POLITICA
La trastienda del primer acto de Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, en medio de las dudas sobre el futuro de Manuel Adorni
El 11 de diciembre de 2023, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni realizaba su primera rueda de prensa en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. Casualidad o no, el nuevo encargado de la Vocería, Adrián Ravier, realizó su primera alocución pública en el mismo salón, a pesar de que habitualmente se desarrollan en la Sala de Conferencias.
Ravier llegó acompañado por el habitual grupo de asesoras de comunicación del Gobierno: la exsecretaria de Comunicación, Belén Stettler, que responde a Santiago Caputo; la jefa de asesores de la Jefatura de Gabinete, Aimé “Meme” Vázquez, que es la mano derecha de Adorni; y la encargada de ceremonial del karinismo, Mara Gorini. Antes de entrar al salón, y con cierto nerviosismo, se detuvo tres minutos para terminar de repasar su repertorio antes de hablar durante 13 minutos frente a la prensa acreditada en Casa Rosada.
En primera fila de los asientos lo esperaba Fabián Fernández, el nuevo secretario de Comunicación y Medios de la Nación. Se espera que ambos trabajen en tándem. Mientras que el funcionario espera trabajar sobre la estrategia comunicacional de manera integral con todos los ministerios, Ravier se limitaría en una primera etapa a hacer solo conferencias de manera semanal. Serán todos los martes a las 11 horas. No descartan que en algunas oportunidades asistan ministros para complementar su información, ya que el nuevo vocero tiene un perfil estrictamente económico.
Ravier arrancó su discurso solidarizándose con el pueblo venezolano a partir de la enorme tragedia que vive ese país por el terremoto en Caracas y La Guaira. Luego hizo una extensa descripción sobre su vida personal, académica y profesional; luego informó cuáles serán las nociones sobre las que se basará para su tarea comunicacional.
El nuevo vocero se encargó de dejar en claro que buscará limitar el alcance de sus respuestas a asuntos de gestión. “No me corresponde, en mi calidad de representante del presidente, entrometerme en las competencias de otro poder de la República Argentina, ya sea el judicial o el legislativo, así como opinar sobre política partidaria ajena a la gestión, ni sobre temas que impliquen una intromisión en la política interna de otro Estado soberano”, avisó.
Una de sus principales definiciones fue sobre su percepción del periodismo. “Lo concibo como un eje central en la democracia de nuestro país. Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de la realidad. Aspiro a que construyamos una relación en base a estos principios”, marcó.
Son conceptos parecidos a los que se refirió en su primera conferencia Manuel Adorni. Aun así, con el área de Comunicación bajo su órbita, se restringió fuertemente la circulación para la prensa acreditada en la Casa de Gobierno pese a que la Justicia determinó que deben restaurarse las condiciones anteriores. En el entorno de Fernández y Ravier prometieron que van a estudiar esa situación en los próximos días. Asesores del Gobierno creen que podría ser un gesto de buena voluntad de cara al comienzo del vínculo con los medios. “Queremos mejorar el lazo de nuestra comunicación con ellos”, aseguran.
Al término del encuentro, Ravier volvió para el sector de su despacho, mientras que Fernández fue a reunirse con Adorni. Sobre las versiones de que tiene los días contados, en el Gobierno afirman que “la Justicia está haciendo su investigación. Todo lo otro es pirotecnia política”. De todos modos, reconocen que había una situación que no podía hacerse esperar más y que por eso se tomaron los cambios comunicacionales: “La gestión de gobierno no se podía visibilizar”.
En otro orden de cosas, el presidente Javier Milei dijo en España que echará a Manuel Adorni “de una patada” si la Justicia lo declara culpable en la causa por su patrimonio, aunque al mismo tiempo ratificó que lo considera inocente y sostuvo que mantendrá su respaldo político mientras avance el expediente.
