CÓRDOBA.- Tucumán es la jurisdicción que más recursos destina por legislador provincial en el país. Su Poder Legislativo tiene 49 representantes y un presupuesto de $182.504 millones para este año, $3.725 millones por cada uno. En el otro extremo aparece San Luis: con 52 legisladores y un presupuesto de $9.148 millones, el costo por representante es de $176 millones. La diferencia entre ambos distritos es de 21,2 veces.

El estudio, que la Fundación Libertad realiza desde 2018, toma las partidas asignadas a los poderes legislativos de las 24 jurisdicciones y las relaciona con la cantidad de integrantes de cada cámara. En conjunto, las provincias destinan $1,835 billones a sus 1.199 legisladores, lo que lleva el gasto promedio a $1.531 millones anuales por banca.

Después de Tucumán aparecen entre los mayores costos individuales CABA (60), con $3.402 millones por representante, y Chaco (32), con $3.057 millones. Le siguen Santa Fe (69), con $2.780 millones, y Buenos Aires (138), con $2.746 millones.

En el otro extremo -después de San Luis (52)- con $176 millones, se encuentra Santiago del Estero (40), con $206 millones. También tienen costos inferiores al promedio Mendoza (86), con $471 millones, y Jujuy (48), con $597 millones.

La magnitud de las diferencias aparece incluso entre provincias con legislaturas de tamaño parecido. Tucumán, con 49 legisladores, gasta seis veces más por banca que Jujuy, con 48. Catamarca, con 57 legisladores, registra un costo siete veces superior al de San Luis, con 52. Y el contraste más pronunciado se da entre Chaco, con 32 legisladores, y Santiago del Estero, con 40: el costo por representante chaqueño es casi 15 veces mayor.

Las cuatro grandes

Entre las provincias de mayor peso económico y demográfico, el mapa también muestra diferencias relevantes. Buenos Aires, con 138 legisladores -92 diputados y 46 senadores-, tiene el presupuesto legislativo más elevado del país: $379.004 millones. Dividido por la cantidad de representantes, implica $2.746 millones anuales por legislador.

Santa Fe, con 69 legisladores -50 diputados y 19 senadores-, destina $191.813 millones, equivalentes a $2.780 millones por banca.

En Córdoba, que tiene 70 legisladores cuenta con un presupuesto anual de $55.111 millones, con un costo de $787 millones por representante. Es decir, el gasto por legislador cordobés es 3,5 veces menor que el de Santa Fe.

Mendoza, con 86 legisladores (48 diputados y 38 senadores) está todavía más abajo: $40.512 millones de presupuesto legislativo y $471 millones por banca.

En el caso de Buenos Aires, el presupuesto legislativo equivale a 5,3 veces el monto asignado al Ministerio de Economía provincial y a nueve veces al de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. En Santa Fe, la Legislatura recibe alrededor de 45% más recursos que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La Fundación Libertad destaca que, en base a los datos a los que pudieron acceder 84% del presupuesto legislativo se destina en promedio a personal, incluyendo legisladores, secretarios, asesores y empleados permanentes y transitorios.

El porcentaje llega al 95% en Río Negro (46 legisladores), al 94,2% en Formosa (30) y al 94% tanto en Mendoza (86) como en Santa Cruz (24). En el otro extremo aparecen Santa Fe (69), con 64,6%; San Luis (52), con 72,9%; y CABA (60), con 73,2%.

La cantidad de empleados por legislador también varía considerablemente. El promedio, para las jurisdicciones con información disponible, es de 27 trabajadores por representante. Corrientes (45 legisladores) tiene la relación más elevada, con 72 empleados por legislador, seguida por Chaco con 70, y Formosa (30), con 62.

En la otra punta están San Luis, con dos empleados por legislador; Santiago del Estero, con cinco; y Córdoba con ocho.

Comparación internacional

El trabajo también compara estas cifras con las legislaturas de las comunidades autónomas españolas. El gasto argentino resulta 2,41 veces superior. Por legislador, la diferencia también es significativa: $1.531 millones en las provincias argentinas contra $628 millones en España.

La comparación también muestra diferencias en la composición del gasto. Las comunidades autónomas españolas asignan 60% del total a personal.

Por caso, Tucumán registra un costo por banca 6,2 veces superior al de Murcia; Santa Fe más que quintuplica el de Galicia, y Buenos Aires gasta 5,3 veces más por legislador que Madrid, que cuenta con 135 representantes.

En términos generales, el informe señala que el gasto legislativo representa 1,15% de los presupuestos provinciales considerados. Pero la incidencia es bastante mayor en algunos distritos: llega al 3,66% en Tucumán , al 2,64% en Catamarca y al 2,22% en Chaco.

En su defensa ante la Justicia, el exjefe de Gabinete y exvocero presidencial Manuel Adorni justificó que ganó cerca de 390.000 dólares entre 2014 y 2018 con la compra y venta de criptoactivos en efectivo, sin conocer a sus contrapartes y sin dejar rastros contables o financieros, y que la ganancia, sumada a los 200.000 dólares con los que había comenzado, los guardó durante años fuera del circuito bancario. Es decir, más de 590.000 dólares en su casa.

La versión de Adorni registra, sin embargo, al menos dos inconsistencias posibles y una situación inverosímil, según los expertos en criptoactivos que consultó . La primera inconsistencia que señalaron es que registró dos veces el dinero de una misma operación; la segunda, que su contraparte en al menos una de las operaciones debería ser identificable. ¿La situación factible, pero inverosímil? Que haya intercambiado criptomonedas por casi 390.000 dólares, cash, siempre en lugares públicos.

