POLITICA
“Malvinas como política de Estado”: el reclamo para sostener una estrategia más allá de los gobiernos
El presidente Javier Milei anunció medidas para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. El plan incluye más recursos para Defensa, una base naval en Tierra del Fuego y sanciones para compañías vinculadas con actividades no autorizadas. Además, informó que firmará un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa. Y anticipó una iniciativa legislativa para modificar la Ley 26.659, que establece sanciones por la exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina.
Juan Augusto Rattenbach, abogado, magíster en Economía Aplicada y docente universitario, describió, en diálogo con Infobae en Vivo, el anuncio como un paso que puede reabrir la discusión pública sobre Malvinas. El referente de la causa Malvinas destacó el enfoque de soberanía y pidió continuidad entre los distintos gobiernos.
“El tono y el eje es el correcto, es el de la soberanía, es el de la idea de Malvinas como política de Estado”, afirmó Rattenbach. Su planteo apunta a que las decisiones sobre las islas no cambien cada vez que asume una administración nacional.
Rattenbach explicó que una política de Estado implica acuerdos básicos entre fuerzas políticas, provincias e instituciones. En ese esquema, los gobiernos pueden discrepar en otros temas, pero sostienen una misma estrategia sobre soberanía, defensa y relaciones exteriores.
El abogado señaló que la Ley 26.659 rige desde 2011 y ya contempla sanciones contra empresas que explotan hidrocarburos sin permiso argentino. Por eso, consideró que el proyecto oficial puede ampliar herramientas existentes, aunque recordó que la norma ya permitía actuar.
“En estos dos años y nueve meses de gobierno no hacía falta quizás hacer una innovación jurídica para ejecutar esa ley”, dijo. Rattenbach aclaró que recibe de forma favorable cualquier cambio que agrave las sanciones e incluya a proveedores de esos proyectos.
El referente también recordó que varias compañías ya figuraban bajo la normativa argentina. Mencionó a Rockhopper y a Navitas Petroleum, que, según explicó, ingresó en el foco de las sanciones durante 2022.
La base naval en Ushuaia concentra el debate sobre infraestructura y presencia argentina
La segunda medida anunciada por Milei apunta a la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego. El Presidente sostuvo que la instalación permitirá aumentar las capacidades de telecomunicaciones y convertir a la zona en un polo logístico del Atlántico Sur.
Rattenbach ubicó ese proyecto dentro de una discusión más amplia sobre la presencia argentina en la Antártida y el Atlántico Sur. “Es un proyecto de infraestructura portuaria crítica de la Argentina fundamental y que se tiene que hacer sí o sí”, afirmó.
El abogado señaló que la obra debe fortalecerse más allá de los cambios políticos. Explicó que la base busca dar servicios logísticos a las actividades antárticas y mejorar la presencia argentina en una zona que considera estratégica.
También recordó que el proyecto tuvo un acto inicial en 2022. Parte del financiamiento contemplaba recursos del Fondo Nacional de la Defensa, conocido como FONDEF, según detalló durante la entrevista.
Rattenbach sostuvo que el fondo continuó vigente después de diciembre de 2023, aunque perdió ritmo de ejecución. Sobre la obra, afirmó que “se ha ralentizado” durante los últimos dos años.
El especialista también cuestionó el funcionamiento del Consejo Asesor del Poder Ejecutivo sobre Malvinas, creado en 2020. Indicó que ese espacio reunió a representantes del Congreso, especialistas y autoridades de Tierra del Fuego.
Según Rattenbach, el consejo tuvo una sola reunión durante los dos años y nueve meses de gestión de Milei. Su objetivo consiste en sostener una estrategia común sobre Malvinas, aun cuando cambien las administraciones nacionales.
“El punto de inflexión es el 15 de julio”, sostuvo Rattenbach, en referencia al partido entre Argentina e Inglaterra. El abogado vinculó ese hecho con un renovado interés social por la causa Malvinas.
Derechos constitucionales
Por su parte, Jorge Lapeña, ex secretario de Energía de la Nación y presidente del Instituto Argentino de Energía “General Mosconi”, consideró que el reclamo por Malvinas requiere una estrategia sostenida en el tiempo. El especialista sostuvo que la Constitución Nacional ya reconoce los derechos argentinos sobre las islas.
“Nosotros estamos seguros de nuestros derechos y nuestros derechos están afirmados en la Constitución Nacional”, afirmó Lapeña en Infobae A las Nueve. El economista remarcó que la reivindicación no se limita a las Islas Malvinas, sino que incluye también las Islas Georgias y las Sandwich del Sur.
Asimismo cuestionó la falta de presencia argentina en la plataforma marítima que rodea al archipiélago. “Argentina tiene una plataforma económica exclusiva de trescientas ochenta millas y es realmente muy raro cómo no ha hecho, a través de YPF, un uso intensivo de esa plataforma para la exploración petrolera”, señaló.
