POLITICA
Las 12 claves de la ley de Defensa de la Soberanía por Malvinas: régimen de derribo, multas y penas de hasta 20 años
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Gobierno envió al Congreso nació bajo el impacto de la disputa por las Islas Malvinas y el avance de la explotación petrolera en el Atlántico Sur, pero el texto definitivo terminó convertido en una reforma mucho más amplia del sistema de seguridad y defensa argentino.
El proyecto establece penas de hasta 20 años de prisión para determinadas actividades vinculadas con la explotación ilegal de recursos naturales; crea un Consejo de Seguridad Nacional con facultades para intervenir sobre cuestiones económicas, diplomáticas, militares y de inteligencia; incorpora un régimen de derribo; regula el empleo de la fuerza sobre embarcaciones; crea un sistema nacional para la protección de infraestructura crítica; redefine el concepto de Defensa Nacional y suma restricciones y delitos vinculados con la influencia de Estados y organizaciones extranjeras.
El origen político de la iniciativa está en la cadena nacional que Javier Milei dio el 3 de septiembre, cuando anunció un cambio de estrategia frente a Malvinas. Allí adelantó que enviaría con carácter urgente una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurecería el esquema vigente contra las empresas que participaran en operaciones no autorizadas, crearía un Consejo de Seguridad Nacional y establecería nuevos marcos para la infraestructura crítica y la protección aeroespacial y marítima.
Según pudo saber Infobae, en la elaboración del articulado estuvieron el asesor presidencial Santiago Caputo, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, y el canciller Pablo Quirno. El ministro de Defensa, Carlos Presti, hizo aportes específicos sobre los capítulos vinculados con las Fuerzas Armadas y las capacidades militares. El proyecto que finalmente ingresó al Congreso fue firmado por Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, Quirno, Presti y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La fundamentación oficial explica el cambio de enfoque con una definición que atraviesa buena parte del proyecto. El Gobierno sostiene que la Seguridad Nacional no puede ser administrada mediante organismos que actúen de manera aislada y afirma que existen “herramientas diseñadas para un mundo que ya no existe”. A partir de esa premisa, propone integrar política exterior, economía, defensa, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructura estratégica en una conducción común.
Estas son las 12 claves del proyecto
El proyecto amplía las sanciones por Malvinas y refuerza las facultades del Consejo de Seguridad Nacional
1. Malvinas y un régimen mucho más amplio para proteger los recursos naturales
El primer título de la ley está dedicado a Malvinas y a los recursos naturales. El proyecto reafirma el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y establece que cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos renovables o no renovables en esos territorios, sus espacios marítimos circundantes o la Plataforma Continental Argentina requiere autorización de las autoridades argentinas.
El cambio es importante respecto de la Ley 26.659, que será derogada si se aprueba el proyecto. El régimen actual está concentrado fundamentalmente en actividades hidrocarburíferas. El nuevo texto extiende las prohibiciones a todos los recursos naturales, incluidos los renovables, con impacto directo sobre la pesca.
Además, la responsabilidad deja de limitarse a la empresa que desarrolla directamente la actividad. También quedan alcanzadas las operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas o de consultoría que resulten esenciales para el proyecto, así como socios, accionistas, participantes directos y controlantes de las compañías involucradas.
La lógica es abarcar la cadena completa que hace posible una explotación no autorizada: desde quien extrae petróleo o pesca hasta quienes financian, controlan o prestan servicios indispensables para la operación.
2. Multas en barriles de petróleo, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años
El régimen administrativo contempla multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, suspensión o cancelación de habilitaciones y la posibilidad de inhabilitar al infractor por un período de entre cinco y 20 años.
La inhabilitación implica mucho más que impedir una actividad puntual. Puede derivar en la prohibición de desarrollar actividades económicas en la Argentina, la revocación de permisos, el cese de exenciones o facilidades fiscales y previsionales y la rescisión de contratos que se ejecuten total o parcialmente en territorio argentino.
También se impide que organismos públicos nacionales, provincias, municipios y empresas o personas establecidas en el país contraten con quienes hayan sido incorporados al registro de sancionados.
El capítulo penal prevé penas de entre cinco y siete años de prisión para la prestación consciente de bienes o servicios indispensables para esas operaciones; de entre 12 y 15 años para la prospección o exploración hidrocarburífera sin autorización; y de entre 12 y 20 años para la exploración o explotación de recursos naturales no renovables. La extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos puede ser castigada con 15 a 20 años de cárcel.
