El Gobierno relativizó el nuevo pico que alcanzó el riesgo país, que atribuyó a una repercusión esperable tras la derrota de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, y estimó que debería estabilizarse con el correr de los días. Sin embargo, en Casa Rosada admitieron que la incertidumbre política frente al año electoral impide volver a los valores mínimos de la gestión de Javier Milei.

“Siempre pasa que cuando hay una elección de estas características, trascendentes, hay movimientos de arriba para abajo que duran un poco y después se estabiliza. Era lo lógico”, sintetizó a TN una fuente con acceso al despacho presidencial.

La apreciación llegó luego de que el riesgo país, el indicador que mide cuánto interés extra debe pagar un Estado en los mercados, trepara el miércoles 21 unidades para llegar a los 852 puntos básicos, su nivel más alto en los últimos 12 meses. En paralelo, los bonos argentinos cayeron en el exterior aun cuando las bolsas de Asia, Europa y Wall Street subieron tras la victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso norteamericano.

En ese contexto, desde el Ejecutivo ratificaron el componente de la volatilidad internacional sobre el alza, que suele tener un impacto mayor sobre los países emergentes y en particular a la Argentina por sus antecedentes de incumplimiento de pagos. “Cuando ganó Bolsonaro en Brasil bajó el riesgo país y subieron los bonos. Cuando ganó Lula (da Silva), subió el riesgo país y bajaron los bonos. ¿Qué sucedió en Argentina en el medio? Nada», enfatizaron en Balcarce 50.

Si bien el Gobierno sostiene que la situación macroeconómica argentina es “igual o mejor” que la del resto de los países de la región, admite que lo que pone un piso alto es “la incertidumbre política” en un contexto donde todavía no se sabe en qué condiciones enfrentará Javier Milei su campaña por la reelección el próximo año. “Cuando se estabilice el riesgo político, se cierren los acuerdos electorales y se sepa quiénes son los candidatos, ahí se encontrará un punto de equilibrio”, estimaron.

El factor del riesgo político interno genera discusiones en el seno del oficialismo, con figuras como Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich o Santiago Caputo, que pujan por cerrar lo antes posible los acuerdos políticos para garantizar estabilidad, y los primos Eduardo y Martín Menem que plantean no forzar alianzas a costa de sacrificar el armado político de La Libertad Avanza en las diferentes provincias.

Aun así, el Gobierno busca llevar tranquilidad a los mercados y enfatiza que el país no necesita salir al mercado para refinanciar su deuda. “Está blindado”, remarcan. En ese sentido, el vocero presidencial, Adrián Ravier, señaló el martes en su conferencia de prensa que el Ejecutivo cuenta con un arsenal de “más de US$15 mil millones en reservas, el swap chino por US$20.000 millones, la posibilidad de colocar futuros por otros US$15 mil millones”. Además, en Balcarce 50 estiman un alto nivel de ingreso de divisas para 2027 por las liquidaciones del agro y el sector energético. “La Argentina puede sostener un dólar estable y pagar los vencimientos”, subrayaron.

En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que el Gobierno fuera a enfrentar un “miércoles negro” por el impacto de la derrota electoral de su principal aliado geopolítico y ratificó que “para Argentina nada cambia”. “Vamos a seguir con la ortodoxia, vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer”, subrayó el funcionario en un evento organizado por Fundación FIEL, donde además insistió con que ve un 2027 “más tranquilo” y sin volatibilidad por el año electoral.

Sin embargo, en el mediano plazo el Ejecutivo reconoce la dificultad que tendrán las empresas argentinas para salir a financiarse en el mercado con este nivel de riesgo país, que encarece los préstamos y termina por repercutir sobre la actividad.

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Velas encendidas frente al Palacio de Tribunales, el himno entonado a coro y una consigna que se repitió durante toda la noche: “No permitamos que se apague la universidad”. Así se vivió la Marcha de las Velas que protagonizaron docentes, nodocentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno nacional no aplica desde hace más de un año.

La columna partió desde Plaza Houssay al caer la tarde y se extendió hasta Plaza Lavalle, donde se encontraban preparados un pizarrón y bancos, listos para una clase abierta de Derecho Constitucional.

La convocatoria fue impulsada por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), junto con la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA). También se sumaron autoridades de la universidad, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintos centros de estudiantes.

Entre los presentes se contaron el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, Franco Bartolacci; el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobbitti; y el diputado Ricardo Alfonsín.

Pasadas las 17, Plaza Houssay —rodeada por las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Médicas, Odontología y Farmacia— comenzó a llenarse de pecheras verdes. Los miembros de ADUBA y APUBA fueron los primeros en llegar. Cerca de las 18, la columna avanzó por la calle Paraguay. Hizo una parada en el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, donde se entonó el himno nacional argentino. La bandera negra con la inscripción “Defendamos la UBA” volvió a encabezar la marcha, como lo viene haciendo en varias movilizaciones previas.

A diferencia de la última Marcha Federal Universitaria, celebrada en octubre, cuyo acto central frente al Congreso terminó antes de lo previsto en medio de la lluvia y de varios incidentes, esta jornada transcurrió sin contratiempos. Al llegar al Palacio de Tribunales, los manifestantes prendieron sus velas y las depositaron en la valla de seguridad del Palacio de Justicia. Antes de las 20.30, cuando la plaza ya estaba vacía, el personal de seguridad de la Corte Suprema las apagó y las retiró.

El trasfondo del conflicto tiene su propio peso. La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y ratificada por los dos tercios de ambas cámaras, cuando anularon el veto presidencial inicial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo la promulgó en octubre de 2025 mediante el Decreto 759, pero condicionó su ejecución a que el Parlamento estableciera las fuentes de financiamiento y asignara las partidas presupuestarias correspondientes.

El argumento oficial es que la ley incumple la normativa de administración financiera: el artículo 5 de la ley de ejecución presupuestaria establece que, cuando una disposición no asigna los fondos adecuados, se promulga y se suspende en el acto.

La respuesta judicial no tardó. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto que frenó la norma y ordenó su aplicación inmediata, con especial énfasis en los artículos 5 y 6, referidos a la actualización salarial de docentes y nodocentes y al refuerzo de las becas estudiantiles. La Cámara Federal confirmó la medida cautelar y la Corte Suprema la dejó firme.

Aun así, el Gobierno apeló en todas las instancias. En la víspera de la marcha de octubre pasado, Cormick fijó multas de $ 100.000 diarios para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento. La Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió provisionalmente esas sanciones y abrió una nueva instancia de revisión.

Fue frente al Palacio de Tribunales donde el abogado constitucionalista Pablo Luis Manili, que representa al CIN, tomó la palabra y ofreció una clase abierta junto al profesor Cristian Cao, catedrático de la Facultad de Derecho de la UBA.

Para cumplir la ley, sería necesaria una actualización de los salarios del 33%. En cuanto al presupuesto, los rectores estimaron que, para ajustarse a la norma, harían falta $ 11 billones, mientras que el proyecto oficial para 2027 contempla apenas $ 7,3 billones, una diferencia de casi el 50%.

El presupuesto 2027 presentado por el Gobierno sigue sin ajustarse a los requerimientos de la Ley de Financiamiento Universitario, con una brecha de casi $ 3,7 billones respecto de lo que los rectores consideran necesario para cumplirla.