El gobierno de Entre Ríos anunció que enviará una reforma laboral para terminar con la industria del juicio en la provincia. El gobernador Rogelio Frigerio busca avanzar con los cambios en el Código Procesal Laboral y así reducir la litigiosidad, ordenar el sistema de pericias médicas y generar mayor previsibilidad a empresas, trabajadores y aseguradoras.

El proyecto introduce cuatro modificaciones centrales al sistema de justicia laboral provincial. La primera es la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dependiente del Poder Judicial, cuyos integrantes serán seleccionados por concurso público. La clave del diseño es la remuneración: sus miembros cobrarán un sueldo fijo, de modo que sus ingresos no variarán según el porcentaje de incapacidad que determinen ni según el monto de una eventual indemnización. El objetivo es desacoplar el resultado de la pericia del beneficio económico del perito.

El segundo cambio es la aplicación obligatoria del baremo nacional para determinar incapacidades laborales. Hasta ahora, la ausencia de un criterio uniforme habilitaba evaluaciones dispares entre peritos, lo que generaba incertidumbre para todas las partes. Con la reforma, los profesionales deberán fundamentar técnicamente sus conclusiones dentro de ese marco común, con el fin de unificar criterios y reducir las diferencias entre evaluaciones.

El tercer eje modifica la forma en que se calculan los honorarios periciales. En el sistema actual, esos honorarios se calculan en función del monto reclamado, de la condena o del porcentaje de incapacidad reconocido, lo que genera un incentivo directo para inflar los valores. La reforma establece que la retribución se determinará por la complejidad, la calidad y la utilidad del trabajo realizado, con un límite máximo fijado de antemano.

El cuarto punto elimina la obligación de depositar previamente el monto de la condena, los intereses y las costas —o de ofrecer bienes suficientes a embargo— como requisito para que un empleador pueda apelar una sentencia laboral. La modificación apunta a garantizar el acceso a una segunda instancia judicial sin suprimir las medidas cautelares destinadas a asegurar el eventual cumplimiento del fallo.

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) respaldó la iniciativa y la calificó como un “primer paso concreto y necesario” frente al crecimiento sostenido de la litigiosidad en la provincia. Con la reforma, el gobierno entrerriano apunta a construir un sistema con pericias independientes, reglas uniformes y menos incentivos para judicializar, con el propósito de reducir costos y generar mayor previsibilidad para quienes trabajan, producen e invierten en Entre Ríos.

El contexto que motivó la iniciativa es concreto: según datos de la UART, en 2025 se iniciaron 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo en la provincia, un 25% más que el año anterior. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, ese crecimiento llegó al 38%, la cifra más alta entre las nueve principales jurisdicciones del país. La suba se produce pese a que los índices de siniestralidad laboral disminuyen de manera sostenida, lo que indica que el aumento de demandas no responde a un incremento real de accidentes.

Ese fenómeno no es exclusivo de Entre Ríos. A nivel nacional, según un informe de la UART, los juicios por accidentes de trabajo alcanzaron 14.966 en agosto de 2026, un 11,3% más que un año antes. En los primeros ocho meses del año se acumularon 87.553 nuevas demandas, y la proyección para el cierre de 2026 supera los 138.000 juicios, lo que marcaría un nuevo récord histórico.

La entidad señaló que la brecha entre la evaluación de las Comisiones Médicas y lo que resuelve la Justicia alimenta el problema de fondo. “Aún cuando las Comisiones Médicas determinan que un caso ya fue cerrado y la persona atendida y recuperada sin incapacidad, al judicializarse, en la casi totalidad de los casos los peritos judiciales, luego avalados por los jueces laborales, reconocen algún porcentaje de incapacidad. Eso termina generando un incentivo muy fuerte a reclamar, incluso en casos ya resueltos por la vía administrativa”, señaló una fuente sectorial.

La UART viene reclamando la constitución de Cuerpos Médicos Forenses en todas las provincias del país como medida estructural para revertir esa dinámica, y la reforma de Entre Ríos avanza precisamente en ese sentido.

Rogelio Frigerio

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El Gobierno salió a defender este martes el DNU 70/23 en medio del avance de la oposición en la Cámara de Diputados, que busca rechazarlo tras el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras Rurales.

A través de un extenso hilo en X, el vocero presidencial Adrián Ravier planteó qué pasaría si se deroga el decreto y recordó cómo era el país cuando había que “pedirle permiso al Estado” para alquilar, importar, vender en un supermercado o volar.

