POLITICA
Los nuevos jueces supremos de Santa Cruz ordenaron una auditoría interna de gastos, sueldos, personal y causas demoradas
EL CALAFATE.- Por primera vez, el Poder Judicial de Santa Cruz será sometido a una exhaustiva revisión administrativa y contable que dejará expuestos desde los fondos presupuestarios hasta el estado de las causas judiciales pendientes. La orden de rendir cuentas emanó del renovado Tribunal Superior de Justicia, que ayer entró en funcionamiento pleno.
También se tomarán medidas por la demora que atraviesa la actividad judicial por el paro gremial sobre el cual no se había pedido, hasta esta semana, el dictado de la conciliación obligatoria.
La información surge de las actas del Acuerdo Extraordinario firmado por ocho de los nuevos miembros del Tribunal Superior de Justicia que se reunió por primera vez anteayer, luego de la Corte Suprema avalara la ley que amplió el cuerpo de cinco a nueve miembros.
Con la mayoría asegurada por las nuevas designaciones, se votó para la presidencia a Gabriel Nolasco Contreras Agüero y se avanzó con la solicitud de un detallado pedido de informes en el interior del propio Poder Judicial.
El análisis solicitado deberá detallar los créditos establecidos en la Ley de Presupuesto Provincial, la ejecución presupuestaria y los créditos ejecutados, recursos propios y otros egresos, obligaciones existentes y devengadas.
En el mismo informe que deberá ser presentado por el administrador general del Poder Judicial, el contador Fernando Ortiz de Zárate, deberá estar el detalle de la masa salarial de magistrados, funcionarios, personal superior y demás empleados del Poder Judicial; el costo mensual en concepto de tributos y servicios en cuanto a lo que se abona de manera global y en cada una de las reparticiones, obras, equipamiento informático, contratos de locación vigentes y costos de los mismos. También, un informe amplio del parque automotor y dependencias a las cuales fueron asignadas las unidades. Asimismo, deberá contener información detallada sobre las “licitaciones públicas o privadas, concursos de precios y contrataciones directas, celebradas durante los ejercicios 2025 y 2026”.
Este es un punto crítico, dado que el 12 de enero, en medio de la feria judicial, el Tribunal dispuso un aumento de sueldos cercano al 50% escalonado a octubre, un porcentaje que supera con creces las proyecciones de inflación anual que determinan los acuerdos paritarios. Con esta mejora, el sueldo de un vocal del Tribunal Superior treparía a entre 20 y 24 millones de pesos según la antigüedad.
En un esquema de caída pronunciada de los ingresos a las arcas provinciales, y cuando los estatales en ese momento, y aún hoy, no obtuvieron incrementos salariales, la decisión económica de los jueces exacerbó el enfrentamiento con el Poder Ejecutivo por la falta de recursos para financiar los nuevos montos salariales.
Fuentes oficiales del gobierno confirmaron a que al Poder Judicial solo se envió lo que estaba previsto en el presupuesto aprobado por la Legislatura. El pedido de incremento de sueldos fue posterior.
En febrero, la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz –gremio que pidió declarar la inconstitucionalidad de la ley que amplió la Corte por considerar, entre otros argumentos, que la misma afectaba los salarios judiciales– inició medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial.
El conflicto tiene paralizada desde febrero la actividad judicial, situación por la cual anteayer, por mayoría, se decidió el llamado a conciliación obligatoria, con la resistencia de los vocales que se resistían a la ampliación.
En otro de los puntos, el nuevo Tribunal Superior de Justicia dispuso que todo ingreso al Poder Judicial se realice a través de concursos abiertos y públicos de antecedentes y oposición, y resolvió que oportunamente evaluará la modalidad de los concursos y temarios, en tanto se requirió que la Dirección de Gestión Administrativa y RRHH, en un plazo de dos días, remita por correo electrónico un informe detallado de los ingresos producidos desde el año 2025 hasta ayer. Le dio además tres días para informar sobre los funcionarios del Poder Judicial que prestan funciones fuera de la provincia.
