricio por el archipiélago de Chagos, otro territorio insular cuya soberanía el gobierno de Keir Starmer negoció y firmó en mayo de 2025, en medio de fuertes críticas internas. El acuerdo, que el gobierno de Andy Burnham heredó sin resolver, contempla transferir la soberanía del archipiélago a Mauricio mientras el Reino Unido arrienda Diego García por 99 años para mantener la base militar conjunta con Estados Unidos. El tratado sigue bloqueado por Washington y genera tensiones crecientes dentro del propio Parlamento.
La oposición conservadora, representada en la sesión por Wendy Morton, fue directa en su pregunta: “En abril, tras la retirada del apoyo estadounidense, los ministros admitieron que el tratado sobre Chagos se había vuelto ‘imposible de acordar a nivel político’. Sin embargo, el Gobierno dice ahora que intenta nuevamente impulsar el acuerdo con Washington. ¿Qué ha cambiado?”. Kumaran esquivó la respuesta concreta: “No voy a hacer un comentario corrido sobre este asunto”, y se limitó a señalar que el Reino Unido trabaja “en sintonía con Estados Unidos” para encontrar una salida que proteja los intereses de seguridad nacionales de ambos países.
Para Argentina, el debate sobre Chagos no es un asunto ajeno. La Cancillería argentina lo mencionó en términos explícitos en al menos dos ocasiones. En mayo de 2019, cuando la Asamblea General de la ONU votó a favor de exigirle al Reino Unido que devuelva el archipiélago a Mauricio, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que la decisión era “un precedente muy positivo para países como la Argentina”, aunque aclaró que “el caso del archipiélago de Chagos no puede igualarse a la Cuestión Malvinas”.
En aquel momento, el entonces canciller Jorge Faurie (que en la actualidad ocupa el cargo de embajador en Chile), resaltó las “similitudes” con la causa Malvinas. “Tanto en el caso del archipiélago de Chagos, como en el Malvinas, se trata de una situación de desmembramiento territorial, donde la población que se encontraba en las islas fue trasladada contra su voluntad, en este caso al territorio continental argentino en 1833″, indicó.
En mayo de 2025, cuando el acuerdo entre Londres y Mauricio se firmó formalmente, la Cancillería volvió a pronunciarse: señaló que el tratado “constituye un ejemplo que demuestra que es posible resolver las controversias de esta naturaleza por medios pacíficos” y renovó el llamado al Reino Unido a reanudar las negociaciones sobre la soberanía de las Malvinas.
La entonces canciller Diana Mondino fue más directa aún. El mismo día en que se anunció el acuerdo sobre Chagos, en octubre de 2024, publicó en su cuenta oficial de X: “Celebramos este paso en la dirección correcta y terminar con prácticas obsoletas. Transitando el camino empezado, con acciones concretas y no retórica vacía, vamos a recuperar la soberanía plena de nuestras Islas Malvinas.”
La oposición conservadora británica, por su parte, también estableció el vínculo. Cuando el entonces canciller David Lammy anunció el acuerdo con Mauricio en los Comunes en octubre de 2024, el portavoz conservador de Exteriores Andrew Mitchell advirtió que la decisión “da oxígeno a los enemigos del Reino Unido en un mundo peligroso y socava la red estratégica de los intereses de defensa británicos”. Lammy intentó cerrar el debate: “Las situaciones no son comparables. La soberanía británica sobre las Malvinas y Gibraltar no está en negociación”. El argumento no convenció a la oposición, que desde entonces repite la comparación cada vez que el tratado sobre Chagos vuelve al debate.
El detonante inmediato de toda esta cadena fue una respuesta de Trump el 31 de agosto en la Oficina Oval. Cuando un periodista le preguntó si su gobierno estaba revisando su posición de neutralidad sobre las Malvinas —en el marco de presiones a Londres para que aumente su gasto militar en la OTAN—, el presidente estadounidense respondió: “Siempre reviso cada posición. Esa es solo una de muchas”. Suficiente para agitar el tablero internacional.
