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La trama detrás de la caída de un proyecto clave para Milei que generó más cortocircuitos en el Gobierno

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La sesión que se desarrolló esta tarde en el Senado dio a entrever cómo las descoordinaciones entre diferentes facciones del oficialismo terminan produciendo dinámicas políticas indeseadas en momentos clave.

El bloque de La Libertad Avanza había acordado con la oposición ayer en la reunión de Labor Parlamentaria que este jueves se debatieran en el recinto diferentes iniciativas como la aprobación de 50 pliegos de jueces y fiscales, así como el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. Lo curioso es que cuando se tenía amplia expectativa sobre la media sanción de esta última, el oficialismo terminó pidiendo el aplazamiento del mismo en el medio de la sesión.

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El proyecto que fue diseñado por el ministro Federico Sturzenegger tuvo una ardua discusión en las comisiones del Senado. Esta implicó cambios en decenas de artículos, dejando como esencia una iniciativa que modifica el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo, la ley de tierras rurales y la normativa sobre manejo del fuego.

Vale la pena recapitular. El bloque libertario, que es presidido por Patricia Bullrich, venía de días de tensión mediática producto de que su jefa de bancada se había opuesto públicamente a rechazar el pliego de María Verónica Michelli como jueza federal, algo que habían solicitado los hermanos Milei producto de que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien hizo coberturas extendidas en causas que compromenten al oficialismo como $LIBRA. Su pliego tenía casi todas las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para poder tratarse fácilmente en el recinto.

La pantalla del Senado muestra los resultados de la votación que aprobó el pliego de María Verónica Michelli como jueza con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones

En paralelo, había otras 73 nominaciones provenientes del Poder Ejecutivo que estaban en condiciones de pasar al recinto. Bullrich y los jefes de bloque de la oposición acordaron ayer no tratar el de Michelli, hacerlo la semana próxima y que se avance con una primera tanda de 50 concursos en la sesión de este jueves. En el transcurso entre Labor Parlamentaria y el inicio de la sesión no se logró dar con un criterio claro que estableciera quiénes de los 73 eran pasibles de integrar esa primera tanda. Es ahí donde comienzan los cortocircuitos al interior del oficialismo.

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“Es completamente discrecional que haya 50 y no todos”, afirmaron en el karinismo. ¿Por qué el oficialismo aplazó su tratamiento si es que contaba con los votos? Al menos dos importantes fuentes del Gobierno reconocen que se debió a una negociación a último momento con la oposición por los pliegos judiciales.

En la lista preliminar que se sugirió para la sesión de este jueves no estaban dos nombres sugerentes. Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, quien tiene terminales políticas con el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Asimismo, tampoco figuraba la candidata Yamile Susana Bernan, quien es esposa de Diego Guerendiain, mano derecha y primer jefe de Gabinete que tuvo el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Quienes conocen los posicionamientos del karinismo sobre la política judicial acusan de al ala del asesor presidencial Santiago Caputo por haber tenido intenciones de que no fueran incluidos en la convocatoria de esta sesión. Algo que es rechazado de manera tajante por el sector aludido: “Nos operan porque tienen que justificar sus manejos”.

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La sesión de este jueves significó un revés para el Gobierno

Esta mañana, los operadores judiciales del karinismo comenzaron a activar contactos con diferentes actores políticos de la oposición como para presionar a que se trataran la totalidad de los pliegos, entre ellos el de Rosatti. Media hora antes de que iniciara, Bullrich había ampliado el listado en dos oportunidades distintas: primero fue de 50, luego se pasó a 53 y más tarde se terminó en el número final de 73 candidaturas. El único que no estaba era el de Michelli.

Tras una tensa discusión en el medio del recinto, Bullrich tuvo que llamar a un largo cuarto intermedio para evitar que la sesión se le desmadrara. La pausa y la reunión con los referentes del recinto se extendió por más de una hora. Desde ese momento diferentes fuentes legislativas decían por lo bajo que corría peligro el proyecto desregulador que había pedido Milei.

El saldo final de la negociación fue la siguiente, según indicó una importante fuente del Gobierno: “El kirchnerismo y varios de la oposición vieron la desesperación del oficialismo y les dijeron que iban a aprestarse a votar solo si incluían sobre tablas el pliego de Michelli y daban de baja la discusión del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Finalmente aceptaron”.

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Una vez que se reanudó la sesión y se votaron todos los pliegos, el senador de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, Agustín Coto, solicitó que el proyecto desregulador volviera a comisión, lo cual aplazará su discusión sin nueva fecha aparente.

Javier Milei junto a Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia

Ahí es donde emergen las críticas de otros sectores del Gobierno hacia quienes manejan la política judicial del oficialismo. “Entregaron una proyecto que había costado mucho negociar y que era importante para Milei solo para apurar un par de pliegos”, esgrimen. Ahora mismo no hay prevista una fecha clara para volver a discutir esa normativa. En el karinismo se atajan diciendo que puede ser la semana que viene, pero la cercanía del Mundial de Fútbol implicará una baja significativa en la dinámica legislativa.

