POLITICA
La visita del Papa forzó al Gobierno y a la Iglesia a retomar gestos y dejar las diferencias en un segundo plano
Acuerdos en objetivos institucionales y fuertes tensiones en el terreno social. En esa doble lógica se explica hoy la relación entre el gobierno de Javier Milei y la Iglesia, que llevaron adelante un trabajo de acercamiento, en medio de las diferencias, para lograr la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina.
Esa tarea de cooperación, en la que la Santa Sede tuvo una participación decisiva, no impidió que 48 horas después del anuncio volvieran a salir a la luz las diferencias por la crisis social. El viernes, en un duro mensaje en la misa por San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, golpeó en el corazón del ideario libertario, al advertir que “la libertad económica no puede ser absoluta”, además de exigir respuestas para los pobres y los endeudados. Es uno de los tres obispos argentinos que recibirá y acompañará a León XIV en su diócesis.
Las palabras de García Cuerva fueron, quizás, un anticipo de que el mensaje que traerá León XIV en su visita de tres días a la Argentina –del 8 al 11 de noviembre- estará en plena sintonía con la agenda que se referencia con la justicia social y un papel más activo del Estado frente a las desigualdades y el desorden de la economía. Claves y definiciones de una Iglesia cercana a los pobres, como legado del pontificado de Francisco.
Las discrepancias por las políticas sociales derivaron en los últimos años en una relación de frialdad entre la Casa Rosada y la Iglesia argentina. El distanciamiento se reflejó en el hecho inédito de que el Presidente nunca recibió a la conducción de la Conferencia Episcopal Argentina que asumió en noviembre de 2024, encabezada por el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, mientras el líder libertario no ponía reparos para compartir encuentros y oraciones con pastores evangélicos en el palacio de gobierno.
“Hay que separar el objetivo institucional de alcanzar coincidencias para lograr la venida del Papa de las naturales disidencias que pueden surgir por las políticas en el área social”, explicó a un vocero del Episcopado que siguió de cerca las instancias de diálogo que afianzaron el reciente acercamiento.
El propio arzobispo Colombo declaró a que la Iglesia “no puede renunciar al ministerio profético de dar cuenta de cuando las cosas no están bien, dañan el tejido social o se vulneran los derechos fundamentales”, en relación con la situación de los jubilados, las personas con discapacidad y la crisis de la educación. Y aseguró: “Lo que tenga que decir, el Papa lo va a decir, sin ningún ánimo agresivo y ofensivo”.
Acercamiento silencioso
Desde hace casi tres meses vienen trabajando en reserva la Santa Sede, el Episcopado y el gobierno argentino para lograr el objetivo del viaje del Papa.
Las cabezas de este acercamiento fueron el canciller Pablo Quirno y el arzobispo Colombo, que como presidente del Episcopado ha “inspirado y fortalecido” el interés de que la visita del Santo Padre sea un trabajo conjunto con el Estado.
Pero los brazos ejecutores, que consumieron horas de reuniones y trabajo en común, fueron el secretario de Cuto y Civilización de La Nación, Agustín Caulo, conocedor del paño católico, quien viajó al Vaticano, y –por el lado de la Iglesia- el secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro; el subsecretario general, el padre Matías Tarico, y el padre Máximo Jurcinovic, con especial experiencia en el área de comunicación. Se sumaron a los encuentros representantes de las tres diócesis argentinas que recorrerá el Santo Padre: Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El objetivo del viaje del Papa a la Argentina forzó al Gobierno y a la Iglesia a trabajar en función de un objetivo común. El Vaticano hizo un aporte institucional el 14 de mayo con la designación del nuevo nuncio apostólico, el arzobispo norteamericano Michael Wallace Banach, de la misma nacionalidad que León XIV y de reconocida cintura diplomática, en virtud de su experiencia como observador de la Santa Sede en organismos internacionales.
Banach llegó a Buenos Aires el 22 de julio y en los primeros días tuvo una reunión con el ministro Quirno en la Cancillería y presentó sus cartas credenciales al Presidente, que en los momentos preliminares de la confirmación de la visita controló sus apariciones y se manejó con prudencia y cautela.