El primer punto del mensaje del portavoz fue una defensa a la derogación de la Ley de tierras rurales. Ravier sostuvo que “la tierra sigue siendo argentina” y explicó que la ley de 2011 impedía que la titularidad extranjera superara el 15% de esas tierras. Según planteó, el DNU la derogó porque el país tiene “millones de hectáreas con potencial productivo” que necesitan inversión de largo plazo: riego, forestación, infraestructura y tecnología.

Frente a los reparos por la soberanía, el vocero negó que el cambio signifique un riesgo y remarcó que el suelo permanece “bajo nuestras leyes, nuestros impuestos y nuestra jurisdicción” y que las zonas de seguridad de frontera conservan su régimen y sus controles. Agregó que la Constitución les reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los argentinos y que son “bienvenidos para trabajar la tierra”.

La discusión volvió al centro del debate legislativo luego de que la Corte Suprema revocara el fallo que declaró inconstitucional el artículo 154 del decreto que derogaba la Ley de Tierras. El tribunal no se pronunció sobre la validez constitucional del DNU, sino que rechazó la demanda del CECIM La Plata por falta de legitimación. Con esa decisión, la derogación volvió a quedar vigente.

La resolución aceleró los movimientos opositores, que convocaron a una sesión especial en Diputados para el 15 de octubre con el objetivo de rechazar el decreto completo. El Senado ya había rechazado la norma en marzo de 2024, pero la Cámara baja nunca la trató. Si es rechazado, todo el DNU quedaría sin validez.

Las leyes que volverían si cae el DNU 70/23

En materia de alquileres, Ravier afirmó que, con la ley anterior, un dos ambientes en la Ciudad llegó a absorber el 73% del salario promedio, porque los propietarios retiraban sus departamentos del mercado. “El DNU devolvió la libertad para acordar plazo, moneda y actualización. ¿Resultado? La oferta se cuadruplicó, los precios cayeron un 38% en términos reales y hoy el alquiler representa el 43% del sueldo. De casi tres cuartas partes a menos de la mitad», señaló.

Sobre el comercio exterior, apuntó que hasta diciembre de 2023 “un funcionario decidía qué podía importar cada empresa” a través del SIRA, un esquema que, según dijo, “paralizaba fábricas por falta de insumos”. El DNU estableció que el Poder Ejecutivo ya no puede prohibir ni fijar cupos a importaciones y exportaciones por motivos económicos: para eso hace falta una ley. Además, cualquier pyme puede operar sin inscribirse en un registro especial ni contratar despachante, lo que “abarató electrodomésticos, ropa, calzado y juguetes”.

En los supermercados, el vocero cuestionó que las leyes de góndolas y de abastecimiento “prometían contener la inflación y terminaron generando escasez”. Con su derogación, sostuvo, “los precios y la oferta los definen hoy la competencia y los consumidores”.

Respecto de la política de cielos abiertos, señaló que se eliminaron exclusividades, se liberaron tarifas y se simplificó la llegada de nuevas aerolíneas. “Hoy los pasajes cuestan la mitad en términos reales, hay récord de pasajeros y nuevas rutas internacionales que salen directo desde el interior. Concordia, Olavarría, Tandil, Villa Gesell, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Chos Malal y Perito Moreno tienen vuelos regulares. Casi un millón de argentinos que antes no tenían aeropuerto cerca, ahora lo tienen a menos de 50 kilómetros de casa”, aseguró.

El vocero también se refirió a internet satelital, un servicio que estaba restringido y que el decreto liberó, con un registro solo para coordinar frecuencias. De acuerdo con sus cifras, hoy 750.000 argentinos tienen Starlink, entre campos, escuelas rurales, hogares y empresas antes desconectados. En su hilo, el funcionario sumó mapas con la evolución de usuarios entre 2023 y 2025.

Para las economías regionales, planteó que antes un funcionario podía decidir cuánta azúcar vendía cada ingenio, dónde se envasaba la yerba, cuánto cobraba quien elaboraba vino y en qué envase se vendía el alimento para vacas. “No era protección, era permiso”, subrayó. Y cuestionó: “Cada vez que el Estado se mete entre dos partes que pueden ponerse de acuerdo solas, pierde el que podía vender más barato y, al final, pierde el consumidor”.