POLITICA
La última barrera para desterrar al peronismo
Cuando le preguntan quién será su mayor rival en 2027, Javier Milei se muestra tajante: “Compito contra mí mismo”. Se acostumbró desde que llegó al poder a hacer política en el vacío, con enemigos impotentes a los que manipula a gusto. Los ningunea cuando se siente sólido y los agranda cuando una realidad adversa lo obliga a buscar culpables de un complot destituyente.
La premisa que expresa Milei asume que su éxito electoral depende únicamente de ejecutar el programa de reformas en curso. Es una manera de resaltar la ausencia de alternativas a la reformulación de la economía argentina que él plantea. Pero esconde también una duda íntima que carcome a los habitantes de la cúpula libertaria: ¿alcanza la estabilidad macro para ganar elecciones?
La maquinaria reeleccionista actúa en dos planos. En la superficie presiona para cambiar el régimen electoral del país de modo de facilitar los pactos con aliados posibles y obstaculizar una tregua en la disputa destructiva del peronismo de raíz kirchnerista. Debajo del radar enfrenta el desafío de la reactivación económica. Milei sabe por su propia experiencia que, si el clima social es adverso, el descontento puede encontrar el cauce electoral menos pensado.
Milei y el ministro Luis Caputo se aferran a su promesa emblemática de que vienen los “mejores 18 meses de la historia argentina” sobre la base de indicadores que no se traducen en optimismo masivo. Celebran que en el primer trimestre de 2026 hubo un “récord de PBI” en términos netos, obtenido gracias a un crecimiento fenomenal de la refinación de petróleo (19%, respecto a la era pre libertaria) y la intermediación financiera (18%). Esas cifras conviven con una baja pronunciada de la industria, la construcción y el comercio, sectores clave para el empleo. En el análisis mes a mes siguen la lógica del serrucho. La inversión bajó 10,4% de enero a marzo y la recuperación del salario después de siete meses de caída es aún tenue.
La última edición del sondeo de Atlas Intel para Bloomberg, uno de los estudios más consultados por el mercado, detecta un pesimismo dominante respecto de la economía del país para el segundo semestre: el 49% cree que va a empeorar, contra un 41% que espera una mejora. La brecha es aún más amplia cuando se pregunta por el mercado laboral (49% vs. 34%) y sobre la situación familiar (43% vs. 32%). El manejo de las expectativas es un termómetro vital para un gobierno que todavía no tuvo una “fiesta” que ofrecer al electorado, sino que vive de la ilusión de atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida.
La distracción que ofreció el Mundial de Fútbol le sirvió al Gobierno para pensar mecanismos de reactivación. Caputo trabaja en un programa para impulsar el crédito hipotecario con ayuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que maneja el dinero de los jubilados. La paulatina suba del dólar en el último mes también puede ayudar a mover la perilla de la actividad, aunque demore el “derrumbe” de la inflación con el que se obsesiona Milei.
En la reunión de Gabinete posterior al Tedeum del 9 de Julio, Milei exudó confianza frente a sus ministros. Hizo hincapié en la necesidad de cambiar la Carta Orgánica del Banco Central, una medida que hace juego con el plan financiero que había presentado Caputo días antes. Quiere regar la confianza de los mercados en que no habrá riesgos de impago durante el año electoral y en que la emisión monetaria para asistir al Tesoro es historia antigua. El riesgo país en el umbral de los 400 puntos genera euforia en el área presidencial.
Milei consumió la mayor parte del tiempo que pasó con los ministros describiendo el proyecto de paper que escribió con Demian Reidel en el que sostiene con un modelo matemático el camino de crecimiento que traerá el proyecto de reformas que promueve. Presume de tener ideas revolucionarias. Volvió a fantasear con ganar el Nobel de Economía, aunque el documento quedó envuelto en una discusión sobre cuánta inteligencia artificial usaron para redactarlo.
El dato que sorprendió a algunos de los presentes es que Reidel mantiene su acceso privilegiado al Presidente después de haber sido desplazado de la dirección de la empresa pública Nucleoeléctrica Argentina en medio de una investigación de sobreprecios en la contratación de servicios. “Es muy fiel a sus amigos”, resumió un asistente. Recordó lo que le costó emocionalmente a Milei desprenderse de Manuel Adorni, a pesar del daño que le produjo a la imagen del Gobierno el trimestre de revelaciones sobre su patrimonio no declarado.
