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POLITICA

La UCR bonaerense renovó sus autoridades bajo un acuerdo de unidad

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La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense se reunió este sábado en el Club Atenas de La Plata para formalizar la renovación de sus autoridades partidarias, tras alcanzar la unidad entre los sectores alineados con la conducción nacional de Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y hombre cercano al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, y el espacio vinculado al senador nacional Maximiliano Abad.

Emiliano Balbín, flamante presidente del comité provincial, fue presentado formalmente en el acto. En su discurso llamó a superar las discusiones internas y ratificó la vocación de gobierno del radicalismo, tanto en los 135 municipios como en la Provincia.

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Emiliano Balbín, presidente del comité de la UCR bonaerenseUCR

“Solo podremos construir un acuerdo [electoral] si primero tenemos peso propio. Somos un partido de poder que va a disputar el poder en cada rincón de la Provincia”, afirmó Balbín, cercano al senador nacional Maximiliano Abad, de cara a 2027.

Por su parte, Pablo Nicoletti, identificado con el sector de Chiarella y Pullaro, fue elegido presidente de la convención provincial y asumió en el marco del acuerdo alcanzado entre los distintos sectores.

Pablo Nicoletti, flamante presidente de la convención radical bonaerenseUCR

“La unidad no es el objetivo, es la herramienta. Que se nos escuche discutiendo qué hacer con la Provincia y no quién ocupa qué lugar, porque hay muchas familias que la están pasando mal”, expresó.

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Leonel Chiarella, titular de la UCR nacional, también participó del encuentro. El dirigente santafesino definió al espacio como “el partido de la gestión y de los resultados” y remarcó que “el poder real lo tiene la gente para edificar una alternativa de poder nacional”.

Leonel Chiarella, presidente de la UCR nacionalUCR

Al acto también asistieron Abad, el exvicegobernador Daniel Salvador y la diputada nacional Karina Banfi, junto con intendentes radicales bonaerenses, concejales y más de 100 presidentes de comités distritales.

Cumbre radical en La Plata: se formalizaron las nuevas autoridades bonaerensesUCR

Entretanto, el sector encabezado por el exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández mostró su descontento con el acuerdo alcanzado. No validó a las nuevas autoridades y se retiró del acto. Sin embargo, desde los sectores que sellaron el pacto sostienen que se trata de un grupo minoritario que, pese a las diferencias, no rompió con el partido.

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Convención radical bonaerense en La Plata: asistieron más de 1000 dirigentes y militantesUCR



Unión Cívica Radical,UCR,Conforme a

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POLITICA

El Papa y un país que no se pone de acuerdo

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León XIV hurgó ayer en la política argentina como no lo había hecho ni siquiera su antecesor Francisco. Con buena información en su cabeza, en la que todo cabe, respondió sobre la política argentina que “no es necesario odiarnos ni usar un lenguaje tan violento”. Podría deducirse que le hablaba a Javier Milei, dueño de un estilo que no respeta las palabras ni a las formas, pero sería injusto y parcial. Le habló a la política argentina, porque también la principal lideresa de la oposición, Cristina Kirchner, tiene un estilo ofensivo y de permanente confrontación.

Los dos principales políticos argentinos callaron. Se puede estar con el Papa o sin el Papa, pero no contra el Papa, mucho más después de las enormes demostraciones de representación social que mostraron el pontífice y la Iglesia argentina. El papa León XIV cuestionó a una sociedad que se “deja llevar por los algoritmos” y por una grieta “que muchas veces fue intencional”. Parecía repetir largas conversaciones con Francisco, muchas veces afectado, según el testimonio que le consta a este periodista, por lo que decían de él la redes sociales y los que escriben insultos y calumnias en los foros, siempre bajo el conveniente anonimato.

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El preciso conocimiento del Papa argentino de ese tráfico de insultos contra él fue una de las razones por las que postergó la visita a su Argentina natal hasta las inexorables postrimerías de su vida. Sin embargo, el viaje del Papa actual al país demostró que tales escarnios en las redes sociales son la construcción de una minoría insignificante de la sociedad. También a León XIV lo agraviaron en nombre del anticlericalismo o de viejos prejuicios contra la Iglesia católica, pero millones de personas lo siguieron en Buenos Aires, en Córdoba y en Luján. Los desaforados foristas desaparecieron oportunamente. Se dieron cuenta de que se quedaron con un discurso vacío. Es mejor así: nadie tiene derecho a criticar la fe en un Dios o en el misterio de un dogma.

