POLITICA
La visita de León XIV a la Argentina: el desafío para la política, las tres misas y la primera definición del papamóvil
La visita de León XIV a la Argentina todavía está a tres meses de distancia, pero los preparativos ya entraron en una etapa decisiva. La Iglesia terminó de montar una estructura específica para organizar el viaje, el Vaticano enviará a fines de agosto una nueva avanzada para revisar los escenarios y cerrar aspectos del itinerario y el Gobierno nacional deberá terminar de definir el dispositivo con el que coordinará un operativo que involucrará a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
Entre las primeras definiciones aparece un detalle que permite dimensionar la complejidad logística de la visita: habrá dos papamóviles. Toyota se ofreció a fabricarlos y donarlos y ya recibió las especificaciones técnicas de la Santa Sede. Serán vehículos abiertos, no blindados, similares a los que utiliza habitualmente León XIV para desplazarse entre los fieles. La decisión de disponer de dos unidades busca facilitar los movimientos durante un viaje que tendrá actividades a cientos de kilómetros de distancia.
El Papa permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y visitará la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. En cada uno de esos lugares habrá una misa multitudinaria. En Buenos Aires, la celebración está proyectada en el Monumento de los Españoles, en Palermo; en Luján será en torno del santuario; y en Córdoba se trabaja sobre el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Son, por ahora, los tres grandes acontecimientos públicos que aparecen como puntos firmes de una agenda que todavía tiene varias actividades bajo análisis de Roma.
Pero detrás de los altares, los papamóviles, los escenarios y las multitudes empieza a aparecer un desafío bastante más complejo. La presencia durante cuatro días del jefe de la Iglesia Católica y jefe del Estado Vaticano obligará a trabajar conjuntamente a administraciones que pertenecen a espacios políticos diferentes y que durante los últimos años mostraron enormes dificultades para construir mecanismos estables de cooperación.
Javier Milei es libertario; Jorge Macri gobierna la Ciudad desde el PRO; Axel Kicillof conduce la provincia de Buenos Aires desde el peronismo; y Martín Llaryora pertenece al peronismo cordobés, distanciado de la conducción formal del PJ. Durante la visita, los cuatro deberán formar parte, en diferentes momentos y con distintas responsabilidades, de un mismo engranaje institucional. No es un dato menor.
La visita de León XIV exigirá a la dirigencia argentina una plasticidad política que hasta ahora no abundó. Seguridad, movimientos del Pontífice, tránsito, servicios sanitarios, infraestructura, voluntarios, recepción de peregrinos y organización de concentraciones multitudinarias obligarán a coordinar decisiones entre Nación y las tres jurisdicciones. A eso se agregará un terreno mucho más delicado: el protocolo, las fotografías y el inevitable interés de cada administración por ocupar un lugar alrededor de un acontecimiento de enorme impacto público.
Para la Iglesia, el objetivo es mantenerse afuera de esas disputas. Las autoridades eclesiásticas consideran imprescindible la participación de los gobiernos locales y pretenden que cada uno tenga el espacio institucional que le corresponde. La seguridad del Pontífice será responsabilidad del Gobierno nacional, pero buena parte de la logística dependerá necesariamente de las administraciones locales.
Kicillof tendrá un papel inevitable durante la jornada en Luján. Llaryora será protagonista de la organización cordobesa. Jorge Macri tendrá bajo su jurisdicción las actividades que se desarrollen en la Ciudad. Y la Casa Rosada deberá conducir el dispositivo nacional y la relación institucional con la delegación vaticana.
La dimensión del desafío contrasta, por ahora, con las diferentes velocidades de la organización.
Del lado de la Iglesia, el esquema ya tiene nombres, funciones y responsabilidades precisas. La Conferencia Episcopal Argentina conformó una comisión nacional, una comisión operativa y equipos específicos en Buenos Aires, Luján y Córdoba.
El coordinador general de la visita es monseñor Raúl Pizarro. Debajo de él funciona una estructura encabezada por el padre Matías Taricco como director operativo y Pablo Sabatte como gerente de proyecto.
El organigrama baja después a áreas específicas: Gonzalo Zavala tiene a su cargo Logística e Infraestructura; Federico Desteffaniz, Voluntarios; el padre Máximo Jurcinovic, Comunicación; Marcelo Cancelliere, Recursos; Constanza Levaggi, Contenidos; y Pedro Inzaurraga, Liturgia y Eventos. A ese último sector se agrega Rodrigo Martínez como responsable del equipo de Liturgia.
