POLITICA
Ley de Tierras: la oposición cuestiona la eliminación de los límites para compradores extranjeros antes del debate en el Congreso
A horas de que el Senado comience a debatir el proyecto que modifica la Ley de Tierras, la oposición endureció sus críticas contra la iniciativa del Gobierno. Tanto el peronismo como la Coalición Cívica publicaron documentos muy duros contra la norma.
En ese contexto, el Partido Justicialista difundió un documento en el que salió en defensa de la Ley de Tierras y cuestionó la iniciativa del oficialismo para modificar el régimen vigente. El texto sostiene que la norma se apoya en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y plantea que la tierra debe ser considerada un “bien natural estratégico, escaso y no renovable”, por lo que requiere una protección especial frente a las reglas del mercado.
Además, el PJ argumentó que las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros tienen antecedentes históricos en la Argentina y recordó que esa orientación estuvo presente en distintas etapas de la legislación nacional, desde el Decreto Ley 15.385 de 1944 hasta la Ley de Tierras sancionada en 2011. Según el documento, esas normas nunca implicaron un desconocimiento del derecho a la propiedad privada, sino que buscaron compatibilizarlo con la defensa del interés nacional.
Como parte de su cuestionamiento al proyecto oficial, el partido también afirmó que la Argentina no constituye una excepción en esta materia. En ese sentido, señaló que países como Brasil, Estados Unidos, Australia, Israel, China y varias naciones europeas cuentan con regulaciones que limitan o condicionan la adquisición de tierras por parte de ciudadanos extranjeros, especialmente cuando se trata de recursos considerados estratégicos.
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En paralelo al debate legislativo, la Coalición Cívica difundió un documento de 13 páginas, firmado por Elisa Carrió y dirigentes del partido, en el que cuestiona la reforma impulsada por el Gobierno y advierte sobre sus posibles efectos en materia de soberanía y control territorial. El texto sostiene que “la tierra no es solo un bien económico: también es soporte de jurisdicción, seguridad, presencia pública y continuidad territorial de la Nación” y plantea que la discusión excede la compraventa de inmuebles rurales.
Como conclusión, la Coalición Cívica sostiene que la reforma “coloca el territorio argentino bajo un régimen de disposición política excepcional” y cuestiona que determinadas operaciones puedan quedar sujetas a autorizaciones del Poder Ejecutivo y de los gobiernos provinciales. Para los firmantes, cualquier modificación de la ley debería “procurar un equilibrio razonable entre la promoción de inversiones y la preservación” de los recursos considerados estratégicos.
Los detalles del proyecto que impulsa el presidente Javier Milei
El proyecto que impulsa el oficialismo para modificar la Ley de Tierras forma parte de un paquete más amplio sobre el derecho a la propiedad privada, que también introduce cambios en materia de expropiaciones, desalojos y el régimen aplicable a terrenos incendiados. Sin embargo, el capítulo referido a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros concentró la mayor parte de las discusiones durante el debate en el Senado y sufrió múltiples modificaciones durante su redacción.
La iniciativa elimina los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que fija un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales sobre el territorio nacional, las provincias y los municipios. También suprime el límite de extensión que puede adquirir una misma persona extranjera —equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo, con variaciones según la región— y deja sin efecto la restricción para la compra de campos que contengan o lindan con cuerpos de agua permanentes y de envergadura.
El Gobierno sostiene que esas restricciones desalientan inversiones y argumenta que la legislación vigente impide el desarrollo de proyectos productivos en distintas regiones del país.
La discusión sobre la Ley de Tierras ya tuvo un antecedente durante el inicio de la gestión de Javier Milei. El Gobierno intentó derogar la norma a través del DNU 70/2023, pero la medida quedó suspendida por una cautelar judicial tras una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM). La Cámara Federal de La Plata confirmó esa decisión y el expediente permanece a estudio de la Corte Suprema, por lo que la legislación continúa vigente hasta que exista una resolución definitiva.
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POLITICA
Marcha en contra de la ley de Propiedad Privada: cuáles serán los cortes y cómo afectarán el tránsito este jueves
Este jueves 6 de agosto se realizará una marcha en la Plaza de los Dos Congresos a partir de las 12 del mediodía, en rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se tratará en el Senado.
La movilización provocará afectaciones en el transporte público, interrumpiendo el tránsito en arterias clave como Avenida Callao, Avenida Entre Ríos y Avenida de Mayo, recomendando evitar circular por la zona delimitada.
Senado: el oficialismo eliminó el capítulo sobre la extranjerización de tierras para sostener la sesión
El proyecto legislativo debatido generó polémica tras decidir el Gobierno nacional “el retiro del capítulo” vinculado a modificaciones sobre la venta de tierras a extranjeros, que será presentado próximamente como una iniciativa independiente.
