POLITICA
La visita de León XIV a la Argentina: el desafío para la política, las tres misas y la primera definición del papamóvil
La visita de León XIV a la Argentina todavía está a tres meses de distancia, pero los preparativos ya entraron en una etapa decisiva. La Iglesia terminó de montar una estructura específica para organizar el viaje, el Vaticano enviará a fines de agosto una nueva avanzada para revisar los escenarios y cerrar aspectos del itinerario y el Gobierno nacional deberá terminar de definir el dispositivo con el que coordinará un operativo que involucrará a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
Entre las primeras definiciones aparece un detalle que permite dimensionar la complejidad logística de la visita: habrá dos papamóviles. Toyota se ofreció a fabricarlos y donarlos y ya recibió las especificaciones técnicas de la Santa Sede. Serán vehículos abiertos, no blindados, similares a los que utiliza habitualmente León XIV para desplazarse entre los fieles. La decisión de disponer de dos unidades busca facilitar los movimientos durante un viaje que tendrá actividades a cientos de kilómetros de distancia.
El Papa permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y visitará la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. En cada uno de esos lugares habrá una misa multitudinaria. En Buenos Aires, la celebración está proyectada en el Monumento de los Españoles, en Palermo; en Luján será en torno del santuario; y en Córdoba se trabaja sobre el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Son, por ahora, los tres grandes acontecimientos públicos que aparecen como puntos firmes de una agenda que todavía tiene varias actividades bajo análisis de Roma.
Pero detrás de los altares, los papamóviles, los escenarios y las multitudes empieza a aparecer un desafío bastante más complejo. La presencia durante cuatro días del jefe de la Iglesia Católica y jefe del Estado Vaticano obligará a trabajar conjuntamente a administraciones que pertenecen a espacios políticos diferentes y que durante los últimos años mostraron enormes dificultades para construir mecanismos estables de cooperación.
Javier Milei es libertario; Jorge Macri gobierna la Ciudad desde el PRO; Axel Kicillof conduce la provincia de Buenos Aires desde el peronismo; y Martín Llaryora pertenece al peronismo cordobés, distanciado de la conducción formal del PJ. Durante la visita, los cuatro deberán formar parte, en diferentes momentos y con distintas responsabilidades, de un mismo engranaje institucional. No es un dato menor.
La visita de León XIV exigirá a la dirigencia argentina una plasticidad política que hasta ahora no abundó. Seguridad, movimientos del Pontífice, tránsito, servicios sanitarios, infraestructura, voluntarios, recepción de peregrinos y organización de concentraciones multitudinarias obligarán a coordinar decisiones entre Nación y las tres jurisdicciones. A eso se agregará un terreno mucho más delicado: el protocolo, las fotografías y el inevitable interés de cada administración por ocupar un lugar alrededor de un acontecimiento de enorme impacto público.
Para la Iglesia, el objetivo es mantenerse afuera de esas disputas. Las autoridades eclesiásticas consideran imprescindible la participación de los gobiernos locales y pretenden que cada uno tenga el espacio institucional que le corresponde. La seguridad del Pontífice será responsabilidad del Gobierno nacional, pero buena parte de la logística dependerá necesariamente de las administraciones locales.
Kicillof tendrá un papel inevitable durante la jornada en Luján. Llaryora será protagonista de la organización cordobesa. Jorge Macri tendrá bajo su jurisdicción las actividades que se desarrollen en la Ciudad. Y la Casa Rosada deberá conducir el dispositivo nacional y la relación institucional con la delegación vaticana.
La dimensión del desafío contrasta, por ahora, con las diferentes velocidades de la organización.
Del lado de la Iglesia, el esquema ya tiene nombres, funciones y responsabilidades precisas. La Conferencia Episcopal Argentina conformó una comisión nacional, una comisión operativa y equipos específicos en Buenos Aires, Luján y Córdoba.
El coordinador general de la visita es monseñor Raúl Pizarro. Debajo de él funciona una estructura encabezada por el padre Matías Taricco como director operativo y Pablo Sabatte como gerente de proyecto.