Para las personas jurídicas se contemplan, entre otras consecuencias, suspensiones para contratar con el Estado o desarrollar actividades por hasta 30 años, revocaciones de permisos y, en determinadas condiciones extremas, la disolución de la sociedad.
El proyecto incluye además la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia a esos delitos.
3. Un Consejo de Seguridad Nacional con amplias facultades
Uno de los cambios institucionales centrales es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, órgano rector de un nuevo Sistema de Seguridad Nacional.
Será presidido por el Presidente de la Nación. Como miembros permanentes estarán también el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria de Legal y Técnica. El Presidente podrá convocar a otros funcionarios o especialistas cuando la cuestión analizada lo requiera.
El organismo elaborará la Política de Seguridad Nacional y coordinará su ejecución. Defensa deberá presentar su Política de Defensa Nacional; Economía, una Política Económica de Seguridad Nacional; Cancillería, una Política Diplomática de Seguridad Nacional; y la SIDE, la Política de Inteligencia Nacional. Todos esos documentos quedarán sometidos a los lineamientos definidos por el Consejo.
También tendrá amplias facultades para exigir información y asistencia a cualquier organismo del Sector Público Nacional y podrá requerir cooperación a provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto busca que decisiones que actualmente pueden estar distribuidas entre distintos ministerios pasen a formar parte de una estrategia común dirigida desde la Presidencia.
4. Bloqueo de activos y aranceles de hasta 75% frente a amenazas externas
El Consejo tendrá además herramientas económicas concretas. Cuando considere acreditada la existencia de un riesgo o amenaza grave e inminente para la Seguridad Nacional, podrá adoptar medidas incluso antes de iniciar formalmente un procedimiento administrativo sancionatorio.
Entre ellas aparecen la restricción temporal de operaciones cambiarias, transferencias y pagos bancarios; limitaciones a importaciones o exportaciones; suspensión de permisos, concesiones y contrataciones; restricciones para acceder a créditos, subsidios y beneficios fiscales; e inmovilización o bloqueo de fondos y otros activos bajo jurisdicción argentina.
El instrumento más novedoso permite aumentar temporalmente los derechos de importación y exportación aplicables al Estado extranjero involucrado, con un techo del 75%.
La herramienta introduce en el sistema argentino una lógica que tiene puntos de contacto con mecanismos utilizados por Donald Trump en Estados Unidos: emplear la política comercial y los aranceles como instrumentos vinculados con objetivos de seguridad nacional. La legislación norteamericana habilita, bajo la Sección 232, medidas sobre importaciones consideradas capaces de afectar la seguridad nacional, y Trump utilizó esa herramienta para imponer o modificar aranceles en sectores estratégicos.
En el proyecto argentino, sin embargo, el diseño es propio: las medidas aparecen asociadas a una amenaza concreta contra la Seguridad Nacional y serán administradas por el Consejo.
5. El regreso del régimen de derribo
El proyecto establece un procedimiento secuencial para intervenir frente a aeronaves irregulares u hostiles.
Primero deberá identificarse el avión o vector. Luego podrá ser declarado Tránsito Aéreo Irregular y recibir advertencias y órdenes. Si persiste en una conducta considerada hostil, el comandante operacional podrá declararlo Tránsito Aéreo Hostil.
El escalón siguiente permite una demostración de fuerza mediante medios militares, que incluso podrá incorporar fuego no dirigido contra la aeronave con una finalidad exclusivamente intimidatoria.
Finalmente aparece el uso de la fuerza como “acción de último recurso”. Para aplicar medidas coercitivas destinadas a impedir la continuación del vuelo será necesaria una orden expresa e inequívoca del Presidente, aunque el jefe del Estado podrá delegar esa facultad en el ministro de Defensa. El Consejo de Seguridad Nacional deberá asesorar a quien adopte la decisión.
La Argentina ya tuvo una normativa permanente de derribo. Mauricio Macri aprobó en 2016 las Reglas de Protección Aeroespacial, cuya RPA 004 autorizaba expresamente el uso de la fuerza para el derribo o destrucción de vectores declarados hostiles.
En marzo de 2023, Alberto Fernández derogó esa regla. Su decreto señaló que el régimen había adquirido carácter permanente después del G20 de 2018 y consideró innecesario y “excesivamente punitivo” conservar determinadas disposiciones.
