POLITICA
Los detalles del documento que complica a Adorni: millonarios gastos en efectivo y miles de dólares en viajes
El fiscal Gerardo Pollicita detectó que Manuel Adorni y su pareja, Bettina Julieta Angeletti, realizaron pagos en efectivo por $51.715.080,41 y US$374.081,66 durante el período investigado, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026. El dato surge del análisis patrimonial incorporado al requerimiento presentado por Pollicita ante el Juzgado Federal N° 4, donde se le pidió al exfuncionario que justifique el origen de los fondos utilizados para afrontar gastos, viajes, propiedades y otras operaciones.
El informe muestra además una particular concentración del uso de efectivo en las operaciones realizadas en dólares. Mientras que los pagos en efectivo representaron aproximadamente el 19% de los gastos en pesos, llegaron al 92,9% de las erogaciones en moneda extranjera. Para la fiscalía, la magnitud y continuidad de esos desembolsos hacen necesario determinar la disponibilidad y procedencia de las divisas utilizadas.
El requerimiento de justificación patrimonial tiene 207 fojas y estructura el pedido de explicaciones en 20 puntos. Pollicita intimó a Adorni a explicar la evolución patrimonial atribuida a él y a su pareja entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.
Según el documento, el análisis fue realizado sobre documentación patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, además de información vinculada con viajes, operaciones inmobiliarias y activos virtuales.
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El detalle de los pagos en efectivo
Durante 2024, el análisis identificó pagos en efectivo por $33.149.756,39 y US$89.196,83. En ese ejercicio, los egresos totales fueron de $113.308.286,69 y US$110.224,95.
En 2025, los desembolsos en efectivo alcanzaron $14.895.324,02 y US$273.534,14, sobre gastos generales por $122.519.161,48 y US$279.432,78. Entre enero y mayo de 2026 se sumaron otros $3.670.000 y US$11.350,69 en efectivo, dentro de un total de $35.191.519,79 y US$12.920,39.
Considerado todo el período, los pagos generales llegaron a $272.820.832,20 y US$402.578,12. El efectivo, en tanto, concentró $51.715.080,41 y US$374.081,66.
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El análisis señala que el efectivo fue utilizado para distintos tipos de gastos, entre ellos obras, cancelación de obligaciones, servicios profesionales, consumos familiares y viajes. La fiscalía sostiene que la posterior declaración de una tenencia de dólares no permite, por sí sola, establecer cómo se conformaron esos fondos ni determinar su correspondencia con los pagos realizados durante el período.
En particular, el requerimiento pone bajo análisis una tenencia de dólares superior a US$500.000 declarada por Adorni. El exfuncionario deberá explicar el origen de esas divisas y la operación de “venta de activos” que invocó como fuente. Para eso, deberá precisar qué activos fueron vendidos, las fechas de las operaciones, los compradores, los importes y la trazabilidad bancaria, registral o bursátil correspondiente.
US$245.000 para remodelar una propiedad
Uno de los puntos específicos del pedido está relacionado con los US$245.000 abonados al contratista Matías Tabar por la remodelación integral de una vivienda ubicada en el lote 380 del Country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
La fiscalía reclama que Adorni individualice el origen de cada una de las sumas utilizadas y presente recibos y demás documentación respaldatoria. También deberá explicar de dónde provinieron los fondos destinados a comprar el lote y pagar la tasa de ingreso al emprendimiento.
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Otro inmueble incluido en el requerimiento es el departamento de Miró 550, en el barrio porteño de Caballito. En este caso, la fiscalía pide que se precise el origen del dinero utilizado para adquirirlo y se expliquen la naturaleza y los términos de la operación.
También deberá informar de dónde salió el dinero utilizado para pagar los muebles destinados al departamento. Según el documento, ese mobiliario fue abonado en dólares y en efectivo.
Viajes por miles de dólares
Los viajes realizados por el grupo familiar también quedaron bajo análisis. Entre 2024 y 2026 fueron identificados desplazamientos internacionales a Montevideo, Río de Janeiro, Aruba, España, Brasil y Estados Unidos.