En el gobierno nacional hay cautela en relación a la frase del presidente de EEUU, aunque el martes el propio Milei anunció una cadena nacional para abordar la cuestión Malvinas en la noche de este jueves. Hay hermetismo tanto en Casa Rosada como en la Cancillería en relación al contenido del mensaje.
En Londres, en tanto, el Gobierno del Reino Unido insistió en que su posición es “inquebrantable”. “Las islas son y seguirán siendo un territorio de ultramar británico, de acuerdo con los deseos de los isleños”, reiteró un vocero de Downing Street. Y recuerdan el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes eligió permanecer bajo administración británica, con una participación del 92% del padrón electoral.
La reactualización de la causa Malvinas se da, además, en un contexto de creciente presión económica sobre el archipiélago. En diciembre de 2025, la israelí Navitas Petroleum —con el 65% del proyecto— y la británica Rockhopper Exploration tomaron la decisión final de inversión para desarrollar el campo petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La Fase 1 del proyecto, con una inversión de 1.800 millones de dólares, apunta a producir 50.000 barriles diarios con primer petróleo previsto para 2028.
Es precisamente esa explotación la que el Gobierno, a través de la Cancillería, calificó de “unilateral” por parte de los británicos, algo “incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación”. Este reclamo podría ser uno de los ejes del mensaje de Milei en cadena nacional.
Diplomacy / Foreign Policy,South America / Central America,Human Interest / Brights / Odd News
POLITICA
Senado: Bullrich empuja una sesión para sancionar mañana la reforma del BCRA y la ley de zonas frías
Tras haber conseguido la sanción de la ley de “Inocencia Fiscal II” y protagonizado una semana en la que tomó clara distancia de algunas políticas de la Casa Rosada, como la insistencia en los recortes presupuestarios a la atención a la discapacidad, la líder del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), buscará prolongar la buena racha y convertir en ley este jueves dos proyectos deseados por el Poder Ejecutivo.
Las iniciativas son la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), impulsada por el presidente Javier Milei, y la modificación del régimen de zonas frías. Ambos proyectos ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados, cuentan con dictamen de comisión en el Senado y en el oficialismo confían en que tendrán los votos parta convertirlos en ley este jueves.
Sin embargo, son temas complejos y espinosos, ya que cuentan con fuertes disidencias. Una de ellas está centrada en la cláusula que obliga a reunir el voto de los dos tercios en ambas cámaras legislativas para destituir a un director del BCRA, una mayoría agravada igual a la que se exige para avanzar con un juicio político contra el Presidente o los jueces de la Corte.
El llamado a sesión se definirá este miércoles, a las 14, en una reunión de Labor Parlamentaria en la que los jefes de bloque definirán el temario y la hora de inicio de la reunión.
El temario se completaría con un proyecto que busca regular el mercado de carbono, un guiño a bloques provinciales para que aporten al quorum que permita abrir el recinto de la Cámara alta.
La convocatoria llega después de que Bullrich protagonizara este martes una reunión con algunos jefes de bloque dialoguistas en las oficinas de la bancada radical para tantear el terreno y contabilizar votos.
El gobierno considera la reforma de la carta orgánica del Banco Central como una iniciativa económico-financiera de carácter estratégico, ya que apunta a modificar el marco regulatorio de la autoridad monetaria para establecer como objetivo principal de la entidad preservar el valor de la moneda.
Con este cambio se eliminarían las metas incorporadas durante el kirchnerismo, como la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, objetivos que la administración libertaria considera un pecado.
El proyecto también busca restringir las vías de financiamiento del Banco Central al Tesoro. En ese punto se inscribe la prohibición de adelantos transitorios, la limitación para comprar títulos públicos en el mercado primario y la intención de impedir que la emisión monetaria sea utilizada como herramienta para cubrir desequilibrios fiscales.
Para el oficialismo, se trata de una señal institucional destinada a consolidar el principio de emisión cero.
El aspecto que más discusión generó en el Senado es el mecanismo de designación y remoción de las autoridades del Banco Central. La iniciativa procura endurecer las condiciones para desplazar al presidente y a los directores de la entidad, al exigir mayorías agravadas en el Congreso.
