POLITICA
Los gobernadores abren la puerta a negociar un regreso de las listas colectoras “con restricciones”
CÓRDOBA.- La negociación de la reforma electoral, cuyo eje central para el presidente Javier Milei es el futuro de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se desarrolla de manera individual con cada gobernador, debido a que no existen grupos de mandatarios que actúen de manera cohesionada. La foto actual sugiere que el oficialismo contaría con los votos necesarios para suspender las primarias, pero no para eliminarlas de forma definitiva. En este contexto, se ha planteado como una pieza adicional de la estrategia la posibilidad de reintroducir las listas colectoras, aunque con diferencias respecto al sistema “antiguo”, que había establecido Cristina Kirchner en 2011 y prohibió Mauricio Macri en 2019.
La chance de reinstaurar las listas colectoras, como anticipó , cobró fuerza esta semana. Existen versiones cruzadas entre los peronistas aliados y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre quién puso la propuesta sobre la mesa. Es que se trata de una práctica que fue muy criticada. La propuesta permitiría llevar postulantes de diferentes partidos bajo el paraguas presidencial.
De esta manera, los gobernadores que quieran impulsar candidatos propios a diputado o senador nacional en sus distritos no tendrían que ponerse la camiseta violeta de La Libertad Avanza (LLA).
En las conversaciones iniciales se evaluó que podría haber dos listas acompañando la boleta de Javier Milei como candidato a presidente: la nómina de legisladores de los libertarios y la que responda al mandatario provincial. Incluso ya se habló sobre si corresponde que aparezca o no la imagen de Milei en la papeleta. Conscientes de la mala fama del sistema de colectoras, referentes de la Casa Rosada y dirigentes cercanos a los gobernadores enfatizan que el mecanismo que discuten no será equiparable al que Macri eliminó por decreto en 2019. Ambas partes de la negociación concuerdan en que las nuevas colectoras tendrán más restricciones.
En concreto, los gobernadores aseguran que buscan “flexibilizar alianzas”. Es que su objetivo es mantener sus fuerzas o alianzas electorales a nivel distrital y presentar candidatos propios en sus territorios.
En 2027, en caso de que la propuesta avance y reciba el aval del Congreso, las nuevas listas colectoras se aplicarán en los comicios nacionales. Es decir, se aplicaría en las ocho provincias que eligen senadores (Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz) y para la renovación de 130 bancas de diputados.
“No hay nada cerrado, todo se puede conversar”, comenta uno de los gobernadores del norte que participa de las negociaciones. En el hipotético escenario de que se confirme la propuesta de las listas colectoras, la discusión se ampliará y ya no girará en torno a las PASO.
¿El fin de las PASO?
La Casa Rosada sostiene que busca suprimir las PASO porque es necesario reducir el costo económico del proceso. Cuando envió la reforma electoral al Congreso, el Ejecutivo hincapié en “solo en 2023 les costaron a los argentinos $45.000 millones y no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante”. Detrás de esa justificación, por supuesto, está el argumento político.
La suspensión o eliminación de las PASO afecta directamente al peronismo, ya que es el instrumento al que puede apelar la oposición para dirimir sus diferencias internas y definir sus liderazgos. Por lo tanto, los consejeros políticos de los libertarios que buscan reunir los apoyos para suprimir las primarias no contemplan en sus cálculos a los mandatarios alineados con el kirchnerismo (Buenos Aires, La Rioja, La Pampa, Formosa, Tierra del Fuego y Santiago del Estero).
En cambio, en la Casa Rosada consideran que serán clave los peronistas que juegan como aliados. Se trata de Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Tanto Jalil como Sáenz aportarían los votos de sus legisladores -el catamarqueño se definió a favor de la eliminación y el salteño logró quitarlas en su provincia-, mientras que Jaldo ratificó su rechazo a derogar las primarias. “Nosotros hemos sido muy claros y lo reitero para que nadie se equivoque: nosotros estamos en contra de sacar las PASO. Lo que hemos dicho la vez pasada no lo hemos cambiado hoy bajo ningún punto de vista”, sostuvo ayer Jaldo, quien influye directamente sobre el bloque Independencia en la Cámara de Diputados.