Esos y otros ejes son los que remarcó, por ejemplo, Fernando Molina, un experto informático que colaboró con el Congreso y la Justicia local en la investigación, por ejemplo, del caso $LIBRA. “Hay cosas que no tienen sentido”, indicó. “Adorni declaró una venta [de criptomonedas] que terminó en otra wallet [billetera] de su declaración [ante la Justicia] y luego la volvió a declarar como una venta”, sostuvo. “Es como si contara dos veces la misma venta”, contabilizando dos veces el mismo capital como si fuera un ingreso nuevo.

Tanto Molina como el experto Maximiliano Firtman coincidieron, además, en que la clave es si Adorni puede justificar la tenencia de las billeteras virtuales que ahora afirma controlar al momento en que compró y vendió las criptomonedas entre 2014 y 2018.

Adorni, explicó Firtman, “demostró ante escribanos tener hoy las claves privadas de esas wallet, pero eso no garantiza titularidad en ningún momento y menos en el pasado”, y explicó que las plataformas exchange “tienen claves privadas de billeteras cuyos activos son de titularidad de sus clientes y no del que posee las claves. Para dar un ejemplo: si yo tengo la llave de un departamento, no implica que sea el dueño, además de que la tenencia hoy no garantiza la de hace 10 años”.

En el escrito de 78 carillas que presentó en los tribunales federales de Comodoro Py, el abogado de Adorni sostuvo que el exfuncionario “comenzó a incursionar en bitcoin en 2013 e invirtió a partir de 2014”, que junto con su esposa, Bettina Angeletti, “invirtieron aproximadamente US$200.000 y obtuvieron una ganancia aproximada de US$300.000 con esa operatoria, cifras cuya suma -del orden de US$ 500.000”.

El letrado de Adorni, Matías Ledesma, admitió además que no quedan registros que puedan verificarse. “El señor Adorni se encontraba personalmente con quienes le vendían las criptomonedas, oportunidad en la que estos le transferían los Bitcoin y mi asistido entregaba, a cambio, el dinero en efectivo correspondiente”, afirmó el abogado del exjefe de Gabinete. “Por razones de seguridad, esos encuentros se realizaban siempre en lugares públicos, y ninguna de las partes se identificaba, manteniéndose estricta reserva y anonimato”.

Firtman remarcó: “Un punto interesante es la comparación con el caso $LIBRA”. En aquella otra investigación, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aplicó un criterio restrictivo para dictaminar que los denunciantes no podían ser aceptados como querellantes porque no pudieron probar fehacientemente ser los dueños de las billeteras con las que compraron aquella memecoin. ¿El juez Ariel Lijo aplicará un criterio más laxo para sí validar la titularidad a Adorni?

Huellas digitales

La nebulosa tampoco sería monolítica, según indicó Molina. ¿Por qué? Porque al menos algunas de las operaciones conllevaron movimientos en plataformas “exchanges” como Coinbase, en junio del 2017. “Coinbase puede identificar a la persona que hizo esa transferencia”, remarcó el experto. “En criollo, podrían identificar quién es la persona que en teoría operó bitcoins con Adorni”.

En efecto, las plataformas “Exchange” centralizadas como Coinbase están sujetas a regulaciones internacionales que implementan protocolos de “Conozca a Su Cliente” (KYC, por sus siglas en inglés) y a controles antilavado (AML, en inglés), por lo que Coinbase mantiene un registro interno que vincula esa salida de fondos a una cuenta bancaria, una tarjeta o un usuario identificado. En otras palabras, le abre a los sabuesos judiciales la posibilidad teórica de librar un exhorto o requerimiento de información para identificar a la supuesta contraparte de Adorni, siempre que Coinbase conserve los registros de 2017 y coopere con la Justicia argentina.

“Es una de las supuestas ventas de Bitcoin más grandes de Adorni, que de ser cierta habría cobrado casi 110.000 dólares, a través de la billetera 1JSre6fbZyr1ZPPnbbkRgzQ1XfJzp3qXUK”, indicó Molina, que verificó en el portal informativo Arkham que “la transferencia fue el 13 de junio de 2017”.

Asimismo, en el escrito que presentó en el expediente que busca determinar si Adorni se enriqueció de manera ilícita o si omitió maliciosamente datos en sus declaraciones juradas, su defensa adujo que el exfuncionario liquidó sus criptomonedas en “encuentros personales con los compradores”, bajo reserva de identidad, en lugares públicos y que cuatro operaciones fueron el 5 de agosto de 2017, que fue sábado.

Para Molina, eso es “lo más bizarro de todo esto”. ¿Por qué? Porque “Adorni declaró que todas esas transferencias fueron hechas en la vía pública con desconocidos”, remarcó. En otras palabras, habría llevado una caja o mochila con unos 110.000 dólares para pagarle “a un desconocido, en la vía pública”.

Eso no fue todo, sin embargo. En su escrito, Adorni adujo que mantuvo los más de 500.000 dólares que acumuló con la compraventa de criptomonedas “por fuera del sistema bancario y del radar de la agencia recaudadora” (actual ARCA, ex-AFIP). Para el exfuncionario, algo que “no es una práctica excepcional ni indicativa de un propósito ilícito” y planteó que cualquier controversia por ese motivo debería abordarse en el fuero Penal Económico, “a fin de que, por quien corresponda, se investigue la posible comisión de una infracción y/o delito tributario”. Buscaría así desplazar el eje de la acusación por enriquecimiento ilícito en Comodoro Py hacia un eventual delito fiscal.