Milei busca ahora restablecer esa capacidad mediante una ley del Congreso, con una cadena de intervención definida y autorización política para el último escalón del uso de la fuerza.
6. Nuevos límites a la influencia extranjera en elecciones y decisiones políticas
Otro capítulo apunta a la influencia extranjera.
El proyecto modifica la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos para impedir que extranjeros que no tengan residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña electoral o propaganda.
Además, crea nuevas figuras penales. Una de ellas establece entre cinco y 12 años de prisión para quien, actuando por cuenta, orden o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, desarrolle actividades destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
La pena aumenta a entre ocho y 15 años cuando intervengan amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.
También se incorporan delitos vinculados con operaciones clandestinas de inteligencia extranjera y con la transmisión de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros. En este último caso, las penas pueden alcanzar 20 años cuando la conducta se produzca durante un conflicto armado o una agresión extranjera.
La iniciativa redefine la Defensa Nacional
7. Una nueva definición de Seguridad Nacional
El proyecto crea formalmente un Sistema de Seguridad Nacional que integra funciones diplomáticas, económicas, cibernéticas, de defensa, jurídicas y de inteligencia, junto con la protección de infraestructura crítica y de la soberanía.
El alcance territorial y funcional también es amplio. La seguridad nacional comprende el territorio argentino, pero también ciudadanos y representaciones diplomáticas en el exterior, bienes e intereses nacionales ubicados en terceros países, alta mar, el espacio ultraterrestre, el ciberespacio y el espacio electromagnético.
La conducción política quedará en manos del Presidente.
El proyecto incorpora principios como anticipación estratégica, proporcionalidad, legalidad, transparencia, rendición de cuentas, coordinación y capacidad de recuperación.
La definición muestra que el Ejecutivo busca correr la discusión de seguridad nacional del plano exclusivamente militar. La economía, la tecnología, las redes digitales, la infraestructura y las decisiones diplomáticas pasan a integrar expresamente el mismo sistema.
8. Cambia el concepto de Defensa y el papel de las Fuerzas Armadas
La iniciativa modifica la Ley 23.554 de Defensa Nacional.
El nuevo artículo 2 define la Defensa Nacional como la función destinada a proteger soberanía, independencia, integridad territorial, capacidad de autodeterminación y los intereses nacionales frente a amenazas externas provenientes de actores estatales o no estatales, tanto cinéticas como no cinéticas.
El cambio tiene efectos sobre la preparación de las Fuerzas Armadas. El proyecto establece que deberán estar organizadas, adiestradas y equipadas frente a riesgos y amenazas externas y preparadas para operaciones militares convencionales y no convencionales, así como para otras operaciones militares distintas de la guerra.
También podrán ser empleadas, cuando corresponda, en la protección de infraestructura crítica identificada por el Consejo de Seguridad Nacional.
La reforma incorpora así fenómenos como ataques cibernéticos, sabotajes externos y agresiones contra redes o infraestructura estratégica dentro del análisis de Defensa Nacional, siempre que se trate de riesgos o amenazas de origen externo.
9. Protección de infraestructura crítica, energía, comunicaciones y centros de datos
Otro capítulo crea un régimen nacional específico para los bienes e instalaciones considerados indispensables para el funcionamiento del país.
El texto define como Infraestructuras Críticas a estructuras físicas, redes o sistemas públicos o privados esenciales para servicios básicos, salud, seguridad, defensa, economía y funcionamiento efectivo del Estado, cuya destrucción o afectación pueda producir un impacto significativo.
El Consejo deberá elaborar una Estrategia Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas y un Plan Nacional que determine pautas de protección. Ambos deberán actualizarse cada cinco años o antes cuando lo justifiquen cambios tecnológicos o circunstancias excepcionales.
Las provincias y la Ciudad deberán identificar las infraestructuras de sus jurisdicciones. Sus propietarios u operadores tendrán que elaborar planes particulares de seguridad, que deberán ser evaluados periódicamente.
El Consejo podrá determinar cuáles son de interés nacional y ordenar la intervención de los organismos necesarios para protegerlas. La ley menciona especialmente centros de datos e infraestructura de tecnologías de la información.
La información sobre ubicación, propietarios, características y medidas de seguridad podrá quedar clasificada.
10. Un nuevo procedimiento para controlar buques y proteger el mar y los ríos
El proyecto también regula el procedimiento de actuación sobre embarcaciones.