Para los mandatarios con los que Santilli ya negocia, es importante el factor tiempo. Varios de esos gobernadores admitieron a que esperaban que el debate en el Congreso fuera “más adelante”, cerca de octubre o noviembre. En una coyuntura económica-financiera complicada para todas las provincias, entienden que si se adelanta la sanción del proyecto, podrían quedarse sin margen de acción. “De la agenda parlamentaria, ésta es la iniciativa prioritaria. Es un pedido de Karina Milei, con lo que es clave”, señaló uno de los gobernadores.
Otro elemento que impacta en el ánimo negociador de los gobernadores es cómo jugará La Libertad Avanza (LLA) en sus distritos. Dicho de otro modo: quieren saber si los Milei apuestan a dar una pelea directa para arrebatarles el poder en sus terruños o si están dispuestos a apostar por candidatos de baja intensidad o “decorativos”.
Como en toda negociación, los gobernadores descuentan que habrá un intercambio de favores. Hasta el momento, el Ejecutivo nacional se impuso como el gran ganador en el toma y daca con los mandatarios. Ha logrado apoyos en el Congreso para proyectos o vetos de su interés -solo al inicio con la Ley Bases y antes de las elecciones legislativas se le complicó extremadamente el panorama- cediendo relativamente poco a las provincias.
Es más, el gobierno de Milei fue prudente a la hora de abrir la billetera para repartir fondos, pero a los gobernadores les alcanzó para que no se le agudicen problemas que enfrentan en sus distritos.
De hecho, junio fue un mes complejo en materia de conflictos salariales en las provincias. Hubo focos de tensión en Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y Entre Ríos.
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POLITICA
Javier Milei aseguró que no deportará a los isleños si Argentina recupera las Malvinas: “Serán tratados con dignidad”
En medio de su estadía en Nueva York, donde este miércoles brindó un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Javier Milei concedió una entrevista en la que aseguró que, si Argentina recupera las Islas Malvinas, sus habitantes no serán deportados.
Durante una charla en el Economic Club con John Micklethwait, editor en jefe de Bloomberg, el jefe de Estado fue consultado sobre “el día después” de una hipotética recuperación del territorio que permanece en histórica disputa con el Reino Unido.
Sobre cuál sería el destino de los 3.600 residentes bajo la soberanía argentina, Milei fue contundente: “No vamos a expulsarlos”.
“Tengo muy claro que esas personas serán tratadas con dignidad y justicia”, afirmó.
Respecto de los argumentos utilizados desde el lado británico, que insisten en respetar la autodeterminación de los isleños, el Presidente indicó que esa posición no se sostiene en este caso, ya que los habitantes de las Malvinas “no son una población indígena”. “Gran Bretaña desplazó a una población anterior e instaló a otra”, resaltó.
“Somos los dueños de las islas por geografía, por derecho y por historia”, insistió Milei. Además, recalcó que Argentina seguiría impulsando su reclamo de soberanía, pero tratando a los isleños “con respeto”.
El duro mensaje de Milei ante la Asamblea General de la ONU
Javier Milei reclamó este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que intervenga frente a las acciones unilaterales del Reino Unido que afectan los derechos soberanos de la Argentina en las Islas Malvinas.
“Malvinas es para nosotros una causa nacional. Repito, Malvinas es para nosotros una causa nacional y es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar”, aseguró el Presidente.
Y añadió, en crítica directa a la efectividad diplomática de la ONU: “Hace 50 años, esta misma Asamblea aprobó la resolución 3149, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales, mientras la disputa permaneciera abierta. 50 años después, la situación no ha cambiado, pero las modificaciones unilaterales continúan”.
Milei se apalancó sobre la Causa Malvinas para asegurar que la ONU es una institución fosilizada, pero a lo largo de su discurso de 19 minutos rescató la necesidad de tener organismos multilaterales para resolver de manera pacífica las desavenencias entre estados soberanos.
“¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad? No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias, porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos, pierde lo más importante: su autoridad”, advirtió Milei.
Y agregó: “Bajo esta realidad, quienes siguen las reglas no tienen recompensa alguna por hacerlo mientras que los que incumplen no reciben la menor represalia. Por eso, Malvinas no es solamente una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, también plantea una pregunta acerca de la capacidad de esta organización para hacer valer sus propias resoluciones. La Argentina tomó nota de esa realidad y, frente a la explotación autorizada de nuestros recursos en el área en disputa, actuamos, presentamos notas de desaliento, acudimos a las herramientas jurídicas disponibles, sancionamos a las empresas involucradas y a sus proveedores y enviamos al Congreso una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”.
