Las tarifas de servicios públicos —luz, gas, agua y transporte— ya representan más del 12% del salario de los trabajadores argentinos, más del doble de lo que absorbían en 2023, cuando ese porcentaje no superaba el 5 por ciento. El dato surge de un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) y refleja el impacto acumulado de los ajustes tarifarios aplicados desde el cambio de gestión.

La canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó en julio de 2026 los $295.826, según un relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). El valor supone un incremento del 4,6% respecto de junio y un 53% frente al mismo mes de 2025, una suba que superó en 19 puntos porcentuales la variación estimada de la inflación general, que fue del 34 por ciento.

El rubro de mayor peso dentro de la canasta fue el transporte, con un gasto mensual de $121.023, seguido por la energía eléctrica ($68.210), el gas natural ($64.862) y el agua potable ($41.724). El transporte concentró el 41% del costo total y explicó 27 de los 53 puntos porcentuales del alza interanual.

El aumento mensual del 4,6% respondió a una combinación de incrementos tarifarios y mayor demanda estacional. En el caso del gas, el cargo fijo subió 2,8% y el variable, 3%, con el agregado del pico de consumo invernal, lo que derivó en una suba del 5,2% en la factura. La electricidad registró el mayor salto del mes: los aumentos del 3% en el cargo fijo y del 5,7% en el variable, potenciados también por el mayor consumo de invierno, elevaron el gasto un 12,5 por ciento. En transporte, las líneas de la Ciudad de Buenos Aires subieron 4,1% y las interjurisdiccionales, 3,2%, con un incremento total del gasto familiar del 3,7 por ciento. El agua fue la excepción: una baja del 7,7% en el componente variable compensó el efecto de un día adicional de consumo en julio, y el gasto en ese servicio cayó 4,6 por ciento.

“El aumento del 4,6% mensual en la canasta de servicios responde a la combinación de incrementos tarifarios en los servicios y la mayor demanda energética estacional de cara al invierno. El componente más relevante en julio fue la energía eléctrica”, resumió el IIEP en su informe.

Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos del AMBA acumula un incremento del 966%, mientras que el nivel general de precios subió 241% en el mismo lapso. El salto más pronunciado lo registró el gas, con un avance del 2.185 por ciento. En ese mismo período, según el IAG, la tarifa de luz subió un 1.065% para los hogares con subsidio y un 509,5% para los que no lo tienen, contra una inflación del 320 por ciento.

El IAG atribuye esas subas a dos períodos de ajuste marcados: principios de 2024 y lo que va de 2026, ambos ligados a cambios en los esquemas de segmentación tarifaria. Entre las modificaciones más recientes, se redujo la cantidad de kilowatts-hora subsidiados a un máximo de 300 kWh por mes, se bajó el porcentaje del valor del kWh subsidiado al 50% —antes era del 65% para hogares de ingresos bajos— y se achicó el universo de hogares con acceso a subsidios: los de ingresos medios pasaron de estar cubiertos si cobraban hasta 3,5 canastas básicas totales a solo 3.

En contraste, según el IIEP, la canasta de servicios representó el 15% del salario promedio registrado estimado en 1.924.456 pesos. Un salario promedio alcanzó para adquirir 6,5 canastas de servicios públicos en julio de 2026, frente a las 7,8 que podía cubrir en el mismo mes de 2025. Un trabajador del sector privado registrado perdió 4,3% de capacidad de compra en abril de 2026 respecto al promedio de 2023, pero la caída del ingreso disponible —una vez descontado el gasto en servicios— fue del 9,7 por ciento.

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