La precisión de la estructura permite entender la magnitud de lo que se está preparando. Hay responsables para conseguir recursos, reclutar voluntarios, montar escenarios, organizar las celebraciones y administrar la comunicación de un viaje que movilizará a decenas de miles de personas y que estará sometido a exigencias específicas de la Santa Sede.
Roma interviene hasta en los detalles. Las dimensiones de los altares, las características de los escenarios, el sonido y la infraestructura de las celebraciones deben ajustarse a especificaciones vaticanas. Sobre esos parámetros ya comenzaron a solicitarse presupuestos. No existe margen para montar libremente una escenografía: una parte de las decisiones se toma en la Argentina y otra requiere la aprobación de la Santa Sede.
Ese mecanismo tendrá una instancia fundamental a fines de agosto.
Para entonces está prevista la llegada a Buenos Aires de una nueva avanzada del Vaticano, más numerosa que la anterior y encabezada por monseñor José Salas, un sacerdote mexicano que tiene a su cargo la organización de los viajes papales dentro de la estructura de la Santa Sede.
Salas es uno de los hombres clave de la preparación. La Secretaría de Estado vaticana cuenta con una oficina dedicada específicamente a los viajes internacionales del Pontífice y el religioso mexicano es quien encabeza las misiones que revisan sobre el terreno las condiciones para esas visitas.
No vendrá solo. Se espera que la delegación incluya funcionarios de la Secretaría de Estado, un representante de la Sala de Prensa del Vaticano y miembros vinculados con la seguridad del Papa. Será, por eso, bastante más que una recorrida protocolar.
La avanzada volverá a visitar Luján y Córdoba, revisará escenarios, movimientos y necesidades de seguridad y comenzará a transformar las propuestas que todavía están bajo análisis en un programa definitivo. Será también el momento en el que los enviados de Roma deberán profundizar la coordinación con el Gobierno nacional.
Para entonces, la Casa Rosada necesitará tener perfectamente identificados a sus interlocutores. Hasta ahora, uno de los principales canales con la Iglesia es el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo. Pero un viaje de estas características requiere una estructura que involucre seguridad, protocolo y otras áreas del Estado. La coordinación con los responsables de la seguridad vaticana, en particular, deberá quedar bajo responsabilidad nacional.
La Iglesia tiene a Pizarro y un organigrama ya distribuido. El Vaticano tiene a Salas y su estructura especializada. El próximo paso será terminar de ensamblar esas dos organizaciones con el dispositivo estatal argentino y las administraciones locales.
Avanza el itinerario
En Buenos Aires, una de las decisiones más significativas fue abandonar la idea de utilizar la avenida 9 de Julio para la principal misa multitudinaria. Allí celebró Juan Pablo II durante su histórica visita de 1987, pero la fisonomía de la avenida cambió sustancialmente desde entonces. El Metrobús redujo los espacios disponibles y complicó las condiciones necesarias para montar una celebración de semejante magnitud.
La alternativa elegida es el Monumento de los Españoles. El lugar ofrece una superficie más abierta, mejores posibilidades para distribuir vallas y pantallas y una configuración que facilitaría la visibilidad del altar desde diferentes puntos.
Además de las tres misas masivas, existen otras propuestas que todavía deberán recibir la aprobación definitiva de Roma.
Una de ellas es un encuentro de León XIV con representantes del mundo del trabajo. La idea es reunir sindicalistas, trabajadores, empresarios y dirigentes vinculados con las cuestiones laborales. La Universidad Católica Argentina aparece como posible escenario.
No sería una convocatoria multitudinaria, sino una actividad más acotada, con representantes de los distintos sectores. Si finalmente es incorporada al programa, tendrá una inevitable repercusión política: León XIV llegará a una Argentina atravesada por los efectos de la reforma laboral y por una relación conflictiva entre el Gobierno y buena parte del sindicalismo.
Otra propuesta es realizar un encuentro con jóvenes. En este caso, por la cantidad de personas que podría convocar, se analiza utilizar un estadio y la alternativa más fuerte es River. Tanto la UCA como River son, por ahora, propuestas y no actividades confirmadas.
También está bajo análisis una visita a una institución dedicada a personas con discapacidad. Entre los lugares considerados aparece el Cottolengo Don Orione. Nuevamente, la eventual presencia del Papa tendría una lectura inevitable dentro de la coyuntura argentina por la tensión política que durante los últimos meses rodeó a las políticas destinadas al sector.
