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Liberaron al dirigente que le pegó un cabezazo y le fracturó la nariz a un diputado libertario en Tucumán

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A poco más de dos meses del brutal cabezazo que le fracturó la nariz a un diputado libertario, el dirigente tucumano Marcelo “Pichón” Segura obtuvo la libertad este martes tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa. Todo se confirmó tras la disposición del juez Robín Márquez que homologó el juicio abreviado y lo condenó a tres años de prisión en modalidad condicional.

El hecho tuvo su origen el pasado 11 de marzo cuando Segura, acompañado por otras personas, interceptó a un grupo de funcionarios y legisladores en la localidad de La Madrid, después de unas lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en el pueblo. Entre los representantes que fueron increpados, estaba el diputado de La Libertad Avanza, Federico Agustín Pelli, quien recibió un cabezazo y tuvo que ser intervenido por una fractura en su nariz.

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El fallo, al que accedió Infobae, estableció reglas de conducta estrictas que Segura deberá respetar durante los tres años que dure la pena: prohibición de acercarse a menos de 300 metros de Pelli, abstención del uso de armas, drogas o alcohol, y la obligación de someterse a un tratamiento médico-psicológico orientado al control de la ira.

El expediente será remitido al juzgado de ejecución penal para el seguimiento del cumplimiento de esas obligaciones. La querella conserva la posibilidad de apelar la resolución, aunque esa vía no alteraría la situación de libertad de Segura, salvo que existiera una orden de detención vigente en su contra.

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La fiscal Gabriela Gilardi, de la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Homicidios, presentó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado con la defensa, representada por el abogado Ernesto Baclini. El pacto incluyó la admisión de responsabilidad penal por parte del imputado y la fijación de la pena en modalidad condicional.

El Ministerio Público Fiscal ponderó como agravantes la violencia desplegada, el aprovechamiento de la indefensión de la víctima y el contexto de alta exposición pública del episodio. Como atenuantes, consideró la ausencia de antecedentes condenatorios, el arraigo familiar y la colaboración del imputado con la justicia.

El abogado Juan Colombres Garmendia, en representación del diputado Pelli, expresó su rechazo al acuerdo. Argumentó que ni la víctima ni su representante participaron en ninguna instancia de la negociación, y que la investigación resultó incompleta al no haberse identificado a todos los involucrados en la agresión ni recuperado el teléfono celular del imputado.

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La querella también sostuvo que la pena acordada era insuficiente frente a la gravedad del episodio y solicitó una condena de tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo. Además, pidió que las restricciones de acercamiento se extendieran al grupo familiar de la víctima.

Segura aparece como empleado público y tiene vínculos con un ministro tucumano

El juez Márquez analizó cada uno de esos planteos y los desestimó. En la resolución, fundamentó que el Código Procesal Penal de Tucumán no exige la conformidad de la querella para la validez del procedimiento abreviado, y que el reconocimiento de responsabilidad por parte de Segura resultó suficiente y válido.

El magistrado también consideró que el conjunto probatorio reunido —registros audiovisuales, testimonios presenciales, informes médicos y criminalísticos— era coherente y contundente para acreditar tanto el hecho como la autoría, sin que las omisiones señaladas por la parte querellante alcanzaran a invalidar el acuerdo. Sobre la extensión de las restricciones al entorno familiar de Pelli, el fallo indicó que no existían elementos objetivos que justificaran esa medida, dado que no se acreditó riesgo concreto hacia terceras personas.

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La situación procesal de Segura había experimentado una primera modificación semanas antes de la sentencia definitiva. El juez interviniente le había concedido el beneficio del arresto domiciliario, con supervisión mediante tobillera electrónica y custodia policial sorpresiva, tras la presentación de informes médicos que acreditaban que el imputado padece hipertensión y diabetes.

El plazo de cuatro meses originalmente dispuesto para la medida de coerción se mantuvo, pero bajo esa nueva modalidad domiciliaria. Con la homologación del juicio abreviado, el arresto quedó sin efecto y el magistrado dispuso el cese inmediato de la detención, al considerar que resultaba desproporcionada frente a la condena condicional impuesta.

Segura reside en San Miguel de Tucumán y figura como empleado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, con última liquidación de haberes registrada en febrero pasado. El diario La Gaceta señaló que tendría vínculos con el ministro del Interior tucumano, Darío Monteros, y que trabajaría como personal de seguridad en dependencias de esa cartera.

