El Gobierno evalúa si conviene y/o vale la pena enviar una comitiva a Estados Unidos para darle respaldo a Donald Trump en unas elecciones que se vislumbran complicadas para los republicanos. Sin embargo, varios diputados ya tienen definido ir juntos, invitados por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Lo cual podría generar un alargamiento de los tiempos para el eventual debate en el recinto del proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas que apadrina y sobre el que decidió apoyarse especialmente Javier Milei, y sobre el cual ya se están imprimiendo cambios para asegurarse un pronto dictamen.

La posibilidad de ir al recinto aún es ciencia ficción, dicen en el oficialismo. Aún no están las firmas para que avance la iniciativa, entre dudas de aliados y fuerte presión de los opositores duros. Y si bien en el plenario de comisiones previsto para el próximo martes intentarán darle luz verde al proyecto, algunas voces propias y afines advierten dificultades.

Javier Milei todavía no definió si irá en persona a EE.UU. y nada está confirmado, admiten en la Casa Rosada. La decisión dependerá de una serie de factores. El Presidente estuvo en Nueva York por la Asamblea General de la ONU y en Washington por la gala de la Fundación Herencia Hispana, dos viajes en pocas semanas. Ahora sopesa si vuelve, y cuánto le conviene hacerlo. Las encuestas anticipan una elección difícil para el Partido Republicano, y en el oficialismo evalúan si corresponde estar presente, y con qué nivel de representación. Por lo pronto, según pudo reconstruir este medio, los cielistas no serían de la partida.

Puertas adentro, en el Gobierno relativizan el impacto de un mal resultado para Trump y dicen que no les molesta que pierda, porque se trata de una elección legislativa y no presidencial. Esa misma mirada explica el desinterés de algunos de los invitados. Entre quienes declinaron las invitaciones para viajar, el razonamiento es que unas elecciones de medio término no son lo suficientemente relevantes como para justificar el traslado. “Prefiero quedarme en casa”, resumen, mientras hacen otros planes para esas fechas.

Sí irán varios diputados libertarios y de PRO, invitados por AmCham, durante la semana de los comicios del 3 de noviemnbre. Y sus ausencias, advierten en el oficialismo, podrían postergar el eventual debate en el recinto.

El viaje de los que sí van confirmados a Washington tiene un efecto inmediato en el Congreso. Con varios diputados en Estados Unidos, el oficialismo no lograría asegurarse el quórum para sesionar el primer miércoles de noviembre. Y después viene el Papa.

Si el Vaticano lo confirma -aun hay dudas debido a su estado de salud-, León XIV llegará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, y en el oficialismo no quieren sancionar nada durante esos días. Es otra semana que “se pierde”. Por eso la fecha que manejan hoy es el 18 de noviembre, junto con el Presupuesto, aunque aclaran que la idea es llevar el proyecto al recinto “lo antes posible”, si los números lo permiten.

En ese contexto, el Ejecutivo apuró cambios para asegurarse el dictamen. La decisión se terminó de tomar después de que funcionarios norteamericanos que responden al jefe del Departamento de Estado de Trump, Marco Rubio, manifestaran su preocupación por el efecto de la nueva norma para sus empresas. Y de que, posteriormente a la advertencia, fueran recibidos por Milei, y por Luis Caputo junto a Santiago Caputo.

El Gobierno ya “redefinió el alcance de las sanciones”, dijeron fuentes oficiales sobre las modificaciones acordadas en la reunión de trabajo que reveló Infobae ayer, entre la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal y la diputada Silvana Giudici, con sus equipos. A la que se sumó, al final, Santiago Caputo, ideólogo de la iniciativa.

Los cambios se presentan como un ajuste técnico y no como una concesión. “Había artículos muy amplios, sin delimitar el alcance de las sanciones administrativas y las excepciones. Eso es lo que están tratando de instalar que pidió Estados Unidos, pero en realidad eran cosas que había que pulir del texto original, porque son medidas muy novedosas que no habían sido tomadas nunca en nuestro país”, dijo un impulsor del proyecto.

La versión oficial insiste en que la letra no cambia en lo esencial y descartan de plano la posibilidad de que se separe en varias normas, como pedía el kirchnerismo: “Sigue igual. Y no se divide, nunca pensamos en dividir nada”, se plantaron.

Donde sí hay diferencias -con la oposición pero también en el propio Gobierno- es en la integración del Consejo de Seguridad Nacional que buscan crear y que interesa especialmente a Caputo. En Balcarce 50 quieren que quede tal cual está redactado, sin intervención de representantes legislativos, excepto en una comisión de seguimiento, aparte. Los bloques, en cambio, insistirán para que el Congreso tenga un lugar en el órgano. Es un punto que puede terminar condicionando los votos. Y desde el PRO sospechan que las diferencias en el propio Gobierno por este punto podrían jugarle en contra.

Entre los aliados del oficialismo ya lo advierten y marcan: “Una cosa es la posición del Ejecutivo y otra es la realidad de los votos. Somos prudentes hasta el martes que estemos en el plenario”.

El plenario del martes es, entonces, la primera prueba. Allí se verá cuánto de lo que el Gobierno presenta como una corrección técnica alcanza para ordenar el apoyo de los bloques, y cuánto de lo que reclaman los aliados el oficialismo está dispuesto a aceptar antes de que el reloj, entre las elecciones en Estados Unidos y la visita del Papa, los acerque al fin de las ordinarias. Con todo, en Casa Rosada como en el Congreso son optimistas y creen que se aprobará no sólo en Diputados sino que se transformará en ley en el Senado antes de fin de año, quizá, en una extensión o en extraordinarias. Si no hay sesión el miércoles 28 de octubre ni la semana siguiente, y con la visita del Papa León XIV luego, el oficialismo apunta al 18 de noviembre.