Sin embargo, la lógica vaticana excede esa discusión doméstica. Los viajes papales suelen incorporar actividades con personas vulnerables, enfermos, presos o comunidades alejadas de los grandes acontecimientos públicos. En ese mismo sentido se inscribe otra propuesta: una visita a la cárcel de Devoto. Ninguna de las dos actividades fue confirmada todavía por la Santa Sede.
La Iglesia también comenzó a resolver el financiamiento y decidió involucrar formalmente a las comunidades católicas de todo el país. En una carta fechada el 7 de agosto y dirigida a sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y miembros de los Consejos Pastorales, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina comunicó que durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto se realizará en todas las celebraciones eucarísticas una “Colecta Nacional Imperada”. Todo lo recaudado tendrá como destino contribuir a los gastos de organización de la visita de León XIV. El documento lleva las firmas del presidente del Episcopado, Marcelo Colombo; el vicepresidente primero, el cardenal Ángel Rossi; el vicepresidente segundo, César Daniel Fernández; y el secretario general, Raúl Pizarro, quien además quedó como coordinador general de la visita.
En el mensaje, los obispos plantearon que la llegada de un Papa a la Argentina después de 39 años demandará un esfuerzo que excede ampliamente la preparación de las celebraciones religiosas. Enumeraron entre las necesidades la infraestructura, los servicios, los espacios celebrativos, la organización y la comunicación, y convocaron a cada comunidad a involucrarse en los preparativos. La colecta complementará el trabajo que ya realiza un equipo destinado a conseguir aportes de grandes donantes: la estrategia busca así combinar esas contribuciones con las de los fieles y extender la organización de la visita a parroquias y comunidades de todo el país.
La carta de la Conferencia Episcopal expone además el sentido que la Iglesia argentina pretende darle al viaje. Los obispos presentaron a León XIV como un “pastor y signo de unidad” y plantearon su presencia como una oportunidad para promover la fraternidad y una “cultura del encuentro”. La definición adquiere una dimensión particular en el escenario político argentino: el mensaje de unidad que el Episcopado busca colocar alrededor de la visita convivirá con un sistema político atravesado por fuertes niveles de confrontación.
También se trabaja en un concurso para elegir una canción de la visita y en la convocatoria de los voluntarios que participarán en cada una de las ciudades. Parte de esos equipos necesariamente serán locales, otra razón por la que la colaboración de las provincias y de la Ciudad será indispensable.
A medida que avance la organización, esa convivencia institucional adquirirá una dimensión cada vez más política.
Un encuentro con sindicalistas será leído a la luz de la reforma laboral. Una visita a una institución para personas con discapacidad quedará atravesada por el conflicto que protagonizó el sector. Una fotografía con Kicillof tendrá interpretación política. También una con Llaryora o Jorge Macri. Y cualquier ubicación protocolar de Villarruel será observada en función de su relación con Milei.
La reciente misa de bienvenida al nuevo nuncio apostólico, Michael Wallace Banach, dejó una primera señal. Villarruel tuvo allí una presencia destacada, mientras que la representación del Poder Ejecutivo fue reducida. El episodio expuso hasta qué punto incluso una ceremonia religiosa puede quedar atravesada por las tensiones internas del poder.
La Iglesia pretende evitar ese terreno. Su posición es que cada gobierno haga su parte y ocupe el espacio institucional correspondiente, sin trasladar a la organización papal las disputas sobre quién aparece, dónde se sienta o quién consigue una fotografía.
El desafío excederá a la Iglesia
León XIV llegará a un país donde el Papa conserva una dimensión política, cultural y social que desborda ampliamente a la comunidad católica. Y llegará, además, en un momento en el que los principales gobiernos involucrados en su recorrido pertenecen a fuerzas que compiten entre sí.
La visita obligará a todos ellos a aceptar una regla elemental de cualquier viaje de Estado: la organización institucional tiene que estar por encima de las diferencias partidarias.
A fines de agosto, cuando José Salas aterrice nuevamente en Buenos Aires al frente de la avanzada vaticana, comenzará una etapa mucho más intensa. Los enviados de Roma recorrerán los lugares, revisarán las condiciones de seguridad y avanzarán en la definición de las actividades que entrarán en un programa comprimido en cuatro días.
Para entonces habrá una Iglesia con responsabilidades distribuidas, una estructura vaticana especializada, tres gobiernos locales dispuestos a participar y una administración nacional que deberá coordinar buena parte del operativo.