Crea la categoría de “Buque de Interés” para aquellos que, por su recorrido, bandera, actividad, antecedentes, falta de reportes, simulación de identidad o comportamiento anómalo requieran seguimiento. Pero aclara expresamente que esa clasificación no significa que exista una infracción ni habilita por sí sola medidas coercitivas.
También establece que la evasión o desobediencia de un buque no alcanza por sí sola para considerarlo hostil. Para eso debe existir un acto material de fuerza o una amenaza de agresión externa suficientemente concreta.
El procedimiento comienza con identificación y orden de detención. Si el barco no obedece, podrá iniciarse una persecución dentro de las condiciones del derecho internacional. Luego podrán realizarse visitas e inspecciones, maniobras de interposición y disparos de advertencia.
Agotadas las medidas menos lesivas, podrán efectuarse disparos destinados a inutilizar el buque, procurando afectar sistemas de propulsión o gobierno y evitando muertes, contaminación o hundimiento.
El hundimiento queda reservado como una medida militar extrema contra un buque hostil. El texto prohíbe expresamente hundir un barco civil como sanción, herramienta policial o mecanismo para impedir una fuga. Cualquier hundimiento requerirá autorización previa y expresa del Presidente, facultad que podrá delegar en el ministro de Defensa.
11. Una puerta de salida para quienes abandonen las actividades cuestionadas
La dureza de las sanciones convive con un mecanismo destinado a incentivar que las empresas abandonen actividades realizadas sin autorización argentina.
El Régimen de Desistimiento y Regularización permite que un sujeto involucrado solicite su incorporación incluso después de haber recibido una sanción administrativa.
Debe demostrar que cesó la actividad, comprometerse a no reincidir y elegir entre pagar una multa específica o reconvertir las inversiones hacia actividades legales que se desarrollen en territorio argentino.
Si cumple las condiciones, se suspenden los procedimientos administrativos y las acciones penales. Cumplido el pago o realizada la inversión comprometida, se archivan las actuaciones y puede extinguirse la acción penal.
El beneficio no estará disponible para quienes tengan una sentencia firme por los delitos de la ley ni para reincidentes, y solo podrá utilizarse una vez.
El mecanismo muestra una segunda finalidad de la norma: además de castigar la explotación considerada ilegal, busca generar incentivos económicos para que empresas internacionales abandonen esos proyectos y trasladen inversiones hacia actividades autorizadas por la Argentina.
12. El RePET pasa a tener rango legal y se endurece el régimen contra el terrorismo
El último gran bloque eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que funcionará dentro de la Unidad de Información Financiera.
El registro incluirá información sobre personas y entidades vinculadas con terrorismo, financiamiento terrorista y proliferación de armas de destrucción masiva. La incorporación no requerirá necesariamente que exista previamente una causa penal: el proyecto exige que haya motivos razonables para sospechar una vinculación con esas actividades o una designación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Los sujetos obligados por las normas antilavado deberán inmovilizar inmediatamente fondos y activos vinculados con personas o entidades inscriptas y comunicar la situación a la UIF.
La propia UIF podrá disponer la inmovilización y deberá comunicarla al Ministerio Público Fiscal y a un juez federal para que la ratifique, rectifique o revoque.
El proyecto crea además un delito específico con penas de cinco a 15 años para quien proporcione deliberadamente apoyo material a una organización o persona vinculada con actividades terroristas o con proliferación de armas de destrucción masiva.
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional llega así al Congreso como una iniciativa considerablemente más extensa que el paquete originalmente asociado al conflicto por Malvinas.
La disputa por los recursos del Atlántico Sur fue el punto de partida y continúa ocupando el primer capítulo del proyecto. La explotación petrolera de Sea Lion y la decisión del Gobierno de aumentar los costos para empresas, accionistas, proveedores y operadores vinculados con actividades no autorizadas actuaron como detonante de la nueva legislación. Pero, durante el proceso de elaboración, el texto avanzó hacia una redefinición más profunda de las herramientas que podrá utilizar el Estado frente a amenazas externas.
El resultado es un proyecto que reúne bajo la misma estructura Malvinas, Defensa, política exterior, inteligencia, economía, ciberseguridad, infraestructura crítica, control del espacio aéreo y marítimo, influencia extranjera y terrorismo.
La iniciativa propone pasar de una legislación concentrada en determinadas infracciones vinculadas con los recursos naturales a un esquema permanente de Seguridad Nacional, dirigido políticamente por el Presidente y con un Consejo facultado para coordinar desde la respuesta militar hasta medidas financieras, comerciales y diplomáticas.