Más tarde, el Reino Unido respondió a ese discurso haciendo hincapié en el “derecho de autodeterminación de los isleños” y aseguró tener el derecho de explotar los recursos naturales del territorio en disputa.
“El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas y Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, y las zonas marítimas circundantes de ambos territorios”, señaló el comunicado.
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Con aliados divididos y parte de la oposición fuera del recinto, el Senado convirtió en ley el recorte de subsidios en Zonas Frías
El Senado convirtió en ley la reforma del régimen de Zonas Frías impulsada por el Gobierno, una iniciativa que recorta el alcance del esquema de subsidios al gas y que generó fuertes tensiones entre el oficialismo y sus aliados por el impacto que tendrá sobre millones de usuarios de distintas provincias del país.
De esta manera, se modifica el esquema de subsidios al gas para zonas frías, ampliado en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández.
El peronismo, algunos senadores radicales y los representantes de la bancada Moveré Santa Cruz se retiraron del recinto al momento de tratar el proyecto. Fue aprobado por 38 votos afirmativos y ocho negativos y se convirtió en ley.
“Detrás de esta discusión hay una cuestión que debemos tener presente: la Argentina es un país grande y diverso. Lo que se corrige es un beneficio que se deja de otorgar por la ubicación geográfica y pasa a considerar también la situación de cada hogar”, señaló la radical de Corrientes Gabriela Valenzuela.
El objetivo del proyecto impulsado por el Ministerio de Economía es dar marcha atrás con esa extensión y reducir el alcance geográfico automático del beneficio, reservado para las regiones de clima más extremo como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Así, perderían el beneficio los usuarios de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
El Gobierno prometió a los gobernadores del Norte del país implementar un régimen de Zonas Cálidas, una medida equivalente en sus distritos para subsidiar las tarifas eléctricas durante el verano y sus altas temperaturas.
Pese a esas promesas desde la UCR presentaron proyectos sobre este tema. El diputado Guillermo Agüero (UCR-Chaco) establece en su iniciativa una tarifa diferencial que subsidia hasta el 50% de las facturas de luz para compensar el alto consumo eléctrico derivado de las altas temperaturas y la falta de acceso masivo a redes de gas natural en el norte del país. Desde el Senado, el jefe de la bancada, Eduardo Vischi, también está preparando una norma similar que piensan activar si la compensación prometida desde el Poder Ejecutivo no se produce.
Mientras que el bonaerense Maximiliano Abad aclaró: “Defiendo el equilibrio fiscal, porque es una condición necesaria para que la Argentina tenga estabilidad y pueda crecer, pero no a costa de trasladar todo el esfuerzo a las familias. La modificación de la Zona Fría es una decisión arbitraria e injusta, que no contempla la realidad climática ni económica de nuestra provincia de Buenos Aires, donde 1,3 millones de hogares de 94 municipios, donde viven alrededor de 5 millones de personas, podrían quedar desprotegidos de un día para el otro”.
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Desplazan a otro funcionario por la investigación de ARCA sobre los proveedores del hotel de Camioneros en Mar del Plata
La investigación sobre los proveedores apócrifos del hotel que el Sindicato de Camioneros tiene en Mar del Plata sumó su quinta víctima dentro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Ahora cayó el jefe de la división que estaba a cargo de la última fiscalización y que incluyó a uno de esos proveedores en la “e-Apoc”, la base de datos del organismo tributario que recopila los nombres de los emisores de factores truchas.
La quinta víctima fue el contador Martín Miguel Casanovas, quien se desempeñaba como jefe de División de Fiscalización y Operativa Aduanera de la Dirección Regional Mar del Plata de ARCA, pero que, por la disposición 378/26 del organismo que firmaron en Buenos Aires y se publicó ayer en el Boletín Oficial, fue transferido a otra división.
Casanovas se sumó así a otros cuatro funcionarios de ARCA en Mar del Plata que fueron desplazados durante los últimos once meses con la investigación sobre los proveedores apócrifos del hotel que el Sindicato de Camioneros tiene en la ciudad como trasfondo, con un presunto desvío de más de $13.000 millones del gremio que lidera Hugo Moyano.
Los otros funcionarios desplazados fueron Gustavo Marcelo Capdeville y Diego Guillermo González, quienes lideraban hasta abril pasado las divisiones 1 y 3 de Fiscalización en Mar del Plata del organismo y fueron reasignados como “asesores mayores” en una agencia marplatense y en una oficina de “trámites y verificaciones” de ARCA, respectivamente.