El episodio expone que la supuesta concertación que buscaron comunicar Karina Milei y Patricia Bullrich no es tal. En el entorno de la hermana presidencial acusaron a la senadora de haber realizado la primera selección de los 50 pliegos “porque quieren que la inviten a negociar los asuntos judiciales”. En cambio, quienes están con la jefa de bloque de La Libertad Avanza apuntan a la “desprolijidad” con la que se manejó el Ejecutivo en la administración de pliegos como el de Michelli.

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La positiva noticia de que el Poder Judicial volverá a llenar vacantes judiciales después de años de sequía terminó viéndose empañada por las desconexiones entre distintas huestes del oficialismo. En tanto, el presidente Javier Milei no tiene previsto convalidar la promoción de Michelli como jueza y está decidido que enviará una nueva candidatura en las próximas semanas, tal y como hizo con Juan Manuel Yalj a comienzos de 2012. La historia no es la misma, pero rima.

Senado,Argentina,votación,Verónica Michelle,jueza,pliego,aprobación,Poder Judicial,legislatura

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Cambios en el Gobierno: renunció el superintendente de Servicios de Salud tras poco más de un año en el cargo

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El Gobierno anunció este martes la renuncia de Claudio Stivelman al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo descentralizado que regula y controla a las Obras Sociales y a las empresas de medicina prepaga.

Lo reemplazará Horacio Guevara, un dirigente cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, que hasta ahora ejercía como el gerente general de la Superintendencia. Según explicaron desde la cartera, Stivelman dio un paso al costado “luego de haber cumplido una etapa al frente del organismo dentro del proceso de transformación y reordenamiento del sistema de salud iniciado”.

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El ahora exfuncionario había asumido ese rol el 28 de junio del año pasado en lugar de Gabriel Oriolo. Antes de ese ascenso, Stivelman había sido director de Prestaciones Médicas en la empresa Modum Salud y gerente de Prestaciones en OSPEDYC (Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles).

“La Superintendencia de Servicios de Salud agradece a Claudio Stivelman por el trabajo realizado, su compromiso y la responsabilidad asumida. Durante su gestión se fortalecieron las capacidades de fiscalización del organismo, con foco en la trazabilidad, la transparencia y la eficiencia en la utilización de los recursos”, enfatizaron desde el Ministerio.

Horacio Guevara, el nuevo superintendente de Servicios de Salud. (Foto: Ministerio de Salud)

Por su parte, Guevara fue promovido con la instrucción de “dar continuidad a las políticas y los objetivos trazados para impulsar la libertad de elección de los beneficiarios y promover la competencia entre los distintos agentes del seguro de salud”, según explicaron.

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Noticia que está siendo actualizada.-

Gobierno, Superintendencia de Servicios de Salud

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Renunció el superintendente de Servicios de Salud y el Gobierno ya designó al reemplazante

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Claudio Stivelman, hasta hoy titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), renunció al cargo, y fue reemplazado por Horacio Guevara, quien desde agosto último ocupaba la Gerencia General del organismo. Guevara se convierte así en el cuarto titular del área, en la administración libertaria.

La información del cambio de autoridades fue confirmada por el organismo, dependiente del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, a través de un comunicado difundido esta tarde.

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De acuerdo al comunicado, Stivelman presentó su dimisión “luego de haber cumplido una etapa al frente del organismo dentro del proceso de transformación y reordenamiento del sistema de salud iniciado”. Estaba en el cargo desde junio del año pasado y antes había ocupado la gerencia general.

Según pudo reconstruir de fuentes oficiales, Guevara asumió hace poco más de un mes como segundo del organismo, proveniente del sector privado. Es ingeniero y con pasado en la gestión del sistema de salud privado. Durante más de una década se desempeñó como Director de Gestión del Hospital Italiano de Buenos Aires, y pasó por distintas áreas.

La salida de Stilveman no sorprendió, según contaron fuentes oficiales. Y de hecho reconocían que poco después de la llegada de Guevara prácticamente comenzó una suerte de transición con Stivelman, hombre de extrema confianza de Lugones, desde hace años. Parte de las fuentes consultadas daban cuenta del “desgaste” que genera estar al frente de un área como la SSS para explicar su decisión de dejar el área.

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Según informaron desde el organismo en su comunicado, Guevara “dará continuidad a las políticas y los objetivos trazados para impulsar la libertad de elección de los beneficiarios y promover la competencia entre los distintos agentes del seguro de salud”.

En tanto destacaron que durante la gestión de Stivelman, “se fortalecieron las capacidades de fiscalización del organismo, con foco en la trazabilidad de la transparencia y la eficiencia en la utilización de los recursos”.

Stivelman fue el tercer titular de la SSS, luego de la renuncia, en 2025, del segundo titular del área, Gabriel Oriolo. En ese momento se habló de “motivos personales”, para explicar su dimisión y su reemplazo Stivelman, que al igual que Guevara, ocupaba la gerencia general en ese momento.

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Oriolo, a su vez reemplazó a Enrique Rodríguez Chantore, que venía de las filas de PRO, estuvo 45 días en el cargo.