POLITICA
La fiscalía pidió procesar al financista Ariel Vallejo por asociación ilícita y lavado de dinero: sus vínculos con el juego clandestino
La fiscal federal Cecilia Incardona pidió procesar con prisión preventiva al financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, como jefe de una asociación ilícita dedicada a lavar dinero. Asimismo, reclamó que siga detenido.
Sur Finanzas financió a varios clubes de fúbtol con créditos que la acusación consideró usurarios. Pero lo que se destaca en el escrito de 249 páginas de la fiscal Incardona, tal como había revelado , es que Vallejo está acusado de lavar dinero de una plataforma de casino clandestino online, cuyos responsables están detenidos.
La mecánica consistía en que se valían de indigentes que recibían el dinero en sus cuentas, lo repartían a cuatro integrantes de la organización, que lo volvían a introducir en el circuito formal a través de Sur Finanzas.
El pedido de procesamiento de la fiscalía al que accedió abarca a 15 personas y seis sociedades, y fue efectuado al juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte.
Además de Vallejo, son señalados su madre, Graciela Beatriz Vallejo; el contador del grupo, Gerardo Salvador Carrozza; las hermanas María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis, y su pareja, Maite Sofía Lorenzo, y seis empresas: Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA (antes Neblockchain SA), Centro de Inversiones Concordia SRL, Cluster Palace Beach SA, Roma Inversiones SA y Gestiones San Miguel SA. Incardona también reclamó embargos sobre los bienes de todos los imputados y que se mantenga la prohibición a Vallejo de prestar servicios financieros.
Incardona sostuvo que Vallejo construyó entre 2020 y 2025 un conjunto de sociedades que “funcionó como una sola caja” para transformar el dinero de sus cuevas financieras en patrimonio de apariencia lícita.
Vallejo está acusado de realizar maniobras de intermediación financiera ilegal, infracciones cambiarias, evasión impositiva y previsional y lavar dinero del juego ilegal.
La operatoria
Según la reconstrucción de la fiscal, todo empezó en Concordia, Entre Ríos. Allí funcionaba Centro de Inversiones Concordia SRL, una agencia de cambio autorizada por el Banco Central que conducía formalmente la madre de Vallejo.
Entre septiembre de 2020 y octubre de 2022, en pleno cepo, la agencia manejó más de 100 millones de dólares, por encima del límite que había declarado, sin autorización del Banco Central.
Eran US$103.548.677 y esa infracción le permitió operar un volumen de divisas que no podía mover legalmente, con una ganancia de al menos 207 millones de pesos.
Con ese dinero, dice el dictamen, nació en noviembre de 2021 Sur Finanzas Group SA, la sociedad madre del grupo. Y cuando la agencia pidió su baja como operadora de cambio, en octubre de 2022, fue vaciada en dos meses.
Graciela Vallejo transfirió $488 millones de la agencia a su cuenta personal y desde allí, y en forma directa, $459 millones a Gestiones San Miguel SA, otra agencia del grupo. Otros $109,8 millones fueron a una cuenta en la empresa REBA.
Con esos fondos el grupo compró la Casa Central de Sur Finanzas, en la calle Seguí 764 de Adrogué, subescriturada en 45 millones de pesos. Cuatro meses después, Sur Finanzas Group compró por 400.000 dólares la casa de enfrente, que era más chica.
El paso siguiente fue comprar Neblockchain SA, una sociedad que ya tenía licencia del Banco Central como proveedora de servicios de pago (PSP) y que en 2024 pasó a llamarse Sur Finanzas PSP.
Para la fiscal, se convirtió en “la caja de entrada del grupo”: por allí ingresaba dinero mediante billeteras virtuales abiertas a nombre de personas sin capacidad económica y el efectivo que los empleados del grupo depositaban con camiones de caudales.
Por esas billeteras, sostiene Incardona, circularon fondos de una organización de juego clandestino investigada en La Plata, que captaba a personas vulnerables, abría cuentas con sus datos biométricos y las usaba para recaudar las apuestas de un casino online.
Tres de sus “receptores finales” operaban en la plataforma de Sur Finanzas. Así, por la billetera de Ignacio Marchioni ingresaron al menos $39.456 millones; por la de Juan Ignacio Campoli Sillero, $15.706 millones, y por la de Catriel Taubenschlag, $1071 millones.
