El oficialismo anunció esta tarde en el Senado una serie de modificaciones al proyecto de reforma de la ley de salud mental y aseguró que cuenta con el consenso necesario para que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo pueda obtener dictamen este jueves y, de lograrlo, ser discutida en el recinto de la Cámara alta la semana próxima.

Entre los cambios más importantes figuran la eliminación de la posibilidad de volver a crear instituciones o especializadas para la internación de casos psiquiátricos que proponía el texto enviado por la Casa Rosada al Senado el 20 de abril último.

A pedido de senadores de diferentes bloques y de varios de los ministros provinciales que participan del Consejo Federal de Salud (Cofesa), se mantendrá la prohibición de los manicomios que estableció la ley de salud mental sancionada en 2010.

También extiende la cobertura de la ley a todas las adicciones, no sólo a las de consumos de estupefacientes, como la ludopatía. Además, se permiten las internaciones involuntarias, que deberán ser confirmadas por un equipo interdisciplinario en un plazo perentorio, en ocasión en el que el paciente no se encuentre capacitado para tomar esa decisión.

El anuncio fue formulado en una conferencia de prensa que encabezaron esta tarde las senadoras libertarias Patricia Bullrich (Capital), jefe de la bancada oficialista de la Cámara alta; Nadia Márquez (Neuquén) e Ivanna Arrascaeta (San Luis), presidentas de las comisiones de Legislación General y de Salud, respectivamente.

Ambas comisiones están convocadas a reunión plenaria para este jueves, a las 15, con el objetivo de tratar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. En ese encuentro se pondría a consideración el texto y, según afirmó Bullrich, tendría dictamen.

“Estamos trabajando para que haya quorum (en la reunión plenaria) y creemos que va a haber. Si hay quorum, vamos a tener dictamen y lo vamos a querer tratar la semana próxima en el recinto”, respondió la jefa de la bancada oficialista ante una consulta de .

En la conferencia de prensa, que se celebró en el despacho de Bullrich, en el primer piso del palacio legislativo, las legisladoras explicaron en diez puntos los cambios sustanciales que se le introducirán al proyecto antes de llegar al recinto para su tratamiento por el pleno de la Cámara alta.

Uno de los puntos más destacados es la flexibilización de la exigencia psiquiátrica y la inclusión de un diagnóstico interdisciplinario como proceso obligatorio para la internación de personas con trastornos mentales o de adicciones.

En ese sentido, se permite que la evaluación de internación la realice un médico psiquiatra o con formación en salud mental, pero junto a un segundo firmante preferentemente psicólogo.

Además, se habilita la teleconsulta sincrónica para la intervención psiquiátrica y se reconoce la firma del psicólogo para la evaluación y concesión del alta del paciente.

Como se dijo, se mantiene la prohibición de manicomios o de realizar prácticas relacionadas con los viejos hospitales neuropisquiátricos.

Como parte de la negociación para obtener consenso, el oficialismo aceptó restituir el financiamiento nacional a las provincias. El Estado Nacional estará obligado a brindar cooperación técnica, económica y financiera a las provincias para la aplicación de la norma.

En el caso de internaciones e urgencia se establece un plazo de revalidación para internaciones de urgencia dispuesta por un solo médico ante riesgo grave, ya que se amplía el plazo de revalidación interdisciplinaria de 24 a 48 horas.

Por otra parte, se acepta el concepto de directivas anticipadas, por el cual se reconoce el derecho de las personas a declarar por anticipado su consentimiento o rechazo a tratamientos de salud mental y a designar representantes para el momento en que no puedan expresar su voluntad.

También se establece un régimen especial para niños y adolescentes con adicciones con equipos infanto-juvenil especializados.

Por otra parte, se establece la obligación de trazar un plan de egreso e internaciones prolongadas, por el cual se tendrá que establecer una hoja de ruta desde el diagnóstico inicial y se exige la intervención de oficio del Órgano de Revisión para internaciones que superen los 180 días.