La trampa electoral
La salida de Adorni fue una bisagra. Funcionó como la señal de que Milei había aceptado al fin rendirse a una gestión política profesional para ganar con los manuales tradicionales aquello que en 2023 obtuvo a golpe de instinto y errores ajenos.
Diego Santilli asumió como jefe de Gabinete con la prioridad de negociar con los gobernadores afines un pacto de conveniencia mutua. Podría titularse “sigamos todos”. Es una construcción aún declarativa, a la que le falta desarrollar el costo económico. Hay voluntad de un buen número de provincias de no enfrentar en las urnas a los libertarios, pero la urgencia de fondos en medio del ajuste condiciona la evolución de las conversaciones.
El cambio de las reglas electorales se asume como un eje central de ese gran acuerdo, aunque todavía nadie sabe muy bien cuánto piensa invertir el Gobierno en esa empresa.
La reforma que incluía la eliminación de las PASO fue ideada en noviembre, después del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas nacionales. En ese momento bullía la fantasía del fin del peronismo –derrotado una vez más– y parecía impensado que pudieran surgir desafíos a Milei desde el centroderecha. La lógica consistía en darle la lapicera a Karina Milei para que hiciera y deshiciera las listas de un nuevo oficialismo, mientras se les quitaba a los rivales una herramienta institucional para saldar sus diferencias.
Siete meses después no está tan claro que a Milei le convenga esa jugada. Crece la duda de si no será pagar un costo (medido en asistencia financiera a los gobernadores que apoyen) a cambio de un beneficio incierto.
El peronismo nunca necesitó las primarias para ordenar su oferta. Aun en los peores momentos supo encontrar formas de disciplinamiento. En septiembre pasado, necesitó un apagón en media ciudad de La Plata para ganar el tiempo que requería terminar la lista de unidad entre el sector de Axel Kicillof y La Cámpora en Buenos Aires. Las PASO han servido mucho más a los sectores que se enfrentaron al peronismo, como ocurrió en 2015 en las elecciones que llevaron a Mauricio Macri a la Presidencia. ¿Y si ahora fuera Milei quien necesitara contener rebeldías, desde el PRO a la díscola por naturaleza Patricia Bullrich?
El remedio de las listas colectoras que desde antes de asumir viene conversando Santilli con los gobernadores también genera dudas en el propio gobierno. Se trata de un sistema que les permite a los aliados presentar listas propias de legisladores, atadas de alguna forma a una única boleta presidencial (que en el oficialismo sería la de Milei). La historia indica que los modelos de sumas de votos siempre fueron impulsados por el peronismo, experto en sacarles provecho a esas transgresiones institucionales.
“No me gusta, pero no encontramos un sistema mejor”, dijo Bullrich esta semana cuando le preguntaron por las colectoras. Sonó a confesión. ¿No era Milei el presidente que se atribuía el “avance histórico” que implicó la boleta única? ¿Cómo encaja ese alarde de transparencia con la vocación de “encontrar” un sistema que pueda ajustarse a las necesidades coyunturales del oficialismo?
El miedo a la unidad peronista
La ansiedad por los cambios en el código electoral refleja una inquietud instalada en el corazón del Gobierno. Todas las encuestas que llegan a la Casa Rosada muestran a Milei con niveles de aprobación cercanos al 40% y un rechazo firme por encima del 50%. No hay rivales con una validación mucho mejor, pero cifras como esa ponen la reelección en el terreno de la incertidumbre.
Si hubiera un candidato de unidad del peronismo, capaz de captar el descontento con el programa de Milei, la Argentina podría encaminarse al cara o ceca que están viviendo casi todos los países de la región. Elecciones polarizadas que se definen en balotaje por uno o dos puntos de diferencia (en las que ganan a menudo los que desafían a quien está en el poder).
Lo que necesita el Gobierno es blindar un 40% propio y garantizarse la dispersión opositora, suficiente para ser reelegido sin segunda vuelta (si supera al segundo por 10 puntos). La estabilidad cambiaria que haría viable ese escenario es muy sensible a la probabilidad de que una opción estatista y heterodoxa regrese al poder.
La guerra abierta que Cristina y Máximo Kirchner le plantean a Kicillof facilita por el momento los planes del mileísmo.
Es una disputa de liderazgo que por ahora no incluye una discusión programática. Los Kirchner han convertido a Kicillof en el traidor más extraño del mundo: lo acusan de pensar igual. Son los mismos que eligieron para competir en su nombre a figuras que parecían ajenas a ellos, desde Daniel Scioli a Alberto Fernández, pasando por Martín Insaurralde y Sergio Massa.