Otro caso que destaca el dictamen es el de Jonathan Ledesma, monotributista categoría A, beneficiario de la Asignación Universal por Hijo y deudor irrecuperable, por cuya billetera pasaron $7285 millones entre noviembre de 2024 y abril de 2025. Según la fiscal, prestó su nombre para mover dinero que era de Vallejo y del grupo.
A eso se suman $2031 millones en efectivo que entre septiembre y noviembre de 2025 tres choferes y portavalores depositaron por ventanilla en la cuenta de la PSP en el Banco Hipotecario, sin que nadie registrara de quién era ese dinero.
La fiscal sostiene además que Sur Finanzas PSP actuó como una entidad financiera sin estar autorizada. Captaba fondos del público en las billeteras, los mezclaba con los propios y los prestaba o los aplicaba a descontar cheques. Los beneficiarios eran los clubes de fútbol.
Según la documentación secuestrada en Argentinos Juniors, el club le cedió a la financiera cheques por $600 millones a una tasa nominal anual adelantada del 100% y recibió en diciembre de 2024 un préstamo de $200 millones al 40% anual más 1,5% mensual.
En San Lorenzo se encontró un reconocimiento de deuda a favor de Sur Finanzas Group por $416 millones, por préstamos y cesiones de cheques a tasas de entre el 36% y el 71,52% anual.
Entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, la cuenta de la PSP recibió 51.436 cheques de terceros por casi $189.659 millones, el 95% de todos sus créditos.
Para la fiscal, esos préstamos no pudieron hacerse con capital propio: el patrimonio neto de la sociedad en marzo de 2023 era de apenas $38 millones.
El dictamen describe un mecanismo repetido donde “una sociedad que presta su firma para que el dinero cambie de titular sin cambiar de dueño; un contador que certifica ante bancos y escribanos un origen de fondos que no verificó y que los papeles no respaldan; y una o varias personas de confianza que aparecen como titulares de lo que no es suyo”.
En el centro de ese esquema aparece Cluster Palace Beach SA, una sociedad sin cuentas bancarias ni ingresos propios, presidida por Bárbara Sena Argis.
A su nombre se compraron seis departamentos en Coronel Spiro 662, en Adrogué, pagados con US$600.000 en efectivo que, según la fiscal, salieron de Ars Cambios, una casa de cambio. También un lote en el barrio Fincas de San Vicente por US$400.000, cuyas cuotas se pagaron en billetes, y la Ferrari California negra de Vallejo.
El auto se compró en 2025 por $152,1 millones y se inscribió primero a nombre de Taubenschlag –uno de los receptores del juego clandestino– y luego de Cluster Palace Beach.
Cuando el Registro del Automotor exigió justificar el origen de los fondos, el contador Carrozza firmó una declaración jurada de negativa a cumplir los recaudos antilavado.
El 30 de octubre de 2025, ocho días después de que la ARCA iniciara una fiscalización sobre la PSP, la Ferrari se vendió a una jubilada por un precio declarado de $90 millones, aunque el precio negociado fue de US$250.000.
Para probar que Vallejo conducía todo, la fiscal cita en el escrito sus propios mensajes. “Mamá, me compré una Ferrari”, le escribió a su madre por WhastsApp.
Para justificar la prisión preventiva, Incardona describió lo que hizo el grupo cuando la investigación se hizo visible. Entre el 3 de noviembre y el 1° de diciembre de 2025, cuando fueron los allanamientos, la cuenta de Sur Finanzas PSP transfirió $14.898 millones a Pagos Dica SA en 35 operaciones.
El 26 de noviembre, cuando le avisaron que los inspectores de la ARCA estaban “en la puerta”, le transfirió casi $2500 millones.
La madrugada del 1° de diciembre, a pedido de Vallejo, su secretaria ordenó levantar el efectivo de las sucursales y borrar las cámaras; la tesorera informó que había dejado sólo un “puchito”.
Vallejo desactivó a las 00.02 la función de localización de su iPhone. En los días siguientes los choferes escondieron camionetas y 12 computadoras fueron trasladadas a un domicilio de Adrogué.
La fiscal agregó que Vallejo mintió sobre su domicilio. Al ser detenido dijo que vivía con su madre en Banfield y que en su casa anterior residía su “ex mujer” Maite Lorenzo.