Si el Senado aprueba el texto sin modificaciones, la reforma será ley. Si introduce cambios, el expediente deberá volver a Diputados en segunda revisión, alternativa que el oficialismo intenta evitar para no demorar una norma que exhibe como parte sustancial de su política monetaria.
El proyecto de zonas frías, en tanto, modifica el régimen de subsidios al gas que fue ampliado en 2021 por el kirchnerismo con una ley que el gobierno libertario califica de “electoralista” y que incorporó a localidades de numerosas provincias al beneficio tarifario.
La propuesta que llega al recinto busca reducir el alcance geográfico automático del esquema y reservar la cobertura general para las regiones de frío más extremo, como la Patagonia, Malargüe y la Puna.
En lugar de un criterio principalmente territorial, el Gobierno promueve una focalización por nivel de ingresos y condiciones de vulnerabilidad.
Los hogares alcanzados por los parámetros sociales podrían conservar el beneficio mediante el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, mientras que usuarios de provincias incorporadas en la ampliación anterior quedarían expuestos a una reducción o eliminación del descuento.
La iniciativa combina una discusión fiscal con otra de fuerte contenido federal. Para el oficialismo, el régimen vigente expandió el gasto público sin una justificación técnica suficiente.
Desde el kirchnerismo se impugna la medida por considerar que se traducirá en aumentos de tarifas para hogares y pequeñas actividades económicas de zonas con inviernos rigurosos o consumos elevados de gas.
Por último, el temario de la sesión podría incluir un dictamen que apunta a regular el mercado voluntario de carbono. El eje del debate es establecer reglas para la generación, certificación, registro y comercialización de créditos derivados de proyectos que reduzcan, capturen o eviten emisiones de gases de efecto invernadero.
El dictamen busca brindar previsibilidad jurídica a un sector que involucra a productores agropecuarios, empresas energéticas, proyectos forestales, provincias y eventuales compradores de activos ambientales.
Aunque no aparece como el tema principal de la sesión, la regulación del mercado de carbono podría convertirse en una pieza de negociación con senadores del norte y de provincias productivas, interesados en darle marco legal a proyectos ambientales y de generación de créditos.
Gustavo Ybarra,Patricia Bullrich,Senado de la Nación,Banco Central,Conforme a
POLITICA
El PJ arma escenarios con y sin PASO para 2027 y prioriza mantenerse unido: el factor Kicillof en la interna
En el peronismo nadie tiene absoluta certeza de que lo que sucederá con las PASO. Algunos creen que el Gobierno no tiene el número para eliminarlas, pero desconfían de que logren juntar las manos necesarias para suspenderlas. Otros advierten que las tensiones con los gobernadores que tienen puentes con la Casa Rosada obturan, hasta el momento, la posibilidad de que logren su cometido de sacar del camino las elecciones primarias. La mayoría mira el escenario con incertidumbre y desconfianza.
Si hasta el momento el oficialismo no pudo eliminar las PASO es porque el consenso no está sólido. Hay diálogos cruzados, promesas abiertas, presiones latentes y negociaciones que exceden los temas estrictamente electoral. El Gobierno negocia por distintos caminos porque sabe que el tiempo empieza a agotarse y si hay una reforma de las reglas del juego, tienen que ser este año. En ese contexto, el peronismo empezó a pensar en la segunda jugada.
En el comienzo de la semana el gobernador de Jujuy, Carlos Saadir, que es un aliado permanente del gobierno libertario, fue muy explícito en la maniobra política trazada por el oficialismo y evaluada por los mandatarios cercanos al Presidente. “Hay una razón que puede ser política, que tiene que ver con la situación en la que está hoy el gobierno y la situación en la que está hoy la oposición. Desde mi punto de vista, (la PASO) le daría más herramientas a la oposición para reagruparse, reordenarse y poder volverse más competitiva”, dijo el jujeño, de origen radical, en una entrevista con A24.
