POLITICA
Las 12 claves de la ley de Defensa de la Soberanía por Malvinas: régimen de derribo, multas y penas de hasta 20 años
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Gobierno envió al Congreso nació bajo el impacto de la disputa por las Islas Malvinas y el avance de la explotación petrolera en el Atlántico Sur, pero el texto definitivo terminó convertido en una reforma mucho más amplia del sistema de seguridad y defensa argentino.
El proyecto establece penas de hasta 20 años de prisión para determinadas actividades vinculadas con la explotación ilegal de recursos naturales; crea un Consejo de Seguridad Nacional con facultades para intervenir sobre cuestiones económicas, diplomáticas, militares y de inteligencia; incorpora un régimen de derribo; regula el empleo de la fuerza sobre embarcaciones; crea un sistema nacional para la protección de infraestructura crítica; redefine el concepto de Defensa Nacional y suma restricciones y delitos vinculados con la influencia de Estados y organizaciones extranjeras.
El origen político de la iniciativa está en la cadena nacional que Javier Milei dio el 3 de septiembre, cuando anunció un cambio de estrategia frente a Malvinas. Allí adelantó que enviaría con carácter urgente una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurecería el esquema vigente contra las empresas que participaran en operaciones no autorizadas, crearía un Consejo de Seguridad Nacional y establecería nuevos marcos para la infraestructura crítica y la protección aeroespacial y marítima.
Según pudo saber Infobae, en la elaboración del articulado estuvieron el asesor presidencial Santiago Caputo, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, y el canciller Pablo Quirno. El ministro de Defensa, Carlos Presti, hizo aportes específicos sobre los capítulos vinculados con las Fuerzas Armadas y las capacidades militares. El proyecto que finalmente ingresó al Congreso fue firmado por Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, Quirno, Presti y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La fundamentación oficial explica el cambio de enfoque con una definición que atraviesa buena parte del proyecto. El Gobierno sostiene que la Seguridad Nacional no puede ser administrada mediante organismos que actúen de manera aislada y afirma que existen “herramientas diseñadas para un mundo que ya no existe”. A partir de esa premisa, propone integrar política exterior, economía, defensa, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructura estratégica en una conducción común.
Estas son las 12 claves del proyecto
El proyecto amplía las sanciones por Malvinas y refuerza las facultades del Consejo de Seguridad Nacional
1. Malvinas y un régimen mucho más amplio para proteger los recursos naturales
El primer título de la ley está dedicado a Malvinas y a los recursos naturales. El proyecto reafirma el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y establece que cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos renovables o no renovables en esos territorios, sus espacios marítimos circundantes o la Plataforma Continental Argentina requiere autorización de las autoridades argentinas.
El cambio es importante respecto de la Ley 26.659, que será derogada si se aprueba el proyecto. El régimen actual está concentrado fundamentalmente en actividades hidrocarburíferas. El nuevo texto extiende las prohibiciones a todos los recursos naturales, incluidos los renovables, con impacto directo sobre la pesca.
Además, la responsabilidad deja de limitarse a la empresa que desarrolla directamente la actividad. También quedan alcanzadas las operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas o de consultoría que resulten esenciales para el proyecto, así como socios, accionistas, participantes directos y controlantes de las compañías involucradas.
La lógica es abarcar la cadena completa que hace posible una explotación no autorizada: desde quien extrae petróleo o pesca hasta quienes financian, controlan o prestan servicios indispensables para la operación.
2. Multas en barriles de petróleo, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años
El régimen administrativo contempla multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, suspensión o cancelación de habilitaciones y la posibilidad de inhabilitar al infractor por un período de entre cinco y 20 años.
La inhabilitación implica mucho más que impedir una actividad puntual. Puede derivar en la prohibición de desarrollar actividades económicas en la Argentina, la revocación de permisos, el cese de exenciones o facilidades fiscales y previsionales y la rescisión de contratos que se ejecuten total o parcialmente en territorio argentino.