Cuatro días después, Lorenzo declaró que está en pareja con él desde hace cinco años y que viven juntos en el lote de Fincas de San Vicente comprado por Cluster Palace Beach. Además, señaló la fiscal, Vallejo dispone de dinero cuyo paradero se desconoce, entre ellos $1009 millones que declaró en efectivo al cierre de 2023.
Sur Finanzas se convirtió en sponsor principal de Banfield en 2022 y desde allí se expandió a Platense, Racing y Barracas Central, el club fundado por Tapia y presidido por su hijo, hasta llegar a patrocinar a la selección y a darle nombre a la Copa de la Liga Profesional en 2023 y 2024, que se llamó “Copa Sur Finanzas”.
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La ley de discapacidad se dictaminó en el Senado y quedó lista para ser sancionada en la próxima sesión
Un plenario de comisiones del Senado avanzó esta tarde con el dictamen del proyecto ya aprobado por Diputados que impone una nueva ley de discapacidad y deja atrás la actual emergencia en el área, que vence a fin del corriente año. Entre los puntos más importantes del texto se mantiene la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.
La firma del despacho ocurrió en las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Población y Desarrollo Humano de la Cámara alta. La primera es comandada por el libertario Agustín Monteverde (Capital Federal), mientras que la segunda es presidida por la cristinista Alicia Kirchner (Santa Cruz), quien aseguró: “Hay personas que nos han dicho de agregar esto o lo otro, pero el 31 de diciembre vence la ley y es fundamental que le demos sanción. Toda ley es perfectible, pero hoy tenemos que garantizar la mayor cobertura”.
Su colega de bloque, Carlos Linares (Chubut), retiró su propuesta para prorrogar la emergencia y habló de una “gran desesperación en todo el colectivo, que se está jugando hace rato”. Además, deslizó que la iniciativa en cuestión “es lo más cercano que tenemos, pero no es lo ideal”. En esa línea, manifestó: “Es mucho lo que falta y quiero ver qué viene en el Presupuesto 2027. Ahora, tenemos que despejar la incertidumbre”.
Por su parte, la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal), expresó que la norma “busca dar una respuesta permanente y genera previsibilidad después de muchos desencuentros”, con el fin de evitar “una pelea permanente por este tema”. La porteña resaltó la necesidad de “controles”, con “pensiones que están muy por la media de cualquier pueblo tiene”.
Bullrich calificó como “muy importante” la no incompatibilidad entre incapacidad y empleo», para que “puedan ser integradas y no elegir empleo y pensión, que generaba un doble problema”. Mismo caso en los “beneficios a empleadores” y la apuesta por la “transparencia” del nuevo sistema. En ese sentido, advirtió sobre la “enorme duda” en pensiones entregadas “como si fuese un plan social”.
A contramano de la mayoría de bloques y, pese a la urgencia relacionada con el tema, la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba) reclamó modificaciones. No cayó bien en el resto de los presentes del plenario -más tarde, la apoyó el ahora ex kirchnerista catamarqueño Guillermo Andrada-, dado el apuro para dar una señal y el consenso obtenido en Diputados, que se replicaría en el Senado.
Tras su discurso, se sumó la cristinista Juliana di Tullio como máxima autoridad de dicha bancada en el convite. La bonaerense aprovechó la ocasión para criticar a Bullrich. Contestó el libertario Bruno Olivera Lucero (San Juan). El ida y vuelta continuó con otros legisladores y la disputa se elevó luego de las palabras del mileísta Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos). No es la primera vez que genera una situación de ese estilo. Tampoco se perdió su momento su colega de espacio Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), quien mandó a siesta eterna -desde marzo- a la comisión de Trabajo que lidera. Más de siete meses.
El texto consensuado ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado. Por pedido de los aliados en la Cámara baja -el Gobierno y el oficialismo tuvieron que ceder en casi todo allí-, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.
También se garantizó que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud). En tanto, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallaron las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que se destinarán a financiar el sistema y se previeron compensaciones desde el Tesoro, si éstas resultaran insuficientes. Además, se aclaró que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.
En otro tramo del proyecto se introdujeron mecanismos de control más estrictos. Por caso, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.
Por último, el texto establece que si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días.
joaquín benegas lynch
Entre los invitados a la misa en Luján con el papa León XIV, el gobierno de Axel Kicillof remitió un convite al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, según pudo confirmar de fuentes al tanto de la lista de convocados por la provincia de Buenos Aires.
