POLITICA
Marcha de la CGT y los movimientos sociales contra el endeudamiento familiar: hora, convocatoria y cortes de calle
La CGT, la UTEP y las dos CTA marcharán hoy al Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al endeudamiento familiar, en una protesta que busca poner en el centro de la agenda pública una crisis de morosidad que ya afecta a millones de hogares.
El reclamo se apoyará en un cuadro general de fuerte deterioro crediticio. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento en préstamos a hogares llegó al 12,7% en junio de 2026, contra el 2,5% de octubre de 2024, mientras que 5,8 millones de personas registran atrasos superiores a 90 días.
La movilización comenzará a las 14:00 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tendrá dos puntos de concentración: la esquina de Paseo Colón y Estados Unidos, y la intersección de las avenidas Independencia y Paseo Colón. Desde allí, las columnas avanzarán hacia el Palacio de Hacienda, en Hipólito Yrigoyen 250. Por eso, desde la mañana será caótico transitar por la zona.
El eje de la convocatoria es el sobreendeudamiento de familias que, según las organizaciones, recurrieron a préstamos para pagar alimentos, medicamentos y servicios básicos. En el comunicado de convocatoria, la UTEP sostuvo: “La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar. La falta de crédito formal empuja a miles de familias a las garras de los usureros para cubrir necesidades básicas como lo es la comida. Por eso movilizamos el próximo 20 de agosto en unidad de lucha al Ministerio de Economía”.
En una conferencia de prensa realizada en la sede de Azopardo 802, el cotitular cegetista Cristian Jerónimo dijo que “este modelo político y económico nos sigue llevando a la miseria y agudiza y profundiza la insensibilidad que tiene este gobierno ante el conjunto de nuestra población”.
El referente sindical apuntó que hay 20 millones de endeudados en la Argentina, que 6 millones de personas atraviesan una situación crítica y que el 60% está “a punto de entrar en categoría 4 del Veraz, que prácticamente los saca del sistema financiero”.
Además, Jerónimo enfatizó que el problema no afecta únicamente a quienes no tienen trabajo, sino también a empleados registrados que no sólo no llegan a fin de mes sino tampoco “al día 15″.
Mora en bancos, fintech y billeteras virtuales
El deterioro también aparece en otros relevamientos. Un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense indicó que la morosidad en fintech y billeteras virtuales alcanza al 33% de los deudores, y que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año; dentro de ese grupo, el 73,5% todavía mantiene deudas activas.
El CEPA precisó que la mora bancaria pasó del 2,5% al 12,1% entre noviembre de 2024 y abril de 2026. En los monederos electrónicos, en ese mismo período, saltó del 7,3% al 29,6%.
Un sondeo de Management & Fit mostró que más del 50% de las familias argentinas tiene dificultades de ingresos y que, en más de la mitad de esos casos, no logra llegar a fin de mes. Entre esos hogares, el 71,9% recurre a alguna forma de endeudamiento, tanto en el sistema financiero formal como en el informal.
La lectura sobre el destino de esos préstamos incluso fue reconocida desde la Fundación Pensar, usina de ideas del PRO y aliada del oficialismo. Allí se señaló que las familias no se endeudan para comprar bienes durables o financiar inversiones, sino para cubrir gastos cotidianos de supervivencia.
El Gobierno descartó una intervención estatal
La protesta también apunta contra la postura oficial sobre esta crisis. El presidente Javier Milei rechazó el 2 de agosto cualquier asistencia pública a los deudores: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás, y eso me parece que no está bien”.
Al día siguiente, en Radio Mitre, el mandatario reafirmó esa posición y definió el problema como “una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados”. Más tarde, el ministro de Economía Luis Caputo coincidió en la Bolsa de Comercio de Córdoba en que se trata de “un tema entre privados”, y el vocero presidencial Adrián Ravier agregó el 11 de agosto: “Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen mora y que con eso paguen”.
Desde la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof respondió con un informe titulado “La culpa es de Milei”. Allí, su ministro de Gobierno Carlos Bianco sostuvo que la mora bancaria de las familias se quintuplicó en menos de dos años, y Kicillof afirmó: “La gente que se está endeudando es porque los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas”.
