POLITICA
Los hilos de la diplomacia del submundo

Fernando Cerimedo, que fue en su momento asesor de Javier Milei, se ha convertido en protagonista de una crónica policial en Bolivia. Se sospecha que pudo tener alguna responsabilidad en el ataque de dos sicarios contra su expareja Nadia Beller, quien fue baleada y robada en un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Cerimedo recomendó a Beller, que se encuentra embarazada, refugiarse en ese hotel para estar a resguardo mientras recibía información comprometida contra Evo Morales. Él hablaba con ella por teléfono mientras la agredían. Esos episodios de carácter criminal adquirieron en las últimas horas significación política.
Beller hizo declaraciones inquietantes sobre los audios de Diego Spagnuolo y las supuestas coimas de la Administración Nacional de Discapacidad (Andis). El gobierno de Milei quedó envuelto otra vez en un escándalo. Cerimedo se convierte, así, en una especie de visor a través del cual se puede contemplar no sólo un estilo en el ejercicio del poder. Pone en primer plano roles y prácticas que las campañas políticas desconocían hasta hace poco tiempo. Revela las peculiaridades de una nueva casta, una casta lumpen, que opera en el bajo fondo de las redes sociales. Y muestra los hilos a través de los cuales esa cofradía constituye una especie de diplomacia del submundo. La democracia puede mirarse en la opaca saga de Cerimedo y descubrir algunos de los vicios que la están desfigurando.
Un primer aporte de la oscura trama en la que quedó atrapado Cerimedo es exhibir un nuevo oficio en el manejo del Estado. Es el del asesor, con oficina al lado del despacho presidencial, que no figura en el organigrama de la administración, pero que atesora más poder que cualquier ministro. El servicio que prestan es invalorable. Operan en las redes sociales para impulsar el debate en determinada dirección. Lo más habitual es que llevan adelante campañas sucias contra los rivales. Cerimedo confesó en su momento que él lideraba una legión de trolls. Es decir, de personas que publican mensajes con el objetivo de irritar, agraviar, generar un conflicto o desviar una conversación. A veces las cuentas desde las que intervienen pueden ser artificiales, activadas por un software. Se las denomina bots. Giuliano da Empoli analizó estas estrategias ligadas a la comunicación digital en su ya clásico Ingenieros del caos. Allí exagera una síntesis: hoy la política podría se definida como “odio + algoritmo”.
El episodio de violencia que ocurrió en Bolivia se habría reducido a una peripecia criminal si no fuera porque la víctima, Beller, decidió ventilar informaciones que, según ella, obtuvo de Cerimedo. Entre otras, que su expareja le reveló haber sido quien filtró los audios en los que el exdirector de la Andis, Spagnuolo, aseguraba que Karina Milei y los primos Eduardo y Martín Menem obtenían coimas equivalentes al 3% de los contratos suscriptos en el área. Esa información coincide con las afirmaciones que el propio Cerimedo realizó ante el fiscal Franco Picardi, que está a cargo de la “causa Andis”: “Spagnuolo me dijo que los Menem se están choreando casi un palo por mes”.
Beller repuso en la agenda el problema de la corrupción en el gobierno de Milei. Pero hizo algo más. Habló de un tipo de conducta que parece reproducirse en varios casos. Integrantes de un oficialismo que se graban entre ellos. Operaciones de espionaje interno que llevan a pensar en el allanamiento del departamento de Facundo Leal, el extitular de ARSAT. Allí se descubrió una pequeña central de Inteligencia. Además de drogas, una balanza para pesarlas, y 2,4 millones de dólares.
Cerimedo fue también, según su convaleciente expareja, el encargado de iniciar una campaña de demolición de la figura de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Con un detalle curioso: habría recibido la orden muy temprano, durante la campaña electoral de 2023. La relación de los Milei con Villarruel siguió empeorando hasta el día de hoy. La antipatía es tan intensa que muchos aspirantes a ascender en la corte presidencial ensayan el atajo de insultar a Villarruel. O pedirle la renuncia. Los dos últimos en tomar ese camino fueron Diego Santilli y Pablo Quirno. El conflicto no logra responder una pregunta: ¿Qué pasaría si la Vicepresidenta resolviera postularse para la Presidencia compitiendo con Milei? ¿Sobran tantos votos como para ser indiferente a ese drenaje?