El organigrama baja después a áreas específicas: Gonzalo Zavala tiene a su cargo Logística e Infraestructura; Federico Desteffaniz, Voluntarios; el padre Máximo Jurcinovic, Comunicación; Marcelo Cancelliere, Recursos; Constanza Levaggi, Contenidos; y Pedro Inzaurraga, Liturgia y Eventos. A ese último sector se agrega Rodrigo Martínez como responsable del equipo de Liturgia.
La precisión de la estructura permite entender la magnitud de lo que se está preparando. Hay responsables para conseguir recursos, reclutar voluntarios, montar escenarios, organizar las celebraciones y administrar la comunicación de un viaje que movilizará a decenas de miles de personas y que estará sometido a exigencias específicas de la Santa Sede.
Roma interviene hasta en los detalles. Las dimensiones de los altares, las características de los escenarios, el sonido y la infraestructura de las celebraciones deben ajustarse a especificaciones vaticanas. Sobre esos parámetros ya comenzaron a solicitarse presupuestos. No existe margen para montar libremente una escenografía: una parte de las decisiones se toma en la Argentina y otra requiere la aprobación de la Santa Sede.
Ese mecanismo tendrá una instancia fundamental a fines de agosto.
Para entonces está prevista la llegada a Buenos Aires de una nueva avanzada del Vaticano, más numerosa que la anterior y encabezada por monseñor José Salas, un sacerdote mexicano que tiene a su cargo la organización de los viajes papales dentro de la estructura de la Santa Sede.
Salas es uno de los hombres clave de la preparación. La Secretaría de Estado vaticana cuenta con una oficina dedicada específicamente a los viajes internacionales del Pontífice y el religioso mexicano es quien encabeza las misiones que revisan sobre el terreno las condiciones para esas visitas.
No vendrá solo. Se espera que la delegación incluya funcionarios de la Secretaría de Estado, un representante de la Sala de Prensa del Vaticano y miembros vinculados con la seguridad del Papa. Será, por eso, bastante más que una recorrida protocolar.
La avanzada volverá a visitar Luján y Córdoba, revisará escenarios, movimientos y necesidades de seguridad y comenzará a transformar las propuestas que todavía están bajo análisis en un programa definitivo. Será también el momento en el que los enviados de Roma deberán profundizar la coordinación con el Gobierno nacional.
Para entonces, la Casa Rosada necesitará tener perfectamente identificados a sus interlocutores. Hasta ahora, uno de los principales canales con la Iglesia es el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo. Pero un viaje de estas características requiere una estructura que involucre seguridad, protocolo y otras áreas del Estado. La coordinación con los responsables de la seguridad vaticana, en particular, deberá quedar bajo responsabilidad nacional.
La Iglesia tiene a Pizarro y un organigrama ya distribuido. El Vaticano tiene a Salas y su estructura especializada. El próximo paso será terminar de ensamblar esas dos organizaciones con el dispositivo estatal argentino y las administraciones locales.
Avanza el itinerario
En Buenos Aires, una de las decisiones más significativas fue abandonar la idea de utilizar la avenida 9 de Julio para la principal misa multitudinaria. Allí celebró Juan Pablo II durante su histórica visita de 1987, pero la fisonomía de la avenida cambió sustancialmente desde entonces. El Metrobús redujo los espacios disponibles y complicó las condiciones necesarias para montar una celebración de semejante magnitud.
La alternativa elegida es el Monumento de los Españoles. El lugar ofrece una superficie más abierta, mejores posibilidades para distribuir vallas y pantallas y una configuración que facilitaría la visibilidad del altar desde diferentes puntos.
Además de las tres misas masivas, existen otras propuestas que todavía deberán recibir la aprobación definitiva de Roma.
Una de ellas es un encuentro de León XIV con representantes del mundo del trabajo. La idea es reunir sindicalistas, trabajadores, empresarios y dirigentes vinculados con las cuestiones laborales. La Universidad Católica Argentina aparece como posible escenario.
No sería una convocatoria multitudinaria, sino una actividad más acotada, con representantes de los distintos sectores. Si finalmente es incorporada al programa, tendrá una inevitable repercusión política: León XIV llegará a una Argentina atravesada por los efectos de la reforma laboral y por una relación conflictiva entre el Gobierno y buena parte del sindicalismo.
