POLITICA
Larreta cruzó a Fernando de Andreis luego de que lo acusara de haber llevado al Pro hacia el socialismo
El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta cruzó al diputado nacional y dirigente de Pro Fernando de Andreis, quien lo acusó de haber llevado al partido hacia el socialismo durante sus ocho años al frente de la ciudad de Buenos Aires. “Es una joda que digan eso”, respondió.
“Durante la última semana el dirigente más cercano a Mauricio Macri [en alusión a De Andreis] dijo que en el Pro hay un murmullo socialista: ¿sos vos?”, le preguntaron a Larreta en una entrevista televisiva el jueves por la noche, lo que generó una enérgica respuesta por parte del exalcalde de la ciudad.
“No, no: le puso nombre y apellido”, devolvió Larreta en la entrevista realizada en la señal TN y recordó: “Mirá, en el año 2009 se votó en la Legislatura de la Ciudad la ley para iniciar el proyecto de integración y urbanización de la Villa 31: bien socialista si querés”. Y siguió: “¿Sabés quién era el jefe de Gobierno? Mauricio Macri. ¿Sabés quién era legislador? Fernando De Andreis. ¿Sabés cómo votó? Positivo. Es una joda que digan eso“.
La pregunta a Larreta surgió a raíz de sus explicaciones sobre cómo integrar la Villa 31 a los barrios de la ciudad. “Hay que seguir con el proceso de integración para que termine de ser definitivamente el Barrio 31. Se avanzó mucho, falta”, sostuvo el exalcalde. “¿Con la plata de los contribuyentes?“, le repreguntaron. ”60/70% se financió con la venta de los terrenos de Catalinas: 290millones de dólares, que se pudieron vender porque se inició la integración. Se financia solo. Se genera un circulo virtuoso», contestó.
En su posteo publicado el domingo 26 de abril, De Andreis hizo referencia a las supuestas internas que hay y hubo en Pro, y disparó contra Larreta: “Yo también creo que hay ruido en lo que dice el Pro. Pero ese ruido no es técnico, para mi no es algo que podemos arreglar haciendo lo mismo pero en otro orden, es más bien un ruido de creencias. Hay conceptos mezclados y hasta contradictorios que hace muy difícil que la gente nos reconozca”.
Más abajo, agregó: “Casi como una anticipación de esa falta de un mensaje claro, hace unos meses llamé “murmullo socialista” a algunas ideas que todavía se escuchan dentro del Pro. Dije murmullo, como ese ruido molesto, continuo y confuso; y socialista por sus inclinaciones progresistas».
“El Pro tuvo una desviación lamentable hacia esa visión socialista de la política que nos hizo mucho daño. Digamos que hubo un Pro de izquierda, representado principalmente por Horacio, que hoy parece sentirse más cerca y cómodo con el peronismo. También, ese PRO fue afectado durante el período 2019-2023 por la coalición que formó con Juntos por el Cambio, una ingeniería genética fallida que nos transformo en un monstruo de muchas cabezas», acusó De Andreis.
En otro tramo de la entrevista, Larreta hizo hincapié en que no tiene pensado volver a unirse con el partido amarillo. “Ya me lancé solo”, insistió. En tanto, reveló que no se ha comunicado con el expresidente desde “hace más de un año” y que tampoco habló recientemente con Patricia Bullrich. Y volvió a adelantar que se presentará como candidato en la ciudad en 2027.
No obstante, ese “ruido” al que hizo alusión De Andreis en su posteo de X, quedó explicitado el último miércoles cuando, durante la visita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Congreso, donde brindó su primer informe de gestión: el único bloque que no hizo ninguna pregunta fue el Pro. A partir de ahí, los diques de contención se agrietaron y varios dirigentes y exdirigentes de la fuerza amarilla salieron a criticar esa decisión.
En ese marco, la disputa interna de Pro volvió a exponer algo más profundo que una simple puja de liderazgos: una posible discusión sobre su identidad. Las críticas de De Andreis -que también bregó por un “Pro 100% liberal”- no sólo tensaron el clima puertas adentro, sino que dejaron al descubierto la dificultad del espacio para ordenar un rumbo común.