El pontífice les aconsejó a los argentinos “cambiar el chip” y les pidió que crearan un clima de diálogo entre ellos. Todo eso lo expresó con la serenidad, la diplomacia y sus buenas maneras habituales. Casi en el mismo momento en que el Papa conversaba en esos términos con los periodistas en el avión que lo trasladaba a Roma, Milei discurseaba en Buenos Aires: criticó sin necesidad a la vicepresidenta, Victoria Villarreal, muy vinculada a la Iglesia, y ofendió de nuevo a la oposición cuando convocó a “dejar atrás la orcolandia”; aludía de esa manera a un mundo de opositores orcos, integrado por monstruos y corruptos. El carácter no tiene remedio.

León XIV también contó que habló con Milei de la necesidad no solo de ayudar a los pobres, sino también de “evitar la reducción o hasta la eliminación de la clase media”. Aclaró que debía preservarse la dignidad de los pobres; la dignidad es para la Iglesia el trabajo. No hay dudas: el papa Prevost tiene buena información sobre la Argentina. En rigor, el ajuste de Milei a la despilfarradora economía argentina está afectando sobre todo a la clase media.

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Veamos por qué. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no solo aumentó la ayuda social del gobierno a los pobres por encima de la inflación; también eliminó la intermediación de los líderes piqueteros, lo que significó un aumento adicional. En cambio, la clase media debe enfrentar los aumentos de las tarifas de electricidad, gas y agua y los costos crecientes de alquileres, expensas y colegios. El estancamiento de la economía, que ya está peligrosamente cerca de una recesión, se debe más que nada a la caída del consumo de la clase media, que es el sector social que históricamente movilizó la economía. En ese contexto, debe ponderarse que el pontífice haya advertido sobre el peligro de que suceda “hasta la eliminación” de la clase media.

De igual forma, es conveniente subrayar que el Papa y Milei coinciden en su oposición al aborto, la misma posición que tenía el extinto papa Francisco. El papa Prevost y su antecesor defendieron siempre “el respeto a la vida”, incluida la de los niños nonatos. El entonces cardenal Bergoglio fue directamente un cruzado contra el aborto cuando era arzobispo de Buenos Aires. Ya advirtió en aquella época que una resolución de la Corte Suprema de entonces, que autorizó un aborto, era el prólogo de su permisión permanente. Para peor, Alberto Fernández puso su presidencia bajo el liderazgo del papa Bergoglio, pero luego propició abiertamente el aborto, que fue aprobado durante su gestión. Una decepción indescriptible se abatió sobre el Papa argentino. Antes, Mauricio Macri autorizó, durante su mandato presidencial, solo el debate sobre el aborto, pero se declaró antiabortista. Si bien la argumentación social del actual pontífice es idéntica a la de Francisco, también son evidentes sus diferencias sobre cuestiones doctrinales internas de la Iglesia y sus estilos personales. No obstante, la coincidencia de los dos sobre el aborto es absoluta. Ninguno dejó −ni permitió− margen para la disidencia sobre ese tema dentro de la Iglesia.

El cambio de “chip” que promueve el Papa, para que la sociedad argentina encuentre una puerta hacia un ámbito del diálogo, oscila aquí entre la obediencia y la indisciplina. El motivo es la aprobación parlamentaria de una reforma electoral para eliminar o suspender las primarias simultáneas y obligatorias (PASO) que impulsa el gobierno de Milei. La conducción política del país se cobija bajo el argumento de que ese sistema electoral beneficiará el peronismo, aparentemente dividido. Error: el peronismo puede dividirse en elecciones legislativas, pero casi nunca lo hizo en elecciones presidenciales, salvo durante el caos de 2003, cuando Néstor Kirchner se convirtió en el presidente argentino elegido con el menor porcentaje de votos en la historia.