Los gastos, realizados tanto en efectivo como mediante tarjetas de crédito, incluyeron pasajes y consumos. En Montevideo se registraron $445.742; en Río de Janeiro, aproximadamente $1.264.738; mientras que en Aruba aparecen US$14.696, en España US$4.137, en Brasil US$293 y en Estados Unidos US$6.055.
Uno de los viajes que aparece detallado es el realizado a Estados Unidos en marzo de 2026. Los pasajes de la comitiva oficial fueron cubiertos por el Estado, mientras que la cónyuge del exfuncionario pagó el regreso en clase business por US$5.144,55.
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También fueron relevados viajes dentro de la Argentina, con destinos como Bariloche, Entre Ríos, Mar del Plata, Bahía Blanca y Chapelco. Entre los mayores desembolsos aparecen una estadía en Bariloche durante junio de 2024, con gastos por $3.100.462 y alojamiento por $4.931.994, y dos estadías en Entre Ríos por $1.350.000 en 2024 y $1.000.000 en 2025.
La fiscalía pide, además, que Adorni precise el origen del efectivo utilizado para pagar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares. También deberá explicar la utilización reiterada de terceros para adquirir bienes o afrontar pagos por cuenta propia o de su grupo familiar y la procedencia del dinero utilizado para reintegrar esas operaciones.
Una diferencia de más de $43 millones
Otro de los ejes del requerimiento es la diferencia entre los ingresos comprobados y los gastos del grupo familiar. Según el documento, Adorni percibió 35 haberes derivados del ejercicio de su función pública entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. Sumados los ingresos comprobados de Angeletti, los recursos alcanzaron $229.752.283,20.
Durante ese mismo período, los gastos registrados fueron de $272.820.832,20. La diferencia entre ambos montos fue de $43.068.549.
Los egresos incluyeron seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y consumos realizados con tarjetas de crédito, además de otros desembolsos incluidos en el análisis patrimonial.
La evolución de las deudas declaradas constituye otro de los puntos observados. El pasivo pasó de $92.440.268,79 a $317.312.719,68, por lo que terminó en un nivel superior a tres veces el monto inicialmente informado.
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Según el análisis, el aumento se explicó por la incorporación de cuatro nuevas deudas en dólares con particulares. Durante ese período, en cambio, no se registraron obligaciones bancarias de similar naturaleza. Por eso, la composición del endeudamiento también forma parte de las explicaciones solicitadas.
El pedido alcanza además a las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales. Adorni deberá explicar cómo concilia el nivel de gastos y movimientos financieros registrado en su cuenta sueldo del Banco Nación, las cuentas de su cónyuge, las tarjetas y las plataformas digitales con los ingresos lícitos acreditados por el grupo familiar.
La fiscalía también detectó 20 comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero durante 2024 y 2025 por un monto superior a $6 millones cuyos pagos no pudieron ser conciliados con tarjetas, cuentas bancarias o plataformas.
A ese conjunto se suman 16 facturas de una empresa por más de $2 millones cuyos pagos no coinciden con los importes consignados en los comprobantes. El requerimiento pide determinar si esas operaciones efectivamente se concretaron, cuándo fueron canceladas, mediante qué medio y con qué fondos.
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Las operaciones con criptomonedas constituyen otro capítulo del pedido. La fiscalía solicita el detalle de la operatoria con criptoactivos y, especialmente, que se explique el origen del capital utilizado para iniciarla. El documento señala que en declaraciones rectificativas fueron incorporadas cuatro cuentas de activos virtuales y que un informe de la SIFRAI vinculó al requerido con otros activos virtuales.
Finalmente, Adorni deberá explicar cómo fueron valuadas las mejoras declaradas tanto en el departamento de Miró 550 como en el lote 380 del Country Indio Cuá. También deberá precisar qué desembolsos concretos representan esas mejoras, con qué fondos fueron afrontados y en qué proporción fueron atribuidos a cada integrante de la pareja.