El objetivo político de fondo es dejar a la oposición, en lo particular al peronismo, sin la posibilidad de utilizar una herramienta que le permita ordenar sus diferencias y reagruparse en un frente común para enfrentar a Milei. En esa línea de trabajo, no importa tanto reducir los costos, como ponerle trabas a la oposición para que no pueda reorganizarse a través de los votos. Una jugada política que tiene validez y que el Gobierno intenta ver cómo la ejecuta.
Conscientes de que el oficialismo puede alcanzar el número para, al menos, suspenderla las PASO, que en términos prácticos es lo mismo que eliminarlas, en el peronismo empezaron a analizar y debatir, con mayor seriedad, caminos alternativos para poder mantener la unidad del espacio político y, al mismo tiempo, zanjar las diferencias que existen entre las distintas vertientes.
Ese fue uno de los temas centrales que se habló en la reunión que el miércoles pasado tuvo lugar en el búnker que Máximo Kirchner tiene en San Telmo, adonde llegaron los senadores y ex gobernadores Jorge “Coqui” Capitanich y Sergio Uñac; y el gobernador de La Rioja, Ricardo “Gitano” Quintela.
Entre los cuatro empezaron a evaluar la viabilidad de una posible interna partidaria y coincidieron en la necesidad de discutir un programa de gobierno conjunto. En ese encuentro Kirchner les adelantó los lineamientos que presentó ayer en la Cámara de Diputados, que impulsa la creación de una herramienta de recaudación en beneficio de las provincias y que tiene asignaciones específicas para salud, discapacidad, educación, jubilaciones, pensiones, medicamentos y atención de PAMI.
El líder de La Cámpora les explicó los detalles del Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), que tiene como objetivo gravar toda operación que implique la salida efectiva de capitales del país, ya sea en forma de divisas, valores negociables o activos virtuales, realizadas de manera directa o indirecta por los sujetos alcanzados. De la recaudación, les dijo Kirchner,el 60% va para las provincias y municipios, un 10% para salud y discapacidad; otro 10% para educación; un 10% jubilaciones y pensiones; y un 10% para medicamentos y atención médica de PAMI.
Hubo un ida y vuelta vinculado a la agenda legislativa y la respectiva articulación para sostener las iniciativas. En el plano electoral, la realidad es que no saben qué sucederá con las PASO, pero quieren estar prevenidos ante una eventual caída y tener una carta a mano para salir a jugar con rapidez en un escenario desfavorable. El encuentro sirvió para acercar posiciones y trabajar en una mirada unificada sobre la situación. En esta instancia no importan las candidaturas, sino el proceso para seleccionarlas.
Después del acto que encabezó el último sábado en Avellaneda, Axel Kicillof dejó una certeza en el mundo peronista: él va a ser precandidato a presidente y está dispuesto a competir en unas PASO o en una interna. Lanzado y decidido a apretar el acelerador en lo que resta del año para avanzar en la construcción de su esquema político, el Gobernador obliga al resto de sus oponentes internos a edificar un método que trascienda a los números de las encuestas.
Si fueran solo los números fríos los que marcaran la decisión, hoy Kicillof correría con ventaja. Porque la única persona que tiene mediciones similares a las de él, es Cristina Kirchner, que al estar condenada y detenida, no tiene posibilidades reales de competir por la presidencia de la Nación. Entonces, en ese contexto, el resto de los actores son los que deben llevar adelante, con mayor ímpetu, la consolidación de una opción viable para resolver las diferencias.
Hay algunos dirigentes importantes dentro del peronismo que consideran que la opción del gobernador bonaerense no es viable para un triunfo en las urnas. Creen que, ante un eventual balotaje, Kicillof está destinado a perder en el mano a mano con Milei. Pero, al mismo tiempo, advierten que su posicionamiento y sus números le dan espalda para pelear por una candidatura que represente a todo el espacio. Es una encerrona para sus detractores dentro de la interna pero, sobre todo, es una realidad inevitable que obliga a la dirigencia a encontrar soluciones viables para sostener el equilibrio del conjunto.
Con ese escenario claro por delante, quienes no ven a Kicillof como el mejor candidato, saben que la única forma de despojarlo de ese lugar es ganarle con votos en una elección. Ya sea una PASO o una interna partidaria. Por eso en la mesa más chica del justicialismo asumen que lo conveniente para mantener la unidad es tener validados distintos mecanismos para resolver la interna, sea de la forma que sea.