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Debe señalarse también que, como bien lo remarcó recientemente la Cámara Nacional Electoral, no es conveniente hacer modificaciones en el sistema electoral en vísperas de elecciones. Los jueces de esa Cámara le enviaron una carta con tal resolución a los senadores para que luego no pretexten que no habían leído los diarios. Si tienen en cuenta esa advertencia de la Justicia, el tiempo con el que cuentan para hacer los cambios es muy breve. El Senado se reunirá formalmente solo dos veces más antes de que termine el período de sesiones ordinarias. El Presidente puede llamar a sesiones extraordinarias para que senadores y diputados traten la reforma electoral, pero si todos actúan bajo la premisa del fair play solo les quedará diciembre. En enero comenzará ya el año electoral; serían políticamente deshonesto si cambiaran las reglas del juego cuando está por empezar el partido. Los borradores del proyecto van y vienen. Es probable que hoy se firme un dictamen de comisión con varias firmas en disidencia; de esa manera le darán al gobierno una semana más para negociar con los gobernadores.

¿Con los gobernadores o con los senadores? Con los gobernadores, porque ellos son los que deciden cuando se trata de cuestiones electorales. Los senadores se convierten entonces en vicarios de sus jefes políticos. Por eso, Patricia Bullrich tiene razón cuando advierte que es el gobierno nacional el que debe hacerse cargo de la negociación con los gobernadores. Ella sola no puede con los senadores aliados. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, les ofreció a los gobernadores cambiar eliminación por suspensión de las PASO, pero a cambio de que lo autoricen a reinstaurar el sistema de colectoras en las elecciones. Ese fue un sistema creado por Néstor Kirchner en 2007 y formalizado por su viuda en 2011. Significa que puede haber varias listas de candidatos a diputados y senadores, siempre que la fórmula presidencial sea una: la que encabezará Milei. Cómo no.

El método de las colectoras es “horrible”, como lo definió un senador, porque dificulta la gestión de los ciudadanos cuando van a votar, mucho más cuando lo harán con boleta única. Hay posibilidades de que se suspendan las PASO, pero hay pocas probabilidades de que se restauren las colectoras. Es la vida de los senadores las que estará en juego. Un mismo partido con dos listas de senadores, que converjan en la candidatura presidencial de Milei, podría quedarse con las dos bancas del oficialismo y con la que le corresponde a la oposición. Los gobernadores pueden pedirles muchas cosas a los senadores, menos que den la vida para conveniencia de saus jefes políticos.

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La novedad más sorprendente en esta cuestión la protagonizó ayer Pro, porque decidió aprobar la suspensión de las PASO, contra la posición que había anticipado muchas veces y por boca de muchos dirigentes de ese partido. Hasta el propio Mauricio Macri, líder y fundador de Pro, señaló en su momento que su partido no homologaría nunca la eliminación ni la suspensión de las PASO. El gobierno de Macri fue, a su vez, el que prohibió el sistema de colectoras, pero en esta cuestión es coherente: no apoyarán su restauración porque directamente la considera inconstitucional.

¿Qué sucedió para que se produjera el drástico cambio en el partido de Macri? La primera explicación que se escuchó es que los gobernadores (y sobre todo los intendentes propios de la provincia de Buenos Aires) piden una alianza con La Libertad Avanza porque de otras manera podrían perder sus actuales cargos. Nombran en primer lugar a los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y al de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y al jefe del gobierno de la Capital, Jorge Macri. A pesar de todo, ayer Fernando de Andreis anunció su intención de ser candidato a jefe de la administración capitalina; debería, si lo hace, desafiarlo a Jorge Macri a competir en una interna. De Andreis es el político más cercano y de mayor confianza de Mauricio Macri. ¿Qué haría en ese caso el expresidente? Silencio. Nadie responde.

El segundo argumento es que Pro no quiere debilitarlo ahora a Milei contribuyendo a una derrota en el Congreso. Y el tercero consiste en que tampoco se propone desestabilizar la economía el año próximo cuando se avecinen las elecciones. Sin elecciones primarias en agosto, es probable, dicen, que la inestabilidad de los mercados, que sucederá como siempre sucedió, durará más tiempo en llegar. Nadie sabe, ni lo puede saber, si esos cálculos previos se cumplirán o no; toda elección es imprevisible por naturaleza. El error de unos y otros se cifra en colocar el destino de las elecciones en una probeta de laboratorio. Mientras tanto, la economía, factor principal de victorias y derrotas, se moverá con su propia y decisiva dinámica.

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Joaquín Morales Solá,LA NACION,Política

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La Justicia autorizó a Roberto Baratta a viajar a Buzios para pasar Año Nuevo: está condenado por corrupción

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Dos tribunales autorizaron a Roberto Baratta a pasar año nuevo en Buzios, Brasil, en un viaje familiar. Los permisos se otorgaron mientras se define si se confirma su procesamiento en otra causa por supuesto enriquecimiento ilícito y en pleno desarrollo del juicio por la causa Cuadernos.