Proyectos de desendeudamiento
La crisis también se trasladó al Congreso de la Nación, donde bloques opositores presentaron cerca de 30 iniciativas. Una de las propuestas, impulsada por los diputados Diego Giuliano y Caren Teep, plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas con créditos de $1,5 millones a través de la ANSES para trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas.
El proyecto establece un costo financiero total limitado a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina más 10 puntos porcentuales. También fija que la cuota mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto del beneficiario.
Otra iniciativa propone una condonación mínima del 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados, junto con planes de pago de hasta 60 meses y una tasa preferencial para personas en mora. Algunos proyectos también impulsan la creación de un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales, para identificar a quienes contrajeron deudas por alimentación, vivienda, salud, educación y servicios básicos.
En el Senado se presentó otra propuesta con quitas de intereses y planes de pago de hasta 60 meses para familias morosas.
En ese contexto, la marcha de hoy forma parte de un plan de acción más amplio de las organizaciones sociales y sindicales. Después de esta protesta, la UTEP prevé nuevas convocatorias durante la reunión del Consejo del Salario Mínimo, en la Semana Social de la Iglesia, en una movilización por el Día de la Industria el 2 de septiembre y en actividades vinculadas con la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre, incluida una misa en Luján convocada junto con la CGT y el pedido de una audiencia privada con el sucesor de Jorge Bergoglio.
utep marcha cgt 24 de enero
POLITICA
El Gobierno creó un área clave en Cancillería para reforzar el reclamo de soberanía sobre Malvinas
En medio del paquete de medidas anunciadas para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, el Gobierno nacional dispuso la creación de un Sistema de Articulación de la Política Exterior. Así, la Cancillería podrá centralizar la información, coordinación y asesoramiento sobre las gestiones internacionales.
Por medio de la publicación del Decreto N° 983/2026 en el Boletín Oficial, se estableció que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adoptará el rol de coordinador de las actividades estatales que puedan incidir en la política exterior, las negociaciones diplomáticas o los intereses internacionales de la Argentina.
De la misma manera, remarcaron que el sistema también incluirá “las acciones que se llevan a cabo para recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”.
Otra de las tareas que tendrá el sistema de política exterior será la representación nacional ante los gobiernos extranjeros, la Santa Sede y las entidades internacionales. Esto cobra especial relevancia debido a la visita que realizará el papa León XIV a la Argentina desde el 8 al 11 de noviembre.
No obstante, las autoridades aclararon que la creación de esta área no alterará la jerarquía actual que conforma la Cancillería. Asimismo, indicaron que no implicará la sustitución de las competencias que tengan a cargo las autoridades y funcionarios preexistentes.
En este sentido, explicaron que la obligación abarcará los casos en los que esas acciones puedan expresar posiciones oficiales de la Argentina, influir en negociaciones bilaterales o multilaterales, o derivar en consecuencias diplomáticas, institucionales, jurídicas o políticas.
También deberán ser informadas las tratativas vinculadas con acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento, declaraciones conjuntas, cartas de intención, actas y otros instrumentos similares.
Por otro lado, el decreto prevé que Cancillería podrá formular advertencias, recomendaciones u orientaciones fundadas si considera que una actividad pone en riesgo los lineamientos definidos por el Poder Ejecutivo, las relaciones internacionales o negociaciones diplomáticas en curso.
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“El Sistema de Articulación de la Política Exterior tendrá como finalidad asegurar la coherencia, compatibilidad y uniformidad con los lineamientos generales de la política exterior de toda actividad que verse sobre relaciones exteriores de la República Argentina”, aclararon en el documento.
A pesar de esto, indicaron que el área no tendrá injerencia en las gestiones que involucren a organismos financieros internacionales, bancos multilaterales de desarrollo o entidades financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o de ejecución de programas propios.
Para poder cumplir con estos objetivos, los organismos alcanzados por el sistema tendrán que designar a una persona como enlace institucional con la Cancillería. Ese representante será responsable de canalizar la información sobre las gestiones internacionales y de coordinar, cuando sea necesario, la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El decreto también habilitará a los organismos a solicitar asistencia de integrantes del Servicio Exterior de la Nación o de especialistas en política exterior ante asuntos considerados estratégicos, sensibles o de seguimiento permanente. No obstante, la Cancillería podrá realizar esa propuesta por iniciativa propia.
