POLITICA
Los movimientos sociales y piqueteros amenazan con cortes de rutas y otras medidas de fuerza contra el Gobierno
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto al Bloque Piquetero y Territorios en Lucha, aprobó en asambleas realizadas en todo el país un plan de medidas de fuerza escalonadas contra las políticas sociales y económicas del gobierno de Javier Milei, que incluye cortes de ruta por tiempo indeterminado si el Poder Ejecutivo incumple la medida cautelar que sostiene el programa Volver al Trabajo, y una marcha federal que culminaría en un paro general antes de fin de año.
La resolución surgió de las asambleas del 9 de junio, convocadas frente a las sedes de las secretarías de Trabajo de todo el país. En esos encuentros, la UTEP confluyó con expresiones de izquierda como Territorios en Lucha y el Bloque Nacional Piquetero bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”. El secretario general de la UTEP, y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro Gramajo, ha evaluado la situación como “una emergencia social desbordante”.
La estrategia aprobada opera en dos planos simultáneos. El primero gira en torno al programa Volver al Trabajo, uno de los continuadores del Potenciar Trabajo, que desde hace dos meses se sostiene por una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La medida obliga al Gobierno a mantener los pagos de ese programa social mientras se resuelve la cuestión de fondo. El gobierno apeló ese fallo y la causa ya es analizada por la Cámara Federal de San Martín.
La resolución judicial frenó el intento del Gobierno de cerrar el programa y obligó al Ministerio de Capital Humano a continuar los pagos a más de 926.000 beneficiarios, quienes perciben $78.000 mensuales —monto congelado desde el inicio de la gestión libertaria—.
En el caso de incumplir esta cautelar —desde la cartera de Sandra Pettovello afirman que no lo harán—, la UTEP activará cortes de ruta en todo el país, en algunos casos por tiempo indeterminado. El reclamo incluye además un aumento del salario atado al salario mínimo vital y móvil. Si el Gobierno mantiene el cumplimiento judicial, la organización definirá en los primeros días de julio el tenor de una jornada de protesta cuyas características dependerán de esa realidad.
El segundo plano articula una coordinación más amplia con el movimiento sindical. El 18 de junio, en la sede histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Azopardo al 800, el triunvirato cegetista conformado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello recibió a Gramajo y luego a los titulares de las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky y Hugo Godoy. Del encuentro también participaron confederaciones como la COSITMECOS, la CATT, la CASIA, la CSIRA y la CATHEDA, además de gremios docentes universitarios. El diagnóstico fue compartido: el rumbo económico profundiza el debilitamiento del entramado industrial, genera pérdida de puestos de trabajo y deterioro del poder adquisitivo.
De ese encuentro, surgió la coincidencia en construir un plan de lucha sostenido y escalonado, con capacidad de involucrar a todas las organizaciones confederadas.
La CGT moderó las expectativas sobre una huelga general inmediata y optó por un esquema gradual en el que cada sector presente sus demandas de forma coordinada, aunque voces como las de Roberto Baradel y Daniel Catalano, junto a Yasky y Godoy, insisten en acelerar las manifestaciones en la vía pública.
Desde la UTEP, la proyección de ese plan apunta a una marcha federal que recorra las provincias durante semanas y culmine en un lugar emblemático de las luchas populares, para desembocar en un nuevo paro general antes de fin de año. “La idea es hacer la mayor cantidad de acciones posibles que confluyan en un plan de lucha común de todos los sectores afectados por la crisis económica”, sostienen desde la UTEP.
La agenda de movilizaciones inmediatas incluye el 26 de junio, cuando las organizaciones sociales participarán del acto por los asesinatos de los militantes sociales el aniversario de los asesinatos el 26 de junio de 2002 por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de los militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en el Puente Pueyrredón.
En los próximos días, además, algunas organizaciones recorrerán comercios y supermercados para solicitar alimentos ante la escasez que registran los barrios populares.