Otra propuesta es realizar un encuentro con jóvenes. En este caso, por la cantidad de personas que podría convocar, se analiza utilizar un estadio y la alternativa más fuerte es River. Tanto la UCA como River son, por ahora, propuestas y no actividades confirmadas.
También está bajo análisis una visita a una institución dedicada a personas con discapacidad. Entre los lugares considerados aparece el Cottolengo Don Orione. Nuevamente, la eventual presencia del Papa tendría una lectura inevitable dentro de la coyuntura argentina por la tensión política que durante los últimos meses rodeó a las políticas destinadas al sector.
Sin embargo, la lógica vaticana excede esa discusión doméstica. Los viajes papales suelen incorporar actividades con personas vulnerables, enfermos, presos o comunidades alejadas de los grandes acontecimientos públicos. En ese mismo sentido se inscribe otra propuesta: una visita a la cárcel de Devoto. Ninguna de las dos actividades fue confirmada todavía por la Santa Sede.
La Iglesia también comenzó a resolver el financiamiento y decidió involucrar formalmente a las comunidades católicas de todo el país. En una carta fechada el 7 de agosto y dirigida a sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y miembros de los Consejos Pastorales, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina comunicó que durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto se realizará en todas las celebraciones eucarísticas una “Colecta Nacional Imperada”. Todo lo recaudado tendrá como destino contribuir a los gastos de organización de la visita de León XIV. El documento lleva las firmas del presidente del Episcopado, Marcelo Colombo; el vicepresidente primero, el cardenal Ángel Rossi; el vicepresidente segundo, César Daniel Fernández; y el secretario general, Raúl Pizarro, quien además quedó como coordinador general de la visita.
En el mensaje, los obispos plantearon que la llegada de un Papa a la Argentina después de 39 años demandará un esfuerzo que excede ampliamente la preparación de las celebraciones religiosas. Enumeraron entre las necesidades la infraestructura, los servicios, los espacios celebrativos, la organización y la comunicación, y convocaron a cada comunidad a involucrarse en los preparativos. La colecta complementará el trabajo que ya realiza un equipo destinado a conseguir aportes de grandes donantes: la estrategia busca así combinar esas contribuciones con las de los fieles y extender la organización de la visita a parroquias y comunidades de todo el país.
La carta de la Conferencia Episcopal expone además el sentido que la Iglesia argentina pretende darle al viaje. Los obispos presentaron a León XIV como un “pastor y signo de unidad” y plantearon su presencia como una oportunidad para promover la fraternidad y una “cultura del encuentro”. La definición adquiere una dimensión particular en el escenario político argentino: el mensaje de unidad que el Episcopado busca colocar alrededor de la visita convivirá con un sistema político atravesado por fuertes niveles de confrontación.
También se trabaja en un concurso para elegir una canción de la visita y en la convocatoria de los voluntarios que participarán en cada una de las ciudades. Parte de esos equipos necesariamente serán locales, otra razón por la que la colaboración de las provincias y de la Ciudad será indispensable.
A medida que avance la organización, esa convivencia institucional adquirirá una dimensión cada vez más política.
Un encuentro con sindicalistas será leído a la luz de la reforma laboral. Una visita a una institución para personas con discapacidad quedará atravesada por el conflicto que protagonizó el sector. Una fotografía con Kicillof tendrá interpretación política. También una con Llaryora o Jorge Macri. Y cualquier ubicación protocolar de Villarruel será observada en función de su relación con Milei.
La reciente misa de bienvenida al nuevo nuncio apostólico, Michael Wallace Banach, dejó una primera señal. Villarruel tuvo allí una presencia destacada, mientras que la representación del Poder Ejecutivo fue reducida. El episodio expuso hasta qué punto incluso una ceremonia religiosa puede quedar atravesada por las tensiones internas del poder.
La Iglesia pretende evitar ese terreno. Su posición es que cada gobierno haga su parte y ocupe el espacio institucional correspondiente, sin trasladar a la organización papal las disputas sobre quién aparece, dónde se sienta o quién consigue una fotografía.