Previo a esto, el canciller Pablo Quirno explicó que la estrategia del Gobierno para reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas combinará sanciones, diplomacia y el fortalecimiento de la capacidad logística. “No hay tiros independientes individuales”, afirmó en una entrevista con La Nación+.
Además, confirmó que la Cancillería quedará a cargo de iniciar los expedientes sancionatorios establecidos en el decreto reglamentario de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. La decisión se fundamentó en que se trata de “un tema principalmente de política exterior” y que las actividades involucradas superan la cuestión estrictamente petrolera.
Hasta ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció a 60 empresas en coordinación con la Procuración del Tesoro. El objetivo central, según planteó Quirno, es impedir la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.
El canciller sostuvo que la Argentina dispone de una herramienta adicional a la que existía cuando se aprobó la legislación vigente: el atractivo de Vaca Muerta para las inversiones energéticas. Desde la mirada oficial, esa condición puede influir sobre las decisiones de las compañías, que deberán optar entre operar en el mercado argentino o mantener vínculos con licencias que el Gobierno considera ilegales en un territorio cuya soberanía reclama.
El paquete de medidas también sumó un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que se encuentra en la última etapa de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal Murphy. La iniciativa prevé cambios en la Ley 26.659, con penas más altas y una ampliación de las actividades alcanzadas.
Entre las alternativas bajo análisis figura la incorporación de la pesca. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) sostiene que el criterio aplicado a las empresas hidrocarburíferas debería extenderse a las licencias de pesca otorgadas por el Reino Unido en el área. En la misma línea, el diputado peronista Guillermo Michel presentó un proyecto para sancionar la pesca ilegal en las islas.
Asimismo, el Ejecutivo prevé enviar el proyecto a la Cámara de Diputados, donde considera que cuenta con mayores respaldos. Fuentes de la mesa política del Gobierno indicaron a Infobae que el debate en comisiones podría comenzar entre fines de septiembre y principios de octubre y estimaron que la iniciativa tendría un trámite rápido.
South America / Central America
POLITICA
Las provincias del Norte Grande endurecieron sus críticas a Milei: acusaron al Gobierno de “no dialogar y dividir”
El Parlamento del Norte Grande, integrado por las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, se reunió este jueves en La Rioja y difundió un documento con fuertes cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei por el impacto de la política económica, el freno de la obra pública y la situación de las universidades nacionales.
El pronunciamiento tiene un peso político particular porque varias de esas provincias fueron decisivas para que el oficialismo reuniera en el Congreso los votos necesarios para avanzar con proyectos centrales de la gestión libertaria. Ese vínculo no evitó que los representantes del Norte Grande trazaran ahora un límite frente a las consecuencias que atribuyen al programa económico en sus territorios, con cuestionamientos que exceden los reclamos presupuestarios y alcanzan el rumbo productivo, el federalismo y hasta la estrategia política del Presidente.
“Si la Nación se retira, el Norte Grande permanece y se organiza. Si la Nación se paraliza, el Norte Grande se dinamiza y produce. Si la Nación ensordece, no dialoga y divide, el Norte Grande escucha, dialoga e integra”, afirmaron.
Así, el documento de cierre del encuentro contrapone dos modelos de gestión y presenta a las provincias como una respuesta frente a un Estado nacional al que atribuye retraimiento, parálisis y falta de diálogo, aun cuando varios de esos distritos conservan canales de negociación con el oficialismo.
Con datos de la Unión Industrial Argentina, el Parlamento señaló que se utiliza apenas el 57% de la capacidad instalada y que entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron más de 97.000 empleos industriales. “No podemos hablar de federalismo cuando la industria pasa por la etapa tal vez más crítica de las que ha vivido en toda su historia en nuestro país”, advirtió.
Los efectos económicos detrás del reclamo federal
En el documento final, las provincias vincularon las dificultades de la actividad con “la debilidad de la demanda interna, la apertura a las importaciones, los mayores costos, la mora y la falta de nuevos proyectos de inversión tanto del sector público como del sector privado”. La producción industrial cayó 4,9% interanual en julio y la construcción retrocedió 4,5% frente al mismo mes de 2025, según las cifras incluidas en el manifiesto.
Ese deterioro fue llevado después al plano concreto de cada distrito, con una nómina de empresas afectadas por cierres o recortes de actividad y personal. Entre los casos mencionados aparecen Coteminas en Santiago del Estero, Karagozian en Tucumán, Neba en Catamarca, TN Platex en Corrientes, Refinor en Salta e Hiper Libertad en Chaco.
