El Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Alberto Presti, informó cómo será el operativo de vigilancia y protección del espacio aéreo durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Entre el 8 y el 11 de noviembre, se establecerán restricciones parciales y temporarias en sectores de las áreas terminales Buenos Aires y Córdoba. De esta manera, se reforzará la seguridad durante los desplazamientos y actividades del Sumo Pontífice.

El dispositivo, según consignaron desde la cartera de Defensa, estará a cargo del Comando Conjunto Aeroespacial, organismo responsable de la vigilancia y defensa del espacio aéreo argentino. Para coordinar su implementación, se realizó el pasado viernes una reunión de trabajo de la que participación Presti, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare; y otras autoridades militares y funcionarios.

El operativo contará con radares fijos y móviles, sistema de comunicaciones e informática, herramientas de comando y control, medios aéreos de interpretación y personal especializado. Estos recursos, precisa una artículo en la página web del ministerio, permitirán mantener una vigilancia permanente de la situación aérea, identificar los vuelos que circulen por las zonas alcanzadas por las medidas y responder ante eventuales irregularidades.

Durante los días en los que el Papa se encuentre en suelo argentino, también se desplegarán medios de la Fuerza Aérea Argentina y del Ejército Argentino para realizar tareas de vigilancia e interceptación. El esquema incluirá, además helicópteros que podrán utilizarse en eventuales evacuaciones y relevos de personal.

Cómo funcionarán las restricciones aéreas

La cartera de Defensa precisó que las aeronaves que no cumplan con las condiciones establecidas para operar dentro de las zonas restringidas, podrán ser consideradas como “Tránsito Aéreo Irregular”. En esos casos, se aplicarán los procedimientos previstos en el Decreto 1334/2026 -un régimen extraordinario de protección aeroespacial durante la visita del papa León XIV que se promulgó el 4 de noviembre-, que contempla distintas instancias de respuesta: identificación, interceptación, comunicación, advertencias y órdenes.

El objetivo es resolver cualquier situación irregular antes de que pueda representar una amenaza. Para ello, el dispositivo contempla áreas específicas de la responsabilidad para las aeronaves de caza interceptora y sectores destinados exclusivamente a la operación de aeronaves militares, tanto en Buenos Aires como Córdoba.

Las disposiciones también incluyen restricciones temporarias para determinadas operaciones en aeródromos y helipuertos no controlados, la prohibición de vuelos de drones dentro de las zonas afectadas y la suspensión de actividades de instrucción, entrenamiento y aerodeportivas durante el plazo de la visita de León XIV.

Dichas medidas fueron, asimismo, publicadas en los suplementos AIP 255/2026 y 258/2026 -emitidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), documentos que establecen las condiciones de operación aérea durante el período alcanzado por el operativo.

Quiénes estarán a cargo del operativo

El componente de Defensa estará bajo la conducción del mismo Presti, y funcionará en coordinación con los demás organismos que participan del dispositivo general de seguridad. La delegación de responsabilidades, tareas y roles también se enmarca en el Decreto 1334/2026.

El Comando Conjunto Espacial tiene entre sus funciones permanentes la vigilancia y protección del espacio aéreo argentino. En esa oportunidad, sus recursos estarán concentrados en las zonas vinculadas con los desplazamiento y las actividades de León XIV.

Desde la cartera señalaron que este tipo de procedimientos forma parte de los protocolos que se implementan en otros acontecimientos de relevancia institucional y visitas de autoridades. Entre los antecedentes mencionados, figura los operativos realizados durante el G20 -que tuvo lugar entre el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018-, las cumbres del Mercosur y otros encuentros de importancia nacional.

Por último, a modo de resumen, destacaron que el propósito de operativo es preventivo y disuasivo: detectar posibles irregularidades, identificarlas con anticipación y disponer de los medios necesarios para intervenir de manera progresiva ante una eventual situación de riesgo.

La agenda del papa León XIV durante su visita a la Argentina

Domingo 8 de noviembre

Lunes 9 de noviembre

Martes 10 de noviembre

Miércoles 11 de noviembre

Los gobernadores que fueron determinantes para sostener la agenda de Javier Milei en el Congreso empiezan a tomar distancia del Gobierno. Algunos endurecen sus reclamos, otros retacean sus votos y varios se preparan para enfrentar a La Libertad Avanza (LLA) en sus propios territorios.