El jefe de La Cámpora se coloca en un extremo antes de negociar. Sus banderas son “Cristina libre” y la renegociación de la deuda privada.
Kicillof hace silencio sobre los dos puntos. Entiende que la ofensiva en su contra es porque no se deja ser elegido por Cristina.
Las encuestas lo ubican como el opositor mejor posicionado para enfrentar a Milei, pero con una paradoja: Cristina tiene números muy similares, a pesar de que está presa e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. ¿Máximo propone postularla para tensar al sistema o para forzar a Kicillof a negociar?
El gobernador de Buenos Aires esquiva la trampa. Construye su camino con la única premisa de combatir a Milei. Se niega a escuchar a los que le piden dar señales de racionalidad económica. Suele decir que no tiene que sobreactuar, que gobernó sin déficit la mayor parte de su mandato provincial y que tiene acordados los pagos de deuda con los bonistas.
La interna pierde densidad en esa batalla de familia. A diferencia de otras épocas, este peronismo no pelea por incorporar nuevos votantes sino por repartirse los escombros de una estructura que estalló. Hay gobernadores que se acercan a Milei y dirigentes sin tierra que ansían una renovación, pero les falta quien la lidere fuera de algún outsider de laboratorio.
Es una ventaja competitiva para Milei. Las alternativas de sus rivales no incorporan a su prédica los signos de época, como el orden fiscal y el valor de la estabilidad. Nadie le da, en su diálogo con la sociedad, un sentido al esfuerzo social que significó el ajuste libertario. Tampoco ofrecen una figura avasallante, audaz, que reclame la confianza para probar algo nuevo en lugar de un viaje nostálgico.
Esa foto no está tallada en piedra. Milei dice que compite solo contra sí mismo, pero gobierna condicionado por dos variables que no controla: una oposición que un día podría dejar de pelearse y una economía que todavía no derrama prosperidad. Para ganar precisa de toda la ayuda que pueda darle la política tradicional que tanto despreciaba. Todo sea por cumplir su sueño de ponerle un punto final a la Argentina peronista.
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POLITICA
“La verdad triunfa por sí misma”: Javier Milei celebró su sobreseimiento y el de Karina en la causa $LIBRA
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento de Javier Milei y Karina Milei en la causa $LIBRA. La resolución judicial desestimó las acusaciones por supuesta estafa vinculada a la promoción del activo digital en febrero de 2025.
Tras conocerse el fallo en los tribunales de Comodoro Py, el Presidente publicó en su cuenta de Instagram: “La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad”.
La publicación de Milei en Instagram
Por su parte, el asesor Santiago Caputo afirmó que la investigación fue “la causa más pelotuda de la historia”.
La medida dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 respondió al pedido del fiscal Eduardo Taiano. La resolución benefició también al empresario estadounidense Hayden Davis, a Mauricio Novelli y a Manuel Terrones Godoy.
Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente. Por supuesto no veremos ni un solo pedido de disculpas de los hijos de puta de siempre.
— Santi C. (@slcaputo) October 23, 2026
El expediente judicial analizó las maniobras financieras luego de que la moneda virtual causara pérdidas a 40.000 compradores. No obstante, el magistrado concluyó que la publicación presidencial en redes no constituyó una maniobra defraudatoria ni un engaño penal.
¿Y AHORA QUIÉN ME COMPENSA POR UN AÑO, OCHO MESES Y NUEVE DÍAS DE MENTIRAS, CALUMNIAS E INJURIAS BUSCANDO MANCHAR MI BUEN NOMBRE Y HONOR?
La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la TREMENDA operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas.
Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre.
Esta causa fue utilizada políticamente, además de por sectores de la oposición que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios, por entre otros, el Grupo La Nación y sus secuaces para extorsionar al gobierno a cambio de salvarse de evadir impuestos.
A los periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín, Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema: ¿quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?
La verdad siempre termina imponiéndose.
VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!
— Javier Milei (@JMilei) October 23, 2026
En el caso de la secretaria general Karina Milei, la Justicia determinó que no existieron pruebas de pagos para concretar audiencias.