También habrá dos papamóviles en preparación, tres grandes misas proyectadas y una serie de actividades que Roma deberá terminar de aprobar.
Pero detrás de toda esa ingeniería habrá una prueba menos visible y probablemente más difícil: que libertarios, macristas y distintas expresiones del peronismo consigan durante cuatro días la plasticidad necesaria para compartir responsabilidades, coordinar recursos y administrar sus diferencias.
La visita de León XIV será un acontecimiento religioso histórico. Para la política argentina será, además, una prueba de madurez institucional: estar a la altura de una visita de Estado en la que, esta vez, el protagonista será otro.
Europe,Religion / Belief
La mesa política se reunió este martes, tras una semana de cruces internos y pases de facturas, que incluyeron la queja pública de Patricia Bullrich, que cuestionó que en la última reunión no se hubiera tratado el tema de los recortes en Discapacidad que el Gobierno introdujo unas horas después en el proyecto de presupuesto 2027.
El encuentro tuvo asistencia casi perfecta, incluida la presencia de Karina Milei, que se quedó en el país y no acompañó, como habitualmente hace, a su hermano, Javier Milei, en el viaje a Nueva York. Estuvieron ausente Luis Caputo, ministro de Economía, quien sí viajó, y el asesor Santiago Caputo.
“Nada raro. Nadie se peleó con nadie”, ironizaron cerca del asesor presidencial sobre su ausencia. Dijeron fuentes de su entorno que había avisado de antemano sobre su ausencia y que estaba con otras tareas.
El jueves, horas después de conocido el dato del ajuste previsto en el área de Discapacidad, Bullrich tomó distancia del tema con duras críticas a la mesa política que integra, y que, según ella misma contó, no abordó el tema en el último encuentro, que duró casi tres horas y se extendió hasta minutos antes de que se conociera el proyecto de presupuesto.
Al día siguiente, la funcionaria publicó un video en sus redes, con la canción “No me importa” de la cantante Lali Espósito, contra quien el presidente ha arremetido en varias ocasiones.
Sin embargo, al ser consultado por el tema, el mandatario le bajó el tono. Cerca de Karina Milei explicaron en las últimas horas a que el de la “mesa política” es uno de los asuntos por los que decidió quedarse en el país, pero agregaron que también en su decisión sopesaron otros factores. Entre ellos, “la reestructuración que se está llevando adelante en Olivos”, con el traspaso de atribuciones a la Casa Militar, las denuncias de filtraciones y el despido de más de diez empleados.
En las últimas horas, cuando en la Casa Rosada ya apostaban a que bajarían las repercusiones de los dichos de Bullrich, ella redobló su embestida. Fue cuando en la noche de este domingo, en LN+, Bullrich ratificó su postura contra un recorte en el presupuesto de Discapacidad.
“Cuando lo vi, dije: esto es ir a chocar directo contra la pared”, mencionó Bullrich. Y allí sumó críticas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien el sábado aseguró que se había hablado el tema de Discapacidad en la reunión de mesa política, pero luego de que Bullrich se retirara rumbo al Senado.
“Patricia se tuvo que ir antes”, dijo Santilli a los medios el sábado. Bullrich lo contradijo el domingo a la noche: “Eso es mentira. Cuando se habló del presupuesto, yo estaba. Martín Menem se quedó tres minutos más que yo y tampoco sabía nada”, declaró la senadora de LLA e insistió: “Eso de que después lo hablaron, no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir algo que no fue así. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos“.
Bullrich y Santilli habían hablado el jueves, después de que la senadora hiciera sus declaraciones en Radio Rivadavia, en las que habló de la sorpresa que le generó conocer el Presupuesto y la falta de diálogo en la mesa. Luego de eso no habló con ningún otro miembro de ese cónclave, según dijeron a distintas fuentes.
Este domingo, Bullrich ironizó sobre la reunión de hoy de la mesa política: “Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final”.
La agenda de Santilli
Este martes por la mañana, Santilli se reunió con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en busca de conseguir apoyos para los planes legislativos del Gobierno. La semana pasada ya lo hizo con otros seis mandatarios provinciales, entre ellos Gustavo Sáenz, Juan Pablo Valdés, Raúl Jalil, Gustavo Melella, Carlos Sadir y Osvaldo Jaldo.
