Con mucho sentido del humor, algunos creen que la CGT “farmea aura” con su plan de lucha actual contra el Gobierno. En el código de los adolescentes, esa expresión alude a acciones deliberadas para proyectar una personalidad atractiva, segura o interesante con el propósito simbólico de “acumular” puntos de carisma social. En ese sentido, la movilización con presencia casi testimonial de este jueves en defensa de la industria sería parte de una serie de medidas de la CGT en busca del mismo efecto que esos jóvenes que hacen gestos y poses para ganarse la aprobación de los demás.

En forma equivalente, podría decirse que el Gobierno hace lo mismo cuando asegura que los salarios le están ganando a la inflación o que se crearon 500 mil puestos de trabajo. ¿Quién gana en el duelo de “farmear aura” entre los sindicalistas y los funcionarios libertarios? Las votaciones están divididas, sobre todo porque hay mucha gente que pide bastante más que gestos, y para saber quién “farmea” mejor que el otro habrá que esperar hasta las elecciones presidenciales de 2027.

Tras haber amagado con un temible esquema de protestas “a la francesa”, la CGT terminó con una sucesión de movilizaciones limitadas y sin huelgas que parecen una suerte de precalentamiento para llegar en mejores condiciones al quinto paro general contra Milei. ¿Llegará? Las movilizaciones de baja intensidad le permiten a la dirigencia cegetista calmar a los sectores más duros y ganar tiempo para que, según espera, crezca el malestar social y la paralización de actividades sea tan contundente que el Gobierno tenga que rectificar sus políticas.

La imagen de la movilización de hace 24 horas ante la Secretaría de Industria fue una fotocopia de concentraciones como las que se iniciaron el 22 de julio con una “adhesión” de la CGT a la marcha que los jubilados realizan los miércoles ante el Congreso.

Lejos de aquellas multitudinarias movilizaciones sindicales de los años 70, 80 o 90, la central obrera ahora organiza marchas de baja densidad, sin mover a pleno el clásico “aparato”, e incluso con sugestivas ausencias de algunos dirigentes importantes.

Parece apuntarse más a la cantidad que a la calidad de las movidas callejeras: en los últimos tres meses la dirigencia cegetista ya acumuló 5 movilizaciones (entre las que convocó y las que fue sólo adherente) con participación casi testimonial. Y ahora, el jueves próximo, se concretará un declarado “acompañamiento” a la Marcha Federal Universitaria, que implica sumar una columna propia, pero no movilizar en forma masiva.

La postal del escenario de la protesta de este jueves mostró a la mayoría de los líderes de la CGT, aunque llamó la atención que un dirigente de peso como Armando Cavalieri (Comercio) haya preferido salir a la calle con sus militantes y no posar con sus colegas cegetistas de renombre. Lo mismo sucedió con Sergio Romero (UDA), referente de los sindicatos educativos, y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), un aliado dialoguista, entre otros.

Aun así, el curso de acción actual de la CGT fue ratificado la semana pasada por una treintena de dirigentes que participaron de una reunión ampliada de la mesa chica. Allí se aprobó la movilización en defensa de la industria y el acompañamiento a la Marcha Federal Universitaria, pero nadie dijo nada del paro general.

¿Adónde quedó el ala dura sindical, que presionaba a la CGT con medidas más duras contra el Gobierno? Parece estar en repliegue. Un crítico de la pasividad cegetista como el kirchnerista Abel Furlán fue desplazado por la Justicia de la jefatura de la UOM. Sus aliados del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), agrupación ultraopositora de impronta combativa, perdieron fuerza: ya no tienen en sus filas al líder metalúrgico y su principal figura es el radicalizado jefe de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, con una agenda combativa propia que deja atrás a sindicatos como Aceiteros, Pilotos y Viales, entre otros.

Hace casi dos meses, en Rosario, anunciaron que preparaban “paros regionales para llegar a una huelga nacional por salarios antes de fin de año”. “Nos sobran motivos para avanzar en una huelga general antes de la visita del Papa porque la situación ya no da para más”, señaló Aguiar en aquel momento. Este jueves, en Córdoba, hicieron un encuentro en el que resolvieron pedirle a la CGT “unidad para enfrentar al Gobierno” a través de un paro por tiempo indeterminado.

ATE integra la CTA de los Trabajadores, que, junto con la CTA Autónoma, se adaptaron hasta ahora al plan de lucha light iniciado junto con la CGT y ya comenzaron a manejarse en forma autónoma: ambas centrales obreras anunciaron por su cuenta más movilizaciones y un paro general a fines de octubre, de incierta repercusión porque la CGT maneja sus propios tiempos y sigue mirando de reojo la quinta huelga general contra Milei.