En La Libertad Avanza nadie quiere hacerse cargo hoy de Cerimedo. Aunque sus declaraciones ante Picardi fueron para la señorita Milei y los primos Menem la corroboración gozosa de todas sus presunciones: el ataque provenía de las filas de Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”. Esa atribución se basa en que Cerimedo formó parte del elenco de agitadores digitales que rodean al “Mago”. Fue el fundador del sitio “La Derecha Diario”, que pasó después a manos de quien era su socio, Juan Pablo Carreira, alias “Juan Doe”. Carreira fue designado por Milei como director de Comunicación Digital del Gobierno. Algunos arqueólogos cercanos a Caputo aclaran que Carreira y Cerimedo terminaron peleados. Una versión más que conveniente a la luz de las novedades que llegan desde Bolivia.
Más allá de las relaciones personales, la irrupción de Cerimedo en la escena pone en evidencia una modalidad muy característica del modo de intervenir en la vida pública de la ultraderecha actual. La agresividad es la más notoria. La denuncia contra el fundador de La Derecha Diario obliga a formular un interrogante: ¿qué distancia existe entre la violencia simbólica y la violencia física? Un militante “libertario”, por llamarlo de algún modo, que conduce un programa en la plataforma Carajo, Alejandro Sarubbi Benítez, recomendó días atrás resolver los problemas del conurbano bonaerense exterminando vecinos con napalm o, en una receta más piadosa, esterilizándolos. Carajo es una plataforma oficialista que ejerce la vocería informal del Gobierno. Pertenece al empresario Augusto Marini, quien aclara que los servicios que presta a través de ese medio no tienen relación alguna con la adjudicación directa que obtuvo, por 3,8 millones de dólares, para reparar trenes de la empresa Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. Allí reina el “Mago” Caputo a través de Fabián González, reclutado de las filas de Sergio Massa, y, en el área de compras y contrataciones, de Sebastián Tettamanti. Marini, el beneficiario del negocio, es un satélite del misionero Carlos Rovira, un peronista subordinado a la Casa Rosada. Es posible que la reputación de Marini esté expuesta a algún riesgo: el oficialismo de Misiones acaba de romperse. El gobernador Hugo Passalacqua se aproximó al Peronismo Federal de Juan Manuel Olmos y Victoria Tolosa Paz. La fisura se hará sentir en el Congreso.
Estas complicidades materiales aparecen en el caso Cerimedo. Su expareja habló de un manejo poco claro de los recursos. Mencionó la frase “lavado de dinero”. Una parte relevante de la dirigencia libertaria es heterodoxa también en la gestión de los negocios. La agenda periodística expone en estos días a Leonardo Scatturice. Es un empresario cercanísimo a Santiago Caputo. ¿O empezaron a distanciarse? Scatturice es el depositario de otro negocio asignado en Ferrocarriles, responsabilidad de Tettamanti: el tendido de fibra óptica para estaciones de trenes.
El mismo Scatturice realizó dos operaciones misteriosas. La compra de la línea aérea Flybondi y de la empresa de correo OCA. Dos compañías que, para los conocedores de esos mercados, eran inviables antes de que entrara Scatturice. Flybondi canceló el 80% de sus vuelos en los últimos meses, con un costo importantísimo para quienes habían comprados pasajes y para los trabajadores. Sin embargo, el responsable de la Administración Nacional de Aviación Civil, Oscar Villabona, no atinó a abrir un sumario ni a aplicar una multa. Ni siquiera abrió la boca. Villabona, como toda el área de Transportes, depende del asesor Santiago Caputo. Los últimos trascendidos informan que Flybondi pasaría a fusionarse con OCA en una empresa logística que se llamaría OCAIR. Se pronuncia “ocaer”. ¿No sería mejor no asociar una línea aérea con el verbo caer? Es un aporte solidario. Minucias.