El cambio de actitud coincide con un momento de creciente debilidad política para la Casa Rosada, atravesada por dificultades económicas, desaciertos internacionales y una interna que acumula episodios de descoordinación.

El movimiento involucra principalmente a cinco mandatarios que reúnen bajo su influencia a 19 diputados y siete senadores. Son votos decisivos para un oficialismo que cuenta con 95 bancas en Diputados y 21 en el Senado, y que necesita aliados tanto para aprobar sus iniciativas como para bloquear las ofensivas opositoras.

Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) muestran una predisposición cada vez menor a auxiliar al Gobierno. Las razones varían según la provincia: algunos se preparan para enfrentar electoralmente a los libertarios, mientras que otros necesitan recomponer sus vínculos con el peronismo local o endurecen sus reclamos por recursos.

Todos, sin embargo, empiezan a recalcular el costo político de sostener a Milei de cara a 2027.

La situación se vuelve particularmente delicada para el Gobierno ante su intención de suspender o eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Por ahora, el oficialismo se muestra reticente a ofrecer las garantías electorales que reclaman sus potenciales aliados.

“Los gobernadores huelen sangre y se pintan la cara”, resume un experimentado dirigente radical del interior, que anticipa un escenario cada vez más complejo para el oficialismo en el Congreso.

El endurecimiento de los mandatarios coincide, además, con un deterioro del contexto político que hasta hace poco favorecía al Presidente. Las derrotas de Flávio Bolsonaro en Brasil y, especialmente, de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos encendieron las alarmas sobre la solidez de sus respaldos internacionales.

En el plano doméstico, el aumento del riesgo país, la inflación que no termina de ceder y la dificultad para recuperar el consumo se combinan con una interna oficialista cada vez más expuesta. La senadora Patricia Bullrich ya no disimula sus aspiraciones presidenciales y busca exhibir su poder dentro de una administración que acumula señales de desorganización.

El último episodio fue el abrupto retiro del proyecto de ley de Competitividad Financiera, que el Poder Ejecutivo había enviado a Diputados apenas tres días antes. La polémica por la incorporación de un impuesto del 15% sobre las ganancias obtenidas con la compraventa de Cedears obligó al Gobierno a dar marcha atrás con la iniciativa completa.

La secuencia dejó a la vista las dificultades de coordinación interna y expuso la contradicción del Presidente de no crear ni aumentar impuestos.

En ese contexto, los gobernadores empiezan a recalcular el costo político de sostener a Milei. Y las primeras señales de ese cambio ya se advierten en el Congreso.

Córdoba y Salta: reclamos por recursos y disputas electorales

Llaryora abrió esta semana un nuevo frente de confrontación con la Casa Rosada. Intendentes cordobeses encabezaron el miércoles una protesta en Diputados contra el aumento de los subsidios al transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), del que quedó excluido el interior. Al reclamo se sumaron jefes comunales de Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y Tucumán, que también denunciaron recortes en el programa de medicamentos Remediar y deudas del PAMI con los centros de salud municipales.

La ofensiva estuvo encabezada por Daniel Passerini, intendente de la capital cordobesa y aliado del gobernador, quien incluso amenazó con llevar el reclamo a la Corte Suprema. Como presidente del Consejo Federal de Intendentes (Cofein), denunció que la Nación destina US$460 millones al transporte del AMBA y nada al interior, pese a que el financiamiento proviene de un impuesto a los combustibles que se paga en todo el país.

Detrás de este reclamo asoma la disputa electoral. Llaryora se prepara para buscar su reelección frente al avance de los libertarios, que perfilan como posible candidato al diputado Gabriel Bornoroni, alineado con Karina Milei y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. “Nosotros defendemos a los cordobeses. Ellos defienden a la Casa Rosada en Córdoba”, lanzó el gobernador en alusión a sus potenciales rivales.

Sáenz se sumó a la protesta con un mensaje en X. “El discurso de no hay plata se contradice con estas decisiones, donde Nación cede ante la presión de las empresas porteñas mientras sigue postergando al interior”, cuestionó. El salteño ya había dado señales de distanciamiento: aportó dos legisladores a la fallida sesión opositora para derogar el DNU 70/2023 y reclama mayores partidas para infraestructura vial y saneamiento en el presupuesto 2027.