A fines de junio había llegado la “primera avanzada” del Vaticano para evaluar in situ la posible llegada del papa León XIV, un pontífice que por su anterior recorrido como superior mundial de la Orden de San Agustín visitó más de 40 países. A esta altura, ninguna geografía ni sistema político lo puede sorprender. Se espera que en las próximas semanas se produzca un nuevo desembarco de funcionarios de la Secretaría de Estado del Vaticano y del Dicasterio para la Comunicación.
Iniciativas similares se llevaron adelante simultáneamente en Uruguay y en Perú, los otros países que recibirán al Santo Padre en noviembre.
El trabajo silencioso
En el vínculo entre el gobierno de Milei y la Iglesia existen mesas de diálogo informales en distintos niveles. “En unos temas hay respuestas y en otras no”, admiten fuentes eclesiásticas, que ubican la crisis de los jubilados y del sector de la discapacidad como temas de fuerte preocupación en la Iglesia.
“Puede haber diferencias sobre temas específicos y situaciones coyunturales. Pero prevalece el compromiso de sostener un trabajo en equipo y el deseo compartido de que se pueda recibir al Papa lo mejor posible”, evaluó otra fuente eclesiástica, que admite la coexistencia de visiones encontradas en el terreno social.
Si bien el cronograma puede sufrir modificaciones, se dejó de lado la idea de que el Papa viajara a Santiago del Estero, la diócesis que había recibido una reparación histórica por decisión de Francisco, que la designó sede primada, por ser la más antigua del actual territorio argentino.
El camino que hasta ahora se transitó en reserva, cuidando que los detalles no trascendieran, es solo el primer paso de una empresa gigantesca, definen en la Iglesia. Ahora viene un trabajo de alta complejidad contrarreloj y contra el calendario. Se espera que la Santa Sede y la propia Iglesia argentina aporten su expertise y se confía en el compromiso de miles de voluntarios, como fue reconocido en la organización de la reciente visita de León XIV a España.
“Es un camino que se venía recorriendo y solo ahora se puede empezar a trabajar públicamente”, confiaron en la Iglesia a .
Tareas pendientes
Faltan 92 días para la llegada del pontífice y el trabajo está lejos de haber terminado. “La Santa Sede pone los estándares y revisa todo”, confió una fuente eclesiástica. Se refería, por ejemplo, a cuestiones concretas, como la distancia que debe preservarse entre el Papa y el público en las celebraciones masivas y los anillos de seguridad.
Muchas cosas están en proceso de definición, desde los sitios que visitará el Papa en las tres diócesis que conforman el itinerario hasta la preparación de la infraestructura, los servicios, los espacios celebrativos, la organización, la comunicación y otros aspectos que “requieren del esfuerzo compartido de toda la Iglesia que peregrina en la Argentina”, según expresó el Episcopado al anunciar la realización de una “colecta nacional imperada” –ordenada por la autoridad eclesiástica, para recaudar fondos.
Así, los obispos acordaron que el fin de semana del 22 y 23 de agosto se realice la colecta en todas las celebraciones religiosas para que la gente contribuya económicamente a la organización de la visita de León XIV.
Como dato de referencia, LA NACIOJN pudo saber que el viaje apostólico que el Papa realizó entre el 6 y el 12 de junio a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias tuvo un presupuesto cercano a los 25 millones de euros, según estimó la Conferencia Episcopal Española. El 45% se financió con aportes de empresas y benefactores, el 30% con fondos de la Iglesia (aportes de los fieles) el 20% con recursos de las administraciones públicas (gobierno nacional y comunidades autónomas) y un 5% mediante colectas realizadas para recaudar fondos. Al mismo tiempo, la Iglesia española estimó que las ciudades recibieron adicionalmente ingresos superiores a 150 millones de euros en materia de turismo y comercio.
“El Gobierno está interesado en que el Papa venga. Pero el que recibe al Santo Padre es la Argentina. Queremos lo mejor y vamos a trabajar por eso”, aseguran en la Iglesia.
Mariano De Vedia,Iglesia,Javier Milei,Papa León XIV,Conforme a
POLITICA
Cacace defendió la reforma sobre propiedad privada y aseguró que el límite para la compra de tierras “desalienta proyectos productivos”
La Cámara de Senadores discute un proyecto de ley que apunta a reforzar la protección de la propiedad privada en Argentina. El debate se da tras múltiples cambios en el texto, con el Ejecutivo retirando el capítulo sobre tierras para conseguir consensos. El Gobierno busca dar una señal de seguridad jurídica a inversores y propietarios, mientras persisten diferencias políticas y sociales sobre el alcance de estas reformas.
Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, sostuvo que la mayor parte de los cambios introducidos al proyecto afectaron el capítulo de tierras. “Donde más cambios hubo en la discusión fue en el tema tierras”, sostuvo en Infobae Al Mediodía.
Según Cacace, esa reforma buscaba facilitar la llegada de inversión extranjera, especialmente en sectores productivos como la forestación en provincias del litoral. Explicó que la ley vigente fija un límite de mil hectáreas para la compra de tierras por extranjeros y prohíbe adquisiciones en zonas de frontera, lo que, según su visión, impide proyectos de gran escala.
Cacace afirmó: “Lo que más necesita Argentina es inversión extranjera directa”. Señaló que las restricciones actuales desalientan proyectos productivos. “Hay proyectos como los forestales, que requieren a veces 70.000 hectáreas para que tenga sentido como unidad productiva. Con mil no se hace nada”, remarcó.
Restricciones para extranjeros y debate sobre inversión
El funcionario explicó que la Constitución argentina garantiza los mismos derechos a extranjeros y nacionales para adquirir bienes raíces. “La Constitución dice: ‘Los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, entre ellos a comprar bienes raíces y a enajenarlos’”, citó Cacace.
Reconoció que la actual tenencia de tierras por extranjeros no supera el 6% a nivel nacional, pero insistió en que el límite de superficie y las restricciones en zonas de frontera funcionan como trabas para la inversión.
Cacace señaló que la titularidad de la tierra no implica dominio sobre los recursos naturales: “Si yo compro una propiedad, no soy dueño ni del agua, ni de las minas, ni de los minerales, ni del petróleo. El Estado en Argentina tiene el dominio público”, enfatizó.
El capítulo de tierras quedó fuera del dictamen que se debatió en el recinto, pero el Gobierno anunció que insistirá en tratar el tema por separado para buscar una legislación específica.
Cambios en la ley de expropiaciones
El proyecto endurece los requisitos para que el Estado avance con expropiaciones. Cacace afirmó que “todo lo que está haciendo esta regulación, es decir, tiene que ser más difícil expropiar”. Explicó que la iniciativa exige una declaración precisa de utilidad pública, indemnización previa y justa, y elimina las expropiaciones genéricas. El funcionario consideró que el nuevo texto protege mejor a los propietarios frente al Estado.
Uno de los puntos centrales es la incorporación del lucro cesante en las indemnizaciones. “Si el Estado te expropia, te tiene que reponer realmente el valor de lo que tenías. Si yo tenía un establecimiento productivo ahí y me haces perder de ganar un montón de dinero, indemnizámelo. Eso es el lucro cesante. Antes no existía como concepto”, detalló Cacace. El afectado podrá reclamar y probar en juicio el daño económico sufrido por la expropiación, más allá de la tasación oficial.
Modificaciones a la ley de manejo del fuego
El proyecto modifica la ley vigente sobre manejo del fuego y reduce la prohibición de cambio de uso tras incendios. Cacace aclaró que la reforma no habilita automáticamente el cambio de destino productivo tras un incendio, sino que traslada a las provincias la potestad de definir el ordenamiento territorial. “No es que se está flexibilizando en el sentido de que se sanciona esto y ahora se puede hacer cualquier cosa. Hay que respetar los ordenamientos territoriales que las provincias hacen”, sostuvo.
La iniciativa mantiene la protección absoluta sobre los bosques nativos, donde no se permite cambiar el uso nunca, y flexibiliza el régimen en otras áreas como humedales y bosques implantados. El funcionario explicó que la competencia ambiental está compartida entre Nación y provincias y que serán estas últimas las que determinen los usos posibles tras un incendio, según los relevamientos periódicos.
Objetivos oficiales y efectos esperados
Cacace consideró que el objetivo central del proyecto es “dejar a la propiedad privada con mucho más respeto y con inviolabilidad”. Destacó que la ley también extiende la vigencia de la ley Pierri para regularización dominial y prevé mecanismos más rápidos para desalojos. El funcionario remarcó que la reforma da una señal a propietarios y posibles inversores sobre el respeto al derecho de propiedad.