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POLITICA
Coparticipación: un seminario en el Senado expuso el descalabro impositivo y la falta de acuerdos
Como era de esperarse, un seminario sobre coparticipación en el Senado expuso, una vez más, el descalabro impositivo vigente desde hace largos años y, sobre todo, dejó un dato curioso sobre las gestiones kirchneristas, más allá del relato: fueron de las más injustas en cuanto a federalismo y las que tuvieron los pisos más bajos -incumplimiento- del 34% de la masa a compartir entre Nación y provincias.
Durante una reunión informativa ocurrida días atrás, titulada “Repensar la coparticipación: del diseño federal a la realidad de las provincias”, expusieron el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur; el diputado radical Lisandro Nieri (Mendoza); el ex legislador macrista -defensor acérrimo de la era Cambiemos desde la comisión de Presupuesto de la Cámara baja- y actual director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina; y el titular económico de Fundar, Guido Zack.
El convite fue comandado por el titular de la comisión, Eduardo Vischi (Corrientes); y la vice de la misma, la peronista disidente Flavia Royón (Salta). Primero disertó Zack, quien se refirió a la Argentina como uno de los países con “mayor desigualdad territorial en el mundo” -detrás de Rusia y Eslovaquia- y alertó sobre la pérdida de recursos por año en relación con el Producto Bruto.
Tras ello, el invitado dijo que, desde fines de la década del noventa, el piso de 34% sólo se acercó en algún año y que la peor época fue entre 2002 y 2016. Es decir, durante toda la era kirchnerista. De hecho, algunos estudios que se dedican a la cuestión impositiva sitúan 2010 como más flojo del período. El representante de Fundar luego aclaró que, tras el fallo de la Corte sobre la detracción de 15% para seguridad social -la bienvenida anticipada del máximo tribunal de justicia a Mauricio Macri-, se aproximó más hacia dicha meta.
Zack pinceló un panorama aún más alarmante y que no involucra a Nación. La medalla de oro siempre queda en manos de Ingresos Brutos que, según señaló, representa alrededor del 85% de los recursos provinciales propios. Lo que importa es la diferencia entre distritos: va de 5,5 puntos en Neuquén hasta 21 en la Catamarca de Raúl Jalil y de su brazo político en el Senado, el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada. También fueron recordados los 80 regímenes que tiene Córdoba y los saldos a favor que se acumulan en todo el país y que terminan, como siempre, en un tributo encubierto.
En tanto, Laspina planteó dos cuestiones valoradas por Vischi. Por un lado, en conocimiento de lo complejo que implica que el Congreso y las legislaturas locales obtengan un consenso generalizado, se refirió a explorar caminos sobre una eventual reglamentación del proceso de sanción de una ley relacionada con el tema -quinto párrafo, inciso 2, del artículo 75 de la Constitución-; mientras que, en segundo término, apuntó a una “acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema”, ya sea desde una ONG, un distrito o el mismo Ejecutivo. “Tirar un poco del nudo para destrabar”, enfatizó el ex amarillo.
No fue una novedad, por fuera de las rivalidades políticas, la baja asistencia no sólo de los integrantes de la comisión, sino de los legisladores, en general. Son los representantes de las provincias. Una muestra de la bajísima voluntad para resolver un asunto delicado que contrasta, de manera muy notoria, cuando aparecen las quejas ante Nación -sin distinción de quien se encuentre a cargo de la administración central- por fondos discrecionales.
Los mayores contactos se dan, en particular, cuando se está por votar un proyecto en el Congreso. Ahí, los llantos se convierten en cataratas. O se frena la agenda. En el pasado, varios ex gobernadores se convirtieron en rehenes -sin chistar y con un silencio más que llamativo y cobarde- de la billetera ajena o del “bolsillo del payaso”, en referencia al de los contribuyentes que regentea Balcarce 50. Hoy, algunos de ellos siguen en juego -desde otro lugar- y critican al mileísmo. Transcurrieron tan sólo un par de años.
POLITICA
Diputados: La Libertad Avanza presentó un proyecto para prohibir el uso de los celulares en las cárceles y que los presos paguen sus gastos
La Libertad Avanza impulsa una reforma del régimen carcelario que contempla la prohibición efectiva de los teléfonos celulares en los penales, el control de las comunicaciones y la obligación de que los internos afronten los gastos que generan durante su detención. La propuesta, presentada por el diputado mendocino Álvaro Martínez, busca modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para combatir las estafas, los secuestros virtuales, las maniobras vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, entre otros delitos.
“Hay que terminar de una vez por todas con el Call Center tumbero. Las cárceles deben servir para reinsertar personas, no para que los delincuentes sigan manejando bandas desde una celda”, sostuvo Martínez.