Se trata del primer pronunciamiento público del Presidente luego de haber sido entrevistado de manera telefónica un mes y medio atrás, minutos después de que Patricia Bullrich apurara a Manuel Adorni a presentar su declaración jurada.
Las declaraciones fueron brindadas al medio El Observador en medio de la visita que realiza a España. Allí combinó una definición tajante sobre el eventual costo judicial del caso con una defensa cerrada del funcionario cuestionado. “Si lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”, afirmó Milei. Acto seguido, reforzó su respaldo personal al jefe de Gabinete: “Manuel es inocente. Con lo cual, yo soy super optimista de que no va a tener ningún tipo de problema”. En el entorno de Milei hay quienes dicen que eso (una salida) podría adelantarse incluso en caso de un procesamiento.
En las últimas horas comenzaron a tomar forma versiones más fuertes. Fuentes consultadas por Infobae comenzaron a elaborar la posibilidad de que el jefe de Gabinete tenga los días contados. No son lecturas unánimes, pero son expresiones de importantes fuentes que en todas las ocasiones anteriores afirmaban de manera tajante que no había posibilidad de que el jefe de Gabinete se fuera. Un cambio de ánimo sustancial.
“Mi olfato dice que se va. Que es partido liquidado”, dice un importante karinista que lo defendió hasta estas semanas. Ayer por la noche, desde otro despacho de la Casa Rosada evaluaban la misma posibilidad: “En todas las ocasiones anteriores decía que no había chance de que se lo removiera, pero en las últimas horas todo se enrareció demasiado”. Una fuente que conoce como pocos a los Milei disentía: “Yo no la veo. Para mí está firme. Creo que ya se demostró que se pudo negociar con aliados”.
Es que esta semana fue particularmente traumática para el Poder Ejecutivo. El oficialismo logró salir adelante en la Cámara de Diputados con dos aprobaciones en la sesión del miércoles -con el Súper RIGI y el pago a Holdouts-, algo que parecía poco probable dada la tensión política que había con sectores opositores, tanto dialoguistas como intransigentes. “Si no íbamos a la sesión, se generaba un clima de inestabilidad tremenda”, afirma una importante fuente del oficialismo.
Pero realizar esas votaciones conllevó un esfuerzo político y una voluntad de parte de los aliados que podría no repetirse en el caso de seguir la presión para sentar al jefe de Gabinete en el Congreso. En el oficialismo creen que los diputados y senadores de otros bloques les dieron tiempo para tomar una decisión puertas adentro.
Importantes alfiles de la cúpula política tratarían de convencer a los hermanos Milei de tomar una determinación cuanto antes. En particular, al Presidente, dado que la secretaria General de la Presidencia tuvo más reparos respecto del sostenimiento de Adorni. Incluso, en su entorno dejaban trascender hace algunas semanas que ya estaba convencida de no sostenerlo; pero eso no se condijo con las acciones que realizó después: esta semana se mostró con Adorni en las tres reuniones con senadores que se realizaron en Casa Rosada. Al ir al palco de Diputados para ver los resultados de las votaciones, los legisladores le cantaron a Karina: “Adorni no se va, Adorni no se va”.
El Presidente volverá mañana de su viaje por España y creen que el fin de semana podrían producirse conversaciones sensibles. Quienes conocen a Milei aseguran que no va a querer contradecirse con sus declaraciones recientes, que fueron en favor de sostener a su jefe de Gabinete.
En esa misma línea, Adorni considera que tiene la banca de los hermanos Milei y cree que debe refugiarse en la gestión para reconstruir su capital político puertas adentro. Aun así, la Justicia parece avanzar hacia una indagatoria sobre su figura, lo cual seguirá poniendo su tema en agenda y provocando que la oposición esté presionada por eso mismo. Este jueves se conoció que el fiscal Gerardo Pollicita le pidió al juez Ariel Lijo las últimas medidas de prueba antes de exigirle explicaciones patrimoniales a Manuel Adorni. Y es que en Comodoro Py se prepara un requerimiento de justificación patrimonial, el paso previo a una eventual citación a indagatoria por enriquecimiento ilícito.
