La Cámara Federal le dio este jueves un nuevo empujón a uno de los expedientes de corrupción más longevos de Comodoro Py: sumó como querellante a una organización civil en la causa que investiga el presunto vaciamiento de la empresa estatal YPF, que lleva ya 20 años en etapa de instrucción en el juzgado de Ariel Lijo.

Por disposición de la Sala I, al expediente se incorpora como acusador particular Integridad Republicana, una asociación civil que está representada por el abogado Carlos Negri. Desde este jueves, contará con acceso al expediente, podrá proponer medidas de prueba y cuestionar los movimientos de la causa.

De hecho, antes de constituirse como querellante ya había recusado a Lijo, acusándolo de haber anticipado una solución al litigio mediante la inacción, lo cual consideran un “prejuzgamiento encubierto”.

De la sociedad forman parte, entre otros, la exnúmero dos de la UIF durante el macrismo, María Eugenia Talerico; el radical Fabio Quetglas y la exdiputada del ARI Marcela Campagnoli.

Los mismos jueces que hoy sumaron a Integridad Republicana al caso —Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— en 2024 habían constituido como querellante a Contadores Forenses, una ONG que mantuvo actividad en el expediente pero perdió participación tras el fallecimiento de Alfredo Popritkin.

En ambos casos, los magistrados lo hicieron dando vuelta la decisión del juez Lijo, que había optado por no incorporarlos.

“Entendemos que resulta procedente su constitución como tal […]. Ello, en tanto los hechos y conductas que conforman el objeto de la pesquisa podrían conculcar derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general, cuya defensa y protección se encontrarían abarcados por el objeto social de la organización”, dijeron los magistrados.

La asociación estará como querellante en el expediente junto a las provincias de Mendoza y Chubut. En la misma resolución de noviembre con la que el juez decidió no sumar a Integridad Republicana, decidió aceptarlas como querellantes. Son patrocinadas por el abogado Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro durante el macrismo y figura clave en el capítulo internacional de la trama.

El expediente tramita en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Lijo, y bajo intervención de la Fiscalía 7, que durante los primeros años de vida de la causa estuvo bajo el mando del fiscal Carlos Cearras —hoy fiscal de Cámara— y actualmente está a cargo de Ramiro González. La investigación, sin embargo, no fue delegada.

El recorrido

El caso YPF nació en 2006 como una denuncia, pero a los dos años se concretaría el ingreso de la familia Eskenazi a la compañía, lo que se convertiría, por el modo en que se realizó esa operación, en uno de los ejes del expediente.

Entre 2007 y 2011, el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, ingresó a la compañía al adquirir el 25% de las acciones mediante un esquema de préstamos que se pagarían con los propios dividendos de la empresa.

Según la denuncia, formulada y luego ampliada por Elisa Carrió, para financiar la entrada del Grupo Petersen, YPF sufrió un sobreendeudamiento del 800% entre 2005 y 2012. Además, sostiene que se repartieron dividendos por 5.000 millones de dólares, de los cuales 1.700 millones habrían sido “inexistentes”, es decir, pagados sin ganancias genuinas de la empresa.

En 2012, otro evento con resonancias internacionales volvería a redibujar los contornos del expediente: la estatización de la empresa, impulsada por el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof.

La compra de acciones de la empresa desatendió dos artículos del estatuto de la compañía que obligaban a cualquiera que se hiciera con una determinada cantidad de acciones a realizar la misma oferta al resto de los accionistas minoritarios.

El Estado retomó así el control mayoritario de la petrolera -hasta ese momento en manos de la española Repsol-, pero desató una tormenta legal en los Estados Unidos cuando el fondo Burford Capital adquirió los derechos para litigar de dos empresas del Grupo Petersen, que declararon haber quebrado al dejar de recibir los dividendos tras la reestatización de YPF.

Esos derechos de litigio fueron adquiridos por Burford en el marco de un remate de la justicia española que administraba la quiebra.

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dictó la sentencia que condenaba a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares por haber incumplido con aquel estatuto. Pero en marzo de este año, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revocó el fallo de Preska.

La Corte reconoció que la Argentina no había cumplido con el estatuto, pero sostuvo que las leyes de expropiación están por encima de cualquier estatuto comercial interno de una empresa. Al frente de la estrategia argentina, que se mantuvo en esencia a lo largo de los distintos gobiernos, estuvo Saravia Frías, hoy abogado patrocinante de las provincias querellantes.

En las filas del oficialismo hay un convencimiento de que la primera bandera que deben plantar para buscar la reelección del presidente Javier Milei en 2027 es la reforma política, con la eliminación de las PASO. Esto más allá de que públicamente sus funcionarios, como el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, digan que se trata de un compromiso electoral hecho en 2023, con el afán de bajar costos.

Que las primarias queden afuera permitiría al Gobierno tener la lapicera ante los socios políticos y también generaría aún más complicaciones para ordenar a un peronismo que expone día a día sus fuertes quiebres internos.

Asimismo, en la reforma política hay otros instrumentos, como el financiamiento de los partidos, que la Casa Rosada pretende hacer caminar, todo para que Milei pueda estar otros cuatro años en el Gobierno. Pero a ese paquete se sumó un ítem más, que podría derivar en un nuevo método de votación.