Su relación con los libertarios está condicionada por la disputa provincial con la senadora Emilia Orozco (LLA), que podría competir por la gobernación el año próximo. Aunque la legisladora moderó su exposición pública en las últimas semanas a pedido de la Casa Rosada, mantiene abierto el enfrentamiento con Sáenz.

Misiones, Tucumán y Catamarca: los votos que empiezan a faltar

En Misiones, el distanciamiento se aceleró tras la pérdida de poder del histórico conductor provincial Carlos Rovira, que había sostenido un entendimiento con el oficialismo nacional.

Con Passalacqua al frente del liderazgo político y provincial, los diputados misioneros modificaron su estrategia: rebautizaron el bloque y designaron como presidente al exgobernador Oscar Herrera Ahuad, que comenzó a plantear exigencias concretas a la Casa Rosada.

Entre ellas figuran el cumplimiento de la ley de discapacidad, recursos para el sector tabacalero, obras viales, la protección de bosques nativos y la restitución de facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), recortadas por el DNU 70/2023. Este año ya lograron rebajar el IVA a la fécula de mandioca.

El cambio también se hizo visible en Tucumán. Los diputados de Jaldo, hasta hace poco entre los aliados más disciplinados del oficialismo, se desmarcaron en la última sesión: no contribuyeron al quorum para habilitar el tratamiento de la agenda libertaria y luego votaron en contra del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

El mandatario tucumano ya había sido uno de los primeros aliados en objetar la derogación de la ley de tierras, una resistencia que terminó por frustrar ese capítulo de la iniciativa oficial en el Senado.

Su nueva posición coincide con un escenario electoral incierto. La posibilidad de que Jaldo compita por otro mandato en 2027 está judicializada y pendiente de una definición de la Corte Suprema. A esa incertidumbre se suma la disputa interna con Juan Manzur, presidente del PJ provincial, mientras que los libertarios perfilan como posible candidato al exvicejefe de gabinete Lisandro Catalán.

En Catamarca, el alejamiento de Jalil lleva más tiempo. Sus legisladores acompañaron el pedido de interpelación al entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en junio. Ya desde ese momento muestran los dientes.

El giro responde, sobre todo, a la sucesión provincial. Jalil mantiene un entendimiento con el intendente de la capital, Gustavo Saadi, que se perfila como candidato del peronismo a la gobernación. La senadora Lucía Corpacci, presidenta del PJ catamarqueño, también tiene un papel central en ese armado.

Para aspirar a una banca en el Senado, Jalil necesita recomponer su vínculo con el peronismo más tradicional, lo que supone marcar mayores diferencias con Milei.

Pullaro y Cornejo: cerca, pero con condiciones

Distinta es la situación de los gobernadores radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Alfredo Cornejo (Mendoza), que mantienen canales de diálogo con la Casa Rosada, aunque sus intereses electorales y legislativos no siempre coinciden con los del Presidente.

Pullaro, que cuenta con dos diputados y un senador, se encamina a un posible entendimiento electoral con los libertarios, pero no está dispuesto a resignar sus demandas en el Congreso. Una de sus prioridades es la reforma del régimen de biocombustibles que impulsa junto con Córdoba, cuya discusión enfrenta los intereses de las provincias productoras y las pymes bonaerenses.

Cornejo, en tanto, busca preservar su buena relación con Milei, pero espera un gesto político que hasta ahora no llega. Suma dos diputados y dos senadores que le responden. El gobernador mendocino necesita construir un sucesor y, al mismo tiempo, evitar que su rival, Luis Petri, se convierta en el candidato libertario a la gobernación. El exministro, sin embargo, eleva su perfil con el aval del Presidente.

Esa disputa condiciona las negociaciones por la reforma electoral. Cornejo es uno de los interlocutores radicales con los que el Gobierno busca avanzar en la suspensión o eliminación de las PASO, pero el mandatario no tiene incentivos para facilitar una modificación que podría fortalecer a su principal adversario provincial sin recibir garantías a cambio.