Un relevamiento realizado por la organización Libres del Sur en barrios populares de la provincia de Buenos Aires revela que el 86% de los hogares está en situación de estrés económico, el 77% de las familias se privó de consumir lácteos, carnes, verduras y cereales por falta de dinero, y 4 de cada 10 familias comen menos para poder pagar deudas. El informe también indica que 8 de cada 10 jubilados afirman que su jubilación no alcanza para alimentarse y que el 66% de las familias suprime comidas.
El 7 de agosto, día del Patrono del Trabajo, la UTEP conmemora los 10 años de la primera marcha de San Cayetano realizada bajo el gobierno de Mauricio Macri y que contó con el apoyo del fallecido Papa Francisco. La organización trabaja en una gran jornada multisectorial que convoque a sectores gremiales, estudiantiles, del feminismo y del movimiento de Derechos Humanos, y mantiene diálogo con la Iglesia, que históricamente ha acompañado la marcha de los trabajadores de la economía popular desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo.
“La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”.
Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y uno de los dirigentes que realizó una semana de ayuno frente a la Casa Rosada realizó el siguiente diagnóstico ante una consulta de Infobae: “El Gobierno no para de ajustar, no hay límite para el ajuste. Los salarios siempre van abajo de la inflación”. Castro señaló también el impacto del aumento de tarifas y el encarecimiento de los productos básicos: “La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”. Y resumió el alcance de la precarización: “Tenes que hacer dos, tres, cuatro trabajos para poder vivir”.
La coordinación entre las centrales obreras también tuvo proyección internacional. En la reciente reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza, las delegaciones argentinas actuaron de común acuerdo y alzaron la voz contra lo que señalan como intentos del Gobierno por desmantelar el sistema de relaciones laborales vigente.
Las movilizaciones de la UTEP se inscriben en un cuadro social que un informe técnico sobre situación de calle en Argentina, publicado este mes por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral retrata con datos precisos.
El informe advierte que el perfil de quienes llegan a la calle se transformó de manera estructural. Si bien históricamente predominaban los varones adultos solos, los referentes territoriales consultados reportan una diversificación que incluye familias enteras de varias generaciones, adultos mayores jubilados sin ingresos, mujeres víctimas de violencia y jóvenes desvinculados de sus entornos familiares. La causa más frecuente es la incapacidad de pagar alquileres ante la desocupación y la falta de oportunidades laborales.
La radiografía del trabajo indica que: solo el 14,75% de las personas en situación de calle terminó el secundario, el 61,5% no recibe asistencia económica estatal y cerca del 54% sufrió violencia desde que está en la calle. A ese cuadro se suma que 1 de cada 2 hogares en Argentina presenta algún tipo de problema habitacional, con un 14,19% con déficit compuesto, cuantitativo y cualitativo.
El documento señala que la Ley Nacional 27.654 de “Situación de calle y familias sin techo”, sancionada por el Congreso de la Nación el 9 de diciembre de 2021 representó un avance al reconocer a estas personas como sujetos de derecho, pero advierte que su implementación es débil por la falta de lineamientos operativos homogéneos y de financiamiento. Por su parte, el Decreto 373/2025, que trasladó a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gran parte de las responsabilidades de ejecución, generó, según el informe, mayores riesgos de profundizar desigualdades territoriales.
POLITICA
El Gobierno realiza cambios sobre el paquete de desregulación y define en la mesa política cómo enviarlo al Congreso
El Gobierno realiza cambios sobre el paquete de desregulación y definirá en la mesa política el momento, la cámara de ingreso y la forma en que será enviado al Congreso. En la Casa Rosada rechazan que la iniciativa haya sido archivada, pero reconocen que no está prevista para el corto plazo y que será dividida según la conveniencia legislativa.
“Se está revisando el paquete de Desregulación, pero se va a avanzar”, aseguraron a TN fuentes oficiales. Otros funcionarios confirmaron que el texto está en la secretaría de Legal y Técnica, pero explicaron que todos los proyectos deben atravesar primero la mesa política antes de incorporarse a la agenda parlamentaria.