Es muy probable que Cerimedo ya no orbite alrededor de Caputo. Pero su escándalo conduce a ese universo de “influencers” que rodean al “Mago”. Sucede en un momento de fragilidad. Los negocios de Scatturice hacen agua, obligando al empresario a realizar aportes costosos e imprevistos. Además, hubo que disolver el contrato de su consultora Tactic Global con la SIDE. Un dolor para Caputo: allí revistaba como director Barry Bennett, presunto asesor de campaña de Donald Trump a través del cual el “Mago” alardeaba de tener un acceso privilegiado al corazón de Washington. Bennett dejó de visitar Buenos Aires cuando se instaló en la embajada de los Estados Unidos Peter Lamelas, el verdadero representante de Trump.
La debilidad de Caputo se manifiesta en otras zonas de su mapa de poder. Una es el área de Salud, donde no terminan de ser decapitados Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo. Son los responsables del PAMI, que enfrenta una crisis en sus prestaciones, a lo Flybondi. Leguizamo y Zamparolo presentaron sus renuncias pero no han sido todavía reemplazados. La tormenta comenzó con la expulsión de Guido Giana, un subordinado de Cristian Ritondo encargado de las “efectividades conducentes”. Yrigoyen, in memoriam.
El “Mago” tiene también que tolerar a Santilli, que en nombre de Karina Milei barrió con el área de Telecomunicaciones. Sobre todo, reemplazando a Dario Genua en la secretaría de Innovación, y tomando bajo su responsabilidad directa al Enacom.
La aparición de Cerimedo en Bolivia desnuda otra particularidad de las nuevas fuerzas de derecha que dominan en muchos países de Occidente: su actividad internacional. Mientras trabajaba para Milei en la Argentina, este agitador digital intervenía en la campaña electoral de Brasil a favor del entonces presidente Jair Bolsonaro. Esa participación le costó una sanción del Tribunal Superior Electoral, que dispuso la cancelación de las cuentas desde las que emitía sus mensajes. El nombre del juez que firmó la resolución es significativo: Alexandre de Moraes. Es la “basura calva” a la que se refirió Milei en su último viaje a San Pablo, donde participó del lanzamiento proselitista de Flavio Bolsonaro. El juez Moraes había clausurado también a la red X, de Elon Musk, y a Truth Social, de Donald Trump. El insulto de Milei a ese magistrado es la expresión de un conflicto denso. No un simple berrinche.
Más tarde, Cerimedo fue investigado, pero no sancionado, por canalizar en las redes información que movilizaría a los militantes que participaron del conato de golpe de Estado brasileño el 8 de enero de 2023. Es posible que Lula da Silva, enredado en su querella con Milei, esté festejando la caída de Cerimedo en Bolivia.
A este activista digital se adjudica haber acercado a Milei con el influyente comentarista conservador Tucker Carlson, en los Estados Unidos. Cerimedo asesoró también a Nasry Asfura, el presidente de Honduras. En España se asoció con el titular de Estado de Alarma, Javier Negre, un periodista cercano a Vox. Es lógico que la Cancillería esté aclarando en voz baja que Cerimedo no es el gestor de la reunión de líderes de la ultraderecha trumpista que Milei quiere presidir en Buenos Aires.
Cerimedo integra, como nudo principal, una cadena internacional de agitadores ideológicos. Reúne dos características indispensables para su rol: agresividad y simpleza intelectual. Son las condiciones con las que se lleva adelante un nuevo tipo de guerra: la denominada “guerra de influencia”, cuyo campo de batalla son las redes. A través de estas actividades se han realizado campañas que cruzan las fronteras. Bombardeos de mensajes gracias a los cuales un líder o una potencia pueden incidir en las elecciones de otro país.
El ejemplo más notorio determinó la política norteamericana de los últimos años: los demócratas están convencidos de que, en 2016, a través de “cerimedos”, Vladimir Putin benefició a Trump hasta robarle el poder a Hillary Clinton. Esa creencia modeló las relaciones amistosas entre Joe Biden y la Ucrania de Volodomir Zelenski. El acercamiento de Trump a Putin les daría la razón.
La expansión verbal de la baleada Nadia Beller sumerge de nuevo al oficialismo en una tormenta. Luis ”Toto” Caputo, irritando a la señorita Milei, pide orden político para tranquilizar a los mercados. Pero la Casa Rosada sigue en un zarandeo que no logra detener desde la caída de Manuel Adorni. Una de las consecuencias de esa crisis es el acercamiento de Mauricio Macri. Ese paso está inducido por otro factor: la mejora en la imagen de Jorge Macri y su gestión. Anteayer dedicó una reunión del gabinete porteño a analizar una encuesta de Federico Aurelio donde se consigna que el jefe de Gobierno está en su pico de popularidad. Aun cuando Pro no alcance en la ciudad las máximas marcas de Mauricio Macri o de Horacio Rodríguez Larreta.
El expresidente observa los gestos del gobierno nacional con gran cautela. No se anima a definir una alianza. Aunque esa alianza esté funcionando, de facto, desde hace tiempo. No sólo porque Patricia Bullrich, Luis Caputo, Santiago Bausili, Quirno, Diego Santilli, Federico Sturzenegger, Cristian Ritondo, Alejo Maxit y tantos otros funcionarios provengan de las filas de Pro. De allí salió también una figura principal del gabinete: Juan Bautista Mahiques. Acaso es el máximo benefactor de Macri en estos días: en las designaciones en masa que está realizando Mahiques en el Poder Judicial hay varios “regalos” a Macri. Sobre todo para que se resuelva en su favor, de una vez por todas, la causa del Correo. No todos son centros a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo “Tovi” Toviggino.
Mahiques deberá estar atento a las derivaciones judiciales que puedan tener los dichos de la agredida Beller, expareja de Cerimedo. Su ministerio es una gran ambulancia judicial. Para eso lo llamaron los Milei. Uno de los últimos servicios que prestó tiene que ver con el ya mencionado Facundo Leal, el dueño de la droga, los billetes y la valija de espionaje. Con la excusa de la adicción, el juez Sebastián Ramos concedió a Leal la prisión domiciliaria. Es curioso: en simultáneo, un secretario del juez Ramos, Matías Manfredi, fue designado por Mahiques como Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica.
De este último sector procede, también, el ministro: a fines del año pasado fue designado por el “Chiqui” como vicerrector de la Universidad de la AFA. Para Manfredi el nuevo cargo fue una feliz compensación. Había concursado como titular del juzgado nacional 10 en lo Penal Económico, pero entró número 30. No había entrevista que lo salve. Y eso que en el jurado estaba Mariano Borinsky. Otro participante del salvataje de Tapia y Toviggino. Como asegura La Cautiva, “todo tiene que ver con todo”.
Carlos Pagni,Conforme a
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El cruce de Javier Alonso con Patricia Bullrich por la inseguridad en el conurbano: “No sea contradictoria”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, protagonizó este jeuves un cruce con la jefa de bloque en el Senado de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, luego de que la legisladora criticara al gobernador Axel Kicilof por la inseguridad en el conurbano, y a quien el funcionario le pidió que “no sea contradictoria”.
El cruce comenzó con un posteo de Bullrich en X, en el cual compartió el testimonio de una madre que había sufrido este jueves un intento de robo en El Palomar este jueves cuando estaba por dejar a su hijo en la escuela.
“7:14 AM, dejando a su hija en la escuela y termina herido por el tiro de un delincuente. El colmo: si son menores, quedarían libres por la locura de la jueza garantista”, expresó la senadora, en alusión a Marta Elba Pascual, quien quedó en el centro de la escena tras suspender la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires por 60 días.
El episodio ocurrió cerca de las 7.15 frente al colegio Emaus y un hombre, quien también estaba trasladando a su hija a la institución, sufrió una herida de bala.
Luego, la exministra de Seguridal le apuntó a Kicillof por considerarlo ausente ante el crecimiento del crimen en el conurbano.
“¿Dónde está Kicillof? ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo, rodeados de violencia y terror? Y si no se anima a hablar con ellos, prenda la tele: ‘Todos los días pasa lo mismo’, dicen. Nota tras nota, siempre el conurbano», manifestó.
Horas después, Alonso respondió el posteo y acusó a Bullrich de ser “contradictoria” en sus dichos y accionar.
“Cuando usted era ministra, sus propias estadísticas mostraban a la Argentina como uno de los países más seguros de la región. Hoy (Alejandra) Monteoliva difunde números similares y, de repente, todo es violencia y terror. ¿En qué quedamos?“, afirmó el funcionario.
A su vez, instó a la senadora a dejar la “chicana”, trabajar y devolverle a los bonaerenses “los miles de millones de dólares que les quitaron”, en referencia a la deuda de $22 millones que, según denuncia Kicillof, Nación mantiene con Provincia.
“Esos recursos también hacen falta para seguir construyendo una provincia más segura. Mientras ustedes chicanean en redes, la droga que llega a la Provincia recorre miles de kilómetros atravesando una frontera llena de agujeros que este Gobierno no logra contener”, subrayó.
“¿No sería mejor que trabajaran seriamente para impedir que esa droga llegue al territorio bonaerense? Y no se pongan nerviosos. El gobernador está sólido, trabajando todos los días, recorriendo la Provincia y acompañado por el pueblo bonaerense en las urnas», indicó.
Asimismo, le apuntó al gobierno de Javier Milei por no gestionar ni invertir y se preguntó en sentido irónico si “mostrar indignación por redes” era lo único que la administración libertaría sabía hacer por los argentinos. “Trabajen con seriedad y dejen de mentirle a la gente”, cerró.
Nueva respuesta de Bullrich
Bullrich respondió pero dirigiéndose a Kicillof. “Primero, la inseguridad no existe solo en las redes sociales, como dice su ministro. No tomen de tontos a los bonaerenses. Caminen por los barrios, sin militantes, o, al menos, prendan la televisión”, reclamó.
“Segundo: la Argentina es hoy el país más seguro de la región gracias al esfuerzo que hacemos desde el Gobierno nacional, muchas provincias y las Fuerzas. Pero ese resultado se logra, en buena medida, a pesar de la provincia de Buenos Aires.
Y prosiguió: “En los municipios del conurbano, el índice de homicidios duplica al del resto de la provincia y al nacional, mientras que los robos con violencia aumentaron más de 150% en el último año”.
“Escudarse en el cuento de los 135 municipios les permitió durante años profundizar sus políticas pro-delincuentes. Tercero: el esfuerzo para sacar a la Argentina de la catástrofe que dejó su Gobierno en 2023 lo estamos haciendo todos, menos su gobierno de la provincia de Buenos Aires”, acusó.
Y prosiguió: “Ustedes siguen con más de 20 ministerios, choferes, estructuras gigantes y contrataciones masivas. ¿Cuánto gastan en mantener todo eso? ¿Para qué tienen un Ministerio de la Mujer si no sirve? ¿De verdad no pueden achicarse para poner más recursos donde hacen falta: en seguridad, por ejemplo?”.
“Gobernador, esta pelea no tiene sentido porque nuestras posiciones sobre cómo combatir la inseguridad son opuestas. Para ustedes, una clara defensa a los delincuentes. Para nosotros, una sola regla: el que las hace, las paga”, concluyó Bullrich, al citar uno de los slogans de campaña de LLA.
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Malvinas: el Gobierno creará un Sistema de Articulación de la Política Exterior para monitorear actividades extranjeras ilegales

El Gobierno nacional anunció este jueves la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, un nuevo mecanismo que funcionará en el ámbito de la Cancillería y que buscará coordinar las actividades estatales vinculadas a los reclamos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos e insulares.
La medida fue confirmada a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, que enmarcó la decisión dentro de las políticas orientadas a “la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía” sobre los archipiélagos del Atlántico Sur.
Según el texto oficial, el nuevo sistema tendrá como objetivo “implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina”.
El comunicado precisa que la Cancillería podrá garantizar, a través de este mecanismo, que toda actividad vinculada a las relaciones exteriores del país sea “coherente, compatible y uniforme” con los lineamientos generales de la política exterior en materia de Malvinas.
En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía “exige una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas”, y que ese trabajo conjunto permite “sostener una postura firme y coherente en el tiempo” y “fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional”.
A su vez, remarcó que la iniciativa apunta a “adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales”, en lo que definieron como un “compromiso irrenunciable con la recuperación de los territorios usurpados”.
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“El Gobierno Nacional continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos para defender nuestra soberanía”, cierra el comunicado firmado por el Presidente.
La lista de medidas que impulsó el Gobierno desde la cadena nacional de Milei sobre Malvinas
Desde el mensaje que Milei emitió junto a todo su Gabinete el jueves pasado, el Gobierno avanzó con una batería de medidas para sancionar a las empresas vinculadas a la explotación hidrocarburífera en Malvinas y reforzar la influencia nacional sobre la región.
En ese sentido, el Gobierno reasignó $217.959 millones —unos US$142 millones— del Presupuesto nacional para el Ministerio de Defensa destinados principalmente a avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
A su vez, ordenó que los organismos del Estado que detecten incumplimientos legales informen a la Cancillería para que pueda impulsar sanciones y dispuso incorporar declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el RIGI para bloquear a las empresas que operan en la plataforma continental sin reconocer la soberanía argentina.
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En paralelo, el Gobierno avanzó con una serie de denuncias penales contra Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas, y otras firmas señaladas por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina, junto con otros procesos iniciados contra 60 personas jurídicas y humanas.
A esa serie de medidas se suma el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará a Diputados en los próximos días, que además de reforzar las sanciones contra empresas que operen en las Islas sin autorización, creará un Consejo de Seguridad Nacional para responder ante amenazas de actores estatales o no estatales.
Gobierno, Islas Malvinas
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Aprobaron la interpelación del intendente de Morón por la inseguridad en el distrito

El Concejo Deliberante de Morón aprobó este jueves la interpelación del intendente Lucas Ghi, de Unión por la Patria (UxP), por los casos de inseguridad en el distrito, según pudo confirmar de fuentes municipales.
Los concejales le solicitaron al jefe comunal que se presente en el recinto para que “brinde un informe detallado sobre la creciente inseguridad que sufren los vecinos y las políticas tomadas y que tomará en materia de seguridad”.
El proyecto, impulsado por los bloques de La Libertad Avanza (LLA), PRO y la UCR, establece que, según el artículo 108 inciso 7º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Ghi o quien el jefe comunal “corresponda” deberá brindar al Concejo Deliberante un “informe detallado sobre la creciente inseguridad que sufren los vecinos de Morón, y las políticas tomadas y/o que tomará en materia de seguridad”.
Además fija que, una vez sancionado el proyecto, “el intendente o quien él disponga deberá presentarse en forma pública en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante dentro de un plazo de cinco días hábiles”.
Qué pasó
Este jueves un hombre resultó herido de tres disparos frente a un colegio de El Palomar cuando tres delincuentes intentaron asaltar a padres y madres que llevaban a sus hijos al establecimiento.
Los delincuentes habían llegado al lugar a bordo de un camioneta Volkswagen Amarok, descendieron armados y comenzaron a amenazar a los padres que acompañaban a sus hijos, con la intención de aprovechar la concentración de personas a la hora de ingreso escolar.
Entre quienes se encontraban en la zona había un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense, que a bordo de su Peugeot 208 lleva a su hija de 10 años al colegio. Al advertir lo que sucedía, el hombre se identificó ante los delincuentes. Fue entonces cuando los sospechosos comenzaron a efectuar disparos.