Según la fiscalía, el cotejo de las declaraciones juradas patrimoniales públicas, reservadas y rectificativas con el resto de la documentación permitió detectar las “inconsistencias” que fundamentaron el pedido de explicaciones. El requerimiento se enmarca en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y busca que Adorni justifique el origen de los fondos y la evolución patrimonial observada durante el período analizado.
Manuel Adorni, Gerardo Pollicita
POLITICA
El Gobierno reunirá a la mesa política para frenar a la oposición en el Congreso y avanzar en las negociaciones con los gobernadores
Horas antes de que Javier Milei emprenda una nueva gira a los Estados Unidos, el Gobierno volverá a reunir este martes a la mesa política en una semana atravesada por una avanzada opositora en el Congreso y las negociaciones del oficialismo con sus aliados para imponer su agenda legislativa.
El encuentro semanal fue programado como habitual en las oficinas del ex Ministerio del Interior a las 13. Allí volverán a coincidir la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el armador nacional Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete; Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
En cambio, estará ausente el ministro de Economía, Luis Caputo, quien inicia su agenda de actividades en Tailandia en el marco de la reunión anual del FMI y el Banco Mundial. A su vez, el cónclave se celebrará antes de la partida de Javier Milei a Washington -pautada para las 23- donde tendrá algunos encuentros con empresarios, hablará en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y participará de un acto contra el antisemitismo organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.
A diferencia de la mayoría de las giras internacionales, Karina Milei decidió no acompañar a su hermano para focalizar su atención en una serie de reuniones y actividades que tiene en Buenos Aires, según explicaron desde su entorno, además de sostener las riendas de la gestión.
Si bien todavía no están en la agenda oficial, en Balcarce 50 adelantan posibles nuevas reuniones del jefe de Gabinete con gobernadores, con el objetivo de acelerar las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que el Ejecutivo se propone tratar en el Senado para fines de octubre.
Para ello, Santilli se reunió personalmente la semana pasada con Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), además de su visita a Salta junto a la secretaria General de la Presidencia para inaugurar una planta de Litio con Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). Un día antes, ambos funcionarios también se mostraron con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por el inicio del traspaso de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.
En ese contexto, el Gobierno busca aprovechar la presencia de varios mandatarios provinciales en la capital federal por la Conferencia de Federalismo Fiscal para continuar las conversaciones. Según la agenda del evento, allí se espera la presencia de Jorge Macri, Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta), entre otros.
Por fuera de sumar gestos de buena sintonía política -que iniciaron en París durante la Argentina Week- el oficialismo también apura las conversaciones para evitar que la oposición logre avanzar este jueves con una sesión que se propone voltear el DNU 70/23, además de extender la emergencia en discapacidad y tratar una ley sobre Endeudamiento Familiar.
POLITICA
Con la habilitación formal del penal de Marcos Paz, el Gobierno inició la última etapa del desalojo de presos de Devoto
El domingo, se inició el traslado progresivo de los presos alojados en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto hacia el nuevo establecimiento de Marcos Paz. En las dos primeras jornadas, el operativo ya llevó a 609 internos a la nueva unidad bonaerense.
El Gobierno publicó este martes en el Boletín Oficial la resolución que habilita formalmente el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, el nuevo penal federal que recibirá a los detenidos. El nuevo establecimiento está ubicado en el Acceso Zabala y tendrá una capacidad provisoria para 2.232 detenidos.
Según la información oficial, el penal fue construido sobre un predio de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad. También dispone de áreas destinadas a salud, educación, visitas, comunicaciones y otros servicios necesarios para la vida cotidiana de la población penal.
Las obras habían comenzado en 2018, a partir de un convenio entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Sin embargo, el proyecto quedó paralizado en 2020 y fue reactivado en diciembre de 2024 por la administración porteña.
La resolución publicada este martes indica que el complejo reúne las condiciones estructurales y operativas para entrar en funciones, aunque admite que existen observaciones técnicas y tareas pendientes de subsanación. Además, instruye al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a presentar en un plazo de 90 días su proyecto de estructura organizativa y el manual de funcionamiento del penal.
El operativo comenzó el domingo y este lunes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó el envío de otras 283 personas, con lo que el número de detenidos reubicados ascendió a 609. “Sumados a los 326 de ayer, ya son 609 presos trasladados, más del 40% de la población penitenciaria de Devoto”, señaló la funcionaria en sus redes sociales.