También se impide que organismos públicos nacionales, provincias, municipios y empresas o personas establecidas en el país contraten con quienes hayan sido incorporados al registro de sancionados.
El capítulo penal prevé penas de entre cinco y siete años de prisión para la prestación consciente de bienes o servicios indispensables para esas operaciones; de entre 12 y 15 años para la prospección o exploración hidrocarburífera sin autorización; y de entre 12 y 20 años para la exploración o explotación de recursos naturales no renovables. La extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos puede ser castigada con 15 a 20 años de cárcel.
Para las personas jurídicas se contemplan, entre otras consecuencias, suspensiones para contratar con el Estado o desarrollar actividades por hasta 30 años, revocaciones de permisos y, en determinadas condiciones extremas, la disolución de la sociedad.
El proyecto incluye además la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia a esos delitos.
3. Un Consejo de Seguridad Nacional con amplias facultades
Uno de los cambios institucionales centrales es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, órgano rector de un nuevo Sistema de Seguridad Nacional.
Será presidido por el Presidente de la Nación. Como miembros permanentes estarán también el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria de Legal y Técnica. El Presidente podrá convocar a otros funcionarios o especialistas cuando la cuestión analizada lo requiera.
El organismo elaborará la Política de Seguridad Nacional y coordinará su ejecución. Defensa deberá presentar su Política de Defensa Nacional; Economía, una Política Económica de Seguridad Nacional; Cancillería, una Política Diplomática de Seguridad Nacional; y la SIDE, la Política de Inteligencia Nacional. Todos esos documentos quedarán sometidos a los lineamientos definidos por el Consejo.
También tendrá amplias facultades para exigir información y asistencia a cualquier organismo del Sector Público Nacional y podrá requerir cooperación a provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto busca que decisiones que actualmente pueden estar distribuidas entre distintos ministerios pasen a formar parte de una estrategia común dirigida desde la Presidencia.
4. Bloqueo de activos y aranceles de hasta 75% frente a amenazas externas
El Consejo tendrá además herramientas económicas concretas. Cuando considere acreditada la existencia de un riesgo o amenaza grave e inminente para la Seguridad Nacional, podrá adoptar medidas incluso antes de iniciar formalmente un procedimiento administrativo sancionatorio.
Entre ellas aparecen la restricción temporal de operaciones cambiarias, transferencias y pagos bancarios; limitaciones a importaciones o exportaciones; suspensión de permisos, concesiones y contrataciones; restricciones para acceder a créditos, subsidios y beneficios fiscales; e inmovilización o bloqueo de fondos y otros activos bajo jurisdicción argentina.
El instrumento más novedoso permite aumentar temporalmente los derechos de importación y exportación aplicables al Estado extranjero involucrado, con un techo del 75%.
La herramienta introduce en el sistema argentino una lógica que tiene puntos de contacto con mecanismos utilizados por Donald Trump en Estados Unidos: emplear la política comercial y los aranceles como instrumentos vinculados con objetivos de seguridad nacional. La legislación norteamericana habilita, bajo la Sección 232, medidas sobre importaciones consideradas capaces de afectar la seguridad nacional, y Trump utilizó esa herramienta para imponer o modificar aranceles en sectores estratégicos.
En el proyecto argentino, sin embargo, el diseño es propio: las medidas aparecen asociadas a una amenaza concreta contra la Seguridad Nacional y serán administradas por el Consejo.
5. El regreso del régimen de derribo
El proyecto establece un procedimiento secuencial para intervenir frente a aeronaves irregulares u hostiles.
Primero deberá identificarse el avión o vector. Luego podrá ser declarado Tránsito Aéreo Irregular y recibir advertencias y órdenes. Si persiste en una conducta considerada hostil, el comandante operacional podrá declararlo Tránsito Aéreo Hostil.