Para la misa del miércoles 11, Tapia está invitado en calidad de titular de la AFA y también del Ceamse, un puesto al que llegó impulsado por el propio Kicillof.
Asimismo, hay otras invitaciones enviadas a dirigentes de la asociación.
Kicillof sumó a Tapia a pesar del torbellino que atraviesa el mandamás del fútbol local por las investigaciones sobre desvío de fondos de la AFA a destinos sospechados de ser cuentas fantasma y una imputación por enriquecimiento ilícito en su contra.
El titular de la AFA también es blanco de acusaciones por los fallos arbitrales a favor de los equipos cercanos a su conducción.
En este escenario, Tapia tuvo que enfrentarse al rechazo de los hinchas en varias oportunidades, incluso en la despedida de Lionel Messi de la selección, donde no pudo pisar el césped.
En ese trance -de alto impacto mediático, político y deportivo-, Kicillof no le soltó la mano todavía a “Chiqui”.
En octubre se mostraron en una recorrida juntos en el Estadio Único de La Plata, donde la Provincia y la AFA tienen un convenio firmado: la asociación se hace cargo del uso y paga al gobierno bonaerense un canon que puede ser sustituido por la realización de obras.
El próximo 29 de noviembre, Tapia va a reinaugurar el estadio bajo el nombre Tricampeones del Mundo Diego Armando Maradona. Ya prometió que la cancha de la capital bonaerense será la nueva “casa” de la Selección, ante las fricciones con el presidente de River, Stefano Di Carlo, un férreo crítico suyo.
En febrero, cuando empezaban a conocerse operaciones ahora investigadas por la Justicia, la AFA mudó su histórica sede de Viamonte al municipio bonaerense de Pilar, en lo que habría sido un intento de evitar controles.
El día que asumió León, Tapia lo saludó por X: “Felicitaciones y bendiciones para el Papa León XIV y para toda la comunidad católica. Deseo que, tal como lo hizo nuestro querido Francisco, con su liderazgo y humildad, guíe a la humanidad, haga prevalecer la paz y siga devolviéndole la fe y esperanza a miles y miles de fieles”.
En el sector de invitados, “Chiqui” compartirá el miércoles próximo con gobernadores (todos convocados) y con la plana mayor de la política local.
Además del gabinete de Kicillof, recibieron el llamado intendentes y legisladores provinciales de todas las fuerzas, senadores y diputados nacionales por PBA, exgobernadores y un puñado de dirigentes políticos y sindicales.
De parte de la Casa Rosada, la comitiva estará encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que tiene intenciones de gobernar Buenos Aires; acompañado por el canciller Pablo Quirno; el secretario de Culto, Agustín Caulo; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández. Se sumó en las últimas horas el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, que fue invitado por la Provincia por ser exgobernador, de acuerdo a lo que pudo confirmar con el entorno del funcionario.
En la gestión de Kicillof aseguran que no quieren partidizar la misa y que por eso la convocatoria es amplia. La Iglesia hizo reiterados llamados en ese sentido.
El gobernador, que ya arrancó la carrera presidencial para 2027 pese a que todavía no lo confirmó públicamente y a que el kirchnerismo se rehúsa a su candidatura, se juega una carta importante con esta visita que atraerá los ojos del mundo. Estará presente en el Palacio Libertad el domingo y también en el Cottolengo Don Orione de Claypole, su territorio, el lunes.
Para Luján, el miércoles, la Provincia ya despliega un operativo que involucra 11.365 efectivos, tal como contó este medio ayer. Hoy Kicillof fue a la ciudad. “Su voz [la del Papa] tiene una enorme potencia y nos recuerda que frente a la injusticia siempre hay otro camino”, dijo sobre la llegada de León XIV. “Buenos Aires está abierta para todos los argentinos y argentinas. ¡Bienvenidos, todos!“, arengó.
Su contraparte, el presidente Javier Milei, también pretende posicionar su liderazgo en esta recepción, en un momento en que perdió popularidad por los cuestionamientos a los efectos del plan económico y el ajuste.
Milei recibirá al Papa el domingo en Aeroparque, encabezará la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y dará un discurso junto a él en el Palacio Libertad. Allí el Gobierno también montará una convocatoria amplia, con el Gabinete, gobernadores, diputados y senadores nacionales de todas las fuerzas políticas y miembros de la Corte Suprema de Justicia.
El Presidente también participará de la misa del lunes en el Monumento a los Españoles y despedirá a León XIV en Ezeiza el miércoles.
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