Antes que Casanovas, Capdeville y González, otros dos funcionarios habían sufrido represalias por la misma fiscalización sobre el hotel de Camioneros. En octubre de 2025, cuando el caso recién se activaba, desplazaron al entonces jefe de la División Jurídica de la Regional, José Visca, por responder una consulta del juzgado. Y ante su desplazamiento, el entonces jefe de ARCA en Mar del Plata, Luis Tymkiw, pidió ser relevado de su cargo.
Los desplazamientos derivaron en una denuncia penal que radicó en Mar del Plata otro extitular de la Dirección Regional, Manuel Rodríguez, un contador con 35 años de carrera en el organismo tributario que durante los últimos tiempos también afrontó represalias y fue enviado al área de Capacitación.
Según la denuncia que Rodríguez presentó en abril de este año ante el Ministerio Público Fiscal, los desplazamientos habían sido ordenados por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, el contador Carlos García Pastrana, que reporta al actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, hombre de confianza del titular de ARCA, Andrés Vázquez.
Historial de desplazamientos
Los funcionarios de ARCA desplazados en Mar del Plata se suman así a Horacio Castagnola, Norman Williams, Carlos Bo y decenas de sabuesos más que sufrieron represalias durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández por investigar a funcionarios y sus familiares, empresarios y sindicalistas influyentes, testaferros y usinas de facturas truchas que servían al poder.
Esos sabuesos de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) resultaron decisivos para que avanzaran investigaciones sensibles como “mafia del oro”, Skanska, Sueños Compartidos, y para poner contra las cuerdas a la familia Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Angelo Calcaterra, entre otros.
Muchos de esos mismos funcionarios que fueron desplazados durante el kirchenrismo de la AFIP por autoridades de entonces, como Ricardo Echegaray y Rubén Angel Toninelli, fueron incluso denunciados ante la Justicia. Solo el otrora subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior Jaime Mecikovsky afrontó 23 causas penales. Tras años en los tribunales, ya fue sobreseído en 21 de ellas.
El avance más reciente lo dispuso esta semana la Cámara Federal de Casación Penal, en una investigación que comenzó con una denuncia de Toninelli, que acusó a dos funcionarios de AFIP en Bahía Blanca, Carlos Blanco y Silvia Huici, que declararon bajo juramento cómo desde Buenos Aires habían intentado encubrir a Báez en la Regional bahiense.
Toninelli denunció a Blanco y Huici por falso testimonio, y a Mecikovsky como presunto instigador de ambos, y la pesquisa se amplió luego a otros presuntos delitos y más funcionarios de la AFIP a los que les endosó integrar una supuesta asociación ilícita. Pero todos terminaron sobreseídos y ahora la Casación rechazó los recursos y confirmó las decisiones de las instancias inferiores.
Esos funcionarios que sufrieron represalias por investigar a contribuyentes “intocables” durante el kirchnerismo y ahora fueron beneficiados por la Casación incluyen a Blanco, Huici y Mecikovsky, pero también a otros. Entre ellos, Pablo Robledo, Juan José Cappannari, Manuel Rodríguez, Pablo Legardón, Santiago De Marco, Roberto Ávila, Juan Carlos Sansinena, Juan Carlos Santos, Sebastián Calvi, Eliseo Devoto, Guillermo Sorrentino y Estrella Arias Pellán.
“Congelar” la pesquisa
En ese contexto laboral, en tanto, según reconstruyó , el actual titular de la Regional de ARCA en Mar del Plata, Pablo Catracchia, les requirió a Capdeville y González a fines de diciembre que congelaran la pesquisa sobre proveedores apócrifos del hotel del gremio de Camioneros. Si no lo hacían, les adelantó, serían desplazados de sus cargos.
Desde el organismo tributario indicaron a este diario, en tanto, que “en Buenos Aires no quieren quilombo con Camioneros”, que “en estos momentos, Moyano no se queja por los porcentajes de aumento en las paritarias”.
Oficialmente, sin embargo, desde ARCA negaron que los desplazamientos sean sanciones encubiertas. Indicaron que los movimientos de personal “no tienen ninguna excepcionalidad” y son parte de “procesos habituales” dentro de la estructura administrativa del organismo, que con periodicidad dispone ascensos y traslados según “criterios de mérito, oportunidad y conveniencia”.
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