El desafío excederá a la Iglesia
León XIV llegará a un país donde el Papa conserva una dimensión política, cultural y social que desborda ampliamente a la comunidad católica. Y llegará, además, en un momento en el que los principales gobiernos involucrados en su recorrido pertenecen a fuerzas que compiten entre sí.
La visita obligará a todos ellos a aceptar una regla elemental de cualquier viaje de Estado: la organización institucional tiene que estar por encima de las diferencias partidarias.
A fines de agosto, cuando José Salas aterrice nuevamente en Buenos Aires al frente de la avanzada vaticana, comenzará una etapa mucho más intensa. Los enviados de Roma recorrerán los lugares, revisarán las condiciones de seguridad y avanzarán en la definición de las actividades que entrarán en un programa comprimido en cuatro días.
Para entonces habrá una Iglesia con responsabilidades distribuidas, una estructura vaticana especializada, tres gobiernos locales dispuestos a participar y una administración nacional que deberá coordinar buena parte del operativo.
También habrá dos papamóviles en preparación, tres grandes misas proyectadas y una serie de actividades que Roma deberá terminar de aprobar.
Pero detrás de toda esa ingeniería habrá una prueba menos visible y probablemente más difícil: que libertarios, macristas y distintas expresiones del peronismo consigan durante cuatro días la plasticidad necesaria para compartir responsabilidades, coordinar recursos y administrar sus diferencias.
La visita de León XIV será un acontecimiento religioso histórico. Para la política argentina será, además, una prueba de madurez institucional: estar a la altura de una visita de Estado en la que, esta vez, el protagonista será otro.
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El oficialismo en el Senado alcanzó un amplio acuerdo para avanzar con la reforma de la Ley de Salud Mental y buscará dictaminar el proyecto este jueves, con la intención de solicitar una sesión para la próxima semana. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció los principales cambios de la iniciativa junto con las senadoras Ivanna Arrascaeta, presidenta de la Comisión de Salud, y Nadia Márquez, titular de la Comisión de Legislación General.
La propuesta incorporó aportes de legisladores de distintos bloques y de los responsables de las carteras sanitarias de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. En una conferencia de prensa en su despacho, Bullrich destacó que uno de los principales cambios es incorporar la prevención como eje central, dejando atrás el criterio exclusivo del peligro inminente. La propuesta contempla la posibilidad de intervenir cuando una serie de conductas indique que una persona puede hacerse daño o dañar a terceros, incluso cuando no esté en condiciones psíquicas de decidir sobre su propia internación. “Acá hemos incorporado este concepto como central: la actitud preventiva y no el peligro inminente”, explicó.
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La iniciativa dada a conocer implica cambios en los criterios para disponer internaciones involuntarias, el tratamiento de las adicciones y el acompañamiento de los pacientes después del alta.
Entre las modificaciones, Bullrich destacó la incorporación de equipos interdisciplinarios, con participación de psicólogos, psiquiatras y otros profesionales especializados; el reconocimiento del rol de los psicólogos en las evaluaciones y las altas; la capacitación permanente y la protección de los trabajadores de la salud. También señaló que se restituye la cooperación técnica, económica y financiera con las provincias, se amplían los plazos para comunicar determinadas internaciones de 24 a 48 horas y se incorpora la posibilidad de realizar teleconsultas en zonas donde no haya especialistas disponibles.
Las senadoras destacaron los aportes de diferentes bloques entre ellos los legisladores radicales que lidera Eduardo Vischi y en algunos artículos puntuales el bonaerense Maximiliano Abad y la chaqueña, Silvana Schneider. Las bancadas del Pro, que encabeza Martín Goerling Lara, los misioneros de Movimiento Por Misiones que integra el médico Carlos Arce e incluso peronistas que fueron ministros de Salud como el tucumano Juan Manzur.
“Todos estos cambios hacen de esta una de las leyes más discutidas, trabajadas y modificadas”, sostuvo la senadora Patricia Bullrich, y afirmó que las reformas fueron bien recibidas por miles de familias argentinas que atravesaron situaciones complejas vinculadas a la salud mental.