El escalón siguiente permite una demostración de fuerza mediante medios militares, que incluso podrá incorporar fuego no dirigido contra la aeronave con una finalidad exclusivamente intimidatoria.
Finalmente aparece el uso de la fuerza como “acción de último recurso”. Para aplicar medidas coercitivas destinadas a impedir la continuación del vuelo será necesaria una orden expresa e inequívoca del Presidente, aunque el jefe del Estado podrá delegar esa facultad en el ministro de Defensa. El Consejo de Seguridad Nacional deberá asesorar a quien adopte la decisión.
La Argentina ya tuvo una normativa permanente de derribo. Mauricio Macri aprobó en 2016 las Reglas de Protección Aeroespacial, cuya RPA 004 autorizaba expresamente el uso de la fuerza para el derribo o destrucción de vectores declarados hostiles.
En marzo de 2023, Alberto Fernández derogó esa regla. Su decreto señaló que el régimen había adquirido carácter permanente después del G20 de 2018 y consideró innecesario y “excesivamente punitivo” conservar determinadas disposiciones.
Milei busca ahora restablecer esa capacidad mediante una ley del Congreso, con una cadena de intervención definida y autorización política para el último escalón del uso de la fuerza.
6. Nuevos límites a la influencia extranjera en elecciones y decisiones políticas
Otro capítulo apunta a la influencia extranjera.
El proyecto modifica la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos para impedir que extranjeros que no tengan residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña electoral o propaganda.
Además, crea nuevas figuras penales. Una de ellas establece entre cinco y 12 años de prisión para quien, actuando por cuenta, orden o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, desarrolle actividades destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
La pena aumenta a entre ocho y 15 años cuando intervengan amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.
También se incorporan delitos vinculados con operaciones clandestinas de inteligencia extranjera y con la transmisión de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros. En este último caso, las penas pueden alcanzar 20 años cuando la conducta se produzca durante un conflicto armado o una agresión extranjera.
La iniciativa redefine la Defensa Nacional
7. Una nueva definición de Seguridad Nacional
El proyecto crea formalmente un Sistema de Seguridad Nacional que integra funciones diplomáticas, económicas, cibernéticas, de defensa, jurídicas y de inteligencia, junto con la protección de infraestructura crítica y de la soberanía.
El alcance territorial y funcional también es amplio. La seguridad nacional comprende el territorio argentino, pero también ciudadanos y representaciones diplomáticas en el exterior, bienes e intereses nacionales ubicados en terceros países, alta mar, el espacio ultraterrestre, el ciberespacio y el espacio electromagnético.
La conducción política quedará en manos del Presidente.
El proyecto incorpora principios como anticipación estratégica, proporcionalidad, legalidad, transparencia, rendición de cuentas, coordinación y capacidad de recuperación.
La definición muestra que el Ejecutivo busca correr la discusión de seguridad nacional del plano exclusivamente militar. La economía, la tecnología, las redes digitales, la infraestructura y las decisiones diplomáticas pasan a integrar expresamente el mismo sistema.
8. Cambia el concepto de Defensa y el papel de las Fuerzas Armadas
La iniciativa modifica la Ley 23.554 de Defensa Nacional.
El nuevo artículo 2 define la Defensa Nacional como la función destinada a proteger soberanía, independencia, integridad territorial, capacidad de autodeterminación y los intereses nacionales frente a amenazas externas provenientes de actores estatales o no estatales, tanto cinéticas como no cinéticas.
El cambio tiene efectos sobre la preparación de las Fuerzas Armadas. El proyecto establece que deberán estar organizadas, adiestradas y equipadas frente a riesgos y amenazas externas y preparadas para operaciones militares convencionales y no convencionales, así como para otras operaciones militares distintas de la guerra.
También podrán ser empleadas, cuando corresponda, en la protección de infraestructura crítica identificada por el Consejo de Seguridad Nacional.