Entre acusaciones cruzadas y reproches ideológicos, el partido fundado por Mauricio Macri enfrenta el desafío de redefinirse sin romperse. La incógnita ya no es sólo quién conduce, sino qué Pro pretende sobrevivir a esta interna. Uno que profundice su perfil liberal o uno que mantenga la vocación de amplitud que hoy está en el centro de la disputa.
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En este Día del Trabajador nos debemos un debate sobre el rol que debe tener el Estado en la protección de los trabajadores, así como en la promoción del empleo.
Nadie puede negarlo: la irrupción de la Inteligencia Artificial y la automatización en los procesos productivos redefinió el mundo laboral. Las aptitudes exigidas para la supervivencia en el mercado cambiaron y también lo hicieron las normas. En este escenario, la Ley de Modernización Laboral 27.802, mediante los artículos 152 y 153 del Capítulo II, creó el Programa de Formación Laboral Básica para “garantizar el desarrollo de las competencias mínimas necesarias para la incorporación al mundo laboral de las personas que por diversas situaciones no hubieran podido adquirirlas”.
Según la norma, este programa tendrá dos ejes: el Programa de Competencias Sociolaborales Básicas se enfoca en las personas sin terminalidad educativa con el objetivo de brindarles herramientas de lectura y comprensión de textos, expresión oral y razonamiento matemático, entre otras. Y el Programa de Formación Laboral Inicial apunta al desarrollo de estas competencias iniciales en una rama de la actividad productiva económica con prioridad regional y en perspectiva de su futura demanda. De esta forma, busca integrar a las personas complementando su formación con el Programa de Entrenamiento para el trabajo.
Esta norma introduce una categoría jurídica disruptiva y moderna: la empleabilidad mínima. Este concepto no debe entenderse como un estándar de exigencia para el trabajador, sino como un deber prestacional del Estado destinado a garantizar un piso de ciudadanía económica en la era digital y donde los empleadores tienen un papel de suma importancia.
La protección del trabajador en el siglo XXI no puede limitarse a la tutela resarcitoria ante el despido; debe evolucionar hacia una tutela preventiva basada en la capacitación constante. La creación del Programa de Formación Laboral Básica identifica que la carencia de competencias fundamentales —como la alfabetización digital, la comprensión de textos y el razonamiento lógico— constituye hoy la principal causa de exclusión social. El Congreso, al institucionalizar este programa, reconoce que el derecho al trabajo se vuelve ilusorio si el sujeto carece de las herramientas cognitivas para interactuar con los nuevos entornos tecno-laborales.
La Ciudad de Buenos Aires ya había avanzado en esta dirección y desde la gestión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, dimos un gran impulso a la Agencia de Habilidades para el Futuro, donde se impulsan más de 670 ofertas educativas orientadas al desarrollo de competencias para el empleo, con iniciativas como Talento Tech, programas de terminalidad educativa como SecundarT, propuestas de primer acercamiento al mundo laboral como Construí tu Futuro para jóvenes, capacitaciones destinadas a emprendedores en un innovador Centro de Simulación, programas de subsidio al aprendizaje en la empresa como la Prácticas Formativas o el Programa de Inducción para el Empleo.
Se trata de propuestas en las que somos autoridad de aplicación desde la Secretaría de Trabajo, junto al Ministerio de Educación. A ellas se le suma el nuevo programa de asistencia social del Gobierno de la Ciudad, mediante el cual pusimos fin a los últimos planes sociales aún activos y creamos un programa de capacitación y empleo que promueve la autonomía económica. La medida alcanzará a unas 5 mil personas e incluye pagos directos sin intermediarios, formación obligatoria y articulación con el sector privado para facilitar la inserción laboral.
La nueva ley nacional va por el camino correcto. La reglamentación debe centrarse en restaurar la base de confianza y aptitud del individuo, potenciando no sólo la formación de operarios eficientes o técnicos, sino de personas con capacidad para usufructuar las herramientas que le otorga la educación para el empleo.
Por otro lado, la designación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como autoridad de aplicación (artículo 153) puede ser extendida a las autoridades laborales provinciales, a fin de otorgarle al sistema la centralidad necesaria para coordinar la certificación de estas competencias, y en línea con las políticas de descentralización y autonomía de la Ciudad.