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POLITICA
El Gobierno denunció a Itaí Hagman, diputado de Grabois, y a otras cuatro personas por la toma del Palacio Pizzurno
El Gobierno presentó una denuncia penal contra el diputado nacional de Unión por la Patria Itaí Hagman, dirigente del espacio político de Juan Grabois, por los incidentes ocurridos durante la toma del Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación. La información fue confirmada a Infobae por fuentes oficiales, que precisaron que la presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, e incluyó a otras cuatro personas identificadas por las autoridades. Los delitos denunciados fueron usurpación, resistencia a la autoridad, lesiones y daño.
La denuncia fue presentada este miércoles, después de que un grupo de estudiantes universitarios ingresara al edificio ubicado en Pizzurno 935, en Buenos Aires, para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta comenzó con una sentada frente a la sede educativa y derivó en la ocupación del hall central, pese a la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina que intentaron impedir el ingreso.
El episodio provocó un enfrentamiento político entre el Gobierno y dirigentes opositores. El presidente Javier Milei cuestionó públicamente a Hagman, quien apareció en las inmediaciones del edificio durante el operativo policial. El diputado rechazó los cuestionamientos y explicó en sus redes sociales: “Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes”.
La presencia de Hagman adquirió especial relevancia por sus antecedentes en otra ocupación de un edificio público. El 7 de junio de 2025, el legislador había participado, junto con Grabois y otros dirigentes del Frente Patria Grande, de la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2601, en Recoleta. Aquella protesta había sido organizada para rechazar el cierre del organismo dispuesto por la administración de Milei.
En esa oportunidad, unas 50 personas ingresaron al inmueble, donde funcionaban un museo y un centro de estudios dedicado a la historia del peronismo. Entre los participantes estuvieron también la diputada Natalia Zaracho y otros dirigentes del espacio. El operativo de desalojo terminó con la detención de Grabois, quien recuperó su libertad al día siguiente. Hagman había acompañado aquella medida y ahora volvió a quedar involucrado en una controversia por la ocupación de una dependencia estatal.
En el caso del Palacio Pizzurno, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que durante la manifestación se produjeron daños al patrimonio público y que la ocupación se desarrolló mediante acciones violentas. “Por la fuerza, nada”, escribió Pettovello después de los incidentes. La cartera afirmó que el derecho a manifestarse debía ejercerse dentro de la ley y con respeto por las instituciones democráticas.
Los estudiantes, por su parte, aseguraron que habían organizado una protesta pacífica para reclamar respuestas sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Participaron alumnos de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades nacionales de La Plata, Quilmes y San Martín. Además del financiamiento universitario, reclamaron una actualización de las becas Progresar y solicitaron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
En el Gobierno sostuvieron que la discusión sobre el financiamiento universitario se encontraba actualmente en el ámbito del Poder Judicial, donde tramitaba una causa con múltiples incidentes y presentaciones de las partes. Según la posición oficial, correspondía esperar una decisión definitiva de la Justicia sobre los alcances y la implementación de la legislación vigente.
La administración nacional también destacó que el proyecto de Presupuesto 2027 había incluido aumentos en las partidas destinadas al sistema universitario, que consideraba alineados con la normativa vigente. Ese argumento formaba parte de la posición oficial frente a los reclamos presupuestarios y salariales de las universidades, que cuestionaban los recursos asignados y exigían la aplicación integral de la ley.
El conflicto judicial había sumado un nuevo capítulo el 6 de octubre, cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, mediante la cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la definición de sus fuentes de financiamiento. El magistrado ordenó avanzar con su implementación inmediata y el Gobierno apeló la resolución.
La protesta ocurrió además en vísperas de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. En el Ministerio de Capital Humano interpretaron la ocupación como una acción de contenido político vinculada con esa movilización. La denuncia contra Hagman y las otras cuatro personas abrió así un nuevo frente judicial en medio de la disputa entre la administración nacional, los dirigentes opositores y el movimiento estudiantil.