Todo lo relativo a la agenda legislativa se espera que sea parte de la hoja de ruta de la reunión de hoy. Ayer, en el Gobierno juraban que no habría recelos con Bullrich. “Patricia es Patricia”, decían. Y agregaban: “Por estos días, esa definición está más vigente que nunca”.
denuncias de filtraciones,ratificó su postura,Cecilia Devanna,Karina Milei,Conforme a
POLITICA
Conflicto universitario: la Justicia intimó al Gobierno para que cumpla con la Ley de Financiamiento
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 dio lugar a la medida cautelar que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó que el Gobierno nacional cumpla con lo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario.
El reclamo de los gremios de las universidades nacionales se sostiene en que el Poder Ejecutivo aplique la recomposición del 32,5% que los salarios perdieron durante los primeros años de la administración de Javier Milei. Además, que se actualicen las partidas para las becas destinadas a los alumnos.
La medida firmada por el juez Martín Cormick señaló que el Gobierno tiene un plazo de cinco días para cumplir con la normativa, “bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”.
Los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 —que la cautelar ordena aplicar— regulan dos aspectos centrales del sistema universitario público: la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y la recomposición de todos los programas estudiantiles.
La disputa tiene un recorrido judicial extenso. El juez Cormick dictó la cautelar original en diciembre de 2025, tras el amparo colectivo que impulsaron representantes del CIN y de distintas casas de estudio nacionales. El planteo central busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo subordinó la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa medida al entender que el Estado no había logrado desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por los representantes universitarios. El tribunal de alzada también advirtió que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender, y señaló que el ahorro derivado de no aplicar la norma no resultaba significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional.
El Gobierno intentó frenar el proceso por distintas vías: recusó a los jueces intervinientes y solicitó la excusación de los integrantes de la Corte Suprema bajo el argumento de que ejercen la docencia universitaria. Ambos planteos fueron rechazados. El 25 de junio, los tres ministros del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— desestimaron el recurso extraordinario del Ejecutivo por falta de sentencia definitiva y dejaron firme la cautelar. Aunque la resolución no tuvo efectos económicos inmediatos —dado que para esa fecha ya existía un acuerdo firmado—, representó un aval implícito a la vigencia de la ley.
Ese acuerdo había tomado forma el 10 de junio, cuando la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones gremiales docentes y no docentes suscribieron un acta en la que el Estado se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios de $50.000.000.000. El texto también contempló una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano a partir de junio y fijó un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para continuar las negociaciones paritarias. Para el Ejecutivo, ese convenio satisfacía “en lo sustancial” los artículos 5 y 6 de la ley y eliminaba el riesgo que había motivado la medida cautelar original. Sin embargo, las universidades recordaron que el propio Estado había aclarado al firmar que el acta no implicaba abandonar su postura en el proceso judicial. Desde el CIN calificaron el acuerdo como “una gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo” y argumentaron que el convenio no cubría todos los requisitos que la norma establece.
Con ese telón de fondo, el Gobierno solicitó formalmente el levantamiento de la cautelar. El 1 de septiembre, Cormick rechazó el pedido. En su resolución, el magistrado concluyó que “el Estado Nacional no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente” de los acuerdos “en relación a los perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, ni que exista “una definición efectiva y final” sobre el deterioro de ingresos y la pérdida salarial del colectivo afectado. El juez sostuvo que, ante la situación planteada por los actores, “mal puede considerarse superado el peligro en la demora” y aclaró que el rechazo no implica adelantar criterio sobre el fondo del litigio.
El conflicto encontró un nuevo punto de quiebre el 17 de septiembre, cuando fracasó la ronda paritaria convocada por la Secretaría de Educación en el Palacio Pizzurno. La cartera ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una propuesta que todos los sindicatos rechazaron de forma unánime. La oferta fue idéntica a la presentada a comienzos de mes. Ante ese resultado, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) confirmaron un paro escalonado de 23 días con actividades de visibilización en cada repartición y unidad académica, que comenzó el lunes 21 de septiembre en el Rectorado y se extenderá hasta el 22 de octubre.
El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, fue directo al caracterizar la situación: “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial”, declaró.
La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) también tomó posición. Su secretario general, Daniel Ricci, afirmó: “Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes”.
Como punto de confluencia del plan de acción, el 15 de octubre se realizará frente al Palacio de Tribunales la quinta edición de la Marcha Federal Universitaria, la segunda en lo que va del año.