La hoja de ruta inicial consiste en concentrar las negociaciones en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los cambios en Inocencia Fiscal, el paquete de Propiedad Privada, la reforma electoral y el Super-RIGI. El Ejecutivo pretende cerrar esas discusiones antes de sumar iniciativas que puedan abrir nuevos frentes con los gobernadores y los bloques dialoguistas.
Recién después aparecerá una segunda tanda compuesta por el denominado grillete fiscal —que incorpora un mecanismo similar al shutdown estadounidense—, el paquete de desregulación, el Presupuesto 2027 y las reformas de seguros, del mercado inmobiliario y del mercado de capitales, entre otros proyectos. Esa secuencia todavía puede modificarse según el resultado de las votaciones y el estado de las negociaciones.
Dentro de esa segunda etapa, la reforma que Javier Milei considera prioritaria es la del mercado de seguros. El Gobierno trabaja en una iniciativa específica para permitir que las compañías diseñen productos sin autorización previa, limitar la función del regulador al control de solvencia y protección contra fraudes y ampliar la oferta de coberturas. El Presidente presentó ese cambio como un proyecto separado, aunque conectado con la reforma financiera general.
Luego aparecen las modificaciones sobre corretaje inmobiliario y mercado de capitales. La Casa Rosada busca vincular estas últimas con Inocencia Fiscal para que una parte de los ahorros no declarados que ingrese al sistema pueda canalizarse hacia bonos corporativos, fideicomisos, financiamiento colectivo y otros instrumentos destinados a actividades productivas.
El componente inmobiliario reduce los requisitos nacionales para ejercer el corretaje, habilita la actuación de personas humanas y jurídicas y permite prestar el servicio mediante plataformas digitales. También impide establecer pisos, valores sugeridos o topes para las comisiones y considera contrarias a la libre competencia las restricciones de residencia o las incompatibilidades absolutas con otras actividades.
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El borrador multisectorial tiene 144 páginas e incluye además cambios en farmacias, gas licuado de petróleo, libros, traducciones públicas, actividades agropecuarias, cabotaje e instrumentos financieros. Su capítulo de mercado de capitales modifica la Ley 26.831 con el objetivo de simplificar trámites, incorporar nuevas tecnologías, ampliar el acceso de las pymes y promover la canalización del ahorro hacia la inversión.
La decisión política es no enviar ese conjunto como una sola ley. En el oficialismo consideran que un texto demasiado extenso permitiría que la resistencia de un sector bloquee capítulos que cuentan con mayor consenso y obligaría a negociar al mismo tiempo con demasiados actores económicos, provincias y colegios profesionales.
El cambio de estrategia se profundizó después de la caída del capítulo sobre extranjerización de tierras. El desmarque de gobernadores aliados encendió una alarma en Balcarce 50 y reforzó la posición de quienes reclaman medir el costo de cada reforma antes de incorporarla al temario del Congreso.
En la sede de gobierno admiten además problemas de coordinación entre las áreas técnicas y políticas, tanto en los proyectos de ley como en las medidas que se instrumentan mediante decretos. La intención es que las iniciativas sensibles sean revisadas por la mesa política antes de su publicación o envío, para evitar que una disputa sectorial interfiera con las negociaciones por reformas consideradas prioritarias.
Entre los antecedentes mencionan las dificultades alrededor de la apertura del cabotaje y la suspensión del decreto que desreguló el practicaje. En este último caso, el Ejecutivo debió abrir una mesa de revisión después de que la interrupción del servicio paralizara los puertos, y aceptó suspender la normativa a cambio de una reducción tarifaria del 20%.
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Las diferencias también profundizaron los cruces entre Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich por la redacción y la negociación de los proyectos. En distintos sectores del oficialismo atribuyen parte de la descoordinación a las tensiones de la jefa del bloque libertario en el Senado con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, los principales alfiles legislativos y territoriales de Karina Milei.
El retiro de los gobernadores aliados de la negociación por la Ley de Tierras reavivó esos pases de factura. “Ninguno de esos gobernadores va al baño sin que Lule se entere. No mueven un pelo sin aval”, expresó una fuente nacional que cuestiona la idea de que los mandatarios provinciales se hayan desmarcado sin que el entorno de Karina Milei conociera previamente sus posiciones.
Pese a las críticas, en el Ejecutivo aseguran que Sturzenegger sigue firme y conserva el respaldo total del Presidente. “Lo que pasa con Federico es que a veces quiere imponer su agenda por sobre la de Milei. Y para eso necesita ser presidente”, plantearon en un sector del oficialismo. La mesa política tendrá ahora la tarea de ordenar esa agenda, seleccionar los capítulos con mayor viabilidad y decidir en qué momento abrir una nueva negociación en el Congreso.
Gobierno, Federico Sturzenegger, Congreso
POLITICA
Así reaccionó el arco político a la media sanción de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada
Este viernes por la madrugada, el Senado otorgó media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, con 37 votos a favor y 33 en contra. De esta manera, el Gobierno consiguió avanzar con las modificaciones al régimen de desalojos exprés y de expropiaciones, aunque el texto final fue alterado por diversas negociaciones durante la sesión.
Para que el proyecto pudiera avanzar y ser enviado a la Cámara de Diputados, en la etapa final el oficialismo debió ceder y eliminar las modificaciones sobre la venta de tierras a extranjeros y la Ley Nacional de Manejo del Fuego. Así, el último cambio se realizó apenas un minuto antes de que comenzara la votación en general.
Horas después de que el proyecto obtuviera la media sanción, el presidente Javier Milei celebró la victoria conseguida por el bloque libertario. Por medio de su cuenta en Instagram, compartió una imagen de los resultados de la votación y agregó su clásica arenga: “Viva la libertad, carajo”.
No obstante, las primeras reacciones surgieron después de que terminara la sesión alrededor de las 2 de la madrugada. El senador libertario Agustín Coto celebró el resultado en su perfil en la red social X tras abandonar el recinto. “Ganó una idea tan simple como poderosa: lo tuyo es tuyo”, destacó. Asimismo, concluyó que “si no se respetan los derechos de propiedad, no hay futuro”.
En la misma línea, su compañero de bloque Joaquín Benegas Lynch aseguró: “Dejamos atrás años en los que el esfuerzo del dueño valía menos que el abuso del usurpador” tras destacar que se trató de un paso histórico para el país. “Estamos un paso más cerca de que en la Argentina finalmente se respete el derecho de quien trabaja, produce y construye su patrimonio”, indicó.
A raíz de la importancia que tenía el proyecto para el Gobierno, los diputados libertarios también estuvieron pendientes de los resultados. De hecho, la santafesina Romina Diez se sumó a las celebraciones al apuntar: “Ahora vamos por la aprobación definitiva en Diputados”.
“Esta ley garantiza procesos de desalojo más rápidos frente a las usurpaciones y brinda mayor seguridad jurídica a quienes, con esfuerzo y trabajo, construyeron su patrimonio”, subrayó la libertaria al agradecer al presidente “por seguir impulsando las ideas de la libertad y trabajar por un país donde se respete la ley y la propiedad”.
Por parte de la oposición, La Cámpora tomó como una victoria la caída de los capítulos de venta de tierras a extranjeros y la Ley Nacional de Manejo del Fuego. “La patria no se vende y no se quema”, sostuvieron al adjudicar los frutos a la movilización convocada en diferentes puntos del país.

“Se movilizó la sociedad entera, como con el financiamiento universitario. Ahora queda por delante en la Cámara de Diputados frenar los desalojos exprés y el blindaje a las privatizaciones”, señalaron al calificar de “débil” al Gobierno por la respuesta de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso.
La peronista Juliana Di Tullio manifestó que “el pueblo argentino logró lo imposible: que este gobierno entreguista tenga que bajar dos capítulos claves del proyecto de inviolabilidad”. Bajo el mismo tono, Jorge Capitanich remarcó que “cuando el pueblo se organiza y el Congreso cumple su rol, la soberanía no se entrega”.
De la misma manera, se refirió Eduardo “Wado” de Pedro, quien afirmó: “Ganó la Patria. Una victoria de la movilización y el compromiso del pueblo en defensa de la soberanía nacional”. Asimismo, reflexionó que “cuando la sociedad se involucra y se hace escuchar, el saqueo no avanza” y que “luchar vale la pena”.
Hasta el momento, el único gobernador que se pronunció al respecto fue el riojano Ricardo Quintela, quien publicó un video contra el proyecto propuesto por el oficialismo. “Defender la soberanía es defender el presente y el futuro de nuestro país”, aseveró, para luego expresar: “Debemos seguir atentos para proteger nuestras tierras, nuestros recursos naturales y todas las herramientas que resguardan el patrimonio de los argentinos”.
POLITICA
De “callate, si estás procesado” a “pido respeto”: el fuerte cruce entre Bullrich y Capitanich en el Senado
Patricia Bullrich y Jorge Capitanich protagonizaron un fuerte cruce en el Senado durante la madrugada de este viernes, en el tramo final del debate por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza cuestionó al exgobernador chaqueño por una causa vinculada con la adjudicación de tierras fiscales y le lanzó: “Callate, si estás procesado por tierras fiscales”. Minutos después, el dirigente peronista respondió desde su banca y reclamó: “Pido que se me respete”.
Bullrich apuntó contra el kirchnerismo y acusó al peronismo por el manejo de tierras fiscales
El enfrentamiento se produjo durante la intervención final de Bullrich, después de más de diez horas de debate en la Cámara Alta. La senadora hizo un repaso de distintas operaciones con tierras fiscales durante gobiernos peronistas y kirchneristas para responder a las críticas opositoras sobre la defensa de la soberanía.
“Córtenla con la hipocresía, por favor”, lanzó. En ese tramo también cuestionó el acuerdo por la estación espacial china en Neuquén. “Pérdida de soberanía es tener una base China en Neuquén que la votaron y aprobaron. Esto fue votado durante el gobierno del kirchnerismo”, sostuvo.
Luego apuntó contra operaciones realizadas en Santa Cruz y mencionó una compra de tierras fiscales de Néstor Kirchner en 2006. Según afirmó Bullrich en el recinto, el expresidente adquirió unos 20.000 metros cuadrados por US$150.000 y dos años después los vendió al grupo chileno Cencosud por US$2,4 millones.
“Es decir, que en dos años ganó 1500% con la tierra fiscal. Eso no es defender la soberanía”, afirmó la senadora.
Bullrich continuó con sus cuestionamientos y acusó: “Se robaron las tierras fiscales, se las repartieron entre los amigos del poder”.
“Callate, si estás procesado”: el momento de mayor tensión con Capitanich
El discurso subió de tono cuando Bullrich llevó sus críticas hacia Chaco y apuntó directamente contra Capitanich, que seguía la exposición desde su banca.
“Y otro senador en la provincia del Chaco, que está por acá, está procesado por entrega irregular de tierras fiscales a los amigos del poder”, afirmó.
Mientras Bullrich hablaba, Capitanich intentó responderle con gestos desde su banca, aunque tenía el micrófono apagado. Fue entonces cuando la senadora libertaria lo cruzó: “Callate, si estás procesado por tierras fiscales”.
Minutos después, el exgobernador chaqueño pidió la palabra y rechazó las acusaciones. “No voy a entrar en algo que está fuera de contexto y de lugar. Durante la sesión me sentí agraviado en innumerables intervenciones”, respondió.
Capitanich aseguró que la causa se refiere a cuatro adjudicaciones dentro de miles de títulos otorgados en Chaco y sostuvo que los procedimientos se realizaron conforme a la legislación provincial.
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“Terminemos con estas operaciones y mentiras sistemáticas. Simplemente porque tiene que ver con el buen nombre y honor de las personas”, señaló.
Finalmente, reclamó que la discusión se mantenga en términos políticos: “Pido repeto como yo respeto al pleno y, si no les gustan mis argumentos políticos, me rebaten políticamente. Sin agraviar”.
Senado, propiedad privada, Patricia Bullrich, Jorge Capitanich
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