El documento amplió luego el foco desde el entramado productivo hacia la situación de los hogares. Advirtió que la morosidad ya no se concentra únicamente en las tarjetas de crédito o el sistema bancario y señaló que casi la mitad de los argentinos se endeuda porque “no pueden pagar servicios, impuestos o alquileres” y la otra mitad para comprar alimentos.
En el capítulo universitario, las provincias marcaron un límite sobre uno de los principales argumentos del Gobierno para sostener el ajuste. “El equilibrio fiscal es necesario, pero la educación no puede ser la variable de ajuste”, afirmaron, y reclamaron “financiamiento suficiente y previsible, salarios dignos y recursos para sostener las becas, la investigación y el funcionamiento académico”.
Durante la apertura del encuentro, el gobernador riojano, Ricardo Quintela, vinculó el debate federal con el papel que debe cumplir el Estado y puso el foco en la responsabilidad de quienes ejercen funciones ejecutivas. “¿Para qué se elige a un presidente? ¿Para qué las distintas provincias eligen a un gobernador o a un intendente? Se los elige para definir políticas que generen condiciones de vida lo más dignas posible para nuestra gente y le permitan recibir los servicios que estamos obligados a prestar”, afirmó.
Obra pública y una advertencia a Milei por Malvinas
El estado de las rutas nacionales sumó otro punto de fricción con la Casa Rosada. A partir de informes de entidades técnicas y gremiales que ubican cerca del 75% de la red vial en condiciones regulares o malas, el Parlamento relacionó el deterioro con “la paralización de la obra pública y recortes presupuestarios, transición hacia esquemas de privatización y concesión, ausencia de mantenimiento preventivo”, un escenario que calificó como “muy preocupante”.
En materia energética, los representantes reclamaron una ley de tarifa diferenciada para zonas cálidas y compararon la situación del Norte con el régimen vigente para las zonas frías. Según el manifiesto, la canasta de servicios públicos acumuló un incremento del 966% entre diciembre de 2023 y julio de 2026 y una factura eléctrica puede representar el 15% de un salario registrado. “Esto no es pedir un privilegio, sino pedir equidad”, plantearon.
La crítica adquirió un tono diferente cuando el Parlamento del Norte Grande se refirió a Malvinas. A diferencia de los reclamos económicos, respaldó la posición expresada por Milei sobre la soberanía argentina y las eventuales sanciones por la explotación de recursos, pero puso en duda la motivación política de ese giro.
“Que esta decisión clara expresada por el gobierno nacional se traduzca en hechos concretos, no quede en una mera maniobra electoral o que sea una estrategia que tenga por objeto revertir la imagen deteriorada de la investidura presidencial”, reclamó.
La capacidad del oficialismo para negociar apoyos legislativos con sectores provinciales convivió hasta ahora con disputas por recursos y obra pública. El manifiesto de La Rioja elevó esa tensión al presentar esas diferencias como parte de un problema más amplio de federalismo y de funcionamiento del Estado nacional, un escenario que podría condicionar la negociación de algunos de esos respaldos.
Gobernadores, Javier Milei, provincias
POLITICA
El Gobierno anunció la creación de un sistema para coordinar los reclamos de soberanía sobre las Malvinas
El Gobierno anunció la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior en el ámbito de la Cancillería, destinado a coordinar las actividades estatales vinculadas a los reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos.
La medida oficial busca implementar “mecanismos de información, coordinación y asesoramiento” para garantizar que todas las acciones estatales sean “coherente, compatible y uniforme” con los lineamientos internacionales del país en el Atlántico Sur.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 10, 2026
Desde el Ejecutivo destacaron que la recuperación de la soberanía “exige una acción estatal coordinada” para sostener una postura firme ante la comunidad internacional. El comunicado ratifica el “compromiso irrenunciable con la recuperación” de los archipiélagos usurpados.
Esta decisión se suma a una serie de medidas recientes dispuestas por el presidente Javier Milei, que incluyen la reasignación presupuestaria para la Base Naval Integrada, denuncias penales contra empresas petroleras y el impulso de un nuevo proyecto legislativo de sobernía nacional.
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Cancillería,Islas Malvinas,Javier Milei,SOBERANÍA
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