El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, insistió ayer con su postura de no ofrecer explicaciones públicas acerca de su situación patrimonial, con el argumento de que eso podría “obstruir” la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Los constitucionalistas consultados por , sin embargo, advierten al unísono que no existe ningún impedimento legal para que el funcionario aclare su situación y van más allá al sostener que debería hacerlo, en función de la ley de ética pública.

Para el catedrático Osvaldo Sammartino, lo dicho por Adorni ayer en su entrevista con Neura es un “disparate jurídico mayúsculo”.

“No sería una interferencia judicial en ningún caso, pero, además, tratándose del jefe de Gabinete, es su deber, ante las serias sospechas de corrupción que han trascendido, brindar públicamente toda la información de la que disponga”, sostiene. “No se trata acá de hechos de su vida privada. Lo que está en tela de juicio es si se sirvió de su función para usar en su provecho recursos públicos o recibir dádivas”, agrega.

Su colega Daniel Sabsay coincide: “No implica entorpecimiento alguno al proceso. Por el contrario, sería importante que se exprese. Ello, por el bien de las instituciones”.

Andrés Gil Domínguez comparte la opinión: “Desde el punto de vista constitucional y convencional, esto es, aplicando la Constitución y los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, y en el marco del pleno ejercicio del derecho de defensa, no existe ningún tipo de impedimento constitucional, convencional ni legal que a él le impida realizar todo tipo de manifestaciones para defenderse y para aclarar la situación”, afirma.

“Por el otro lado de la moneda -sigue-, él, como funcionario público, sobre la base de la ley de ética pública y de las obligaciones emergentes de la Constitución por el cargo que ostenta, que ejerce con responsabilidad política ante el Congreso, tiene la obligación de dar todas las explicaciones para esclarecer este hecho”.

Pedro Caminos, catedrático de Derecho Constitucional, resalta por su parte que las declaraciones juradas de los funcionarios son de carácter público. “Una vez presentadas a la Oficina Anticorrupción, cualquier ciudadano puede acceder a ellas, l artículo 10 de la ley 25.188 de ética pública. La existencia de una causa judicial sobre el funcionario no suprime el carácter público de la declaración”, explica.

Caminos sugiere que Adorni podría estar refiriéndose al artículo 109 de la Constitución, que establece que el Presidente no puede arrogarse el conocimiento de causas pendientes ni restablecer las fenecidas.

“Eso no quiere decir que una persona sujeta a una causa judicial -especialmente si es un ministro- no pueda explicar su situación patrimonial al público: primero, porque explicar la situación patrimonial no interfiere con la actuación de la Justicia y, en el caso de un ministro, porque esa explicación viene exigida por los principios de publicidad y de responsabilidad de los gobernantes”, señala.

Su colega Juan Vicente Sola, en tanto, subraya que al funcionario lo asiste el derecho a guardar silencio, una estrategia judicial válida de principio a fin. “Es uno de los derechos constitucionales claros y más antiguos. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. El jefe de Gabinete puede, en su estrategia de defensa, considerar que no debe opinar públicamente sobre el tema, ya que podría perjudicarlo. Este argumento podrá ser políticamente mal considerado, pero es constitucionalmente válido. Más aún, creo que es una estrategia aceptable en una defensa penal”, afirma.

El constitucionalista Ricardo Gil Lavedra sostiene la misma postura: “El primer interesado en aclarar su situación tiene que ser él. Y no dejar que el estado de incertidumbre que existe respecto de estos sucesos siga menoscabando la confianza de la ciudadanía en sus funcionarios”, dice. “No advierto cómo eso podría constituir un entorpecimiento a la labor de la Justicia”, sostiene.

La explicación

El jefe de Gabinete justificó su silencio al sostener que cualquier declaración pública que realice sobre el tema podría ser interpretada como una intención deliberada de interferir o presionar sobre la Justicia.

Aseguró que su postura responde a una línea de conducta general del Gobierno respecto a las causas judiciales. Aludió al caso de la agencia Andis y también a $LIBRA, aunque omitió que Juan Bautista Mahiques, en una de sus intervenciones públicas como ministro de Justicia, relativizó los resultados de una pericia clave en esa causa.

En línea con casi todos sus colegas, el constitucionalista Pablo Manili destaca que Adorni está “obligado” a dar explicaciones sobre su patrimonio y que “obstruir” una causa judicial significa “destruir pruebas, apretar testigos, pero no dar explicaciones”.

Desde el mismo ángulo, Sammartino agrega: “Lo que sí es una interferencia grave en una causa, si se confirma, es el intento de Adorni de presionar a su contratista antes de la declaración testimonial de este, como parece surgir de chats que el periodismo ha difundido”.

En el expediente judicial, junto con los gastos de la familia Adorni, figuran varios contactos entre el jefe de Gabinete y Matías Tabar, el contratista que realizó remodelaciones en la casa de Indio Cua y trabajos de carpintería para el departamento de Caballito.

Varios de esos contactos se corresponden con el período de los trabajos, pero otros son inmediatamente anteriores a la declaración testimonial de Tabar. A través de ellos, Adorni habría intentado influir en la testimonial del contratista, entienden los investigadores.

El juez Ariel Lijo mandó a peritar el teléfono de Tabar, que bajo juramento y en sede oficial dijo haber cobrado del funcionario un total de 245 mil dólares en negro.