El paro gremial y la causa ante la Corte resuelta la semana pasada generaron una demora en la tramitación de expedientes en todos los fueros del Poder Judicial; por esa situación, ayer el Tribunal ordenó que todas las secretarías del TSJ presenten un “informe sobre las causas en trámite” que tengan.
Un detalle similar se solicitó a las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Jueces de Recursos y Cámaras en lo Criminal de ambas circunscripciones judiciales de la provincia. Les pidieron que en un plazo de cinco días incluyan si existen personas privadas de la libertad.
Mariela Arias,Conforme a
POLITICA
El Gobierno pone la mira en el mercado inmobiliario y evalúa alternativas para impulsar el crédito hipotecario
El Gobierno evalúa cambios para ampliar el crédito hipotecario y posterga la reforma de los seguros. En el Ejecutivo aseguran que el paquete de desregulación que prepara el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, todavía no llegó a la mesa política y que ya circularon distintos borradores con versiones diferentes del proyecto.
En Balcarce 50 sostienen que la iniciativa original será dividida y enviada en partes al Congreso. La idea es evitar que un paquete demasiado amplio vuelva a trabarse por resistencias sectoriales o por diferencias entre aliados. “Primero va a ir una versión reducida. Lo de los seguros queda para más adelante”, expresan en Nación.
El cambio de estrategia responde al orden de prioridades que fijó la Casa Rosada para el segundo semestre. En el Gobierno ubican por encima de este paquete a la reforma electoral, los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, que esperan tratar antes del Presupuesto 2027.
El texto de Sturzenegger apunta a modificar reglas de distintos sectores de la economía. En los borradores que circularon aparecen cambios sobre medicamentos, navegación fluvial, cabotaje, mercado inmobiliario, arrendamientos rurales, industria vitivinícola, mercado del libro, garrafas, sistema financiero, traductores públicos y cooperativas.
La intención oficial es reducir costos, aumentar la competencia y eliminar barreras de entrada. Pero en el propio Gobierno reconocen que el alcance del texto puede complicar su tratamiento parlamentario, en especial después de las dificultades que tuvo el oficialismo para avanzar con otros proyectos de desregulación, como propiedad privada, Hojarasca y la nueva Ley General de Sociedades.
Por eso, la primera versión que analiza la Casa Rosada estaría concentrada en capítulos con mayor consenso económico o con más conexión con la agenda financiera del Gobierno. En Nación mencionan especialmente mercado de capitales, sector inmobiliario y garantías para créditos, mientras que seguros quedaría para una etapa posterior.
Uno de los puntos que evalúa el Gobierno es incorporar cambios para ampliar el crédito hipotecario a través de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). En Balcarce 50 no hablan de crear hipotecas desde cero, sino de sumar herramientas para que los bancos puedan prestar con menor riesgo y para que esas carteras puedan tener, en una etapa posterior, mejor llegada al mercado de capitales.
La idea que circula en despachos oficiales apunta a que las SGR puedan actuar como garantes parciales en créditos vinculados a vivienda. El objetivo sería cubrir una parte del riesgo del deudor, mejorar la calidad de la cartera y hacer más atractivo para los bancos originar nuevos préstamos hipotecarios.
El esquema no implica que una SGR reemplace a la hipoteca sobre el inmueble. La garantía real seguiría siendo el respaldo central para el banco, pero la SGR podría funcionar como una cobertura adicional. En términos prácticos, serviría para absorber parte de una eventual pérdida, facilitar el acceso de determinados tomadores o mejorar las condiciones del financiamiento.
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Ese punto tiene un antecedente normativo reciente. En junio, Economía modificó el marco de las SGR para armonizarlo con las normas del Banco Central sobre política de crédito y acceso al crédito en moneda extranjera. La resolución también habilitó que los certificados de garantía que emitan las SGR puedan suscribirse con firma electrónica o digital.