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En la CGT se prendieron las luces rojas: la crisis de las obras sociales se agudiza semana tras semana, con cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero esa decisión está complicando el funcionamiento de los sindicatos.

Hace un mes, el dirigente que advirtió públicamente sobre este cuadro crítico fue Luis Barrionuevo, líder del Sindicato de Gastronómicos, quien, en el programa de Carlos Pagni en LN+, comparó este momento con lo sucedido en los años 90, antes de la asunción de Carlos Menem, cuando “todos los gremios estaban en convocatoria y las obras sociales se fundieron porque sacaron la plata del sindicato para poner en la obra social, con lo cual la crisis se llevó puesto a los dos”.

“Todos están sacando plata del sindicato, por lo que vamos camino a tener problemas en las estructuras sindicales, donde tenemos las escuelas, campings, vacaciones, cooperadoras -describió-. Hay un montón de elementos alrededor del sindicato que también representan plata y que hoy no te alcanzan”.

El dirigente gremial dijo que, ante ese cuadro, hay que plantearle al Gobierno: “O resuelven el problema o hay que decirle a Mario Lugones, el ministro de Salud: ‘Acá tenés las llaves, manejá vos la obra social’”.

Se trata de una solución extrema, que nadie contempla seriamente, pero que revela la dificultad para salir del laberinto en el que se están los sindicalistas: al cabo de tres reuniones reservadas que mantuvo con la CGT, realizadas en la sede de la UOCRA, dicen que el ministro sigue sin responder a las propuestas que le efectuaron para superar una crisis de las obras sociales que los expertos cegetistas califican de “casi terminal”.

Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes de la CGT, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.

Las prestaciones por discapacidad representan desde hace años el mayor porcentaje de los gastos del sistema de obras sociales: en 2017 equivalía al 22% del FDS; en 2019, al 37%; en 2019, al 50% y hoy, casi al 90%.

Ese fue uno de los puntos que reclamó la CGT a Lugones: que los gastos en transporte y educación que insuman las personas con discapacidad sean aportados por los ministerios o áreas del Gobierno respectivas y girados al Fondo Solidario de Redistribución, algo que ya le plantearon sin éxito al gobierno de Alberto Fernández.

Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y director de la obra social de Obras Sanitarias, es un sanitarista que asesora a la CGT y dijo a Infobae: “Estamos en una encerrona. La Argentina financia la atención médica esencialmente a través de un modelo de seguridad social, es decir, con aportes y contribuciones, pero la caída del poder adquisitivo del salario, a la que se suma un aumento exponencial del gasto médico, obliga a las obras sociales a cubrirlo, y cuando no se puede por el alto costo, termina judicializándose. Esto es una olla a presión”.

Si las obras sociales están al borde del colapso se debe a diversos factores, como se detalla en un informe elaborado por la CGT: allí se alertó que más de 11 millones de beneficiarios, equivalentes al 78,5% del padrón de las obras sociales nacionales, no generan recursos suficientes para financiar las prestaciones exigidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO) y que el sistema destina 9% del salario al financiamiento de la cobertura médica, pero la pérdida de poder adquisitivo ronda el 30%. A esa caída se suma el aumento de los servicios asistenciales, que, según la CGT, superó ampliamente los índices del costo de vida.

“La situación económica financiera general del sistema de obras sociales está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, advirtió la central obrera en su informe.

Como la mayor parte de las obras sociales necesita asistencia de sus sindicatos para evitar la cesación de pagos, sostuvo la CGT, esa dependencia financiera repercute sobre la cadena de pagos a los prestadores, con efectos sobre la calidad de la atención, los tiempos de espera para acceder a prácticas médicas y el malestar de los afiliados, mientras la capacidad de compra de medicamentos se redujo, en promedio, un 40%.

La incorporación de monotributistas representa otro déficit para las obras sociales. Sus aportes mensuales, de acuerdo con el informe cegetista, rondan cifras que son un 78% inferior al costo estimado del PMO.

La CGT señaló que una parte de quienes se incorporan mediante el régimen de monotributo presenta una carga de enfermedad superior a la de los afiliados provenientes de la actividad laboral. “Utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios”, sostuvo la central obrera.

Los jubilados que permanecen afiliados a las obras sociales también agravan las cuentas del sistema sindical de salud. Más del 80% de los jubilados y pensionados que derivan sus aportes se ubica en la franja de mayores de 65 años y de este grupo la transferencia fija por cápita está establecida en 53.277,38 pesos, mientras la recaudación por persona es de unos 159 mil pesos.

La diferencia entre ambos valores no tiene, según el informe de la CGT, una contraprestación de servicios. El documento calificó esa situación como “ampliamente negativa y discriminatoria” para las obras sociales que mantienen la cobertura para jubilados.

Los hospitales públicos suman otra fuente de tensión financiera para las obras sociales. La CGT cuestionó que, en algunos distritos, como en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, los nomencladores para facturar prestaciones contemplan valores que pueden superar los de los prestadores privados.

La central obrera también objetó que no se solicite autorización previa para prácticas programadas y que las internaciones de urgencia se informen de forma irregular o tardía, lo que impide realizar auditorías en el lugar. Como resultado, remarcó el informe, las facturas hospitalarias pueden convertirse en cosa juzgada y su cobro termina, en ocasiones, judicializado.

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