La otra gran expresión del ala dura sindical está agrupada en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que reúne a los principales gremios de un sector clave para garantizar el éxito de cualquier medida de fuerza. Su líder, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), fue el impulsor del virulento esquema de protesta “a la francesa” y, como sus pares, un crítico del cansino ritmo de las medidas de la CGT.

Pero la CATT archivó por ahora las amenazas de paralizar el transporte y su última medida fue académica: organizó la semana pasada el conversatorio “Democracia en disputa: las derechas y los desafíos del campo popular”, en la sede de la CGT, con oradores como la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos y el sociólogo brasileño Emir Sader.

¿La CGT, entonces, no es la única que “farmea aura”? Es probable que a todos los sindicalistas les pase lo mismo: no endurecerse al máximo contra el Gobierno, entre otros factores, por cierta renuencia de las bases a adherir a medidas que impliquen la pérdida del día de trabajo y el presentismo, en un contexto de necesidad de conservar el empleo (o miedo de perderlo). Y, además, por una estricta reglamentación del derecho de huelga, contenida en la Ley de Modernización Laboral, que fija duras sanciones si los sindicatos que realizan paros no garantizan servicios mínimos del 50% o del 75% en un amplio listado de actividades que incluyen al transporte, la salud y la educación, entre otros.

Al mismo tiempo, el gremialismo siente que sus medidas no tienen tanta incidencia porque se llevan adelante sin apoyo de la oposición política o, peor aún, son consecuencia de su inacción en el Congreso. Por eso, en su discurso de ayer, el cotitular de la CGT Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) exigió que “la política se deje de joder y se ponga al frente de los problemas estructurales que demanda la sociedad argentina” porque, si no, “el pueblo se va a enojar y lo va a pasar por encima”. “Necesitamos el compromiso de la dirigencia política del campo nacional y popular”, dijo.

Aun así, pese a que hoy sólo tiene sabor a precalentamiento, el plan de lucha de la CGT puede ir profundizándose tras la visita del Papa (¿segunda quincena de noviembre?) y la batalla con la administración libertaria dejaría de ser testimonial. Se aproximan las grandes definiciones electorales y en el propio Gobierno debaten cómo lograr una reactivación económica que llegue al bolsillo de los votantes. Es lógico: el telón de fondo crucial son los comicios de 2027, donde a ninguno le alcanzará con “farmear aura”.

La Libertad Avanza busca consolidar su estructura juvenil en la provincia de Buenos Aires con un congreso que reunirá a más de 1200 militantes este sábado en Morón. La actividad convocará a jóvenes de distintos distritos bonaerenses, además de legisladores provinciales y diputados nacionales.

El inicio de la jornada estaba previsto para las 16 en República Oriental del Uruguay 154. El programa contempla paneles de discusión y espacios de formación política, con eje en los desafíos que enfrenta el espacio libertario y el papel de las nuevas generaciones en el desarrollo de la fuerza.

El encuentro se inscribe en una estrategia de expansión territorial de la organización juvenil, que también impulsó actividades en provincias como Salta y Tucumán. La apuesta es fortalecer la militancia, ampliar la participación de jóvenes y formar nuevos cuadros políticos.

El cierre está previsto entre las 18.30 y las 19.30 y estará a cargo de Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La convocatoria pone el foco en la participación de los jóvenes y en el fortalecimiento de la estructura partidaria en uno de los principales distritos electorales del país.

Frente a una serie de casos de violencia digital en escuelas bonaerenses y porteñas —el más reciente, en un colegio privado de Lomas de Zamora, donde al menos cuatro alumnos fueron denunciados por crear y vender imágenes sexuales falsas de compañeras con inteligencia artificial (IA)— el bloque Fuerza Patria presentó dos proyectos de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para que el sistema educativo tenga herramientas concretas de prevención y respuesta. Las iniciativas son la Ley EMA y la Ley de Educación Digital Integral (EDI), ambas impulsadas por la diputada Mayra Mendoza como referente del espacio kirchnerista.

Los proyectos llegan en un momento en que la proliferación de este tipo de prácticas en entornos escolares desborda la capacidad de respuesta de las instituciones. Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, elaborado sobre una muestra de 912 estudiantes de entre 12 y 19 años, reveló que el 13% de los encuestados conoce casos de deepfakes en su entorno escolar, y que el 43% afirmó haber recibido imágenes o videos editados con IA.

Las denuncias por difusión de imágenes generadas con IA en establecimientos educativos pasaron de cuatro en 2023 a nueve en 2025, según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) de la Ciudad.

El caso de Lomas de Zamora, que desencadenó una protesta frente al establecimiento y la apertura de una causa judicial, es el más reciente de una serie que incluye episodios similares en el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini —ambos dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA)— en julio de este año. En ese entonces, aproximadamente 50 varones de entre 13 y 14 años fueron denunciados por crear y comercializar imágenes manipuladas con IA de sus compañeras.