POLITICA
Con el apoyo de La Libertad Avanza, Jorge Macri activa un proceso para destituir a la jueza que evitó aplicar el régimen penal juvenil
El ministro de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, anunció que presentará hoy ante el Consejo de la Magistratura porteño un pedido para activar el proceso de destitución de la jueza porteña Laura De Marinis, que declaró la inconstitucionalidad de un artículo del régimen penal juvenil. La Libertad Avanza (LLA) acompañará el intento de remover a la magistrada, mientras el Partido Justicialista (PJ) critica la denuncia y sostiene que el proceso no avanzará.
Tapia informó a que la presentación que realizará este martes llevará su firma y que cuenta con el respaldo del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien ayer anunció que pedirían “inmediatamente el juicio político”.
“Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre”, escribió en la red social X.
De Marinis declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la ley que bajó la punibilidad a los 14 años y sobreseyó a un menor de esa edad que, junto con un grupo de chicos, había sido detenido en flagrancia por un intento de robo. No fue una declaración genérica de inconstitucionalidad de la nueva ley; la jueza sostuvo que, en el caso concreto de este joven, la reforma no podía ser aplicada.
Tapia subrayó esto mismo. “La ley sigue vigente”, advirtió.
“Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por la falta de respuesta del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros”, había afirmado la jueza De Marinis en su resolución.
Desde anoche, LLA manifestó la necesidad de avanzar en el pedido de “juicio político” contra la jueza. “Instamos a todos los bloques a pedir el juicio político”, escribió Pilar Ramírez, jefa del bloque libertario en la Legislatura.
A nivel nacional, LLA impulsó la reforma del régimen penal juvenil. En el Congreso, Pro acompañó y el PJ se opuso.
“Vamos a acompañar el pedido de juicio político que planteó el jefe de gobierno”, aseguró Solana Pelayo (LLA), titular de la comisión de Justicia de la Legislatura. Al menos de momento, los libertarios no presentarán una denuncia diferente a la del ministro de Justicia, confirmaron fuentes legislativas a .
Un diputado de la bancada dijo a que están “dispuestos a ayudar y avanzar” con el intento de remoción de la magistrada. Ahora están evaluando la parte “técnica” del asunto, dijeron.
Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores libertarios y una de las principales impulsoras de la baja de la edad de imputabilidad, también cuestionó la decisión de la magistrada: “Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas. Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”.
En el PJ aún no se pronunciaron públicamente sobre la resolución de la jueza, pero fuera de micrófono cuestionaron las declaraciones de Jorge Macri y relativizaron la chance de que avance un proceso de destitución.
Ante la consulta de , en el bloque del PJ dijeron que “hasta ahora es todo biri biri”. Asimismo, defendieron el proceder de la jueza: “Actuó de acuerdo a sus convicciones del derecho y no a una postura política”. Y plantearon que “el contenido de una sentencia” no sería una “causal” suficiente para convocar a un jurado de enjuiciamiento.
El bloque peronista Fuerza por Buenos Aires es virtualmente conducido por Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación y pieza clave del PJ porteño.
Entretanto, la legisladora porteña Viviana Biasi (FIT/PO) cuestionó a Jorge Macri y a Pilar Ramírez por “el intento de perseguir a la jueza De Marinis con un juicio político”. Y completó: “Estos millonarios en el poder no dudan en tomar de rehén a un adolescente vulnerable de 14 años para armar sus campañas políticas reaccionarias que buscan tapar sus estruendosos fracasos en el gobierno”.
En función de antecedentes similares, una fuente del Consejo de la Magistratura porteño sugirió a que la avanzada contra De Marinis podría quedar congelada. “Tiene que tener una muy buena fundamentación [el pedido de un jury]. El 95% de las veces no pasa la comisión”.
Del proceso de remoción de un juez de primera instancia participan tanto el Consejo de la Magistratura local, que recibe la denuncia y decide si avanza con ella, como un jurado de enjuiciamiento de nueve integrantes (tres legisladores, tres abogados y tres jueces –siendo uno de ellos del Tribunal Superior–), de acuerdo a los artículos 116 y 121 de la Constitución porteña.
Mientras el mundillo político avanza por la vía del pedido de un jury, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad apeló el fallo de De Marinis y pidió su apartamiento. La presentación fue hecha por Mauro Tereszko, fiscal coordinador, y Paula Raffa Pirra, auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil. “Hallamos una debilidad enorme en varios de los fundamentos de la jueza”, sostuvo Eduardo Riggi, a cargo de la Fiscalía General Adjunta en lo Penal y Contravencional porteña, en una entrevista con Radio Mitre.
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