POLITICA
Iniciativas populares: lanzan una plataforma digital que permite verificar la autenticidad de las firmas
La Cámara Nacional Electoral (CNE) lanzó una plataforma digital encaminada reunir adhesiones para iniciativas legislativas populares, donde se colectarán apoyos ciudadanos mediante una firma electrónica.
La nueva herramienta, creada por una acordada de la CNE, estará disponible para cualquier persona, agrupación política u organización de la sociedad civil que promueva una iniciativa legislativa popular y funcionará de manera complementaria a la recolección de firmas en papel en apoyo de esa propuesta.
La decisión se adopta luego de la experiencia piloto autorizada por el tribunal en mayo de 2026. Las verificaciones realizadas permitieron comprobar la viabilidad técnica de vincular de manera segura la identidad de cada firmante con el documento firmado, así como garantizar la autenticidad de las firmas, la integridad de los documentos y la preservación de los datos personales.
La plataforma será administrada, mantenida y operada por la propia Cámara Nacional Electoral, a través de su Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales, que también realizará el seguimiento técnico y el control periódico de los estándares de seguridad y autenticidad.
Los promotores de una iniciativa que quieran utilizarla deberán solicitar previamente su habilitación, sin costo alguno. La implementación de esta herramienta busca facilitar la participación ciudadana y modernizar el procedimiento de iniciativa popular, manteniendo las garantías de autenticidad y verificación previstas por la legislación vigente.
La decisión fue firmada por los camaristas Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas.
La idea es facilitar lo que establece la ley 24.747, reglamentaria de esa modalidad de participación ciudadana, que establece como condición para la presentación de iniciativas populares, la recolección de firmas de “un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales”, representativas de por lo menos seis distritos electorales.
La ley encomienda a la Justicia nacional electoral verificar la autenticidad de las firmas en un plazo no mayor a 20 días.
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POLITICA
La Cámara de Casación declaró prescripta una causa contra Petrobras por supuestos balances falsos
La Cámara Federal de Casación Penal declaró prescripta por el paso del tiempo una causa contra la empresa Petrobras y sus directivos que estaban acusados por supuestos balances falsos y el ofrecimiento de acciones de manera supuestamente fraudulenta.
La Sala III del tribunal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, confirmó por unanimidad la resolución de la Cámara en lo Penal Económico que había dispuesto, al igual que el juez de primera instancia, el sobreseimiento.
La decisión afecta a la firma Petróleo Brasileiro SA, más conocida como Petrobras, y a algunas de sus autoridades.
Los jueces rechazaron en forma unánime el recurso de casación que había interpuesto el representante de Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, que era querellante en el caso.
En esta causa se investiga la oferta pública de acciones ordinarias y acciones preferidas de Petroleo Brasileiro SA que se habría efectuado en el mercado de capitales nacional, entre 2006 y diciembre de 2014.
Allí presuntamente había afirmado, según la querella, circunstancias falsas al público inversor, consistentes en la tenencia de activos fijos por un valor supuestamente superior al real, a través de la consignación de datos de los balances de la empresa, supuestamente apócrifos.
La presunta maniobra habría consistido en que los estados contables presentados ante la Comisión Nacional de Valores habrían exhibido una sobrevaluación del rubro del activo denominado “propiedad, planta y equipo”.
Se habrían computado como costos de aquellos los sobreprecios o gastos adicionales pagados a contratistas y proveedores, con lo que aparecía distorsionada la imagen económica de la empresa frente a los accionistas y el público inversor.
Las conductas objeto del proceso habían sido calificadas como constitutivas de los supuestos delitos de ofrecimiento fraudulento de valores negociables y consignación de datos falsos en los balances contables, cuya pena máxima es de 6 años de prisión, que es el límite temporal que se analizó a los fines de la prescripción.