Otorgar a la certificación estatal la funcionalidad de actuar como un activo de seguridad social implica un hito fundamental para nuestro país. Este “pasaporte de empleabilidad” va a permitir a los trabajadores acreditar saberes frente a un mercado que se vuelve cada vez más exigente.
En definitiva, la empleabilidad mínima se constituye como una nueva garantía de equidad para los trabajadores en el siglo XXI. En un mundo donde el capital humano es el activo más valioso, el Estado debe asumir el rol de garante para que la metamorfosis digital no devenga en una segmentación irreversible entre integrados y excluidos, asegurando que la tecnología sea, finalmente, un vector de ascenso social y no de marginación.
POLITICA
Paro general: el Gobierno inicia acciones contra UTA y La Fraternidad y los sindicatos denuncian una “sanción política”
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, inició sumarios a los gremios de La Fraternidad y la Unión Tranviaria Automotor (UTA), a quienes acusa del incumplimiento de la conciliación obligatoria durante el último paro nacional, el 19 de febrero pasado.
En la cartera dirigida por Sandra Pettovello habían advertido a ambos gremios que se abstuvieran de adherir a la huelga. Fue horas antes del último paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT), previa a la aprobación de la reforma laboral. Entonces, en el ministerio advirtieron que una eventual participación de los gremios del transporte implicaría una “violación a las normas legales que rigen la conciliación laboral obligatoria”.
Tanto la UTA como La Fraternidad estaban en ese momento en conciliación obligatoria con la Secretaría de Trabajo desde el 14 de febrero pasado y hasta el 27 de ese mes, por lo que no podían adherir, según el ministerio.
Verificado el incumplimiento en las distintas jurisdicciones, en las últimas horas Capital Humano comunicó que, en función “de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212 conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado».
Y agregaron que la cartera contempla “dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.
Antecedentes
En febrero pasado, en la intimación a ambos gremios, Capital Humano había advertido que “la adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatorio oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”.
En el Gobierno distinguieron a Omar Maturano, de La Fraternidad, de Roberto Fernández, de la UTA. Mientras que creen que el primero estaba “decidido a ir desde el comienzo” al paro y no ahorran en críticas, apuntan que Fernández “tenía voluntad de no sumarse, pero fue muy presionado para hacerlo”.
En el corazón del gobierno libertario alegan que la adhesión de estos sindicatos fue crucial para lograr una imagen de alto impacto del paro.
Los gremios cuestionaron la medida. “Quieren aplicar una sanción política, porque no pensamos como de ellos, pero no tienen ningún fundamento más allá de la cuestión política», afirmó a Ámbito Financiero Mario Caligari, secretario de Prensa de la UTA.
Conforme a
POLITICA
Marcha atrás del Gobierno: los periodistas acreditados podrán ingresar otra vez a Casa Rosada
Luego de una semana, el gobierno de Javier Milei decidió dejar sin efecto la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, una medida calificada como inédita desde el regreso de la democracia.
Altas fuentes del Gobierno confirmaron a La Nación que el próximo lunes los periodistas podrán reingresar a Balcarce 50, y varios medios comenzaron a recibir mails individuales con la confirmación oficial.
A la par de la reapertura, el Gobierno prepara una conferencia de prensa del jefe de Gabinete Manuel Adorni para el mismo lunes a partir de las 11. El secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari, había justificado la medida original al señalar que “la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”.
La prohibición, dispuesta sin aviso previo el jueves pasado, desató una extensa serie de repudios de entidades como ADEPA, Aedba y Fopea, partidos y dirigentes opositores y representantes de la sociedad civil.
Durante la semana, Milei escaló sus críticas a la prensa en distintas apariciones públicas. Al ingresar al Congreso el miércoles, llamó “corruptos” a los periodistas parlamentarios, y al retirarse les gritó “¡chorros!” mientras se alejaba. El diario Ámbito Financiero presentó además un amparo para revocar la medida, que recayó en el juzgado contencioso a cargo de Lara Correa.
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Casa Rosada,Espionaje,ingreso de periodistas,Manuel Adorni,periodistas acreditados
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