Puntos centrales del proyecto
La iniciativa se divide en varios capítulos que abordan distintas aristas los cambios del dictamen final al proyecto de ley de Salud Mental. Entre ellos los referidos a los equipos interdisciplinarios y participación de los profesionales.
Se incorpora la conformación de equipos según los recursos humanos jurisdiccionales. Se elimina la autorización judicial previa para las internaciones involuntarias. El juez podrá pedir informes o peritajes y dejar sin efecto una internación injustificada. Manteniendo la obligación de notificar al juez y al Órgano de Revisión dentro de las 24 horas de la internación.
Para internaciones voluntarias que superen los 60 días, se elimina la obligación de informar al juez y su evaluación en cinco días. Se mantiene la comunicación al Órgano de Revisión. Si un solo médico decide una internación excepcional por riesgo grave, el plazo para revalidarla mediante un equipo interdisciplinario pasa de 24 a 48 horas.
Se habilita la intervención de psiquiatras mediante teleconsulta sincrónica. Para indicar internaciones, se reemplaza la exigencia de un psiquiatra por la de un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, junto con otro profesional, preferentemente psicólogo. Se reconoce al psicólogo en la evaluación y efectivizarían del alta.
Se restituyen la capacitación permanente y la protección de la salud de los trabajadores.
Sobre el financiamiento para las provincias, se restituye expresamente la cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias para implementar las políticas de salud mental.
En relación a las adicciones se mantiene la inclusión de las adicciones dentro de las políticas de salud mental, tanto las vinculadas con sustancias como las que no las involucran, eliminando la referencia expresa a drogas legales e ilegales. La redacción contempla también problemáticas como la ludopatía. En la Cámara alta hay dos proyectos, uno del Poder Ejecutivo y otro, sancionado por Diputados, que aún no fueron puestos en consideración por las comisiones del Senado.
En el capítulo sobre las Obligaciones de las familias, la referencia a los familiares obligados se limita a padres e hijos, además de representantes legales, cónyuges y convivientes. Se exceptúa a las familias que no estén en condiciones de cumplir esas obligaciones. Se explicita la responsabilidad del Estado de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios. Se incorporan derechos de las familias a recibir información, orientación y herramientas de autocuidado, y a ser escuchadas.
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Se incorpora un régimen específico para niños y adolescentes, con equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de los destinados a adultos. Se contemplan la autonomía progresiva, la confidencialidad, el derecho a ser escuchados y el abordaje familiar y comunitario. La internación en unidades de adultos queda restringida a casos en los que se acredite que no hay otra posibilidad, por el tiempo mínimo indispensable.
La norma contempla la prohibición y creación de manicomios y el desarrollo de prácticas manicomiales. Se restituye un catálogo de dispositivos de atención, entre ellos atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación socio laboral, reforzando las políticas de promoción y prevención.
Sobre las internaciones prolongadas, se exige un plan de egreso desde el diagnóstico, con objetivos para el alta y recursos de apoyo. Se considera prolongada la internación que supere los 180 días, consecutivos o acumulados por reinternaciones durante dos años. En esos casos, el Órgano de Revisión deberá intervenir de oficio de manera inmediata. Exceptuando a los pacientes cuya problemática sea exclusivamente social. Se crea, además, un registro de internaciones prolongadas.
Sobre directivas anticipadas, se incorpora el derecho a consentir o rechazar anticipadamente tratamientos y a designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Las directivas deberán respetarse, salvo que impliquen un riesgo grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros.
salud mental, Senado, Patricia Bullrich
POLITICA
En Washington, Quirno firmó un protocolo adicional para acelerar la aprobación del acuerdo comercial con EE.UU. en el Congreso
WASHINGTON.- En el marco del viaje del presidente Javier Milei a esta capital, el canciller Pablo Quirno mantuvo una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con quien firmó un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) que fue suscripto entre ambos funcionarios en febrero pasado.
Según explicó el canciller, el protocolo permitirá la remisión del ARTI al Congreso para su aprobación, un ambicioso acuerdo que tiene como objetivo reducir barreras comerciales, fomentar inversiones e integrar cadenas de valor en el marco de la alianza estratégica entre ambas administraciones. Restan conocer detalles del protocolo adicional para saber si se estableció algún tipo de cronograma.