Numerosas líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales desviándose hacia avenidas alternativas como Belgrano, Independencia y Córdoba, mientras que diversas organizaciones sociales marcharán desde la Avenida 9 de Julio.
En el sistema de transporte subterráneo, la estación Congreso de la línea A permanecerá cerrada, al tiempo que se registrará alta afluencia y restricciones peatonales en accesos de las líneas B y E.
Todas las líneas de colectivos afectadas
Modificarán sus recorridos las líneas 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168.
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Congreso,Cortes,Ley de Propiedad Privada,Transporte
POLITICA
Rafael Grossi sufrió un revés en la primera votación para ser secretario general de la ONU, pero el Gobierno confía en sus chances
En el primer test de la carrera para elegir al próximo secretario general de la ONU, la candidatura de Rafael Grossi −avalada por la Casa Rosada desde noviembre pasado− sufrió días atrás un primer y provisorio contratiempo, aunque desde Balcarce 50 y el Palacio San Martín −impulsores de la postulación del diplomático argentino− aún confían en un resonante éxito al final del camino.
Luego de la primera votación preliminar para seleccionar al sucesor de Antonio Guterres, Grossi terminó tercero, detrás de la expresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan y la candidata de Guyana, Carolyn Rodrígues-Birkett. Las dos candidatas quedaron, según analistas vinculados a Naciones Unidas y diplomáticos argentinos, como las mejor posicionadas para las próximas votaciones, previas a la elección del nuevo secretario general, que asumirá el 1 de enero próximo.
Con Grossi ya enfocado en la próxima votación preliminar, el 21 de agosto, en el gobierno de Javier Milei valoran que el titular de la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) haya sumado siete adhesiones positivas (dos menos que las necesarias en las votaciones definitivas). Dos de los países que votaron lo hicieron de forma negativa y seis optaron por el “no opina”, en el universo de los 15 miembros rotativos del Consejo de Seguridad.
Los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia), que definirán al sucesor de Guterres luego de la decisión de los miembros no permanentes del Consejo, siguen sin dar pistas firmes sobre su decisión, que se dará a fines de año, y en la que un solo veto significará la despedida para aquel candidato que sea impugnado.
Con esa cosecha, Grossi quedó lejos de Grynspan (10 a favor, 1 en contra y 4 sin opinión) y algo más cerca de Rodrígues (9, 2 y 4 respectivamente). Cosechó, eso sí, una mejor perspectiva que la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, auspiciada por Brasil y México, a quien apoyaron 6 países, pero rechazaron 5, con otros 4 sin opinión. Más lejos se ubicaron, casi sin chances para distintos especialistas, Macky Sall, de Senegal; María Fernanda Espinosa, de Ecuador, y Olara Otunnu, auspiciado por Uganda.
“Es una votación preliminar. Todos se estudian a ver qué hace el otro”, afirmaron a este diario cerca del diplomático argentino, que sigue confiando en su trabajo diario en la OIEA –que lo obliga a conversar con líderes mundiales como Vladimir Putin, Donald Trump o los ayatolás iraníes– como mejor carta de presentación.
Anteayer, en un diálogo organizado por la Celac en Montevideo, que nucleó a los cinco candidatos latinoamericanos a conducir la ONU, Grossi eligió valorar la gestión de Javier Pérez de Cuéllar, peruano y secretario general de esa organización entre 1982 y 1991. “Quizá porque no hablaba fuerte no está tan presente”, dijo Grossi en una breve participación vía zoom. Y luego de recordar la intervención de Pérez de Cuellar en conflictos como el de Irán e Irak y Afganistán y Namibia, entre otros, puntualizó que “allí vimos a un secretario general actuando de manera concreta en temas vinculados a la guerra y la paz, lo que hemos perdido”. Una serie de elogios que culminaron en una crítica a la actual conducción de la ONU, severamente cuestionada por Trump y también por Milei.
“Hasta ahora nadie jugó con tarjetas rojas, recién comienza ese proceso”, coinciden en el Palacio San Martín, sede de la presentación oficial de Grossi como candidato, el 26 de noviembre pasado, que dio inicio a una campaña que incluye a cada representación argentina en el exterior, además de una comisión especial encabezada por el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, dedicada a impulsar su candidatura.
“Su profundo conocimiento del sistema multilateral, su capacidad para promover el diálogo diplomático, su desempeño probado en situaciones de conflicto y graves crisis internacionales como interlocutor imparcial y eficaz, su solvencia técnica y lingüística y su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, lo convierten en un candidato de excelencia para desempeñar las responsabilidades del cargo de Secretario General que el mundo hoy demanda”, expresó la Cancillería que encabeza Pablo Quirno al acompañar la postulación de Grossi.
En abril, días antes de comenzar las audiencias públicas ante la Asamblea General de la ONU para defender su candidatura a próximo secretario general del organismo internacional, Grossi fue nominado por la prestigiosa revista Time como una de las cien personas más influyentes del mundo, por su trabajo al frente de la OIEA.
Aquella designación alimentó la posterior euforia del Gobierno, aunque el consenso de amplios sectores sociales y organizaciones no gubernamentales para que la próxima secretaria general de la ONU sea una mujer, y la obligada asociación entre Milei y Trump podría haber influido en la votación de los países miembro.
Desde el Gobierno, que arregló sus cuentas impagas con la ONU en junio pasado, siguen negando que el alineamiento automático de Milei con Trump, que llevó incluso a votar en la ONU contra una resolución para declarar a la esclavitud en Africa como “el más grave crimen de lesa humanidad”, influya negativamente. “Esto recién empieza”, confían.
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Qué se debatirá mañana en el Senado, tras la eliminación del capítulo para la venta de tierras a extranjeros
Este jueves, desde las 14, comenzará la sesión en el Senado pactada luego del cuarto intermedio del mes pasado. Sin embargo, a un día del inicio, el oficialismo se vio obligado a modificar el contenido del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. eliminando del paquete de reformas la modificación a la Ley de Tierras, que promovía facilidades para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Ante la falta de consenso, finalmente los líderes libertarios del Senado decidieron eliminar ese apartado que ponía en riesgo la sesión misma.
El cuestionado capítulo desató la polémica al mejorar las condiciones para que capitales extranjeros se queden con extensiones de tierras en el país y provocó manifestaciones en redes sociales, y el anuncio de una movilización prevista para la hora de la sesión en la zona del Congreso. En ese marco fue que los cambios a la Ley de Tierras quedaron fuera del proyecto.
Ya sin ese punto de discordia, habrá un temario que sí se debatirá en la Cámara Alta, a pesar de que varios dialoguistas le solicitaron a la jefa libertaria, Patricia Bullrich, que directamente no se realice la sesión de mañana.
En efecto, el resto del texto contempla modificaciones de peso sobre expropiaciones, desalojos y la ley de fuego que Máximo Kirchner presentó y logró aprobar años atrás. Hoy La Libertad Avanza se muestra dispuesta a eliminar la prohibición por décadas de vender tierras afectadas por incendios.
Además, durante esta próxima sesión, en el recinto se espera un foco de conflicto desde el primer minuto, tras los pedidos de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y el radical Flavio Fama (Catamarca) para participar de forma virtual.
Sagasti, con un embarazo avanzado y recomendación médica de reposo, obtuvo ayer el aval de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con la condición de que el pleno —soberano en esas resoluciones y con la palabra final— le dé su visto bueno.
Esta mañana Villarruel también habilitó a Fama a participar de forma virtual, por una operación en su rodilla hace pocos días (tendrá que lograr el pleno también en este caso). La decisión provocó bronca en varios bloques.
Desde el oficialismo, al no lograr las voluntades necesarias en las horas previas a la sesión, creyeron que lo mejor fue dar de baja las modificaciones a la Ley de Tierras que estaban en el paquete.
“Tuvimos muy mala suerte. A nivel político, esa parte del proyecto comenzó a ser más inviable con el pasar de las semanas”, admitió una figura de la estrategia comunicacional libertaria a Infobae. Para algunos referentes oficialistas, “el aleteo de la mariposa” que terminó por dar forma a ese contexto sin salida fue la “oleada nacionalista” que se desató a partir del Mundial.
Durante este miércoles, en medio de las declaraciones, empezaba a quedar claro en el panorama que las gestiones de los operadores del oficialismo en el Congreso no lograban reunir las adhesiones necesarias para aprobar ese segmento de la ley. La lectura era que ningún gobernador aliado estaba en condiciones de sumar su respaldo ni dispuesto a pagar el costo político de habilitar la media sanción.
Tras las 15, el Gobierno tuvo que dar por caído ese capítulo, creado por el equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien venía insistiendo en la aprobación de ese proyecto desde comienzos de año.
La marcha atrás que decidió el bloque de La Libertad Avanza en el Senado se suma a otras que el espacio debió asumir en el marco de este paquete. La más reciente había quedado confirmada el día anterior, cuando la jefa de bancada, Patricia Bullrich, anunció en una rueda de prensa que se impulsaría la posibilidad de que ciudadanos extranjeros adquieran hasta el 25% de los terrenos por provincia. La cifra implicaba un incremento de 10 puntos frente a la regulación vigente. Aún así, la iniciativa de Sturzenegger no prosperó.
celeste salguero/ comunicación
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