El 17 de abril de 2019 el Juzgado Penal Económico 2 había dispuesto la citación a prestar declaración indagatoria de la firma y algunas autoridades.
Posteriormente se dictaron los autos de procesamiento de Silvia Foster de Barbassa y Petróleo Brasileiro SA y, de otro lado, fueron sobreseídos José Alcides Santoro Martins, José Carlos Cosenza, Ronaldo Batista Assuncao, José Antonio de Fuguiredo, José Miranda Fomigli Filho, Iván de Souza Monteiro, Roberto Motro, Jorge Celestino Ramos, Alberto Da Fonseca Guimaraes y Raúl Adalberto de Campos. Posteriormente fue sobreseído Mauro Gentile Rodrigues da Cunha en 2024.
La defensa de Foster de Barbassa y Petroleo Brasileiro apelaron y, en 2025, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico revocó los procesamientos.
Consideró que las decisiones eran prematuras y que no se había acreditado el delito ni se había completado la investigación sobre la idoneidad de los programas de control interno, y encomendó profundizar la investigación.
Previo a que la Cámara revocara los procesamientos y durante la tramitación de los recursos de apelación, el juzgado había dado intervención a los querellantes que habían requerido elevar el caso a juicio.
Sin embargo, en el caso se consideró que ese pedido no interrumpió la prescripción, porque la Cámara Penal Económico revocó los procesamientos.
Por ello, el 3 de septiembre de 2025 el Juzgado Penal Económico 2 declaró extinguidas las acciones penales contra Petróleo Brasileiro SA y todas las autoridades denunciadas.
Dijo que el plazo de prescripción aplicable era de seis años, correspondiente al máximo de la escala penal mayor prevista por los tipos penales involucrados y que ya se había cumplido.
Si bien el curso de la prescripción se interrumpió el 17 de abril de 2019 con el llamado a prestar declaración indagatoria de los imputados, desde aquel acto hasta la actualidad transcurrió el plazo máximo de 6 años.
La decisión del juez de primera instancia fue confirmada por la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y ahora por los jueces de Casación, que intervinieron ante el recurso de los querellantes, Consumidores Financieros.
El juez Carlos Mahiques consideró que lo resuelto en la Cámara Penal Económico se encontraba debidamente fundamentado.
Entendió que no corresponde considerar aquí la imprescriptibilidad de los casos de corrupción, pues los tratados internacionales suscriptos por nuestro país en punto a la corrupción no habilitan por sí mismos a considerar imprescriptibles maniobras que se puedan vincular ya sea directa o indirectamente con ese fenómeno.
Finalmente, y frente a los reclamos de la parte querellante sobre supuestas dilaciones atribuidas a las defensas, Mahiques explicó que la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del tiempo.
En un voto concurrente, el juez Borinsky comenzó recordando que, para computar el término de la prescripción de la acción en un proceso penal, debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido de los atribuidos al imputado y a la posible calificación más gravosa.
Destacó que la penalidad máxima para los delitos atribuidos era de 6 años de prisión y que, teniendo en cuenta que el único acto interruptivo del curso de la prescripción fue el llamado a indagatoria del 17 de abril de 2019, transcurrió el plazo correspondiente.
Destacó asimismo que las referencias de la querella al delito de lavado de activos o a un delito continuado más allá de la fecha de cese fijada en autos, esgrimidas sin fundamentos ni pruebas que las avalen y al solo efecto de mantener vigente la acción penal, no encontraban sustento en alguna de las constancias de la causa.
Por otra parte, Borinsky coincidió con el juez Mahiques en que el requerimiento de elevación a juicio presentado por la querella no tiene capacidad para interrumpir el curso de la prescripción, pues esta pieza fue presentada antes de que la Cámara Penal Económico revocara los procesamientos de los imputados.
Por su parte, el doctor Yacobucci compartió los argumentos de sus colegas y acompañó el rechazo del recurso de casación de la querella.
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