“El protocolo consolida la previsibilidad para las exportaciones argentinas al mercado norteamericano. Estados Unidos reafirma su compromiso con el trato arancelario de Nación Más Favorecida para los productos argentinos en los términos acordados y reconoce el cumplimiento por parte de la Argentina de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo”, explicó el canciller a través de su cuenta de X. Quirno estuvo acompañado en el encuentro por el embajador argentino, Alec Oxenford.
En una reciente visita a Buenos Aires, donde se reunió con Quirno y con el ministro de Economía, Luis Caputo, el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman, había remarcado la importancia de la ratificación del ARTI “para concretar la visión económica compartida” entre ambas administraciones.
“Estados Unidos seguirá honrando sus compromisos y entiende que el gobierno argentino ha hecho avances significativos y tiene la intención de cumplir también los suyos, incluyendo la reducción de aranceles a bienes estadounidenses”, había señalado la embajada de Estados Unidos mediante un comunicado. Goettman también participó del encuentro de este miércoles en la sede del USTR junto a Greer, Quirno y Oxenford.
“Es un paso más en una agenda de comercio, financiamiento e inversiones de nueva generación, que abarca reducción de aranceles, de barreras no arancelarias y armonización de estándares, e incluye acceso para nuestros productos al mercado de la primera economía del mundo”, señaló Quirno al hacer el anuncio. El canciller había llegado esta mañana a Washington junto al líder libertario y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Tras una reconfiguración arancelaria general dictada en julio por el gobierno de Trump a un grupo de 60 socios comerciales, la Argentina había quedado ubicada en la escala más baja con un arancel adicional del 10%, lo que representó una ventaja frente a otros países de la región (como Brasil). Fue la misma posición que cuando se selló el acuerdo firmado en febrero por Greer y Quirno en Washington.
Respecto a los 1675 productos argentinos a los que Estados Unidos les había eliminado los aranceles en virtud del acuerdo firmado en febrero -y que permitiría recuperar exportaciones por US$1013 millones- se mantuvieron en nivel cero, sin verse afectados por ese mecanismo lanzado por el USTR.
En el marco del ARTI, el Gobierno se comprometió a avanzar en la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que en agosto tuvo el visto bueno para la ratificación en la Cámara de Diputados, pero con modificaciones, por lo que el proyecto volvió al Senado para su tratamiento.
Está previsto que el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria del Senado lo traten en la tarde del jueves.
Por otra parte, Quirno tenía previsto reunirse esta tarde con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de argentinos, con quien repasaría la agenda bilateral en distintos ejes, como el acuerdo de financiamiento con Washington para inversiones en infraestructura, según supo . El funcionario ocupa un rol clave en la política exterior de Trump para América Latina.
Quirno sostuvo que en el acuerdo comercial con Estados Unidos se enmarca el megapaquete de financiamiento presentado en Nueva York por unos US$7000 millones con el fin de desarrollar obras de infraestructura en la Argentina para acelerar las exportaciones de minerales críticos, materias primas y energía, a través del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM), la agencia oficial de crédito a la exportación del gobierno norteamericano.
A ello se suman los instrumentos de financiamiento lanzados por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés).
@USTradeRep,pic.twitter.com/8HEOqhcav0,October 14, 2026,acuerdo de financiamiento con Washington para inversiones en infraestructura,Guillermo Idiart,Donald Trump,Estados Unidos,Javier Milei,Conforme a
POLITICA
Las universidades dicen que la multa contra el Gobierno es “muy importante”, pero sostienen el reclamo
A horas de una nueva marcha en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno analiza apelar tanto la multa diaria que la Justicia le impuso a Diego Santilli por incumplir una medida cautelar como el fallo que ordenó aplicar la norma, mientras sostiene que ya realizó aumentos salariales significativos para el sector y que no puede asumir mayores erogaciones sin afectar el equilibrio fiscal.
Recientemente, el juez federal Martín Cormick fijó en $100.000 diarios los “astreintes” contra el jefe de Gabinete, por no actualizar los salarios docentes y no docentes ni garantizar el fondo de becas previsto en la iniciativa que aprobó el Congreso.