Ante ese contexto, Mayra Mendoza fue directa: “La violencia digital existe en nuestras escuelas y necesitamos una respuesta política a la altura de este problema”.

La Ley EMA nació del caso de una adolescente que murió tras la difusión de imágenes íntimas

La primera iniciativa lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de la provincia de Buenos Aires que el 24 de agosto de 2024 se quitó la vida después de que imágenes íntimas suyas fueran viralizadas sin su consentimiento en el colegio al que asistía. El proyecto fue trabajado junto a Laura Sánchez, madre de Ema, y con el respaldo de organizaciones como Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales de México. Obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense a fines de agosto de 2026 y fue aprobado con modificaciones por el Senado en octubre, por lo que debe regresar a la cámara de origen para su sanción definitiva.

El texto define a la violencia digital como “toda acción, omisión o conducta cometida, instigada o agravada mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que cause daño físico, psicológico, sexual, económico, patrimonial o moral”. La definición abarca expresamente la obtención, reproducción, comercialización y difusión sin consentimiento de material íntimo “real o editado, producido con inteligencia artificial u otras tecnologías digitales”, así como la producción o distribución de material de abuso sexual infantil generado con IA generativa. También quedan comprendidos los discursos de odio misóginos y los patrones sexistas en entornos virtuales.

En términos operativos, el proyecto obliga a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) a incorporar en todos los niveles del sistema contenidos sobre consentimiento, privacidad, derechos digitales, identificación de conductas de riesgo —como el grooming y la sextorsión— y uso ético de la IA. Además, exige actualizar la “Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas” con un protocolo específico para casos de violencia digital, que garantice el cese de la vulneración, el resguardo de la prueba sin revictimizar a las víctimas y el acompañamiento de los Equipos de Orientación Escolar (EOE). La capacitación en prevención de violencias digitales será obligatoria y continua para todo el personal educativo.

La Ley de Educación Digital Integral propone un cambio curricular estructural en las escuelas bonaerenses

El segundo proyecto, la Ley de EDI, apunta a transformar la forma en que la provincia aborda la tecnología dentro del sistema educativo. La norma busca garantizar que todos los estudiantes de gestión estatal y privada accedan a saberes pedagógicos “sistemáticos, progresivos, transversales y adecuados a cada etapa de su desarrollo” en materia digital, reconociendo ese derecho como “un bien público y un derecho personal, social e inalienable”.

Entre sus finalidades, el proyecto enumera promover el análisis crítico del funcionamiento de las plataformas y los sistemas de IA, la algoritmización, el perfilado de usuarios y los modelos de negocio basados en el tratamiento masivo de datos.

También propone brindar herramientas para la protección de la privacidad y la identidad digital, e impulsar el uso responsable de la IA “sobre la base de los principios de transparencia, explicabilidad, supervisión humana, privacidad y no discriminación”. La soberanía tecnológica figura como uno de sus principios rectores, con énfasis en la reducción de brechas digitales.

La EDI establece la incorporación obligatoria de estos contenidos en la formación docente inicial y continua, con foco en el abordaje pedagógico de las violencias digitales y la utilización crítica de las tecnologías en el aula. La autoridad de aplicación deberá desarrollar materiales didácticos accesibles y actualizados para estudiantes, docentes y familias, disponibles en formatos abiertos y de libre acceso. El proyecto contempla, además, campañas de concientización dirigidas a la sociedad en general sobre los riesgos del entorno digital y el funcionamiento algorítmico de las plataformas.

Los proyectos responden a un vacío legal que persiste para los casos con IA

El marco normativo vigente presenta limitaciones concretas para abordar este tipo de situaciones. La Ley Olimpia, que reconoce la violencia contra las mujeres en entornos digitales, no tipifica específicamente el uso de IA para generar imágenes sexualizadas sin consentimiento. Cuando las víctimas son menores de edad, la Ufedyci aplica el artículo 128 del Código Penal, que penaliza la producción y distribución de material de explotación sexual infantil. Pero esa figura no cubre todos los supuestos posibles, en particular cuando los presuntos responsables son también menores de edad e inimputables.

Ante ese escenario, Mendoza subrayó que ambas iniciativas apuntan a la prevención antes que a la reacción posterior al daño: “No podemos esperar a que el daño esté hecho para intervenir. Necesitamos escuelas con herramientas para prevenir, acompañar y actuar frente a las nuevas formas de violencia que surgen con la tecnología y la inteligencia artificial”, afirmó. La diputada también señaló que “la inteligencia artificial avanza todos los días” y que la responsabilidad política es “que los derechos también avancen”.

Una vez que la Ley EMA obtenga su sanción definitiva en la Cámara de Diputados bonaerense, el Poder Ejecutivo provincial tendrá un plazo máximo de 90 días para reglamentarla. La Ley de EDI, por su parte, transita aún las instancias previas de debate legislativo.

Colegio Modelo Lomas,Lomas de Zamora