El exfuncionario atribuyó esa falta de acción a gestiones de distintos signos políticos. “Ha habido una pasividad extraordinaria en todos los gobiernos de los últimos veinte años”, sostuvo Lapeña, quien remarcó que la ocupación efectiva del territorio marítimo constituye una herramienta de reclamo.
Sobre las sanciones anunciadas por Milei contra empresas vinculadas al proyecto Sea Lion, Lapeña planteó dudas sobre su efectividad. “Me parece que esa amenaza no tiene un poder de coerción que diga que no tienen salida”, afirmó, y remarcó que la vía diplomática debe primar sobre cualquier otra opción.
La postura de Chile ante los anuncios de Milei
En tanto, el periodista chileno Christian Pino, otra de las voces que se sumó al streaming de Infobae, explicó que el gobierno de Chile mantiene una postura de apoyo histórico al reclamo argentino por Malvinas. “Es de apoyo y acompañamiento y viene en la línea de lo que han firmado los diferentes presidentes democráticos desde 1990”, afirmó durante la comunicación con el programa.
Pino relató que la visita de Milei a Santiago de Chile generó tensión por declaraciones sobre la izquierda chilena y la figura de Salvador Allende. El periodista señaló que ese tipo de lenguaje no forma parte de las prácticas habituales en la política chilena.
Y detalló un conflicto paralelo vinculado al estrecho de Magallanes. Según explicó, la disputa se originó luego de declaraciones de un jefe militar argentino sobre la soberanía de ese paso marítimo, lo que llevó a Chile a ratificar su posición.
El corresponsal mencionó además el Decreto 457, firmado por el expresidente Alberto Fernández en 2021, que establece una administración conjunta del estrecho. Señaló que, tras la reunión entre Milei y el presidente José Antonio Kast, existiría una voluntad de corregir esa norma, aunque sin confirmación oficial.
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juan augusto rattenbach
WASHINGTON.- En su décimo noveno viaje a Estados Unidos desde que asumió la presidencia, Javier Milei habla este jueves ante empresarios e inversores en la sede de la Cámara de Comercio de esta capital.
El libertario busca oportunidades de inversión en el país en un discurso titulado “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.
También será galardonado con el premio “Campeón global de la libre empresa”, en reconocimiento a su defensa de los principios de la libertad económica.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos, cuya sede está frente al parque Lafayette, a metros de la Casa Blanca, se presenta como la organización empresarial más grande del mundo, y nuclea desde pequeñas empresas y cámaras de comercio de todo el país hasta asociaciones industriales y corporaciones globales. Su presidenta y directora ejecutiva, Suzanne Clark, será la encargada de abrir el evento.
Acompañado por el canciller Pablo Quirno; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el embajador ante Estados Unidos, Alec Oxenford, quienes también se hicieron presentes anoche en la Gala Oficial de la Herencia Hispana, Milei luego dará un discurso en un encuentro en la sede de la embajada argentina, en el barrio de Dupont Circle, enfocado en la lucha contra el antisemitismo, a raíz de que la Argentina tiene la presidencia temporal de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).
Respaldo a Trump
En la antesala de las elecciones de medio término en Estados Unidos, Milei le dio un fuerte respaldo a Trump, quien enfrenta la posibilidad de que los demócratas avancen en el Congreso si logran un buen resultado en los comicios del próximo 3 de noviembre.
“Es importante no solo para Estados Unidos, sino para Occidente entero, que el rumbo de Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre. No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, señaló el libertario.
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POLITICA
En medio de una nueva marcha, el Gobierno negocia otorgar beneficios fiscales a las universidades para modificar la Ley de Financiamiento
Como parte de la negociación para modificar la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno ofrece mantener reducidas las contribuciones patronales de las universidades. Se trata de los aportes obligatorios que las instituciones educativas —en su carácter de empleadoras— deben ingresar a los subsistemas de la seguridad social por cada uno de sus trabajadores (docentes, no docentes y autoridades). La Casa Rosada busca combinar un acuerdo sobre el régimen administrado por ARCA con una mejora de las partidas del Presupuesto 2027 para acercar posiciones con las casas de estudio.
En el Ejecutivo confirman que la cuestión de las contribuciones forma parte de las herramientas que están dispuestos a negociar, aunque todavía no está definida la alícuota que propondrán. Las conversaciones sobre este punto se vienen desarrollando de manera informal con las universidades y no existe por ahora un acuerdo cerrado con el Consejo Interuniversitario Nacional.
La discusión parte de un régimen creado en 2010 para determinadas universidades nacionales que arrastraban deudas previsionales. El Decreto 1571/2010 fijó para las instituciones alcanzadas una alícuota reducida del 10,17% sobre la nómina salarial, integrada por 8,67% con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino y 1,5% al PAMI.
El beneficio alcanza específicamente a las universidades nacionales que registraban al 31 de diciembre de 2009 las deudas previstas por la norma y que ingresaron en los respectivos planes de regularización. La tasa del 10,17% se mantiene mientras siga pendiente la cancelación de esa deuda.