Según pudo averiguar , en la negociación con los gobernadores se puso en discusión que la reforma política también habilite las listas colectoras en la categoría legislativa.

Esto buscaría, primero, intentar encauzar el apoyo de las provincias a través de sus diputados y senadores para dar de baja las PASO. Pero también le dejaría al Gobierno una herramienta de negociación de cara a 2027 para que, llegado el caso de que no logren establecer un acuerdo provincial con un determinado gobernador para confluir en una misma lista, el mandatario provincial pueda abrir un listado propio pero que vaya atado a la candidatura presidencial de Milei.

El tema está en evaluación, sobre todo entre un grupo de gobernadores peronistas y radicales, el subsecretario de Gestión Institucional y mano derecha de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, y el flamante jefe de Gabinete Santilli.

“A esta hora, está más para que sí se incluyan las colectoras dentro de la reforma política, en un 60% por el sí y en un 40% por el no”, diagnosticaron en un sector de la Casa Rosada. En otro, también involucrado, fueron más cautos. “La aparición de las colectoras es una herramienta arriba de la mesa. Cerrado no está. Está en discusión”, refirieron.

En LLA descuentan que la mayor parte de los gobernadores van a desdoblar los comicios en sus territorios, por lo que el punto es lo que pasa con la elección nacional.

De habilitarse este mecanismo, el oficialismo pretende que solo se permita que haya dos listas legislativas por candidato presidencial. Esto para evitar que los gobernadores adhieran sus listados a distintos postulantes.

¿Cómo funcionaría este método, por ejemplo, con los libertarios? En la boleta única, en la categoría presidente iría la foto grande de Milei y, por debajo, las dos opciones de listas legislativas que acompañen su candidatura. En este caso, seguro la de LLA; y, también, la provincial que presente el gobernador que arregle de esta forma con la Casa Rosada.

El peronismo, por ejemplo, si lleva como candidato a Axel Kicillof a presidente, podría tener dos opciones de listas para legisladores: una propia y otra de La Cámpora. Y así para todos los partidos, pero siempre con la posibilidad de solo colgar dos listas legislativas por cada candidato presidencial. “Con este sistema no podrías duplicar tu lista en dos frentes distintos. Elegís un partido y jugás ahí”, explicó a una fuente que conoce del proyecto que está en consideración.

No obstante, todavía están debatiéndose los detalles técnicos sobre cómo se efectuaría la votación con esta modalidad y la repartición de bancas.

Una opción es que el votante señale con una cruz qué presidente prefiere y, después, en la categoría legislativa, que elija con otra cruz por cuál de las dos listas opta. En LLA pretenden que las colectoras solo se habiliten para diputados nacionales, más allá de que hay provincias que votan senadores.

En cuanto a la distribución de bancas, un sector vinculado a los gobernadores tira más para que se haga de igual forma que siempre: a través del sistema D’Hont, como si las colectoras fuesen listas separadas, con el resto de los partidos que compitieron para el Congreso. En LLA hay ciertas dudas respecto de eso porque plantean este escenario hipotético: si LLA saca 10 puntos con la lista propia y cinco con la colectora (en total, 15), y el peronismo sin colectora saca 14 votos, en ese caso si los votos del oficialismo no se suman, el peronismo quedaría en una condición de hegemonía. Son detalles técnicos pero que forman parte del ida y vuelta.

En la Casa Rosada el fin último es lograr la reelección del Presidente. Entonces, entienden que las colectoras permitirían tener una opción más para poner en la mesa con aquellos gobernadores aliados que decidan no confluir en una lista única libertaria.

Esta conversación, respecto de la reforma política, es la única iniciativa en danza vinculada directamente a los acuerdos electorales que tejan oficialismo y oposición, por lo tanto, a cuántas proyecciones de reelección de Milei ven en las provincias aliadas de la Casa Rosada.

En el Presupuesto 2027, el Gobierno ya dejó en claro -cuando presentó el avance ayer- que espera una desaceleración de la inflación, recuperación de los salarios reales e ingreso disponible en los hogares, mejora del consumo y reducción de la tasa de desempleo. De ser así, el oficialismo tendría más chances de condicionar a sus socios a que se plieguen a apoyar al Presidente, ya sea con lista única o con colectora.

Sin embargo, otros sectores todavía no tienen así de claro que la Argentina avanzará en ese sentido. Las dudas se incrementaron en estos casi cuatro meses en que la imagen del Gobierno se vio impactada de manera negativa por el afán de Milei de sostener en su cargo a Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

Ahora, con la llegada del exministro del Interior Santilli como relevo, en Balcarce 50 se entusiasman con dejar las PASO de lado, pese a que sea con suspensión y no con eliminación definitiva. A esta hora, aparece más viable una suspensión de las primarias, como ocurrió en 2025, y no una extracción, como pretende la secretaria general, Karina Milei, y su elenco de negociadores políticos.

Respecto de las colectoras, hay sectores que responden a gobernadores que tienen dudas sobre su implementación. “Tiene tufillo a ley de lemas”, comentaron en algunas provincias, pese a que en la Casa Rosada niegan que se vincule a aquel viejo método.