Baratta fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación Federal que comandó Julio De Vido. Ambos son juzgados en la causa Cuadernos.

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Además está acusado en otra investigación ya enviada a juicio ante el Tribunal Oral Federal 3 por presuntos manejos irregulares en dicho ministerio. El mes pasado sumó un procesamiento por supuesto enriquecimiento ilícito.

Baratta está condenado en la causa GNL por la importación irregular de buques de gas licuado.

La autorización de los jueces

Por mayoría, el Tribunal Oral Federal 3, con los votos de los jueces Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni, lo autorizó este martes a salir del país desde el 28 de diciembre al 6 de enero de 2027.

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El TOF tuvo en cuenta el compromiso asumido por Baratta de presentarse ante la Justicia dentro del tercer día hábil siguiente a su regreso y el dictamen favorable de la fiscalía. También se valoró la ausencia de elementos objetivos o indicadores que permitan presumir una eventual fuga.

Los magistrados también tuvieron en cuenta la autorización del Tribunal Oral Federal 7, donde es juzgado desde noviembre del año pasado por el caso Cuadernos junto a Cristina Kirchner y otros acusados.

Baratta estuvo este martes en Comodoro Py para asistir a una audiencia en la Sala I de la Cámara Federal porteña que revisa su procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito. El juez federal Julián Ercolini lo procesó con un embargo de $1.500 millones por considerar probado un incremento patrimonial “apreciable” que no se correspondió con ingresos legítimos comprobables.

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El núcleo de la causa apunta a unaumento patrimonial que, según la investigación, no se justificaría con los ingresos de Baratta. Entre los bienes en cuestión figuran departamentos y cocheras en la ciudad de Buenos Aires, vehículos, un lote y una vivienda en el Country Mapuche, en Pilar.

El predio fue adquirido el 19 de septiembre de 2012 por US$70.000 en efectivo. La construcción, tasada en alrededor de $3.700.000, se pagó también en efectivo entre diciembre de 2012 y enero de 2015 y quedó a nombre de la madre del exfuncionario.

Ercolini mencionó que “en conjunto, el matrimonio declaró aportes por $604.546,11″ y que “ese reconocimiento resulta relevante, pero no explica la totalidad de la inversión”.

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Roberto Baratta, Justicia

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Un fiscal anticorrupción denunció a la secretaria de Energía: la acusó de favorecer a una empresa sancionada por operar en Malvinas

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Una fiscalía especializada en corrupción denunció a la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, y a su antecesor en el cargo, Eduardo Rodríguez Chirillo, por haber permitido que operara en el país una empresa que estaba inhabilitada por haber desarrollado actividades hidrocarburíferas en zonas próximas a las Islas Malvinas sin autorización del gobierno argentino.

Se trata de la compañía Harbour Energy, continuadora de Premier Oil, firma a la que se le prohibió por 15 años (hasta 2028) desarrollar actividades en la Argentina. Según la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que presentó la denuncia, Harbour Energy y Premier Oil son “la misma persona” y la Secretaría de Energía contaba con documentación que lo acreditaba. No obstante, a Harbour Energy se le permitió hacer “negocios de una magnitud extraordinaria” en el sector hidrocarburífero; controlar “indirectamente participaciones en licencias de explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta y en la Cuenca Marina Austral” y beneficiarse con contratos con empresas públicas, afirmó la PIA.

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La denuncia fue presentada el 29 de septiembre pasado por Sergio Rodríguez, titular de esta fiscalía especializada, que sostuvo que “en el estado actual de la investigación no se cuenta con elementos que permitan afirmar la existencia de pagos, promesas o beneficios indebidos” recibidos por los funcionarios a cambio de la habilitación para la empresa. Pero dijo que “sin embargo, el carácter reiterado de las irregularidades detectadas, su aptitud para remover impedimentos legales concretos y la extraordinaria significación económica de los negocios posibilitados justifican que la investigación penal procure determinar si existió algún tipo de contraprestación o acuerdo indebido entre funcionarios públicos y representantes de las empresas beneficiadas”.

El fiscal Sergio Rodríguezfiscales.gob.ar

La denuncia advierte: “No resulta lógico suponer que los funcionarios de la Secretaría de Energía hayan incumplido su deber de aplicar la ley 26.659 de manera flagrante y reiterada para favorecer a una empresa extranjera sin recibir nada a cambio”.