La reforma incorpora así fenómenos como ataques cibernéticos, sabotajes externos y agresiones contra redes o infraestructura estratégica dentro del análisis de Defensa Nacional, siempre que se trate de riesgos o amenazas de origen externo.
9. Protección de infraestructura crítica, energía, comunicaciones y centros de datos
Otro capítulo crea un régimen nacional específico para los bienes e instalaciones considerados indispensables para el funcionamiento del país.
El texto define como Infraestructuras Críticas a estructuras físicas, redes o sistemas públicos o privados esenciales para servicios básicos, salud, seguridad, defensa, economía y funcionamiento efectivo del Estado, cuya destrucción o afectación pueda producir un impacto significativo.
El Consejo deberá elaborar una Estrategia Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas y un Plan Nacional que determine pautas de protección. Ambos deberán actualizarse cada cinco años o antes cuando lo justifiquen cambios tecnológicos o circunstancias excepcionales.
Las provincias y la Ciudad deberán identificar las infraestructuras de sus jurisdicciones. Sus propietarios u operadores tendrán que elaborar planes particulares de seguridad, que deberán ser evaluados periódicamente.
El Consejo podrá determinar cuáles son de interés nacional y ordenar la intervención de los organismos necesarios para protegerlas. La ley menciona especialmente centros de datos e infraestructura de tecnologías de la información.
La información sobre ubicación, propietarios, características y medidas de seguridad podrá quedar clasificada.
10. Un nuevo procedimiento para controlar buques y proteger el mar y los ríos
El proyecto también regula el procedimiento de actuación sobre embarcaciones.
Crea la categoría de “Buque de Interés” para aquellos que, por su recorrido, bandera, actividad, antecedentes, falta de reportes, simulación de identidad o comportamiento anómalo requieran seguimiento. Pero aclara expresamente que esa clasificación no significa que exista una infracción ni habilita por sí sola medidas coercitivas.
También establece que la evasión o desobediencia de un buque no alcanza por sí sola para considerarlo hostil. Para eso debe existir un acto material de fuerza o una amenaza de agresión externa suficientemente concreta.
El procedimiento comienza con identificación y orden de detención. Si el barco no obedece, podrá iniciarse una persecución dentro de las condiciones del derecho internacional. Luego podrán realizarse visitas e inspecciones, maniobras de interposición y disparos de advertencia.
Agotadas las medidas menos lesivas, podrán efectuarse disparos destinados a inutilizar el buque, procurando afectar sistemas de propulsión o gobierno y evitando muertes, contaminación o hundimiento.
El hundimiento queda reservado como una medida militar extrema contra un buque hostil. El texto prohíbe expresamente hundir un barco civil como sanción, herramienta policial o mecanismo para impedir una fuga. Cualquier hundimiento requerirá autorización previa y expresa del Presidente, facultad que podrá delegar en el ministro de Defensa.
11. Una puerta de salida para quienes abandonen las actividades cuestionadas
La dureza de las sanciones convive con un mecanismo destinado a incentivar que las empresas abandonen actividades realizadas sin autorización argentina.
El Régimen de Desistimiento y Regularización permite que un sujeto involucrado solicite su incorporación incluso después de haber recibido una sanción administrativa.
Debe demostrar que cesó la actividad, comprometerse a no reincidir y elegir entre pagar una multa específica o reconvertir las inversiones hacia actividades legales que se desarrollen en territorio argentino.
Si cumple las condiciones, se suspenden los procedimientos administrativos y las acciones penales. Cumplido el pago o realizada la inversión comprometida, se archivan las actuaciones y puede extinguirse la acción penal.
El beneficio no estará disponible para quienes tengan una sentencia firme por los delitos de la ley ni para reincidentes, y solo podrá utilizarse una vez.
El mecanismo muestra una segunda finalidad de la norma: además de castigar la explotación considerada ilegal, busca generar incentivos económicos para que empresas internacionales abandonen esos proyectos y trasladen inversiones hacia actividades autorizadas por la Argentina.