En medio del debate parlamentario por el proyecto de Presupuesto 2027, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, se presentó este miércoles ante los diputados para defender la iniciativa oficialista y destacar su importancia para “reducir la inflación y sostener el equilibrio fiscal”. Asimismo, el funcionario reivindicó la denominada Ley de Modernización Laboral a pesar de los indicadores desfavorables de empleo.

Durante la jornada, el titular de Trabajo recibió varias críticas por parte de la oposición por la baja del empleo y el cierre de empresas, así como también recibió múltiples cuestionamientos por la caída del 0,23% del PBI en materia de seguridad social, registrada en el presupuesto a raíz de la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que, a partir del 1° de noviembre, obligará a las empresas a destinar entre el 1% y el 2,5% de la masa salarial a cuentas individuales para financiar eventuales desvinculaciones.

Al comienzo de su exposición, Cordero respaldó la iniciativa del Ministerio de Economía tras la intervención de ayer del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

“Busca sostener y mantener este equilibrio fiscal y el camino de la baja inflacionaria. Al mismo tiempo, preservar y fomentar las diversas actividades, especialmente la generación de empleo y crecimiento salarial en el país”, destacó Cordero. Y les pidió a los empresarios que apliquen la nueva legislación. “Las herramientas están, solo hay que aplicarlas”, dijo el funcionario, que se desempeñó durante más de 30 años como abogado del Grupo Techint.

Durante la reunión se refirió a las diferencias que presenta el mercado laboral entre las distintas regiones del país y destacó el papel del sector privado en la generación de empleo. En ese sentido, sostuvo que las necesidades de contratación varían según las actividades económicas de cada provincia y resaltó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que consideró “determinante” para atraer inversiones y generar puestos de trabajo.

El funcionario vinculó este proceso con la denominada Ley de Modernización Laboral y defendió las modificaciones introducidas en el régimen de responsabilidad solidaria y multas laborales, al considerar que brindan mayor seguridad jurídica a las pequeñas y medianas empresas y favorecen su integración en las cadenas productivas. “La pyme es la prioridad de la gestión de gobierno y de la Secretaría de Trabajo”, aseguró.

Ante los reparos y consultas de la oposición en materia laboral, Cordero advirtió sobre las dificultades que enfrentan las empresas para sostener sus estructuras de costos, especialmente por la carga tributaria a nivel local. En particular, se refirió al impacto de Ingresos Brutos en los sobrecostos de las pymes.

La exposición del funcionario de Capital Humano se produjo en un contexto de deterioro del empleo privado registrado, que volvió a caer en julio y acumuló 14 meses consecutivos de retroceso.

Tal como publicó , desde noviembre de 2023, la cantidad de asalariados formales se redujo en 265.765 personas, equivalente al 4,2%. Solo en julio se perdieron otros 12.716 puestos de trabajo, lo que marcó una leve aceleración de la caída.

Frente a este escenario, el Gobierno reconoció que las empresas optan por no reemplazar al personal que se desvincula y restringen las nuevas contrataciones.

En relación a ello, Cordero expresó su preocupación por los niveles de informalidad laboral y defendió el régimen del monotributo.

“Lo que quiero es que se sepa que les pueden comunicar a los trabajadores que al autónomo le conviene muchísimo más ser monotributista que estar fuera de la registración laboral”, remarcó el funcionario. “La inserción en este mundo del trabajo es lo que da libertad a cada una de las personas y por eso transitamos un camino de cambio”, agregó. La semana pasada se conoció un informe en base a datos oficiales del Indec que registran una suba de la informalidad laboral con picos de hasta el 87,9% en algunos distritos.

La presentación de Cordero tuvo lugar un día después de la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que estuvo atravesada por fuertes cuestionamientos al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, reclamos por mayores partidas para discapacidad y críticas a las proyecciones de inflación del Gobierno. A ello se sumaron los pedidos de explicaciones por las ausencias del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase.