POLITICA
Los límites del programa de Milei
Hay una característica en la gestión de Javier Milei que resuena también en gobiernos anteriores: entender que el ejercicio del gobierno es la aplicación de una receta científica y que el éxito está determinado por la calidad de esa receta, que se traslada a la realidad de manera mecánica. En comparación con otras administraciones, ese rasgo hoy está acentuado. Es más fuerte.
La idea de que el Gobierno será exitoso porque su receta “economicista” es la correcta es un prejuicio que choca con la realidad. La vida pública y la administración no son un tubo de ensayo. Existen distorsiones ocasionadas, por ejemplo, por peleas de poder.
No es la única razón por la cual este concepto cientificista en el que cree Milei es limitado. Cualquiera sea la receta, debe estar validada por la gente. La democracia es un sistema por el cual conocimientos técnicos tienen que ser aceptados por grandes masas de personas. La cadena de transmisión entre la ciencia y el consenso popular es la política.
La administración Milei enfrenta hoy este dilema. Quien se detenga en la declaración de muchos funcionarios, principalmente de quienes integran el área económica, advertirá que están convencidos de un dogma teórico. Del otro lado, cuando observamos qué es lo que piensa la gente, y el único instrumento, defectuoso, que existe para detectar una tendencia son las encuestas, vemos una antipatía por la política económica que alcanza el 66%.
Un estudio realizado por Mora Jozami de Casa Tres pone el foco puesto en determinar cuál es para los consultados el principal problema del país. En diciembre de 2023, cuando Milei desembarcó en la Casa Rosada, la preocupación estaba puesta en la suba de la inflación. Ese panorama se modificó. Del total de la muestra, un 19% coincide en que la economía, en general, es el obstáculo número uno. Le sigue la corrupción (16%), temática que empezó a tener mayor presencia en las encuestas y que interpela tanto al oficialismo como a la oposición. Los bajos salarios (13%) y el desempleo (12%) ocupan el tercer y cuarto lugar, respectivamente. Estas cifras son la prueba de que el Gobierno está pagando con el cambio de agenda su éxito respecto de la inflación. El problema político que hoy enfrenta Milei entonces no es otro que su capacidad para adaptar la sensibilidad y la estrategia de su administración a esta nueva agenda.
Es imposible determinar con certeza y precisión qué es lo que motiva el voto de la sociedad. Es el gran drama de los políticos, y lo que llevó a algunos a recurrir incluso a brujos para descubrir por qué la gente cambia de humor. Aún así, hay un constante que suele tener peso determinante en la orientación del sufragio: el movimiento del poder adquisitivo del salario. De acuerdo con el mismo trabajo de Casa Tres, cuando se trata de encuestados que debieron resignar consumos, un 79% está contra el Gobierno. Un 25% que dijo no haber tenido que ajustar el cinturón simpatiza con Milei.
La reducción del poder adquisitivo está determinada por el tope al aumento de los sueldos, un factor siempre presente en los programas de estabilización. El Ministerio de Economía trata que la mejora en el salario corra por detrás de la inflación.
En el caso Milei, la caída del poder adquisitivo también se relaciona con el aumento del precio de servicios públicos como la electricidad o el gas. Esa suba deriva de una política impulsada por el Gobierno en vinculación a dos puntos: la remuneración de los servicios públicos y la cuestión fiscal. Durante mucho tiempo, el costo de los servicios públicos estaba subsidiado por el estado. Esto produjo una gran distorsión en las cuentas públicas, que esta administración, con una enorme preocupación por el desbarajuste fiscal heredado, quiso corregir. Como resultado, se produjo una liberalización de los precios de estos servicios. En 2016, Macri intentó ir por un camino similar, pero encontró como límite a la Justicia. Apareció un aluvión de medidas cautelares y amparos que terminaron en la Corte Suprema, que fijó el siguiente criterio: el aumento de las tarifas de los servicios públicos estará vinculado a la marcha de los salarios. 10 años después, este criterio ya no se tiene en cuenta.
En la actualidad, la participación de los servicios públicos en el salario aumentó notoriamente. Quienes estudian esta temática aseguran que entre noviembre y diciembre de 2023, la luz, el agua y el gas pesaban en el promedio del salario registrado un 6%. En julio de este año, trepó al 15%. Visto desde otra lógica, las empresas distribuidoras han sido grandes beneficiarias de esta gestión, que alivió la carga del gasto público en subsidios además de reconocer deudas que tenían con el Estado de manera generosa.
En este contexto, este jueves se produjo una noticia de gran relevancia: YPF vendió su participación en Metrogas. La licitación o concurso fue ganada por los dueños de Edenor, José Luis Manzano, Daniel Vila, Mauricio Filiberti y Ricardo Depresbiteris. Lo lograron a través del endeudamiento de la propia Edenor.
Hay una vinculación importante de este grupo empresarial con el Gobierno. El principal interlocutor entre ambos es Santiago Viola, viceministro de Justicia ligadísimo a Karina Milei e hijo de la abogada histórica de Manzano, Claudia Balbín. Otro importante: existe una alta probabilidad de que Filiberti se quede con AySA cuando sea privatizada. Cuenta con una gran ventaja ya que es el principal proveedor de cloro para lo que antes eran Obras Sanitarias o Aguas Argentinas. Estamos frente a un cambio importante en el país, pero sobre todo en el conurbano. De acá a un tiempo, un vecino del Área Metropolitana podría depender, para la provisión de luz, gas y agua, del mismo e ineficiente grupo empresario. Son Manzano, Filiberti y Vila. Son los dueños del restaurante Roldán.
Solo un paréntesis: asumió como jueza federal de Hurlingham Ana Juan y fue a festejar a Roldán, donde estaba el elenco de siempre: Ariel Lijo, el tenebroso Jaime Stiuso y su secretario privado, Lucas Nejamkis. Ana Juan fue recomendada por Juan Bautista Mahiques y es esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, que estaba en el festejo y está cargo de la causa $LIBRA, que no deja dormir a Javier Milei y su hermana. Todo tiene que ver con todo, diría La Cautiva.
El problema principal es que los vecinos del conurbano van a tener un solo proveedor para todos los servicios públicos. Esto no es un problema de YPF, que es una empresa con participación estatal y lógica privada. Lo que no se sabe es si hay alguien en el Gobierno mirando esta monopolización en un área estratégioca. Tampoco se sabe qué capacidad tendrá el Estado para negociar precios con ese grupo. Hasta el momento tuvo poca.
Hay un tercer problema que se está hablando muchísimo y tiene que ver también con el deterioro del salario. Uno de los motivos es la limitación de las paritarias; otro, el aumento de las tarifas; y el tercero es el peso de las deudas en los salarios. Es el problema que sufren los morosos que tienen restricciones para cumplir con bancos o financieras. Ese número creció muchísimo y hoy plantea un enorme problema porque las afectadas son millones de personas. “Nadie te puso una pistola en la cabeza para que te endeudaras”, dijo Milei. Pero es relativo, porque mucha de esa gente respondió a señales que emitió el Gobierno, como la baja de la tasa de interés para licuar las deudas del Banco Central y luego el aumento para contener la corrida contra el peso.
Entonces, el que tomó un crédito pensando que era muy barata la tasa de interés respecto a la inflación estaba obedeciendo a una señal que indirectamente daba el Poder Ejecutivo. Después, cuando subió, quedó con una deuda impagable. Hoy eso se transformó en un problema macro porque, al ser tanta gente afectada, se convierte en un desafío político. Por más que el Gobierno quiera pasar por el costado.
Estos inconvenientes afectan la capacidad del salario y están impactando en la resignación de consumos, y en una variable sagrada para el Gobierno: el sostenimiento del superávit fiscal, a partir del cual se reordenaría toda la economía. La receta científica correcta que debe ser aplicada de forma automática sobre la realidad empieza a estar afectada por la misma receta. Es un ajuste fiscal tan importante que repercute en los salarios, con lo que se termina contrayendo al consumo y afecta al fisco porque cae la recaudación de los impuestos.
Hay una caída de la actividad que hace que caiga la recaudación y ningún recaudador se anima a decirle con todas las letras a Caputo lo que está pasando. Los gradualistas, que decían que no se podía llevar adelante un ajuste fiscal dramático si uno no lo acompaña con crecimiento, no son gente más piadosa de los ortodoxos. Son profesionales que temen hacer un ajuste de tal tamaño que enfríe la economía a tal punto de generar déficit fiscal por caída de los ingresos del Tesoro. Aparentemente, eso está pasando en este momento.
Caputo está preocupado por esto y piensa en algún programa que lo ayude, sobre todo con las pymes. Ahora, hay una curiosidad: mucha gente ve que le redujeron el salario respecto a la inflación y tiene que dejar de pagar los servicios y no paga la deuda, y, entre las empresas, muchos empresarios, dado que no hay consumo, suspenden el pago de impuestos. Y es casi una salida razonable para un Gobierno que dice que el evasor es un héroe y que ha subido el monto a partir del cual las deudas son punibles.
Entonces es mucho más cómodo pasar de blanco a negro. Evadir. Hay un cuadro que muestra la relación que hay entre la recaudación del IVA y la riqueza en general del país, que tiene que ver con el ritmo de la actividad económica. En enero de 2024, el vínculo era de 8,2% y en junio de 2026, de 6,8%. Esto quiere decir que cae el consumo pero mucho más la recaudación del IVA. O que sube el consumo y el IVA sube mucho menos. La diferencia entre 8,2 y 6,8 significa evasión. Hay gente que le debe al Estado y espera un blanqueo o un plan para poder pagar en cuotas la deuda con ARCA.
Existe otra relación aún más específica: la recaudación del IVA con el consumo privado. En enero de 2024, la relación entre recaudación de IVA y consumo era de 11,6%. Hoy es 9,7%. Esto no quiere decir que cae el consumo solamente. Puede subir el consumo pero la recaudación del IVA aumenta menos. Es decir, hay mucha gente que se pasa a negro.
Este es un rasgo central de la economía argentina hoy y está extraordinariamente ligado al problema principal; un deterioro de la capacidad de pago de personas y empresas, sobre todo en el nivel de las pymes, que es el que tiene más preocupado al Ministerio de Economía. Es decir, hay empresas, sobre todo pymes, que prefieren evadir antes que quebrar. Y eso tiene una lógica: están obedeciendo a la receta de Milei.
Ahora nos encontramos con otros problemas, derivados de toda esta lógica. La contracara de esta caída de ingresos es que no se puede seguir reduciendo el gasto porque se llegó al límite, lo que produce otros inconvenientes. Uno de ellos apareció este fin de semana: Hugo Alconada Mon publicó en una nota que demuestra que el Gobierno recaudó $1,5 billones para rutas y obras viales, ejecutó apenas una cuarta parte y colocó más de $1 billón en plazos fijos y títulos públicos. Esto quiere decir que se utilizó esa suma para autofinanciarse.
Se trata de un fondo fiduciario del sistema vial, SisVialo, al que se destina un dinero que uno paga cuando carga combustibles. Por ley, es el encargado de financiar la construcción o arreglo de rutas. No puede destinarse a otros objetivos. El Gobierno tomó parte de ese fondo para financiarse. Este fin de semana, el vocero de la Casa Rosada, Adrián Ravier, dijo que eso es verdad en un diario de La Pampa. La mauor parte de ese dinero se destina a mantener el superávit fiscal. El ministro Caputo no tuvo en cuenta que hay un problema legal en esta conducta y puede ser penalizada. Desde el punto de vista de la solvencia fiscal, puede ser correcta; mucha gente decía cuando asumió Milei que el equilibrio era más importante que la obra pública. Pero existe el Código Penal, y eso es ilegal.
Lo descubrió Victoria Tolosa Paz, que hizo la denuncia penal contra el ministro de Economía y los colaboradores que tiene en la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación, que maneja el fondo. Los acusa de malversación de caudales públicos, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de actos de oficio, entre otras cosas. Así, se abre una discusión importante.
Ahora hay otro problema detrás de este problema y es cómo se repartió ese fondo entre las provincias. Habría que ver algunas variables, por ejemplo cuántas rutas tiene cada provincia para ver cuál es el nivel de reparto, y cuál es la coparticipación de cada provincia como para tener una idea clara del volumen económico de cada uno de esos distritos.
A la provincia de Buenos Aires le dieron 14,34%; a Catamarca, que la gobierna el gobernador Raúl Jalil, muy ligado a este gobierno, 0%. Jujuy se lleva 14,35%, más que la provincia de Buenos Aires. Misiones, del caudillo Carlos Rovira, socio del gobierno, 15,85%, mucho más que PBA. La Pampa y Chubut también se llevan cero. Entre Ríos, 5,46%; Formosa, 8,64%. Salta no llega a un punto, tiene 0,94%.
Esta división es importante. Este miércoles en Misiones va a haber una reunión de gobernadores del norte, donde van a estar los gobernadores afectados, entre otros, el de Tucumán, que se lleva 4,12% siendo gran colaborador del Gobierno. El primer significado del encuentro es que se van a mirar la cara entre ellos, con mucha sospecha. Empieza a ver una especie de transparencia incómoda para el gobierno nacional de cómo se reparten los recursos.
También habría que ver cuándo se pagan esos recursos, sobre todo a las provincias más beneficiadas. Porque hay una especie de correlación temporal que indica que estos desembolsos se hacen, sospechosamente,antes de que haya que votar leyes importantes para el Gobierno. Estaríamos, en parte, en una especie de negociación opaca de fondos que no deberían ser distribuidos de esta manera.
Hay una segunda cuestión en Misiones: ¿Por qué los gobernadores se juntan ahí? La respuesta es que allí hay una crisis de primera magnitud. El gobernador Hugo Passalacqua se acaba de levantar contra el caudillo de la provincia, expadrino suyo, Rovira, quien a su vez, hace 20 años, era un subordinado total de Ramón Puerta. Se repite la historia.
Rovira es casi un mileísta, casi un libertario. Y ya vimos ahora, con la discusión sobre la extranjerización de tierras, que los senadores de Misiones votaron en contra del Gobierno. Se le va a desprender un mini bloque al Ejecutivo en el parlamento por la pelea en Misiones.
Estos son problemas para Diego Santilli, que es el que tiene que construir mayorías parlamentarias y disciplinar a los gobernadores para que apoyen a Milei. Con un gobierno con un problema de opinión pública importante y con gobernadores que empiezan a enojarse porque se sienten mejicaneados o puenteados por el mismo Ejecutivo, al jefe de Gabinete se le puede complicar un poco. Se tensa la relación federal, que es lo que el Presidente le pide ordenar.
Mientras tanto, como suele suceder, frente a la adversidad, expuesto al sinsabor, como tantos otros presidentes a lo largo de la historia, Milei huye hacia lo internacional. Tuvo una gran recepción en la asunción de Abelardo de la Espriella en Colombia, un presidente de ultraderecha, una especie de nuevo Bukele. Lo recibió como un hermano y le dijo que su gobierno se va a inspirar en el suyo. Es lógico que el Presidente se haya sentido muy reconfortado y haya fantaseado nuevamente con una idea que impulsó muy temprano Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”: constituir una liga pro-Trump en América Latina liderada por Milei.
Esa liga pro-Trump de derecha tiene un matiz: también debería ser una liga anti-Lula. Por eso Milei interviene de manera tan brutal en el proceso político brasileño. Así como toma posición también en este Trump, que le ha quitado la visa a la embajadora de Brasil en Estados Unidos. A la luz de estos movimientos, este lunes, Folha de Sao Paulo, diario importantísimo de Brasil, publicó una encuesta y registró que la intervención de Milei en las elecciones brasileñas hace que 34% de los electores se sientan más inclinados a votar a Lula. Y solo un 27% piensa, por el apoyo de Milei, en votar a Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente Bolsonaro, que está preso y no puede participar en la elección.
Probablemente Milei esté activando un sentimiento muy brasileño: la idea de autonomía, el temperamento nacionalista, que también está activando Donald Trump. Habrá que ver cómo maneja Lula, en términos de marketing, estas intromisiones. Si uno mira la historia argentina, fueron la clave del triunfo de Perón, con aquel slogan “Braden o Perón”. Spruille Braden era el embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires. ¿Habrá un eslogan “Milei o Lula” o “Trump o Lula”? Misterios que resolveremos en las próximas semanas antes de que se realicen, a comienzos de octubre, las elecciones brasileñas.
Carlos Pagni,Javier Milei,Actualidad política,,Conforme a
POLITICA
El Gobierno reunirá a la mesa política para frenar a la oposición en el Congreso y avanzar en las negociaciones con los gobernadores
Horas antes de que Javier Milei emprenda una nueva gira a los Estados Unidos, el Gobierno volverá a reunir este martes a la mesa política en una semana atravesada por una avanzada opositora en el Congreso y las negociaciones del oficialismo con sus aliados para imponer su agenda legislativa.
El encuentro semanal fue programado como habitual en las oficinas del ex Ministerio del Interior a las 13. Allí volverán a coincidir la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el armador nacional Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete; Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
En cambio, estará ausente el ministro de Economía, Luis Caputo, quien inicia su agenda de actividades en Tailandia en el marco de la reunión anual del FMI y el Banco Mundial. A su vez, el cónclave se celebrará antes de la partida de Javier Milei a Washington -pautada para las 23- donde tendrá algunos encuentros con empresarios, hablará en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y participará de un acto contra el antisemitismo organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.
A diferencia de la mayoría de las giras internacionales, Karina Milei decidió no acompañar a su hermano para focalizar su atención en una serie de reuniones y actividades que tiene en Buenos Aires, según explicaron desde su entorno, además de sostener las riendas de la gestión.
Si bien todavía no están en la agenda oficial, en Balcarce 50 adelantan posibles nuevas reuniones del jefe de Gabinete con gobernadores, con el objetivo de acelerar las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que el Ejecutivo se propone tratar en el Senado para fines de octubre.
Para ello, Santilli se reunió personalmente la semana pasada con Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), además de su visita a Salta junto a la secretaria General de la Presidencia para inaugurar una planta de Litio con Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). Un día antes, ambos funcionarios también se mostraron con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por el inicio del traspaso de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.
En ese contexto, el Gobierno busca aprovechar la presencia de varios mandatarios provinciales en la capital federal por la Conferencia de Federalismo Fiscal para continuar las conversaciones. Según la agenda del evento, allí se espera la presencia de Jorge Macri, Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta), entre otros.
Por fuera de sumar gestos de buena sintonía política -que iniciaron en París durante la Argentina Week- el oficialismo también apura las conversaciones para evitar que la oposición logre avanzar este jueves con una sesión que se propone voltear el DNU 70/23, además de extender la emergencia en discapacidad y tratar una ley sobre Endeudamiento Familiar.
POLITICA
Con la habilitación formal del penal de Marcos Paz, el Gobierno inició la última etapa del desalojo de presos de Devoto
El domingo, se inició el traslado progresivo de los presos alojados en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto hacia el nuevo establecimiento de Marcos Paz. En las dos primeras jornadas, el operativo ya llevó a 609 internos a la nueva unidad bonaerense.
El Gobierno publicó este martes en el Boletín Oficial la resolución que habilita formalmente el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, el nuevo penal federal que recibirá a los detenidos. El nuevo establecimiento está ubicado en el Acceso Zabala y tendrá una capacidad provisoria para 2.232 detenidos.
Según la información oficial, el penal fue construido sobre un predio de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad. También dispone de áreas destinadas a salud, educación, visitas, comunicaciones y otros servicios necesarios para la vida cotidiana de la población penal.
Las obras habían comenzado en 2018, a partir de un convenio entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Sin embargo, el proyecto quedó paralizado en 2020 y fue reactivado en diciembre de 2024 por la administración porteña.
La resolución publicada este martes indica que el complejo reúne las condiciones estructurales y operativas para entrar en funciones, aunque admite que existen observaciones técnicas y tareas pendientes de subsanación. Además, instruye al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a presentar en un plazo de 90 días su proyecto de estructura organizativa y el manual de funcionamiento del penal.
El operativo comenzó el domingo y este lunes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó el envío de otras 283 personas, con lo que el número de detenidos reubicados ascendió a 609. “Sumados a los 326 de ayer, ya son 609 presos trasladados, más del 40% de la población penitenciaria de Devoto”, señaló la funcionaria en sus redes sociales.
El procedimiento está a cargo de un Comando Unificado Federal, creado para planificar los traslados y coordinar el despliegue de seguridad entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Participan el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con apoyo de las fuerzas porteñas y bonaerenses.
Cada contingente se conforma a partir del perfil criminológico de los detenidos y de una evaluación de los riesgos de cada movimiento. Antes de la salida, los internos reciben controles médicos e identificaciones con códigos QR, que permiten registrar su egreso de Devoto y su llegada a Marcos Paz. También se prepararon bolsones para sus pertenencias, con precintos numerados y actas individuales que permiten identificar cada envío.
Los vehículos penitenciarios circulan con seguimiento satelital dentro de convoyes custodiados por móviles policiales y motocicletas. El trayecto entre ambos complejos es de unos 55 kilómetros e implica cortes de tránsito, vallados en las inmediaciones de Devoto y un esquema de custodia durante todo el recorrido. El traslado se realizará en etapas hasta completar la desocupación del penal porteño.
El operativo se realiza de forma escalonada y continuará durante varias jornadas hasta completar el vaciamiento de Devoto. Una vez concluida esa etapa, el plan oficial prevé trasladar a Marcos Paz a otros 350 detenidos alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentran a disposición de la Justicia nacional. El objetivo es liberar plazas en esos espacios de detención transitoria.
El traslado responde al acuerdo firmado en 2018 para construir un nuevo penal federal en Marcos Paz y desafectar la cárcel de Devoto, ubicada en una zona residencial de la Ciudad. Una vez que concluya la mudanza de los cerca de 1.500 internos del penal porteño, el plan oficial prevé utilizar parte de las plazas disponibles para alojar a detenidos que permanecen en comisarías y alcaidías porteñas a disposición de la Justicia nacional.
.container-video {
position: relative;
width: 100%;
overflow: hidden;
padding-top: 2%;
}
.responsive-iframe-video {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
bottom: 0;
right: 0;
width: 100%;
height: 100%;
border: none;
}
traslado de los primeros presos de Devoto a Marcos Paz
POLITICA
Tres auditorías detectaron contrataciones irregulares y millonarios sobreprecios en la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo
Tres auditorías sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectaron compras fuera del régimen estatal, fallas médicas, administrativas e informáticas y diferencias de precios de hasta 1.068% durante el primer semestre de 2025, cuando el organismo era dirigido por Diego Spagnuolo. Las auditorías a las que accedió Infobae, abarcaron la adquisición de medicamentos, insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas, además del sistema que gestionaba esas prestaciones.
Los trabajos fueron solicitados en septiembre de 2025 por el entonces interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, y se realizaron entre octubre de ese año y abril de 2026. Examinaron el período anterior al corte de gestión del 21 de agosto de 2025.
La revisión también encontró compras de medicamentos para Entre Ríos por $ 11.925 millones y para Neuquén por $ 837 millones sin respaldo documental de convenios o adendas vigentes durante el período bajo análisis. Las adquisiciones realizadas en las provincias de Chubut, La Pampa, Salta y Tierra del Fuego tampoco tenían la fecha de firma, mientras que otros documentos carecían de los sellos aclaratorios de los responsables.
Compras sin licitación ni comparación documentada de ofertas
El primer informe, fechado en diciembre de 2025, cuestionó el circuito interno denominado “PACBI Circuito Compras”, utilizado para adquirir medicamentos de alto costo y baja incidencia. La auditoría concluyó que el mecanismo no se ajustaba al Decreto 1023/2001 ni a su reglamentación, que rigen las contrataciones de los organismos descentralizados del Estado.
La ANDIS no utilizó el sistema electrónico obligatorio COMPR.AR, no elaboró pliegos de bases y condiciones ni cursó invitaciones formales a proveedores. Tampoco encontró análisis comparativos documentados de las ofertas o causales de excepción que justificaran contrataciones directas.
Los auditores determinaron que la falta de planificación o la imprevisibilidad de los requerimientos no constituían motivos legales para apartarse del régimen general. El procedimiento afectaba “los principios de legalidad, transparencia en los procedimientos, igualdad de trato para interesados y para oferentes, publicidad y difusión de las actuaciones, promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes”.
La misma observación alcanzó a las compras de insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas. Esas operaciones tampoco emplearon el sistema estatal de contrataciones, carecieron de una metodología formal y no previeron controles mediante la oposición de oferentes.
La falta de mecanismos para cotejar propuestas comprometía la comparación de precios y la búsqueda de valores razonables. La conclusión advirtió sobre “el consecuente riesgo de generar un perjuicio económico al erario público”.
Medicamentos con precios hasta 1.068% más altos
El informe integral de abril de 2026 examinó el recorrido de las compras de medicamentos del Programa Federal de Salud Incluir Salud, desde la solicitud de un beneficiario hasta el pago a un proveedor. El Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones, conocido como SIIPFIS, no tenía un módulo ni un registro de valores de referencia para comparar precios de manera objetiva.
El responsable de compras explicó que el cotejo de cotizaciones se realizaba fuera de la plataforma, mediante otras fuentes y planillas de Excel. Sin embargo, no había constancias que permitieran identificar esas fuentes ni reconstruir el método aplicado para evaluar los valores.
La mayor diferencia correspondió al medicamento Macitentán de 10 miligramos, empleado contra la hipertensión arterial pulmonar. La droguería P facturó cada unidad a $ 5.299.081,66 el 20 de febrero de 2025, mientras que la firma UP vendió el mismo producto a $ 453.621 un mes después: una brecha de 1.068%, equivalente a $ 4.845.460,66 por unidad.
Para no interferir en la investigación este medio identificó a las firmas involucradas solo con las siglas.
También se detectaron variaciones en partidas de Pembrolizumab, un medicamento de inmunoterapia oncológica, y de Tacrolimus, un inmunosupresor utilizado, entre otros casos, por pacientes trasplantados. Los auditores también advirtieron sobre la preferencia de algunas droguerías sobre otras sin justificación.
Algunos expedientes tenían la misma fecha de requerimiento, pero se tramitaron de forma separada y terminaron adjudicados a distintos proveedores con precios diferentes para un mismo producto. En el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones tampoco se acreditaron los actos administrativos formales ni informes técnicos que acreditaran la evaluación de las ofertas y los criterios para elegir a cada adjudicatario.
La auditoría relevó $ 110.263 millones en compras de medicamentos Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI) durante el primer semestre de 2025, distribuidas en 10.683 expedientes electrónicos de pago. La muestra analizada incluyó 219 expedientes por $ 29.713 millones, el 27% del total.
Dentro de ese universo, hubo 21 expedientes por $ 2.510 millones en los que el domicilio de entrega consignado en la orden de provisión no coincidía con el indicado en el remito de recepción. No existía “justificación o aclaración alguna” para esas diferencias.
Los auditores no pudieron comparar esos precios y procedimientos con los de otros organismos, como PAMI u obras sociales, porque el sistema de la ex Agencia Nacional de Discapacidad no permitía realizar ese control. También establecieron que las compras se tramitaron mediante circuitos internos no autorizados por la Oficina Nacional de Contrataciones y por fuera del Sistema de Gestión Documental Electrónica, que debía centralizar las actuaciones administrativas nacionales.
Falta de controles médicos, provinciales e informáticos
Los auditores también determinaron que las Unidades de Gestión Provincial no dejaron constancias de haber cotejado las solicitudes de medicamentos con las historias clínicas de los beneficiarios. Tampoco se acreditó una intervención formal de la entonces Dirección de Prestaciones Médicas en la evaluación de los pedidos.
El informe señaló un hallazgo de alto impacto: “No se verifica en el sistema la autorización expresa de un profesional médico responsable”. No había descripción técnica de la evaluación ni dictámenes que respaldaran la aprobación o el rechazo de cada solicitud.
La revisión tampoco permitió determinar cuántos proveedores registrados en la base de datos del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones fueron convocados a cotizar en cada compra. La ANDIS no realizó auditorías en terreno sobre los efectores de salud provinciales, pese a que los convenios marco y el reglamento de Incluir Salud contemplaban ese control.
Los expedientes examinados incluían remitos con firmas de recepción atribuidas a personas que no figuraban como beneficiarias, apoderadas ni integrantes de las unidades de gestión provincial. También había facturas que no reunían los requisitos formales exigidos para su liquidación.
El segundo informe, elaborado en marzo de 2026, se concentró en los controles tecnológicos del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones. La empresa privada GMS tenía accesos de máximos privilegios y a la base de datos, sin que se encontrara un contrato o convenio formal que regulara ese vínculo.
GMS SA, sociedad dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado que aparece nombrada en la causa en la que el juez Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas.
En uno de los cuadernos de Miguel Ángel Calvete que secuestró como prueba el fiscal Franco Picardi figura el nombre de un empresario accionista de varias compañías, entre ellas, GMS SA, dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado desde el gobierno de Alberto Fernández y que continuó con La Libertad Avanza.
Calvete fue procesado como uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita investigada por corrupción en la ANDIS. La Sala II de la Cámara Federal confirmó esa situación procesal en septiembre de 2026, junto con la de Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. La causa investiga presuntas maniobras de direccionamiento de compras, sobreprecios y retornos vinculados con la adquisición de medicamentos e insumos médicos.
Daniel María Garbellini fue el director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cargo que ocupó desde el 3 de junio de 2024 hasta el 21 de agosto de 2025, día en que fue desplazado junto con Diego Spagnuolo tras conocerse los audios que destaparon el supuesto escándalo de corrupción.