Los otros dos delitos de funcionarios en los que podrían encuadrarse los hechos denunciados son, según la PIA, el de incumplimiento de los deberes y el de negociaciones incompatibles con el cargo.

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La lista de los denunciados incluye también a Horacio Federico Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos de la Nación, (el 26 de diciembre de 2024 otorgó el certificado de reinscripción de Harbour Energy Argentina Limited S.E.E. en el Registro de Empresas Petroleras) y a un apoderado de Harbour Argentina que según la PIA omitió información para habilitar la inscripción.

La PIA abrió esta investigación a raíz de una denuncia de la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández. También expuso esta situación el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que a principios de septiembre les pidió explicaciones públicamente a los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno, y advirtió que la continuadora de Premier Oil había sido beneficiada con el RIGI.

Días antes, el 3 de septiembre, por cadena nacional y rodeado por todo su gabinete, Milei anunció un plan para endurecer las sanciones y penas contra la empresas vinculadas a operaciones no autorizadas en la zona de las Malvinas. Advirtió: “Vamos a desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía”.

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La denuncia de la PIA fue presentada en los tribunales de Comodoro Py y, por sorteo, el juez de la causa es Ariel Lijo. Fuentes judiciales informaron a que a pedido del fiscal del caso, Carlos Stornelli, Lijo ordenó una serie de medidas de prueba para hacerse de documentos sobre Harbour Energy y sus actividades.

consultó a la Secretaría de Energía, que al momento de la publicación de esta nota no había respondido. También, a Harbour Energy, que no hizo declaraciones. Fuentes del sector que defienden la actuación de esta compañía dijeron que no es una mera continuación de Premier bajo otro nombre, que tenía una trayectoria propia anterior y que se constituyó una nueva empresa con nuevos accionistas y nuevo control y dirección. Alegaron también que Harbour se retiró definitivamente del proyecto de Malvinas tras la intimación de las autoridades argentinas en 2021 y que tiempo después decidió convertir al país en un pilar esencial de sus negocios.

El caso, paso a paso

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En 2013, Premier Oil fue inhabilitada para desarrollar actividades en la Argentina hasta el 9 de octubre de 2028 por la resolución de la Secretaría de Energía 481/13. Esa sanción tiene un alcance amplio: impide que la compañía realice cualquier tipo de actividad en el país directamente o a través de otras sociedades controladas o de las que reciba beneficios económicos.

María Tettamanti, secretaria de Energía

La denuncia advierte que Premier Oil tiene una empresa “continuadora”: Harbour Energy, que en los últimos años participó de grandes negocios con el Estado en la Argentina. “Premier Oil plc y Harbour Energy plc son la misma persona”, afirmó la PIA.

Esta procuraduría alegó que Premier Oil “conservó su número de registro, su identificador internacional LEI y su fecha de admisión bursátil”, con el propósito expreso de mantener la inscripción (listing) para cotizar en la Bolsa de Valores de Londres. Lo que hizo Premier Oil fue fusionarse con otra empresa (Chrysaor Holdings Limited) y cambiar su razón social a Harbour Energy plc, “pero este cambio de nombre no tuvo ningún efecto sobre sus obligaciones, l derecho británico que rige su constitución”.

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“La inhabilitación impuesta en 2013 resulta, por lo tanto, plenamente aplicable a la sociedad con su nueva denominación”, sostiene la denuncia.

Esa presentación relata que en 2021, la Secretaría de Energía inició actuaciones administrativas contra Harbour Energy y contra Navitas Petroleum, por infracción a la ley 26.659, de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. “En esos expedientes se incorporaron los antecedentes de la fusión con Chrysaor Holdings Limited y la Secretaría de Energía calificó a Harbour Energy plc como ‘continuadora de Premier Oil plc”, afirmó el fiscal Rodríguez.

El 23 de septiembre de 2021, la entonces titular de la Dirección Nacional de Malvinas, Sandra Rosa Pitta, informó a la Secretaría de Energía que Harbour Energy había anunciado, a través de su sitio institucional, el abandono del desarrollo del proyecto Sea Lion como resultado de una “revisión estratégica de su cartera” de activos. Señaló que distintos medios especializados vincularon esa decisión con las sanciones que la empresa enfrentaba en la Secretaría de Energía. “Luego del anuncio del retiro de Harbour Energy plc de Sea Lion, las actuaciones seguidas en su contra quedaron paralizadas y hasta la fecha no se dictó una resolución definitiva”, dice la denuncia.