12. El RePET pasa a tener rango legal y se endurece el régimen contra el terrorismo
El último gran bloque eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que funcionará dentro de la Unidad de Información Financiera.
El registro incluirá información sobre personas y entidades vinculadas con terrorismo, financiamiento terrorista y proliferación de armas de destrucción masiva. La incorporación no requerirá necesariamente que exista previamente una causa penal: el proyecto exige que haya motivos razonables para sospechar una vinculación con esas actividades o una designación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Los sujetos obligados por las normas antilavado deberán inmovilizar inmediatamente fondos y activos vinculados con personas o entidades inscriptas y comunicar la situación a la UIF.
La propia UIF podrá disponer la inmovilización y deberá comunicarla al Ministerio Público Fiscal y a un juez federal para que la ratifique, rectifique o revoque.
El proyecto crea además un delito específico con penas de cinco a 15 años para quien proporcione deliberadamente apoyo material a una organización o persona vinculada con actividades terroristas o con proliferación de armas de destrucción masiva.
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional llega así al Congreso como una iniciativa considerablemente más extensa que el paquete originalmente asociado al conflicto por Malvinas.
La disputa por los recursos del Atlántico Sur fue el punto de partida y continúa ocupando el primer capítulo del proyecto. La explotación petrolera de Sea Lion y la decisión del Gobierno de aumentar los costos para empresas, accionistas, proveedores y operadores vinculados con actividades no autorizadas actuaron como detonante de la nueva legislación. Pero, durante el proceso de elaboración, el texto avanzó hacia una redefinición más profunda de las herramientas que podrá utilizar el Estado frente a amenazas externas.
El resultado es un proyecto que reúne bajo la misma estructura Malvinas, Defensa, política exterior, inteligencia, economía, ciberseguridad, infraestructura crítica, control del espacio aéreo y marítimo, influencia extranjera y terrorismo.
La iniciativa propone pasar de una legislación concentrada en determinadas infracciones vinculadas con los recursos naturales a un esquema permanente de Seguridad Nacional, dirigido políticamente por el Presidente y con un Consejo facultado para coordinar desde la respuesta militar hasta medidas financieras, comerciales y diplomáticas.
POLITICA
La Argentina se sumó a EE.UU. y otras economías con una declaración para combatir la sobreproducción industrial
WASHINGTON.- En un nuevo paso del alineamiento de la administración del presidente Javier Milei con el gobierno de Donald Trump, su principal socio internacional, la Argentina adhirió este miércoles junto a otros países a una declaración impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para combatir la sobreproducción industrial en sectores manufactureros claves, considerado como un “desafío fundamental para la economía global”.
El documento de la “Declaración ministerial conjunta” destinada a “abordar el exceso de capacidad y producción estructurales” fue firmado también por Australia, Alemania, Canadá, Corea del Sur, Francia, la India, Italia, Japón, México, Polonia, Turquía, Reino Unido y la Unión Europea (UE), en el marco del Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El USTR, que lidera el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, había convocado una reunión de altos funcionarios de las 14 economías para iniciar labores destinadas a abordar esa problemática que apunta a la competencia con China en materia comercial.
Como resultado, los países que suscribieron el documento junto con Estados Unidos -que partió de las deliberaciones sostenidas durante la reunión ministerial de comercio del G-20 realizada en Milwaukee la semana pasada- expresaron su determinación de trabajar mediante “nuevas plataformas sectoriales específicas para examinar y adoptar medidas eficaces” frente a este problema en diversos sectores considerados de preocupación.
La declaración también hace un llamado a todos los países a poner fin al uso de políticas y prácticas ajenas a las reglas del mercado, que, según los firmantes, “distorsionan los mercados y perpetúan el exceso estructural de capacidad y producción”.
“Durante la presidencia de Estados Unidos del G-20, numerosas economías señalaron casos de exceso estructural de capacidad y producción en economías que superaban persistentemente la demanda mundial, sostenidos por políticas y prácticas ajenas a las reglas del mercado aplicadas por gobiernos extranjeros”, declaró Greer mediante un comunicado, en el que no hizo mención a China.
“De no controlarse, estos problemas seguirán perjudicando gravemente a las industrias nacionales, desplazando la producción local y obstaculizando nuestra capacidad para elevar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias”, amplió Greer, el funcionario que en febrero pasado firmó en Washington junto al canciller Pablo Quirno el acuerdo recíproco de comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Argentina.
“La administración Trump seguirá colaborando con nuestros socios comerciales para defender nuestras industrias nacionales, a nuestros trabajadores y nuestra economía frente a las distorsiones derivadas de estas políticas y prácticas generalizadas”, completó Greer.
Aunque el texto de la declaración no nombra a ningún país en particular, el tema remite de manera directa a China, cuyo modelo industrial, apoyado en subsidios estatales y una capacidad instalada que supera con amplitud su demanda interna, ha sido el blanco recurrente de las quejas de Washington, Bruselas y otros gobiernos por la sobreproducción en sectores como el acero, el aluminio, los vehículos eléctricos, los paneles solares y los semiconductores.
El régimen de Xi Jinping ha rechazado esas acusaciones en reiteradas ocasiones y sostiene que su competitividad responde a ventajas de eficiencia y a la dinámica del mercado.
“En particular, el exceso de capacidad y producción estructural conduce a la sobreproducción y a una concentración excesiva de la producción; desalienta la inversión, la producción y el desarrollo de capacidad basados en el mercado; y socava las exportaciones basadas en el mercado», señaló el documento firmado por los 14 países.
“Reconocemos que el exceso de capacidad y producción estructural en cualquier país plantea desafíos importantes para todos sus socios comerciales, ya que distorsiona los precios y los patrones de producción, disuade la entrada de nuevos actores y obstaculiza la innovación y la competencia”, añadió.
Específicamente, el texto detalló que en las deliberaciones de este año los miembros expresaron su preocupación por el exceso de capacidad y producción estructural —existente o proyectado para el futuro— en muchos sectores, entre ellos, automóviles y vehículos eléctricos, baterías, productos químicos, semiconductores básicos y paneles solares.
“Nos preocupa que, a falta de medidas oportunas y eficaces, el exceso de capacidad y producción estructural en estos sectores paralice nuestras industrias nacionales, desplace la producción local, destruya empleos, socave nuestras economías, obstaculice los esfuerzos de desarrollo e industrialización y, en última instancia, reduzca el nivel de vida de nuestra población”, alertó.
La relación comercial entre Estados Unidos y China ha estado bajo tensión durante la segunda administración Trump, por la imposición de aranceles, actualmente bajo una tregua hasta el 10 de enero de próximo tras acordar una prórroga a una competencia que ha afectado los mercados globales.
Guillermo Idiart,Estados Unidos,Donald Trump,Javier Milei,Conforme a
POLITICA
Malvinas: el Gobierno analiza sumar una comisión bicameral y rechazó dividir el proyecto de Defensa de la Soberanía
El Gobierno buscó avanzar este miércoles en su ley de Defensa de la Soberanía en medio del renovado reclamo por Malvinas. La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, dijo en Diputados que analiza agregar al proyecto parlamentario un artículo para crear una comisión bicameral que siga el trabajo del Consejo de Seguridad Nacional. También rechazó dividir la iniciativa, como pide la oposición. Fue durante el tercer plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, que se hizo en un clima tenso, con gritos e interrupciones.
“Estos temas de seguridad nacional deben tener la coordinación de los tres poderes”, explicó la funcionaria, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Y agregó: “Estamos analizando incorporar la creación de una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional”.