La resolución respondió a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había advertido que el Estado continuaba sin cumplir la cautelar confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio pasado.
El Poder Ejecutivo había pedido que la apelación contra el fallo tuviera efecto suspensivo, para así evitar tener que afrontar los gastos hasta que se resuelva la cuestión de fondo, algo que el magistrado rechazó.
La administración libertaria remarca que, desde diciembre de 2023, otorgó aumentos que, sumados a la suba del 21,33% dispuesta en junio, llevaron el incremento acumulado al 226,80%, un porcentaje que consideran acorde con lo exigido por la cautelar.
En paralelo, en la Casa Rosada analizan apelar también la sentencia de primera instancia que declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025, con la que el Poder Ejecutivo había condicionado la implementación de la ley a que el Congreso definiera las partidas presupuestarias correspondientes.
La Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, lidera esa estrategia judicial, aunque por el momento no se tomó ninguna acción concreta y se siguen analizando los pasos a seguir.
En tanto, en el ámbito universitario celebraron la sanción económica contra Santilli y confiaron en que puede ser una decisión “que ayude a que las autoridades nacionales recapaciten”.
“No me paro de sorprender… ¡un Gobierno multado por no cumplir una ley! No recuerdo antecedente de algo así. Independientemente del monto o la persona, que por lo que dice el juez ’pueden cambiar’”, opinó a Infobae un alto representante de una casa de estudio.
Al respecto, el rector advirtió que, con esta sentencia, Cormick “deja claro que puede ampliar el monto y la cantidad de funcionarios” alcanzados, por lo que consideró que “más de uno se va a preocupar”.
“Le pueden exigir más plata si continúa incumpliendo lo que determinó la Justicia y se puede agregar a otras personas involucradas. Es un papelón institucional”, sostienen.
A su vez, Franco Bartolacci, presidente del CIN e impulsor de la demanda, destacó que la medida del juez es “muy importante como inicio y antecedente en el proceso judicial que sigue su curso”.
“Nosotros lo habíamos notificado de que había vencido el plazo y no se había cumplido la norma, por lo que habíamos solicitado se apliquen las multas correspondientes. No solo es importante que haya fijado multa diaria, sino que lo haya hecho responsabilizando a una autoridad competente, y no sobre el Estado vagamente“, comentó.
Y agregó: “Hay que seguir, porque el proceso judicial continúa, pero es un paso muy importante que valoramos y esperamos, como con todos los pasos que venimos dando con mucha responsabilidad en todos los ámbitos, nos conduzcan a una respuesta”.
Por su parte, el vocero presidencial, Adrián Ravier, amplió la postura oficial durante la conferencia de prensa de este martes y al ser consultado sobre la marcha convocada para este jueves, remarcó que el Ejecutivo “respeta la libertad de expresión, pero pide “que sea pacífica”.
“Hemos visto una gran cantidad de videos en estos últimos días de cómo ciertas personas violentamente rompieron y entraron en la Secretaría de Educación exigiendo cosas”, cuestionó.
Sobre el reclamo salarial, el funcionario defendió la gestión de Pettovello y detalló los aumentos otorgados. “La realidad es que este Gobierno ha hecho esfuerzos enormes por mejorar los salarios de los docentes, con el aumento del 24%, otro aumento del tres por ciento, con Sandra Pettovello sentándose con los gremios para darles una solución, y seguimos trabajando”, afirmó.
Ravier también fue categórico respecto del límite fiscal y ratificó que la administración nacional “no va a emitir, ni a tomar deuda y se maneja con lo que se recauda de impuestos”.
“El esfuerzo está, la conciencia está, el mensaje a todos es: nos importa la educación, pero también aprovecho para decir que lo que ha hecho el kirchnerismo con la educación es calamitoso”, criticó.
En ese sentido, sostuvo que “hoy muchos chicos tienen la libertad de estudiar en las universidades, pero cuando llegan a la universidad y chocan con el primer material bibliográfico, los libros, los exámenes, abandonan”.
“Toda esta gente que dice preocuparse por la educación y no marchaba, marcha ante este Gobierno por su carácter liberal. Entonces, ¿es una marcha política o es una marcha por la educación?”, planteó.
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