Ese régimen fue modificado en 2023. El Decreto 645/2023 sustituyó el artículo que regulaba la salida del beneficio y estableció que las universidades no pasan directamente a la alícuota general cuando terminan de pagar, sino que ingresan en una escala progresiva de convergencia.
Para las instituciones que cancelen la deuda, la alícuota correspondiente a SIPA y PAMI es del 13,65% en 2026 y sube al 14,52% en 2027. Luego pasa al 15,39% en 2028, 16,26% en 2029 y 17,13% en 2030. Recién desde el 1 de enero de 2031 deben aplicar las alícuotas generales que correspondan al sector público.
Ese punto es central para la negociación. En la UBA aseguran que el salto que enfrentan no es directamente hacia una carga del 24%, sino hacia la escala progresiva fijada por el Decreto 645/2023. La universidad se encuentra entre las instituciones cuyo plan de regularización está próximo a finalizar y busca evitar un incremento significativo de sus obligaciones sobre la masa salarial.
POLITICA
Los gobernadores que podrían auxiliar a Milei para bloquear la sesión impulsada por la oposición en Diputados
CÓRDOBA.- Luego de que el oficialismo aceptara reponer los límites a la venta de tierras en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la oposición deberá redoblar los esfuerzos para conseguir el quorum en la sesión especial convocada con el objetivo de voltear todo el decreto de Javier Milei, que avanzó en la política desreguladora del Estado.
Para iniciar el debate se requieren 129 diputados y, aunque las cuentas muestran que la oposición no tendría garantizado ese número, hay dudas sobre qué directivas darán a sus legisladores los gobernadores aliados.
“Después del dictamen no tiene sentido la sesión”, definieron varios legisladores que responden a gobernadores consultados por , a la vez que admitieron que igual seguirá el tira y afloje. El dictamen, agregan, “va en sintonía con la definición de la Corte Suprema de hace unos días”.
Pese a todo, siguen las negociaciones por la sesión convocada por la oposición. El eje ya no estará en el DNU 70/23, pero a la hora de la sesión estará la quinta marcha universitaria por el financiamiento y los reclamos en torno a las políticas de discapacidad.
Como en otras oportunidades, varios especulan hasta el último minuto. Por ejemplo, si el quórum queda lejos no tiene costo político frente al oficialismo nacional que sus legisladores bajen. En cambio, si la diferencia es mínima deben jugarse antes. Lo que tienen en claro es que ya el debate no será solo por las restricciones a la venta de tierras.
Entre los santafesinos de Maximiliano Pullaro, Gisela Scaglia, quien preside el bloque de Provincias Unidas, y tampoco José Núñez. “El DNU 70 no tiene vigencia a partir de los cambios en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada se votó el artículo que deroga el artículo 154. Ahora tocar el decreto nos perjudica la política de cielos abiertos”, definieron desde el círculo de Pullaro. El chubutense Ignacio Torres aportará la ausencia de su diputado, Jorge Ávila.
En el caso del catamarqueño Raúl Jalil, uno de los mandatarios con más cercanía a la Casa Rosada, los tres diputados integrantes del bloque Elijo Catamarca habían decidido, hace unos días, asistir a la sesión. Así lo confirmó Sebastián Nóblega: “Hemos decidido acompañar la sesión y somos firmes defensores de la Ley 26.737”, dijo a la radio El Esquiú.
Sin embargo, en las últimas horas, se reactivaron los contactos de la Casa Rosada para tratar de evitar su presencia. Jalil estuvo entre los 13 gobernadores que acompañaron al presidente Javier Milei a París.
Al salteño Gustavo Sáenz le responden tres diputados –Pablo Outes, Bernardo Biella, Yolanda Vega- quienes integran el bloque Argentina Federal con cuatro misioneros. La diputada Vega, según indicaron fuentes salteñas a , está con un pobre de salud; respecto de los otros dos sostuvieron que “todavía no hay definiciones. Pero entendemos que no llegan al número los que impulsaron la sesión”.
Para el oficialismo también será clave el rol de Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien controla tres diputados.
Los cuatro misioneros conversaron con el gobernador Hugo Passalacqua la decisión de dar quorum. Fue el legislador Alberto Arrúa quien confirmó públicamente la posición de asistir.
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, es de los mandatarios con vínculo resbaladizo con la Rosada. Seis son los diputados del peronismo cordobés y cinco se sumarán al quorum.
De ese grupo, tiene juego propio Juan Schiaretti, a quien siguen Carolina Basualdo y Carlos Gutiérrez, quienes bajarán al recinto. Ignacio García Aresca, hombre de Llaryora, también dará quórum, al igual que Juan Brügge, hoy aliado con la Democracia Cristiana. Es una incógnita si Alejandra Torres se sumará o no a sus compañeros.
Hasta esta hora, los diputados María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti, alineados con Carlos Sadir –quien también participó de la Argentina Week en París–, también se suman para el quorum. Igual que en el caso de Jalil, siguen los contactos para evitar que estén si su presencia es llave para el inicio de la sesión.
aceptara reponer los límites a la venta de tierras,Gabriela Origlia,Conforme a
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