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Su defensor, Baclini, aseguró que Segura está “arrepentido” por lo ocurrido y sostuvo que la agresión se produjo en el marco de una discusión previa, por lo que no habría sido planificada. La agresión quedó registrada en video y fue corroborada por testimonios presenciales y documentación médica. El legislador debió ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario y sometido a una intervención quirúrgica para reparar la fractura nasal.

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La confianza en el Gobierno volvió a caer en julio, según un estudio de la Universidad Di Tella

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El Índice de Confianza en el Gobierno que realiza todos los meses la Universidad Di Tella mostró que en julio hubo un retroceso del 6,5% respecto a junio. Se trata así de una nueva caída después del pequeño repunte que había mostrado la encuesta de opinión pública tras un comienzo de año con un retroceso durante varios meses consecutivos.

El indicador que es elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella mostró que en julio de 2026 el índice alcanzó los 1,94 puntos. Se trata de un estudio que se confecciona desde noviembre de 2001 y donde se mide en una escala de 0 a 5 a nivel nacional sobre la confianza que hay en el Poder Ejecutivo.

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Otro aspecto que señalaron en el informe que presentó la alta casa de estudios es que, en términos interanuales, el índice disminuyó un 21%. Así, en el séptimo mes del año se retomó la senda descendente que se había observado durante todo el 2025, a excepción de junio, donde creció un 3,9% respecto de mayo.

De los cinco componentes que integran el índice, cuatro registraron caídas en julio. Eficiencia fue el de mayor deterioro, con un descenso del 15,4% hasta los 1,79 puntos. Le siguieron Capacidad, que bajó 7,3% a 2,28 puntos, y Preocupación por el interés general, que cayó 6,9% hasta 1,51 puntos. La Evaluación general del gobierno retrocedió 2,5% y se ubicó en 1,64 puntos. La única excepción fue Honestidad, que se mantuvo en 2,45 puntos, con una variación prácticamente nula de -0,4% respecto del mes anterior.

Se trata de un nuevo retroceso en el estudio de opinión pública tras su primer repunta del año en el mes de junio

El informe de la Universidad Torcuato Di Tella también identificó los segmentos demográficos donde se concentró la mayor parte del retroceso. Entre los hombres, el índice cayó 11,3% hasta 2,10 puntos, lo que redujo la brecha de género a 0,36 puntos respecto de las mujeres, cuyo valor subió levemente a 1,74 puntos (+2,8%). Por franja etaria, el descenso más pronunciado se registró entre los jóvenes de 18 a 29 años, con una baja del 23% hasta 1,68 puntos. El grupo de entre 30 y 49 años prácticamente no varió (1,75; -0,7%), mientras que los mayores de 50 años cayeron 7,1% a 2,07 puntos.

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Desde el punto de vista geográfico, el Gran Buenos Aires (GBA) concentró la mayor contracción del mes, con una baja del 10,9% hasta 1,63 puntos. Los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajaron 5,6% a 1,92 puntos, en tanto que el interior del país presentó el descenso más moderado, con una caída del 4,7% hasta 2,09 puntos, conservando el nivel más alto entre las regiones relevadas. El documento señala que varios de estos segmentos —hombres, jóvenes y residentes del GBA— habían protagonizado los mayores aumentos durante junio.

Por nivel educativo, quienes tienen instrucción primaria registraron el descenso más abrupto: una caída del 24,7% hasta 1,29 puntos. El segmento con secundaria completa se mantuvo estable en 1,90 puntos, mientras que los encuestados con educación terciaria o universitaria bajaron 7,5% a 2,03 puntos, conservando el valor más elevado dentro de esta variable.

El informe también distingue entre quienes fueron víctimas de delitos en los últimos 12 meses y quienes no. El primer grupo presentó la mayor disminución del mes, con una caída del 25,9% hasta 1,56 puntos. Entre quienes no sufrieron episodios delictivos, el índice bajó apenas 1% a 2,05 puntos.

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En tanto, la variable de perspectivas económicas volvió a mostrar una correlación directa con el nivel de confianza: quienes esperan que la situación mejore en un año registraron un ICG de 4,15 puntos (+1,8%), los que anticipan que se mantendrá igual marcaron 2,46 (+0,1%), y quienes prevén un deterioro cayeron 11,1% hasta apenas 0,33 puntos.

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En el plano histórico, el promedio del ICG durante la gestión de Javier Milei descendió a 2,37 puntos, su valor más bajo desde el inicio del mandato. Como referencia comparativa, los promedios de Mauricio Macri y Alberto Fernández en el mismo tramo de sus respectivas gestiones fueron de 2,27 y 1,69 puntos. En la comparación específica del mes 31 de cada presidencia, el 1,94 de julio queda por debajo del valor que obtuvo Macri en ese mismo momento (2,01; -3,9%) y del registrado bajo Néstor Kirchner (2,26; -14,4%), aunque supera los niveles de Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato (1,87; +3,4%), en el primero (1,69; +14,8%) y el de Fernández (1,12; +73,3%).

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La serie mensual de 2026 refleja una tendencia predominantemente negativa: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%), mayo (-1,6%), junio (+3,9%) y julio (-6,5%). La contracción acumulada desde el cierre de 2025 asciende al 21,5%, según consigna el documento de la Escuela de Gobierno.

La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 16 de julio de 2026, con una muestra de 1.000 casos distribuidos en 39 localidades de más de 10.000 habitantes de todo el país, con un margen de error estándar de ±0,06 puntos para el total del índice.

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Por sus vínculos con la AFA: Galván Greenway y Catania, los jueces que Karina Milei mantiene “congelados” en el Senado

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Mientras las causas que involucran al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y a su mano derecha y tesorero de la institución, Pablo Toviggino, avanzan en cámara lenta en los tribunales federales, en el Senado permanecen congeladas las nominaciones de los jueces penales económicos Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones del mismo fuero.

Los pliegos quedaron frizados hace ya 80 días por orden directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a pesar de que las postulaciones de Galván Greenway y Catania habían sido impulsadas unas pocas semanas antes por el entonces flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que fue elegido como reemplazo de Mariano Cúneo Libarona por la hermana presidencial.

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El ejecutor de la orden impartida por la Casa Rosada es el presidente de la Comisión de Acuerdos, el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), hombre alineado a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, y que custodia que ningún senador ponga la firma que necesitan ambos postulantes para conseguir dictamen favorable hasta que Karina Milei así lo decida.

Ya van a hacer tres meses desde que Galván Greenway y Catania se presentaron en el Salón Azul del Congreso para defender sus nominaciones en la misma audiencia pública. Ese día, el 6 de mayo último, Pagotto hizo circular los dictámenes de ambos candidatos. Sin problemas a la vista, ningún senador planteó alguna objeción. Los legisladores oficialistas y de la oposición dialoguista pusieron sus firmas en los despachos.

Pero algo cambió y desde la Casa Rosada le ordenaron a la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital), que detuviera el avance de los dictámenes. Como los despachos todavía no habían sido presentados, la senadora pudo consensuar con sus aliados que quitaran su respaldo a los pliegos. Así, las postulaciones de Galván Greenway y Catania perdieron todas las firmas que habían cosechado hasta ese momento.

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Lo que había cambiado desde que Mahiques decidió enviar los pliegos de Greenway y Catania al Senado y la audiencia pública fue la irrupción del veto de la hermana presidencial como consecuencia de la relación de los postulantes con la conducción de la AFA que encarnan Tapia y Toviggino, que están siendo investigados por delitos de lavado de dinero y evasión y que, por aquel entonces, mantenían un enfrentamiento frontal con la administración libertaria de Javier Milei.

En el caso de Galván Greenway, el vínculo con la entidad madre del fútbol argentino que le endilga el Gobierno es más que directo: el fallo del pasado 24 de abril en el que dictó el sobreseimiento de Tapia en una causa, iniciada en 2018, en la que también estaba siendo investigado por lavado de dinero.

Galván Greenway está al frente del juzgado Nacional en lo Penal Económico N°7 y en su fallo señaló que Tapia estaba en condiciones de justificar su patrimonio a partir del análisis de los ingresos, otras herramientas financieras legales y créditos hipotecarios declarados por el dirigente.

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Por parte, el vínculo de Catania con la AFA es más difuso. En este caso, los rumores sobre las causas que mantienen trabado el trámite legislativo del pliego del titular del Juzgado nacional en lo Penal Económico N°8 señalan que su ascenso a camarista tendría por finalidad favorecer a Tapia y Toviggino con las apelaciones y medidas que ambos dirigentes elevarán en el marco de su defensa en las causas por las que son investigados por lavado de dinero y evasión fiscal.