Sergio Uñac, que está caminando el país con la premisa de ser candidato a presidente, hace varios meses propuso realizar una interna partidaria abierta, dividida en cuatro regiones y en cuatro días. Una elección por día y por región de los candidatos nacionales del peronismo. Es decir, a modo de ejemplo, que en noviembre se vote en el Noreste (NEA), en diciembre en Noroeste (NOA), en febrero en la región centro y marzo en la Patagonia.
Esa opción estuvo en la conversación de la semana pasada. Los problemas que aparecen son los esperables. La logística, la organización, los límites y las estrategias para que el oficialismo no se meta en una discusión ajena. El diálogo está abierto y el tema permanece latente. El clima electoral atraviesa este tiempo revolucionado del peronismo.
Será una PASO o una interna. Parece no haber otros caminos posibles que puedan tener el aval de los distintos sectores. El objetivo de fondo es trabajar por la unidad sumando cada uno por su lado y priorizando encontrar el punto intermedio para que las diferencias no hagan volar todo por los aires y el PJ termine entrampado en su inagotable interna de poder.
Partido Justicialista,Máximo Kirchner,Axel Kicillof,Ricardo Quintela,Jorge Capitanich,Sergio Uñac
POLITICA
La jueza que falló contra la ley penal juvenil cuestionó a Jorge Macri por impulsar su juicio político
La jueza porteña Laura De Marinis, que quedó en medio de la polémica al considerar que era inconstitucional aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil a un menor de 14 años, habló este martes y cuestionó al jefe de Gobierno, Jorge Macri, por querer impulsar su juicio político y aseguró que eso “debilita las instituciones democráticas”.
Mientras la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires defendía su fallo, apuntó contra aquellos que quieren impulsar su juicio político.
“No puede ocurrir que un fallo judicial genere lo que esta generando, sobre todo de autoridades que tienen responsabilidades importantes, que digan que van a pedir mi juicio político, colocan en una situación de tensión institucional porque mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales”, sostuvo en diálogo con Radio Con Vos.
Tras ello, siguió: “El juicio político es para otro tipo de actuaciones y otros incumplimientos, que no es el caso. Podemos compartir o no mi lectura, entiendo que puede haber un desacuerdo, pero la vía es la apelación. Cualquier amenaza o juicio que se inicie en función a una resolución, que tiene fundamentos jurídicos y que está muy argumentada, me parece que es de una extrema gravedad institucional. Coloca un manto de dudas sobre las instituciones”.
Y agregó: “Yo soy muy responsable con mis tareas, estoy de turno desde el 1 de septiembre. Anoche no dormí, tampoco mi secretaria, me llamaron para resolver la situación de los adolescentes. Que por el fundamento de mis decisiones digan que van a impulsar un juicio político, es debilitar las instituciones democráticas. Me parece de extrema gravedad que el jefe de Gobierno pida mi juicio político”.
En otro tramo de la entrevista, De Marinis insistió en que su fallo habla del caso en concreto -un intento de robo- y no sobre la aplicación de la ley en otras cuestiones. Y es que uno de los fundamentos principales que expuso la magistrada en su resolución judicial sobre la situación del adolescente imputado en una causa por tentativa de robo, identificado como M.I.A., fue, entre otros, que someter a un proceso penal a personas menores de 16 años constituye un retroceso institucional, un hecho “regresivo”, con respecto al estándar internacional previo, con lo que considera que se vulneran los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.
“Hice un análisis muy puntual del caso. Yo relaté el hecho en la sentencia, es una situación que no queremos que ocurra. No queremos que haya adolescentes que hagan esto ni tampoco que una persona sea abordada por cuatro adolescentes y tenga que correr para que no le roben. Entonces hablar de un ‘fallo manchado con sangre’ [en referencia al tuit de Macri] me parece que es distorsionar lo que yo resolví”, marcó.
Noticia en desarrollo
Laura De Marinis,en medio de la polémica,Conforme a
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