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Pidieron llevar a juicio a un exfuncionario de Vialidad por presunto enriquecimiento ilícito de más de $3.189 millones

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La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió llevar a juicio oral a Ricardo Oreste Garione, exsubgerente de Estudios y Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Está acusado por un presunto enriquecimiento ilícito de $3.189.028.220,56.

El requerimiento, que fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, alcanza a su pareja Cecilia Graciela Ortiz, su expareja Silvana Andrea Calderón, sus hijos Carola Garione y Manuel Garione y su exsocio Tomás Alberto Prato, a quienes atribuye haber intervenido como personas interpuestas para registrar activos, inversiones y fondos que serían del exfuncionario.

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La fiscalía le imputó a Garione haber adquirido de manera injustificada 19 inmuebles en Córdoba, Rafaela, El Calafate, Ingeniero Maschwitz, la Ciudad de Buenos Aires, Tigre y Formosa. Entre ellos figura un terreno de 6.000 metros cuadrados en Maschwitz, una propiedad en Nordelta y participaciones en emprendimientos inmobiliarios cordobeses.

El documento menciona la compra de una motocicleta Harley-Davidson en 2010, una camioneta Volkswagen Amarok registrada a nombre de Calderón y vehículos incorporados a nombre de Ortiz y Carola Garione. A su vez, señala la obtención de USD 15.625 en enero de 2010 y de acciones de TECTA SA.

También le adjudicó supuestas operaciones con moneda extranjera, la obtención de acciones societarias y la participación en fideicomisos y desarrollos inmobiliarios. La pesquisa examinó aportes de capital, acreditaciones bancarias y operaciones efectuadas mediante familiares y socios.

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La acusación incluyó entre los bienes investigados la compra de una moto Harley Davidson en 2010, además de vehículos, inmuebles y otras inversiones que la PIA atribuyó al crecimiento patrimonial de Ricardo Garione (Foto ilustrativa: REUTERS/Andrew Kelly)

El cálculo fiscal actualizado a julio de 2026 compara los ingresos y egresos de Garione con el patrimonio incorporado durante la década investigada. Según el requerimiento, los ingresos declarados en los períodos observados ascendieron a $1.473.244.025,94, una cifra que resultó insuficiente frente a los activos, consumos e inversiones examinados.

La acusación sostiene que varias escrituras y boletos de compraventa consignaron valores inferiores a las tasaciones efectuadas por organismos y peritos oficiales. También cuestiona préstamos que consideró ficticios o sin trazabilidad bancaria, además de operaciones inmobiliarias cuyo origen de fondos no habría sido acreditado.

Los supuestos testaferros

De acuerdo con la hipótesis de la PIA, Cecilia Ortiz, Silvana Calderón, Carola Garione, Manuel Garione y Tomás Prato fueron utilizados para incorporar y administrar bienes que supuestamente provenían de Garione.

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Respecto de Ortiz y Calderón, el requerimiento señala que adquirieron inmuebles en Don Torcuato e inscribieron vehículos a su nombre durante 2008 y 2009 sin que la investigación hubiera hallado ingresos laborales, altas tributarias nacionales, saldos bancarios o acreditaciones que respaldaran esas operaciones.

Carola Garione fue incorporada a la causa por la adquisición de un departamento en la calle Sánchez de Bustamante, de la Ciudad de Buenos Aires, en 2016 y por la compra de un vehículo Peugeot. La fiscalía también examinó acreditaciones en su cuenta bancaria entre enero de 2017 y febrero de 2018 por más de $1.200.000, cuya procedencia consideró sin respaldo tributario suficiente.

En el caso de Manuel Garione, la acusación se concentra en un departamento de la avenida del Libertador, en CABA, registrado a su nombre en 2016. Su madre, Silvana Calderón, intervino como representante en esa operación, según consta en el expediente. Prato, ingeniero civil y socio de Garione en diversos proyectos privados, está señalado por haber actuado como apoderado del exfuncionario y por compartir inversiones inmobiliarias, fideicomisos y campos en Formosa.

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El requerimiento de elevación a juicio contra Ricardo Oreste Garione y otros cinco imputados fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello (Adrián Escandar)

Según las explicaciones presentadas en la causa, los imputados buscaron justificar el origen de los fondos y bienes con ingresos laborales, ventas de inmuebles y campos, préstamos privados, alquileres, donaciones y transferencias familiares.

Garione alegó que su patrimonio provenía de su sueldo como funcionario, actividades privadas, operaciones inmobiliarias y créditos recibidos de cooperativas, asociaciones y personas de su entorno.

Su expareja, Silvana Calderón, mencionó trabajos como modelo y promotora, ingresos vinculados a tareas con el trío humorístico Midachi y por haber acompañado a Magic Johnson durante una visita. Sus hijos, Carola y Manuel, atribuyeron fondos a ventas de propiedades, préstamos familiares, alquileres temporarios y transferencias entre parientes.

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Por su parte, Tomás Prato afirmó haber otorgado un préstamo a Garione y justificó otras operaciones a través de su participación en sociedades y emprendimientos inmobiliarios.

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