La dependencia del organismo respecto de ese proveedor se arrastraba desde 2022. Según reconstruyó la auditoría, GMS realizó la última entrega formal del código fuente del sistema en diciembre de ese año, al finalizar el contrato que lo vinculaba con la entonces ANDIS. A partir de ese momento, y pese a no contar con un nuevo contrato ni con convenios formales que regularan la relación, la empresa continuó a cargo del mantenimiento y soporte técnico del Sistema Integrado de Información del Programa Federal Incluir Salud durante más de tres años, con accesos de máximos privilegios al ambiente productivo del sistema y a su base de datos.
Recién en enero de 2026, en el marco del propio proceso de auditoría y a pedido del área de tecnología del organismo, el proveedor habría entregado una nueva versión del código fuente. Sin embargo, los auditores no pudieron verificar que esa versión “compile y corresponda con la versión que se encuentra operativa actualmente”, según consta en el informe. Es decir, ni siquiera quedó acreditado que el Estado dispusiera de una copia fidedigna y funcional del programa que administra la información de pensiones por invalidez, el Certificado Único de Discapacidad y las compras de medicamentos de alto costo.
La auditoría detectó además cuentas genéricas de usuario, ausencia de controles periódicos sobre los perfiles de acceso, tecnología sin soporte vigente y falta de copias de seguridad externas. El sistema tampoco tenía un plan formal de contingencia ante incidentes informáticos.
Las irregularidades se conocieron mientras avanzaba la causa judicial por el presunto esquema de sobornos y direccionamiento de adquisiciones en la Agencia. En febrero de 2026, el juez federal Ariel Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas por presunta asociación ilícita y cohecho, al estimar un desvío de al menos $ 6.000 millones mediante sobreprecios de medicamentos.
Spagnuolo rechazó entregar una muestra de voz para el peritaje acústico. La Justicia intenta determinar si es el autor de los audios que destaparon el escándalo de corrupción en el área que conducía. La negativa provocó prórrogas en el estudio a cargo de Gendarmería Nacional.
Spagnuolo y otras 18 personas -entre ellas exfuncionarios de ANDIS, empresarios e intermediarios- están procesadas y embargadas por un entramado de corrupción en la ANDIS.
Para una franja significativa de personas con discapacidad que no cuentan con obra social ni prepaga, la ANDIS no es un organismo más: es la institución que determina si acceden o no a un medicamento oncológico, a un inmunosupresor post trasplante o a una prótesis. Las irregularidades detectadas por las auditorías atraviesan, entonces, un circuito del que depende la continuidad de tratamientos médicos de personas que, en muchos casos, no tienen una alternativa fuera del sistema estatal.
El Gobierno reunirá a la mesa política para frenar a la oposición en el Congreso y avanzar en las negociaciones con los gobernadores
Dugarry cuestiona la gestión de Luis Enrique con Dembélé: ‘¿Qué imagen das del Balón de Oro? Esto va a acabar en conflicto’
Con la habilitación formal del penal de Marcos Paz, el Gobierno inició la última etapa del desalojo de presos de Devoto
El dramático estado de salud de Mónica Guido: lleva tres semanas internada y sufre un delicado cuadro
La historia de amor de Claudio Spinelli y Cielo López: de la huida de película de la guerra en Ucrania al romance en Río
El historial de los enfrentamientos entre Boca Juniors y Vasco da Gama
Conciliaciones entre comercios y consumidores resuelven reclamos por más de $12.5 millones en Panamá
Regresos importantes y una duda clave: Arruabarrena definió el equipo de Boca Juniors para visitar a Instituto
Cómo evitar multas durante el fin de semana largo: cuál es la documentación que hay que llevar sí o sí al salir a la ruta
El nuevo mapa del mercado automotor: qué marcas ganaron y cuáles perdieron con la apertura de las importaciones
DEPORTE3 días agoCarlos Tevez busca juntar a Cristiano Ronaldo y Leo Messi en su partido de despedida
- POLITICA3 días ago
Régimen Penal Juvenil: la Defensoría Oficial busca que la Justicia porteña revise la baja de la edad de imputabilidad
- CHIMENTOS3 días ago
El dramático accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Burlando, con apenas dos años: “Se abrió la cabeza”