El procedimiento está a cargo de un Comando Unificado Federal, creado para planificar los traslados y coordinar el despliegue de seguridad entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Participan el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con apoyo de las fuerzas porteñas y bonaerenses.
Cada contingente se conforma a partir del perfil criminológico de los detenidos y de una evaluación de los riesgos de cada movimiento. Antes de la salida, los internos reciben controles médicos e identificaciones con códigos QR, que permiten registrar su egreso de Devoto y su llegada a Marcos Paz. También se prepararon bolsones para sus pertenencias, con precintos numerados y actas individuales que permiten identificar cada envío.
Los vehículos penitenciarios circulan con seguimiento satelital dentro de convoyes custodiados por móviles policiales y motocicletas. El trayecto entre ambos complejos es de unos 55 kilómetros e implica cortes de tránsito, vallados en las inmediaciones de Devoto y un esquema de custodia durante todo el recorrido. El traslado se realizará en etapas hasta completar la desocupación del penal porteño.
El operativo se realiza de forma escalonada y continuará durante varias jornadas hasta completar el vaciamiento de Devoto. Una vez concluida esa etapa, el plan oficial prevé trasladar a Marcos Paz a otros 350 detenidos alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentran a disposición de la Justicia nacional. El objetivo es liberar plazas en esos espacios de detención transitoria.
El traslado responde al acuerdo firmado en 2018 para construir un nuevo penal federal en Marcos Paz y desafectar la cárcel de Devoto, ubicada en una zona residencial de la Ciudad. Una vez que concluya la mudanza de los cerca de 1.500 internos del penal porteño, el plan oficial prevé utilizar parte de las plazas disponibles para alojar a detenidos que permanecen en comisarías y alcaidías porteñas a disposición de la Justicia nacional.
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traslado de los primeros presos de Devoto a Marcos Paz
POLITICA
Tres auditorías detectaron contrataciones irregulares y millonarios sobreprecios en la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo
Tres auditorías sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectaron compras fuera del régimen estatal, fallas médicas, administrativas e informáticas y diferencias de precios de hasta 1.068% durante el primer semestre de 2025, cuando el organismo era dirigido por Diego Spagnuolo. Las auditorías a las que accedió Infobae, abarcaron la adquisición de medicamentos, insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas, además del sistema que gestionaba esas prestaciones.
Los trabajos fueron solicitados en septiembre de 2025 por el entonces interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, y se realizaron entre octubre de ese año y abril de 2026. Examinaron el período anterior al corte de gestión del 21 de agosto de 2025.
La revisión también encontró compras de medicamentos para Entre Ríos por $ 11.925 millones y para Neuquén por $ 837 millones sin respaldo documental de convenios o adendas vigentes durante el período bajo análisis. Las adquisiciones realizadas en las provincias de Chubut, La Pampa, Salta y Tierra del Fuego tampoco tenían la fecha de firma, mientras que otros documentos carecían de los sellos aclaratorios de los responsables.
Compras sin licitación ni comparación documentada de ofertas
El primer informe, fechado en diciembre de 2025, cuestionó el circuito interno denominado “PACBI Circuito Compras”, utilizado para adquirir medicamentos de alto costo y baja incidencia. La auditoría concluyó que el mecanismo no se ajustaba al Decreto 1023/2001 ni a su reglamentación, que rigen las contrataciones de los organismos descentralizados del Estado.
La ANDIS no utilizó el sistema electrónico obligatorio COMPR.AR, no elaboró pliegos de bases y condiciones ni cursó invitaciones formales a proveedores. Tampoco encontró análisis comparativos documentados de las ofertas o causales de excepción que justificaran contrataciones directas.
Los auditores determinaron que la falta de planificación o la imprevisibilidad de los requerimientos no constituían motivos legales para apartarse del régimen general. El procedimiento afectaba “los principios de legalidad, transparencia en los procedimientos, igualdad de trato para interesados y para oferentes, publicidad y difusión de las actuaciones, promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes”.
La misma observación alcanzó a las compras de insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas. Esas operaciones tampoco emplearon el sistema estatal de contrataciones, carecieron de una metodología formal y no previeron controles mediante la oposición de oferentes.
La falta de mecanismos para cotejar propuestas comprometía la comparación de precios y la búsqueda de valores razonables. La conclusión advirtió sobre “el consecuente riesgo de generar un perjuicio económico al erario público”.
Medicamentos con precios hasta 1.068% más altos
El informe integral de abril de 2026 examinó el recorrido de las compras de medicamentos del Programa Federal de Salud Incluir Salud, desde la solicitud de un beneficiario hasta el pago a un proveedor. El Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones, conocido como SIIPFIS, no tenía un módulo ni un registro de valores de referencia para comparar precios de manera objetiva.
El responsable de compras explicó que el cotejo de cotizaciones se realizaba fuera de la plataforma, mediante otras fuentes y planillas de Excel. Sin embargo, no había constancias que permitieran identificar esas fuentes ni reconstruir el método aplicado para evaluar los valores.
La mayor diferencia correspondió al medicamento Macitentán de 10 miligramos, empleado contra la hipertensión arterial pulmonar. La droguería P facturó cada unidad a $ 5.299.081,66 el 20 de febrero de 2025, mientras que la firma UP vendió el mismo producto a $ 453.621 un mes después: una brecha de 1.068%, equivalente a $ 4.845.460,66 por unidad.
Para no interferir en la investigación este medio identificó a las firmas involucradas solo con las siglas.
También se detectaron variaciones en partidas de Pembrolizumab, un medicamento de inmunoterapia oncológica, y de Tacrolimus, un inmunosupresor utilizado, entre otros casos, por pacientes trasplantados. Los auditores también advirtieron sobre la preferencia de algunas droguerías sobre otras sin justificación.
Algunos expedientes tenían la misma fecha de requerimiento, pero se tramitaron de forma separada y terminaron adjudicados a distintos proveedores con precios diferentes para un mismo producto. En el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones tampoco se acreditaron los actos administrativos formales ni informes técnicos que acreditaran la evaluación de las ofertas y los criterios para elegir a cada adjudicatario.
La auditoría relevó $ 110.263 millones en compras de medicamentos Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI) durante el primer semestre de 2025, distribuidas en 10.683 expedientes electrónicos de pago. La muestra analizada incluyó 219 expedientes por $ 29.713 millones, el 27% del total.
Dentro de ese universo, hubo 21 expedientes por $ 2.510 millones en los que el domicilio de entrega consignado en la orden de provisión no coincidía con el indicado en el remito de recepción. No existía “justificación o aclaración alguna” para esas diferencias.
Los auditores no pudieron comparar esos precios y procedimientos con los de otros organismos, como PAMI u obras sociales, porque el sistema de la ex Agencia Nacional de Discapacidad no permitía realizar ese control. También establecieron que las compras se tramitaron mediante circuitos internos no autorizados por la Oficina Nacional de Contrataciones y por fuera del Sistema de Gestión Documental Electrónica, que debía centralizar las actuaciones administrativas nacionales.
Falta de controles médicos, provinciales e informáticos
Los auditores también determinaron que las Unidades de Gestión Provincial no dejaron constancias de haber cotejado las solicitudes de medicamentos con las historias clínicas de los beneficiarios. Tampoco se acreditó una intervención formal de la entonces Dirección de Prestaciones Médicas en la evaluación de los pedidos.
El informe señaló un hallazgo de alto impacto: “No se verifica en el sistema la autorización expresa de un profesional médico responsable”. No había descripción técnica de la evaluación ni dictámenes que respaldaran la aprobación o el rechazo de cada solicitud.
La revisión tampoco permitió determinar cuántos proveedores registrados en la base de datos del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones fueron convocados a cotizar en cada compra. La ANDIS no realizó auditorías en terreno sobre los efectores de salud provinciales, pese a que los convenios marco y el reglamento de Incluir Salud contemplaban ese control.
Los expedientes examinados incluían remitos con firmas de recepción atribuidas a personas que no figuraban como beneficiarias, apoderadas ni integrantes de las unidades de gestión provincial. También había facturas que no reunían los requisitos formales exigidos para su liquidación.
El segundo informe, elaborado en marzo de 2026, se concentró en los controles tecnológicos del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones. La empresa privada GMS tenía accesos de máximos privilegios y a la base de datos, sin que se encontrara un contrato o convenio formal que regulara ese vínculo.
GMS SA, sociedad dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado que aparece nombrada en la causa en la que el juez Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas.
En uno de los cuadernos de Miguel Ángel Calvete que secuestró como prueba el fiscal Franco Picardi figura el nombre de un empresario accionista de varias compañías, entre ellas, GMS SA, dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado desde el gobierno de Alberto Fernández y que continuó con La Libertad Avanza.
Calvete fue procesado como uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita investigada por corrupción en la ANDIS. La Sala II de la Cámara Federal confirmó esa situación procesal en septiembre de 2026, junto con la de Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. La causa investiga presuntas maniobras de direccionamiento de compras, sobreprecios y retornos vinculados con la adquisición de medicamentos e insumos médicos.
Daniel María Garbellini fue el director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cargo que ocupó desde el 3 de junio de 2024 hasta el 21 de agosto de 2025, día en que fue desplazado junto con Diego Spagnuolo tras conocerse los audios que destaparon el supuesto escándalo de corrupción.
La dependencia del organismo respecto de ese proveedor se arrastraba desde 2022. Según reconstruyó la auditoría, GMS realizó la última entrega formal del código fuente del sistema en diciembre de ese año, al finalizar el contrato que lo vinculaba con la entonces ANDIS. A partir de ese momento, y pese a no contar con un nuevo contrato ni con convenios formales que regularan la relación, la empresa continuó a cargo del mantenimiento y soporte técnico del Sistema Integrado de Información del Programa Federal Incluir Salud durante más de tres años, con accesos de máximos privilegios al ambiente productivo del sistema y a su base de datos.
Recién en enero de 2026, en el marco del propio proceso de auditoría y a pedido del área de tecnología del organismo, el proveedor habría entregado una nueva versión del código fuente. Sin embargo, los auditores no pudieron verificar que esa versión “compile y corresponda con la versión que se encuentra operativa actualmente”, según consta en el informe. Es decir, ni siquiera quedó acreditado que el Estado dispusiera de una copia fidedigna y funcional del programa que administra la información de pensiones por invalidez, el Certificado Único de Discapacidad y las compras de medicamentos de alto costo.
La auditoría detectó además cuentas genéricas de usuario, ausencia de controles periódicos sobre los perfiles de acceso, tecnología sin soporte vigente y falta de copias de seguridad externas. El sistema tampoco tenía un plan formal de contingencia ante incidentes informáticos.
Las irregularidades se conocieron mientras avanzaba la causa judicial por el presunto esquema de sobornos y direccionamiento de adquisiciones en la Agencia. En febrero de 2026, el juez federal Ariel Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas por presunta asociación ilícita y cohecho, al estimar un desvío de al menos $ 6.000 millones mediante sobreprecios de medicamentos.
Spagnuolo rechazó entregar una muestra de voz para el peritaje acústico. La Justicia intenta determinar si es el autor de los audios que destaparon el escándalo de corrupción en el área que conducía. La negativa provocó prórrogas en el estudio a cargo de Gendarmería Nacional.
Spagnuolo y otras 18 personas -entre ellas exfuncionarios de ANDIS, empresarios e intermediarios- están procesadas y embargadas por un entramado de corrupción en la ANDIS.
Para una franja significativa de personas con discapacidad que no cuentan con obra social ni prepaga, la ANDIS no es un organismo más: es la institución que determina si acceden o no a un medicamento oncológico, a un inmunosupresor post trasplante o a una prótesis. Las irregularidades detectadas por las auditorías atraviesan, entonces, un circuito del que depende la continuidad de tratamientos médicos de personas que, en muchos casos, no tienen una alternativa fuera del sistema estatal.
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