Tanto Greenway como Catania están propuestos para ocupar sendas vacantes en dos salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero Penal Económico, tribunales que por aquel ya lejano mes de mayo tenía que decidir si la causa quedaba radicada en la Capital Federal o pasaba al juzgado de Campana a cargo de Alejandro González Charvay, como pretendían las defensas de Tapia y Toviggino.

El congelamiento de los pliegos, al final, tuvo resultado. Un día antes de que comience el Mundial de Fútbol, la Cámara de Apelaciones, sin Catania ni Galván Greenway, decidió que el expediente de la mansión de Pilar que se le adjudica a Toviggino, pasase a manos de la jueza María Verónica Straccia.

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Pero algo cambió: de manera sorpresiva y antes del comienzo de la feria judicial de invierno, irrumpió en el expediente la Cámara Federal de Casación Penal y decidió aceptar un recurso de queja y analizar si el caso debe tramitar en el fuero penal o en el penal económico.

La resolución fue adoptada por los camarista Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, quienes fijaron para la segunda semana de agosto la audiencia para terminar de definir la suerte de los expedientes que involucran a los popes de la AFA.




Gustavo Ybarra,Conforme a

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ATE anunció un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para el 3 de agosto

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para el próximo lunes 3 de agosto. La medida de fuerza fue resuelta y anunciada hoy tras la reunión de la Conducción Nacional del sindicato.

La decisión fue tomada en el Hotel Quagliaro, sede del gremio, y apunta a dos reclamos centrales: un aumento salarial de emergencia y el rechazo al desmantelamiento de organismos estatales con la consecuente pérdida de empleos en el sector público. La protesta coincidirá con el regreso a clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros distritos del país, tras el receso de invierno. En ese marco, ATE evalúa la posibilidad de marchar en conjunto con el sindicato docente CTERA.

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El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue contundente al describir la situación salarial del sector: “Los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora. Al recorte aplicado en la paritaria de más del 45% hay que agregar que los servicios públicos aumentaron en más de un 900% desde que asumió Milei. Con la complicidad de UPCN, en dos años y medio se destruyeron los bolsillos de todos los trabajadores del sector público”.

Los números que respaldan ese diagnóstico son concretos. En lo que va de 2026, los incrementos salariales en la Administración Pública Nacional llegaron al 12,9% hasta junio, mientras que la inflación en ese mismo período fue del 16,9%. La brecha entre ambas variables profundiza una pérdida de poder adquisitivo que, según el gremio, se arrastra desde el inicio de la gestión actual.

Aguiar también alertó sobre el nivel de endeudamiento que atraviesan los trabajadores del Estado: “Es alarmante el altísimo nivel de endeudamiento de los trabajadores estatales. Las formas de endeudamiento son múltiples. Ya se han superado instituciones formales como los bancos, mutuales, billeteras virtuales y lo más peligroso es que ahora han llegado a endeudarse con prestamistas en los barrios, y esta forma de endeudamiento hasta pone en riesgo la integridad de quienes toman esos créditos”, advirtió el dirigente.

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ATE moviliza al Ministerio de Economía el 3 de agosto en reclamo por salarios de emergencia y contra el desmantelamiento de organismos del Estado Nacional

Más allá de la discusión salarial, el sindicato denunció el cierre, desmantelamiento y vaciamiento de organismos del Estado Nacional, con despidos que afectan la prestación de servicios para la sociedad. ATE encuadra esa situación dentro de un deterioro más amplio del tejido productivo: según señalaron, en los últimos dos años y medio cerraron más de 28.000 empresas y se perdieron más de 341.000 puestos de trabajo.

Sobre el rol de los sindicatos en el actual contexto, Aguiar cuestionó las reuniones que algunos dirigentes gremiales mantuvieron con funcionarios de la Casa Rosada: “Los sindicatos están para mejorar la vida de los trabajadores, y no para disputar las migajas del sistema. Hay una sola manera de recuperar nuestro lugar y es no parar de confrontar”, afirmó el referente de ATE.

“Es una premisa falsa la de que quieren destruir el Estado. Es mentira que no hay un Estado presente. Hoy el Estado está presente pero no para la gente, sino para garantizar los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y las transnacionales”, sostuvo también Aguiar en su análisis crítico de la actual gestión.

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Vale recordar que el 3 de agosto no será la única fecha de movilización en el calendario de ATE. El sindicato ya tiene definida una Jornada Nacional de Lucha para el 7 de agosto, Día de San Cayetano, en la marcha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.

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