El secretario de Desregulación reconoció que la discusión generó conflicto y costo político, pero sostuvo que “cuando uno está dispuesto a reformar, siempre va a pagar costo político y siempre se van a generar estas discusiones”. Añadió que el Gobierno apunta a crear condiciones estables, con reglas claras y seguridad jurídica, para atraer inversiones productivas al país.
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POLITICA
“Macri me alentó a que lo hiciera”: Hernán Lacunza dijo que consensuó su candidatura presidencial con colegas del Pro
El exministro de Economía de Cambiemos Hernán Lacunza ratificó este sábado su intención de competir como precandidato presidencial por el Pro en las próximas elecciones y afirmó que conversó sobre su postulación con el exmandatario Mauricio Macri, quien le dio su respaldo.
“Hablé con el presidente Macri y me alentó a que lo hiciera. También lo consensué con algunos colegas dentro del partido”, sostuvo el economista en conversación con Radio Mitre, aunque remarcó que el partido “se desdibujó en los últimos años” y “perdió nitidez” en su propuesta.
Sobre la gestión del presidente Javier Milei, Lacunza diferenció el ajuste fiscal de la necesidad de inversión en infraestructura. “No todo es hacer ajuste fiscal en sí mismo. Es algo necesario, pero también hay que hacer obra pública”, matizó.
“Un país sin obra pública puede durar tres años, pero no seis porque vamos a empezar a caernos en los baches”, advirtió.
También se refirió al rumbo económico y destacó el aporte del Gobierno a la estabilización, aunque señaló desequilibrios en la actividad productiva. “El modelo genera poco empleo y está enfocado en la cordillera y la Pampa Húmeda. Hay otros sectores como Rosario, Córdoba, Tucumán, que viven del comercio, de la industria y de la construcción que quedan afuera”, enumeró.
“Está apagado ese motor que genera 8 millones de empleos directos versus los 250.000 del motor que está prendido”, comparó, al diferenciar un modelo productivo de uno financiero.
Al ser consultado sobre si su candidatura podría ser considerada “funcional al kirchnerismo” por “dividir a la derecha o centro-derecha”, Lacunza respondió: “Me parece que ese argumento es filosóficamente pobre. ‘Que no aparezca nada mejor por si aparece algo peor’. Es condenarnos a lo que hay”, sostuvo.
Su anuncio y la reacción del Gobierno
El dirigente del Pro ya había expresado su voluntad de postularse en julio de este año, durante una entrevista con el canal A24. “Le va a hacer bien al país que haya opciones de corte liberal, pero con otra jerarquía institucional”, afirmó en aquella oportunidad.
Según pudo saber , en la Casa Rosada le restaron importancia los dichos del exministro de Hacienda. Fuentes del Gobierno entienden que el Pro busca condicionar a La Libertad Avanza (LLA) de cara a un posible acuerdo en la ciudad de Buenos Aires.
“Con la candidatura de Lacunza quieren demostrar que es creíble que pueden hacerle un daño a la reelección del Presidente para poner sobre la mesa un acuerdo en la Ciudad”, afirmaron desde la dirigencia libertaria.
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POLITICA
Reforma por falsas denuncias: una especialista advirtió que el proyecto “castiga denunciar” la violencia de género
El Senado abrió el debate sobre un proyecto de ley que propone endurecer las penas por falsas denuncias en causas vinculadas con violencia de género y delitos sexuales. La iniciativa, impulsada inicialmente por la senadora Carolina Losada, despertó cuestionamientos entre organizaciones especializadas, que advierten que la reforma podría tener un efecto contrario al que busca: desalentar las denuncias de quienes sufren violencia.
Esa fue la principal advertencia de Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), quien analizó la iniciativa en Infobae al Mediodía. Para la especialista, el problema no pasa por la inexistencia de herramientas legales para castigar las denuncias falsas, sino por el riesgo de generar un nuevo obstáculo para quienes intentan acceder a la Justicia.
“El proyecto de ley que se discute en el Senado no es un proyecto que castigue las falsas denuncias, sino un proyecto que castiga denunciar”, afirmó durante la entrevista con Maru Duffard.