El oficialismo quiere tener listo el dictamen para llevar el proyecto al recinto en una sesión especial el miércoles 21 de octubre. Antes, el plenario volverá a reunirse el martes 13. Pero la oposición dialoguista pone condiciones. El bloque Provincias Unidas prepara un dictamen propio y propondrá. Unión por la Patria, en cambio, insiste en separar el expediente en dos: por un lado, el régimen especial sobre Malvinas, y por otro, la reforma de Seguridad, Defensa e Inteligencia.
Ibarzabal Murphy respondió a esos planteos al contestar las preguntas de los diputados: “El Título I es vital para nosotros”. Y sostuvo que el proyecto busca “lograr las herramientas necesarias que fortalezcan y le den cuerpo a las relaciones diplomáticas para que no queden en palabras”.
Cuando le preguntaron por la supuesta amnistía que incluye el texto, la secretaria aseguró que “el régimen de desistimiento bajo ningún concepto quiere beneficiar a las ilegítimas licenciatarias que han tenido intervención en las Islas Malvinas”. Pero aclaró: “Es muy necesario poner incentivos en lugares correctos”. Además, consideró que “las inhabilitaciones no generan las consecuencias prácticas que necesitamos”.
Durante su exposición, la funcionaria criticó la ley vigente, la 26.659, aprobada en 2011. Dijo que “tiene muchas fallas técnicas que hacen compleja la práctica”, que “no prevé delitos vinculados a la pesca” y que “es demasiado vaga”. Y resumió el objetivo del nuevo proyecto en tres puntos: “Castigar a quienes explotan nuestros recursos de manera ilegal; incentivar el cese de esas conductas, y dotar al Estado nacional para proteger ante las amenazas externas”.
Las críticas de la oposición
El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue uno de los primeros en hablar: “Estamos claramente preocupados por lo que es una tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder grave”. Volvió a pedir que vayan al Congreso el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, y que se convoque a organizaciones de la sociedad civil.
El exministro de Defensa Agustín Rossi (Unión por la Patria) anticipó que, si el proyecto se aprueba en Diputados, “Patricia (Bullrich) se lo va a cambiar a esto”, en referencia al paso del texto por el Senado.
El enojo de Carignano: “A ver si el decorado se calla”
El momento más tenso fue durante la intervención de la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano. Se enojó con los legisladores que hablaban mientras ella exponía y le dijo a Ibarzabal Murphy: “¿Secretaria, podría escuchar lo que estoy diciendo?”. Después agregó: “A ver si se calla el decorado, hay como un cotorrerío que está molestando”.
La diputada de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado le respondió: “Está escuchando atentamente. El hecho de que vengan diputados, se paran adelante nuestro, eso complica… pero que sigan hablando no es coartar el uso de la palabra. Que sus preguntas fueran concretas ayudaría mucho”.
Al principio de su intervención, Carignano también criticó al presidente Javier Milei: “Es poco creíble el ataque de la pasión malvinera que le agarró a Milei, que se declaró admirador de (la exprimera ministra británica) Margaret Thatcher. Quedaron muy expuestos con el tema de la bandera de Malvinas y tuvieron que inventar este proyecto, que habla de soberanía”.
Sea Lion, el “punto de quiebre”
Ibarzabal Murphy abrió su exposición con una defensa del proyecto: “Como dijo Milei, este es un tema que nos convoca a todos, se trata de defender nuestra soberanía. Vengo como argentina y como parte del Gobierno nacional”.
POLITICA
Mendoza: autorizan al exjuez Walter Bento, condenado por corrupción, a volver a su casa en un country los fines de semana
MENDOZA.- El exjuez federal mendocino Walter Bento, condenado a 18 años de prisión por corrupción, accedió a un beneficio especial, lo que generó fuerte repercusión en la provincia cuyana. Un magistrado riojano, con actuación en Mendoza, le otorgó un permiso para volver todos los fines de semana a su casa, con el fin de cuidar a su hijo discapacitado y a su esposa, que se encuentra convaleciente.