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La condición del “Perdón Argentino”

Pero en 2024, tras el cambio de gobierno, Harbour Energy reactivó sus intereses en la Argentina. Adquirió los activos globales de la petrolera alemana Wintershall Dea AG y en el contrato de adquisición, las partes incluyeron una cláusula denominada “Condición del Perdón Argentino”, que supeditaba el cierre de una operación de 11.200 millones de dólares a que Harbour Energy consiguiera inscribir a su subsidiaria Harbour Argentina en el Registro de Empresas Petroleras, según la denuncia de la PIA.

“Esta cláusula demuestra que las empresas tenían pleno conocimiento de los impedimentos legales que pesaban sobre Harbour Energy para realizar actividades en la República Argentina”, enfatizó Rodríguez.

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La inscripción de Harbour Argentina en el Registro de Empresas Petroleras era legalmente imposible, porque la legislación argentina no prevé ningún “perdón” para una empresa sancionada mediante resolución firme por violación de la ley 26.659, adiviritó la PIA. Por lo tanto, la “Condición del Perdón Argentino” sólo podía cumplirse mediante el dictado de “un acto que simule su regularidad omitiendo antecedentes de hecho y derecho esenciales, como finalmente ocurrió”, dice la denuncia.

A pesar de estar legalmente inhabilitada, Harbour Argentina logró inscribirse en el Registro de Empresas Petroleras el 14 de febrero de 2024 y reinscribirse el 26 de diciembre de 2024, sostiene la presentación de Rodríguez, que advierte que los actos administrativos que autorizaron esas inscripciones están viciados de nulidad absoluta porque fueron dictados en violación de la ley aplicable.

El desembarco en Vaca Muerta

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La denuncia relata también que el 3 de septiembre de 2024 Harbour Energy compró Wintershall Dea Argentina S.A. y “pasó a controlar participaciones en los bloques Aguada Pichana Este y San Roque de Vaca Muerta, y en la Cuenca Marina Austral 1 de Tierra del Fuego”; se convirtió además en “beneficiaria final de contratos de provisión de gas con Cammesa y Enarsa”.

“La reinscripción de Wintershall Dea Argentina S.A. en el Registro de Empresas Petroleras fue otorgada el 16 de agosto de 2024, antes de que Harbour Energy plc adquiriera el control indirecto de la sociedad. Sin embargo, una vez perfeccionada la operación, Wintershall informó expresamente a la Secretaría de Energía que Harbour Energy se había convertido en su controlante final”. La PIA sostuvo que pese a contar con esos antecedentes, los funcionarios intervinientes no actuaron y eso ”permitió que Wintershall Dea Argentina S.A. continuara registrada bajo el control de una empresa legalmente inhabilitada”.

“Harbour Energy plc posee -adiverte la denuncia-, a través de SE Argentina Holdings B.V., una participación del 15% en Southern Energy S.A. (SESA), consorcio que lidera uno de los proyectos de exportación de GNL más grandes del país. La Secretaría de Energía otorgó a SESA dos certificados de autorización de libre exportación de GNL por treinta años (Resoluciones SE 165/2025 y 353/2025), sin considerar los efectos de la sanción administrativa que pesaba sobre su accionista Harbour Energy plc”.

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Sin respuesta

La PIA detalla en su denuncia que le “solicitó a la Secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti, la remisión del expediente [de inscripción de Habour Argentina] en cuatro oportunidades, mediante los oficios del 3 de marzo de 2026, 30 de marzo de 2026, 25 de abril de 2026, 24 de mayo de 2026 y 4 de julio de 2026″. Y relata: “Pese a los reiterados pedidos y a haber sido expresamente intimada de que en caso de incumplimiento se formularía la correspondiente denuncia penal, la funcionaria no remitió el expediente de inscripción inicial de Harbour Argentina. Por esta razón, aún se desconocen los antecedentes y fundamentos del acto administrativo que autorizó esa inscripción. La falta de entrega de la documentación requerida, pese a los reiterados pedidos, refuerza las dudas sobre su regularidad”.



María del Carmen Tettamanti,También expuso esta situación,Milei anunció,Paz Rodríguez Niell,Malvinas,Conforme a

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