Presos uniformados y pago de los gastos carcelarios
La iniciativa establece el uso obligatorio de uniformes de acuerdo con la peligrosidad de cada detenido, que será clasificada en tres niveles: leve, medio y alto. Además, propone la creación de un Arancel Único Carcelario (AUC), que deberán pagar mensualmente los internos para cubrir los gastos de servicios generales y alimentación.
“La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme que usan dentro del penal”, afirmó el legislador.
En esa línea, agregó: “El ciudadano que trabaja todos los días paga los servicios y la comida de su casa. Quien esté privado de su libertad también deberá hacerse cargo de sus propios gastos. La reinserción comienza aprendiendo a cumplir obligaciones”.
Sobre los uniformes, Martínez aclaró que la medida “no tiene un objetivo discriminatorio se ajusta al principio de igualdad”. Según detalló, todos los internos deberán vestir prendas de color beige o marrón claro, con una cantidad de líneas verticales que variará según su nivel de peligrosidad.
Los presos considerados de peligrosidad leve tendrían una línea al frente y al dorso; los de peligrosidad media, dos líneas; y los de alta peligrosidad, tres. En cambio, quienes estén próximos a recuperar su libertad utilizarían uniformes lisos.
Los cambios en la Ley de Ejecución de la Pena
La propuesta modifica los artículos vinculados con las comunicaciones de las personas privadas de libertad. En la nueva redacción del artículo 158, se establece que los internos podrán mantener contacto periódico, oral o escrito, con familiares, representantes legales y profesionales vinculados con su reinserción social, además de representantes de organismos oficiales e instituciones privadas.
El texto plantea que ese derecho estará sujeto a las condiciones, oportunidades y supervisión previstas en la ley, con el objetivo de preservar la privacidad.
Por su parte, el artículo 161 establecerá que cada interno podrá solicitar autorización al director del establecimiento para llamar a una lista limitada de cinco números telefónicos. Los titulares deberán estar previamente identificados y autorizados en la instancia judicial de ejecución de la pena.
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La iniciativa también contempla el uso de teléfonos de línea para facilitar el contacto con familiares y abogados, así como la realización de videollamadas con defensores para agilizar el acceso a la Justicia y evitar traslados innecesarios.
Entre los fundamentos, el proyecto cita la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvo reiteradamente que las personas privadas de libertad conservan los derechos que no hayan sido afectados legítimamente por la condena y que la ejecución de las penas está sometida a control judicial permanente.
El trabajo como eje de la reinserción social
Otro de los ejes de la propuesta es la transformación del trabajo penitenciario. Martínez plantea establecer metas progresivas de incorporación laboral, impulsar capacitaciones vinculadas con la economía real y modernizar el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE).
El proyecto también contempla la participación controlada de empresas privadas, la creación de un catálogo nacional de bienes y servicios penitenciarios y la generación de demanda mediante compras del sector público.
De acuerdo con información oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, al 31 de diciembre de 2024 el Servicio Penitenciario Federal alojaba a 11.728 personas privadas de libertad. De ese total, 7.545 percibían alguna suma en concepto de peculio.
Sin embargo, solo 2.922 internos realizaban tareas productivas vinculadas con objetivos de reinserción social. Otros 4.623 cobraban por actividades generales de mantenimiento, limpieza, aseo, higiene, mayordomía y otras tareas identificadas como “fajina”.
De esta manera, apenas el 38,72% de quienes percibían peculio desarrollaba actividades consideradas productivas.
La información oficial también indica que durante 2024 el ENCOPE contó con recursos por $25.721.747.525, de los cuales aproximadamente el 75% se destinó al pago de peculios. Una parte significativa de esos fondos correspondió a tareas sin una finalidad productiva.
En ese contexto, el planteo sostiene que la respuesta no debe limitarse a suprimir remuneraciones, sino que debe orientarse a transformar las actividades improductivas en trabajo que contribuya a la reinserción social.
El antecedente de la iniciativa contra los celulares
La propuesta se suma a un proyecto presentado por Álvaro Martínez en abril pasado, que busca establecer penas de uno a tres años de prisión para los internos que tengan un teléfono móvil en su poder dentro de un establecimiento penitenciario.
La iniciativa prevé elevar la pena a entre tres y cinco años cuando el dispositivo haya sido utilizado para cometer un delito.
Cárceles, telefonía celular, Cámara de Diputados
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