La secuencia se produjo en medio del ingreso de los alumnos y generó momentos de extrema tensión entre las familias que se encontraban frente al colegio. Por la tarde hubo protestas de vecinos en el distrito.
Los fundamentos
En el proyecto, que fue aprobado en el recinto sobre tablas, los bloques de la oposición plantearon que “es de público conocimiento la situación que sufren los vecinos del distrito con respecto a la inseguridad”.
“Desde los distintos bloques políticos de la oposición hemos presentado en forma reiterada proyectos, pedidos y memorandos vinculados con la prevención y la seguridad en el distrito, solicitando medidas concretas como la instalación y reparación de alarmas, mayor iluminación, incorporación y mantenimiento de cámaras de videovigilancia, incremento del patrullaje y una mayor presencia territorial tanto del personal policial como de los agentes de la guardia urbana”.
Según aclararon, “estas iniciativas tuvieron como objetivo aportar herramientas concretas de prevención, ante una problemática que constituye una de las principales preocupaciones de los vecinos de Morón”.
También señalaron que “persisten interrogantes respecto de la denominada ‘Policía Municipal de Morón’”, dado, que advirtieron, “la propia normativa recientemente difundida establece que la estructura creada por el Departamento Ejecutivo constituye un programa municipal de carácter civil y administrativo y que carece de estado policial”.
“Es decir, más allá de la denominación elegida públicamente, no se trata jurídicamente de una fuerza policial en sentido estricto. Llamamos a trabajar en conjunto desde todos los bloques políticos para no tener que lamentar más pérdidas humanas y que los delitos en el municipio disminuyan”.
Ley Orgánica de Municipalidades
El inciso 7 del artículo 108 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el jefe comunal deberá “concurrir personalmente, o por intermedio del secretario o secretarios de la intendencia, a las Sesiones del Concejo cuando lo juzgue oportuno, o sea llamado por Decreto del Cuerpo, con una antelación de cinco (5) días para suministrar informes”.
Y agrega que “el Intendente podrá tomar parte en los debates, pero no votar. La falta de concurrencia del intendente o secretarios cuando haya sido requerida su presencia por decreto, o la negativa de ellos a suministrar la información solicitada por dicho Cuerpo, será considerada falta grave”.
Qué hace falta para la destitución de un intendente
El capítulo X de esa ley, titulado Sanciones y Procedimientos, establece que en su artículo 247 que el intendente “cuando incurra en transgresiones será destituido y reemplazado en la forma prevista en el artículo 15”.
“Imputándose al intendente la comisión de un delito doloso, procederá su destitución de pleno derecho, cuando recaiga sentencia condenatoria firme”, dice el artículo 248.
Y agrega que, en ese caso, se “procederá a la suspensión preventiva de pleno derecho cuando hallándose detenido, se dictare en su contra auto de prisión preventiva firme, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 249”.
“El sobreseimiento provisorio o definitivo, o la absolución, restituirán automáticamente al Intendente al pleno ejercicio de su cargo. No procederá la destitución o la suspensión preventiva cuando se tratare de un delito de acción privada”, aclara la ley.
El artículo 249, a su vez, define que “corresponderá” al Concejo Deliberante juzgar al intendente en los siguientes casos:
Para eso designará una Comisión Investigadora “integrada por concejales con la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros”.
Esa comisión “deberá constituirse con no menos de una cuarta parte de los mismos y representación de todos los bloques reconocidos; y “tendrá como objeto reunir los antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos, que deberán ser precisamente definidos. Para ello tendrá un plazo de treinta (30) días”.
Quién es
Con origen en el partido Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, Ghi había ocupado el municipio de manera interina en 2009 y hasta 2011 completó el mandato de su referente y antecesor.
En 2011 ganó las elecciones y llevó adelante su primera gestión hasta 2015. En 2019 volvió a tomar las riendas del municipio al imponerse en los comicios y obtuvo la reelección en 2023. Hoy milita en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), referenciado en el gobernador Axel Kicillof.
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