La norma, sin embargo, no creó por sí sola un sistema hipotecario con SGR. Lo que hizo fue ordenar el marco para que las garantías recíprocas puedan operar con mayor agilidad y en línea con las reglas del BCRA para créditos en dólares. Para llevar ese mecanismo al crédito hipotecario harían falta definiciones adicionales sobre alcance de la garantía, tipo de deudores, moneda, límites de cobertura, ejecución y tratamiento prudencial para los bancos.
En Balcarce 50 imaginan un circuito de más largo plazo: el banco otorga el crédito, la SGR garantiza una parte del riesgo y la cartera mejora su perfil crediticio. En una instancia posterior, esos créditos podrían ser cedidos a un fideicomiso financiero o a un vehículo del mercado de capitales para emitir títulos respaldados por el flujo de pagos de las hipotecas.
La lógica sería que el banco no quede atado durante décadas al préstamo que originó. Si puede ceder una cartera de hipotecas con garantías adicionales, recupera liquidez y vuelve a prestar. Del otro lado, los inversores compran títulos respaldados por esos créditos y cobran con las cuotas de los deudores.
Ese mercado secundario de hipotecas ya tuvo intentos normativos en la Argentina. La CNV creó un régimen especial para la oferta pública de fideicomisos financieros hipotecarios, que comprende vehículos con hipotecas, letras hipotecarias, créditos hipotecarios o instrumentos asimilables como activo subyacente.
También hubo cambios para proyectos inmobiliarios. El Decreto 1017/2024 habilitó, en determinados supuestos, la cesión, securitización e integración a fideicomisos financieros de hipotecas sobre derechos reales de superficie, además de la emisión de letras hipotecarias conforme a la legislación y a la normativa de la CNV.
La diferencia es que ahora el Gobierno evalúa sumar el componente de garantías de SGR como herramienta para reducir riesgo y ampliar el crédito. La apuesta es que esas garantías ayuden a que más bancos presten, que más deudores califiquen y que las carteras resultantes sean más atractivas para inversores si luego se estructuran en el mercado de capitales.
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El proyecto todavía no está definido y no tendría impacto inmediato. Para que funcione, el Ejecutivo debería ordenar varios frentes: qué SGR podrán participar, cuánto riesgo podrán garantizar, si el esquema alcanzará a personas humanas o solo a determinados perfiles, cómo se ejecutará la garantía, qué exigirá el Banco Central a los bancos y qué requisitos fijará la CNV si esas carteras se titularizan.
El principal riesgo es el descalce de moneda. Si se impulsan créditos en dólares para personas con ingresos en pesos, una devaluación puede disparar la mora y trasladar el problema al banco, a la SGR o al inversor que compró el título respaldado por esas hipotecas. También hay riesgos por mala originación de créditos, litigios en la ejecución de garantías y baja demanda de instrumentos largos en el mercado local.
La Casa Rosada busca presentar esa agenda como parte de una reforma de largo plazo. Inocencia Fiscal apuntaría a movilizar dólares del colchón; el mercado de capitales ofrecería vehículos para canalizar esos fondos; y las SGR podrían funcionar como una pieza de garantía para ampliar el crédito hipotecario o mejorar su posterior titulización.
El capítulo inmobiliario también incluiría cambios sobre corretaje. En los borradores de desregulación aparece la eliminación de barreras profesionales para corredores y martilleros, con el argumento de que los requisitos de título, matrícula o actuación por jurisdicción restringen la competencia y encarecen las operaciones. El paquete financiero incluye además cambios en prendas y warrants.
Gobierno, hipoteca, SEGUROS
POLITICA
Crisis de 2001. De la protesta a la tragedia, imágenes de 48 horas que marcaron a fuego a la Argentina
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La crisis que desencadenó el final del gobierno de la Alianza dejó 38 muertos, en su mayoría por la represión que ejercieron las fuerzas de seguridad ante las protestas que se sucedieron a partir de que Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio la noche del 19 de diciembre de 2001. Aquella decisión presidencial propició un “cacerolazo” masivo en las principales ciudades del país, protagonizado por ciudadanos indignados. El principal foco de malestar era la instauración del llamado “corralito financiero”, impuesto por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, a principios de mes. La crisis económica y social se hizo agobiante en las semanas finales del mandato de De la Rúa.
La economía había tocado fondo luego de 10 años de convertibilidad. Industrias y fábricas cerradas o en crisis, desempleo masivo y la consiguiente explosión de la pobreza y de la indigencia fueron el cóctel que signó la caída del gobierno de la Alianza. Tras la renuncia de De la Rúa, se sucedieron cuatro presidentes en una semana, todos ellos peronistas: Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y, por último, Eduardo Duhalde, que lideró un gobierno en acuerdo con la UCR de Raúl Alfonsín hasta el 25 de mayo de 2003, cuando fue elegido presidente Néstor Kirchner.
Fotos: Staff de , DyN y Télam / Archivo
Edición Fotográfica: Enrique Villegas
LA NACION,Política
La Libertad Avanza (LLA) conmemora este jueves el Día de la Unidad. El espacio oficialista, liderado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, y por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, destacó en sus redes sociales la importancia de dejar de lado diferencias personales ante la competencia electoral, priorizando la disciplina, la lealtad y el trabajo en equipo como valores centrales para alcanzar el triunfo de las ideas de la libertad.
Según publicó la cuenta oficial de LLA en la red social X, la conmemoración subraya la necesidad de “luchar todos juntos en pos del mismo objetivo: el triunfo de las ideas de la Libertad en las urnas”. El mensaje enfatizó que este propósito exige “poner el éxito del conjunto por sobre las individualidades” y expresó un respaldo explícito tanto a la figura de Javier Milei como a la conducción interna de Karina Milei.
La celebración de la fecha se enmarca en el contexto de una estrategia de consolidación partidaria tras los primeros meses de gestión presidencial y en vísperas de nuevos desafíos electorales. Voceros del espacio remarcaron que la unidad representa una condición indispensable para sostener el proyecto y enfrentar a los adversarios políticos que, según el oficialismo, “han condenado a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación”.
El mensaje institucional se complementó con el tuit de Karina Milei del año pasado, en el que la secretaria general de la Presidencia planteó: “Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo”. En ese texto, la dirigente definió a La Libertad Avanza como “una declaración de principios” y una expresión de quienes “están dispuestos a dar la pelea, no por un cargo, sino por una causa”.
Hoy celebramos el DÍA DE LA UNIDAD en La Libertad Avanza, porque aprendimos que cuando se trata de la competencia electoral hay que dejar cualquier diferencia de lado y luchar todos juntos en pos del mismo objetivo: el triunfo de las ideas de la Libertad en las urnas. Eso… pic.twitter.com/lq5d1m5lYJ
— La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) July 23, 2026
La publicación de Karina Milei también estableció que el principio rector del espacio es la “tabula rasa”, bajo la instrucción del presidente Javier Milei, y que “todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna Javier Milei”.
La dirigente además sostuvo que “la lealtad no es una opción: es una condición”, y que los cuestionamientos internos equivalen a desafiar al propio presidente y la causa fundante del movimiento. Su mensaje puede leerse en su cuenta de la red social X.
Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo.
La Libertad Avanza en la…
— Karina Milei (@KarinaMileiOk) July 23, 2025
La declaración institucional y el mensaje de Karina Milei incluyeron una identificación explícita del adversario político: el kirchnerismo, definido como “el que convirtió la provincia en su feudo” y responsable de perpetuar el clientelismo y el fracaso como forma de poder. En ese marco, la consigna del Día de la Unidad llama a la defensa de las convicciones partidarias como a la voluntad de “enfrentar con el fuego de las convicciones y la certeza de estar en el lado correcto de la historia”.
“La Libertad Avanza. Y nada, ni nadie, la va a detener”, concluyó la Secretaria General de la Presidencia.
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