De esta manera, el polémico exfuncionario judicial, sentenciado por cobrar coimas a cambio de beneficios a presos, podrá pasar tres días por semana fuera de prisión.
Actualmente, se encuentra tras las rejas en el complejo penitenciario de la localidad montañosa de Cacheuta. Con la resolución judicial, Bento podrá regresar al hogar familiar, en el country Palmares, ubicado en Godoy Cruz, desde los viernes a la mañana hasta los lunes a la tarde, lo que en los pasillos de tribunales calificaron de “finde XXL”.
La decisión fue tomada por el juez federal de La Rioja Jorge Gamal Abdel Chamia, integrante del Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza, quien hizo lugar a una solicitud de la defensa del mendocino, por lo que Bento ya está habilitado para dejar una vez por semana el Complejo Penitenciario Federal VI, donde cumple la condena. Aunque no se trata del acceso a la prisión domiciliaria, sus letrados destacaron la decisión del juez aunque insistirán con el pedido de ese beneficio para que Bento logre estar todos los días en su hogar.
Por su parte, desde la Fiscalía se espera la presentación de una oposición a la medida para que sea revisada y rechazada por la Justicia, ya que se considera que la familia del exmagistrado cuenta con la prestación necesaria para el cuidado integral del hijo de Bento. Esto es, cuidadoras las 24 horas, kinesiólogo, centro de día y transporte adaptado.
Entre las medidas de seguridad que dispuso Chamia se encuentran los traslados que estarán a cargo del Servicio Penitenciario Federal y los controles aleatorios en el domicilio de Bento, que serán realizados por Gendarmería Nacional. En tanto, se espera la orden para que el exmagistrado porte una tobillera electrónica, aunque es una medida aún bajo análisis.
De acuerdo con los fundamentos de la decisión, el magistrado riojano entendió que hubo cambios en la dinámica familiar a raíz del empeoramiento en el cuadro de recuperación de la esposa de Bento, Marta Boiza, quien había sido intervenida quirúrgicamente en varias oportunidades por una grave afección en la rodilla, que comenzó luego de un altercado con un periodista.
Actualmente, según la defensa, la mujer se encuentra en silla de ruedas, con un fijador externo, edema y una fístula, por lo que necesita asistencia constante. Esta situación atentaría contra las condiciones necesarias para poder cuidar a Facundo, el hijo del matrimonio que padece discapacidad severa y dependencia funcional.
Bajo este escenario, los abogados de Bento solicitaron a la Justicia que contemplara el inconveniente familiar, asegurando que el exmagistrado es la persona indicada para cumplir esa función en el hogar, entre las que destacan la contención emocional del joven. Los otros dos hijos de la pareja están fuera de la provincia: uno, en Buenos Aires; el otro, en España.
Fue este punto de “vinculación afectiva” en el que el juez Chamia hizo foco para otorgar el beneficio, más allá de lo material y asistencial que necesita Facundo, y que tiene garantizado. De hecho, el magistrado riojano tuvo en cuenta los testimonios que aseguran que el joven muestra mejoras cuando está en contacto con su padre, con quien hasta ahora sólo tenía encuentros esporádicos y restringidos.
18 años de prisión
A la espera de las presentaciones que se realicen en las próximas jornadas, desde la Justicia dejaron en claro que la decisión es “excepcional, provisoria y revisable”. Después de dos años de debate, en febrero del 2026, Bento fue condenado a 18 años de prisión por graves delitos relacionados a una red de corrupción que operó durante años desde el Juzgado Federal N°1 de Mendoza.
Las juezas del Tribunal Federal N°2, Gretel Diamante, Carolina Pereira y Eliana Rattá, fueron las encargadas de declararlo culpable de liderar una asociación ilícita, además de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. “Hubo corrupción judicial. Bento utilizó su cargo de juez como plataforma para la obtención y legitimación de beneficios ilícitos”, sostuvo el tribunal en los fundamentos.
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