Según explicó, el texto incorpora una amenaza penal que puede terminar afectando a mujeres que denuncian hechos de violencia pero no logran acreditarlos judicialmente. “Hay pocos incentivos para denunciar y muchísimos desincentivos, porque buscar ayuda muchas veces recrudece la violencia. Si este proyecto avanza, amenaza penalmente a la mujer que se anima a denunciar y que, por deficiencias de la investigación o por los sesgos de la Justicia, tal vez no logre probar lo que ocurrió”, sostuvo.
Para Gherardi, esa consecuencia resulta especialmente preocupante en un contexto donde la mayoría de los hechos de violencia sexual y de género ni siquiera llegan al sistema judicial. Citó datos elaborados por ELA que muestran que cada año alrededor de 500.000 personas sufren ofensas sexuales en Argentina, aunque solo una de cada diez presenta una denuncia. A eso se suma que apenas el 21% de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia recurre a la Justicia y que, entre las víctimas de femicidio, solo el 18% había denunciado previamente a su agresor.
“Denunciar, pedir ayuda, salva vidas”, resumió la especialista, al explicar que muchas víctimas enfrentan miedo, amenazas, vergüenza y una profunda desconfianza hacia las instituciones antes de decidir acudir a la Justicia. “Muchas veces buscar ayuda recrudece la violencia. Hay una enorme cantidad de obstáculos para denunciar y la revictimización sigue siendo un problema”, agregó.
Uno de los principales argumentos de Gherardi es que el Código Penal argentino ya contempla figuras para sancionar las denuncias falsas. “Ya hay varios delitos bajo los cuales se puede encuadrar esa conducta. Por supuesto que es un problema que alguien denuncie falsamente, en este o en cualquier otro tema. Pero la respuesta penal ya existe y prácticamente no se utiliza”, señaló.
En ese sentido, consideró que el debate legislativo parte de un diagnóstico equivocado. “No va a ser agravando las penas que ese delito se aplique más. El problema no es la falta de herramientas legales, sino el funcionamiento de la Justicia”, afirmó.
La directora de ELA también cuestionó modificaciones incorporadas al proyecto que actualmente analiza el Senado. Según explicó, una nueva versión eliminó la referencia específica a la violencia de género y reemplazó esa mención por la categoría de “delitos dolosos graves”.
“Esa categoría no existe en el Código Penal. Es una redacción que deja un margen de discrecionalidad mucho mayor para la interpretación judicial”, advirtió.
Consultada sobre la dimensión real de las falsas denuncias, Gherardi sostuvo que se trata de un fenómeno excepcional y citó investigaciones del Ministerio Público Fiscal. “Los casos son mínimos y la mayoría ni siquiera están vinculados con violencia de género, sino con conflictos económicos. Se está buscando legislar sobre un fenómeno casi inexistente”, aseguró.
Para la especialista, la discusión debería centrarse en fortalecer la capacidad del Estado para investigar los delitos y acompañar a las víctimas, en lugar de crear nuevas amenazas penales. “Si el Senado tiene una preocupación genuina por la violencia de género, hay muchas medidas que podrían mejorar el acceso a la Justicia: fortalecer los procesos judiciales, mejorar la organización de los tribunales y avanzar en los nombramientos pendientes. Esos son los problemas reales”, afirmó.
En esa línea, también cuestionó el retroceso de las políticas públicas destinadas a la prevención de las violencias. Señaló que la línea 144 “no es una línea de denuncia, sino de asesoramiento e información” y sostuvo que la reducción presupuestaria afectó la red de asistencia para mujeres en situación de violencia.
“Ahora podés tener la voluntad de pedir ayuda y encontrar muchas más dificultades para saber dónde acudir”, señaló.
Sobre el cierre de la entrevista, Gherardi insistió en que la discusión parlamentaria no debería perder de vista el objetivo central de las políticas públicas frente a la violencia de género. “La obligación del Estado es prevenir las violencias, no solamente reducir los femicidios, sino garantizar que las mujeres puedan vivir mejor y con mayor bienestar. Cuando una mujer es asesinada, se destruye una familia entera. Esa responsabilidad es con toda la comunidad”, concluyó.
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