POLITICA
Maximiliano Pullaro le pidió al gobierno nacional que baje las retenciones y la tasa de interés
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reclamó este jueves al gobierno nacional que la baja de retenciones sea permanente y que se reduzca la tasa de interés para estimular la inversión en el sector agropecuario.
Lo hizo durante el acto de apertura de la edición número 32 de Agroactiva, la muestra agropecuaria que se desarrolla en Armstrong entre el 3 y el 6 de junio.
El mandatario tomó la palabra ante productores, empresarios del agro y funcionarios para subrayar que Santa Fe lleva 29 meses de gestión con inversiones en infraestructura productiva por 2.160 millones de dólares, destinados a mejorar la conectividad vial, la logística, los puertos, los aeropuertos y el suministro energético de la provincia. Ese dato sirvió de plataforma para elevar su exigencia hacia la administración central: sin una política nacional que acompañe ese esfuerzo provincial, el potencial del sector queda limitado.
El argumento de Pullaro fue directo. Si el gobierno nacional reduce las retenciones de manera sostenida y baja la tasa de interés, los productores no retendrán esos recursos ni los depositarán en el sistema financiero: los reinvertirán. “Ninguno de los hombres y mujeres del campo se van a llevar esa plata o la van a dejar en el banco, sino que todos la van a reinvertir y eso nos va a permitir tener un círculo virtuoso y que nuestra economía crezca”, sostuvo el gobernador durante su discurso en la apertura de la muestra.
El pedido sobre las retenciones no fue nuevo, pero sí adquirió mayor precisión. Pullaro reclamó que “la baja de retenciones continúe de manera permanente porque va a impactar de manera positiva en toda la región productiva del país”. A ese punto sumó la necesidad de “bajar la tasa de interés para poder producir más y generar trabajo”, dos reclamos que el sector agropecuario santafesino viene sosteniendo ante la administración nacional.
Desde el stand institucional que el Gobierno de Santa Fe montó en Agroactiva, la provincia anunció nuevas líneas de financiamiento por más de 116 mil millones de pesos con tasas subsidiadas, orientadas a fortalecer la producción local. Pullaro precisó que, en lo que va del año, la gestión provincial ya entregó cerca de 200 mil millones de pesos en créditos al sector productivo. La respuesta del mercado fue inmediata: a menos de un día del lanzamiento de las líneas anunciadas el miércoles durante la apertura del stand santafesino, se presentaron carpetas por 70 mil millones de pesos y ya se desembolsaron 46 mil millones.
Esas cifras reflejan, según el propio gobernador, la magnitud de la demanda de financiamiento en un contexto económico adverso a nivel nacional.
“La Provincia de Santa Fe subsidia tasas para que el sector productivo pueda invertir en un momento muy difícil de la economía a nivel nacional”, afirmó Pullaro.
Y trazó una ecuación más amplia: “El camino es seguir trabajando al lado del sector productivo para mostrarle al resto de Argentina que si al campo, a la industria y al comercio les va bien, Argentina crece y es imparable».
Del acto inaugural participaron también la ex vicegobernadora y diputada nacional Gisela Scaglia; el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; y el senador por el departamento Belgrano, Pablo Verdecchia, entre otros funcionarios.
Scaglia, ex ladera de Pullaro en el gobierno provincial y ahora socia desde la Cámara de Diputados, hace un mes, en Infobae en Vivo, había presentado en sociedad su proyecto para que las retenciones “bajen a cero en cuatro años”.
“Cuando a un productor le das más herramientas, en seguida compra una máquina, arregla su casa… Siempre derrama”, expuso.
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POLITICA
Javier Milei participará del acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Este viernes, el presidente Javier Milei encabezará la comitiva oficial que asistirá al acto central en conmemoración por el 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Como resultado del acto terrorista que fue perpetrado el 18 de julio de 1994, se registró una cifra de 85 personas muertas.
De acuerdo con la convocatoria anunciada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el acto se realizará a partir de las 09:30 horas. El punto de encuentro será en la esquina de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede reconstruida de la mutual judía.
La conmemoración, que tradicionalmente tiene lugar el 18 de julio, fue adelantada este año al viernes 17 en respeto a la celebración del Shabat. Según acordó la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas, este año el lema será: “Hoy no podemos perder, la memoria”.
Está previsto que el mandatario se presente alrededor de las 09:45 horas. Además, estaría en compañía de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich.
Según la información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, el evento formal comenzará a las 09:53 horas con el sonido de la sirena que recuerda el minuto exacto de la explosión ocurrida hace más de tres décadas. A partir de ahí, se daría inicio a los discursos, que tendrán como foco el reclamo por justicia y la falta de condenas hacia los responsables.
A 32 años del atentado que destruyó con coche bomba el edificio de Pasteur y provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos, la causa judicial sigue sin condenados. Sin embargo, a finales de marzo, el gobierno de Milei reforzó el reclamo por justicia luego de que se oficializara la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) como “organización terrorista”.
La medida había sido anunciada por medio de un comunicado de la Oficina del Presidente, en donde dispusieron la inclusión de la CGRI en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET). Asimismo, le atribuyeron la autoría de los dos ataques contra la comunidad judia registrados en la década de los 90.
En 1992, la Embajada de Israel en Argentina fue atacada y dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos. Dos años después, en 1994, un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) provocó 85 muertos y más de 300 heridos.
Luego de una extensa investigación judicial, se determinó que “ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”.
Junto con la inclusión de la CGRI en el RePET, también se habían formalizado las alertas rojas de Interpol que pesan sobre el actual titular de la Guardia, Ahmad Vahidi, y varios ciudadanos iraníes. “El Presidente Javier Milei espera que esta decisión salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas, y reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo”, sostuvieron en el comunicado.
La decisión del Gobierno tuvo lugar en un contexto internacional que estuvo marcado por la escalada militar en Medio Oriente, debido a que se habían reportado varios enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel. Paralelamente, respondió a revalidar las causas judiciales abiertas en Argentina y al reclamo histórico de justicia por los atentados.
Desde que la Guardia Revolucionaria fue incluida en el listado oficial, se aplicó un congelamiento de activos, la prohibición de operar en el sistema financiero argentino y la posibilidad de profundizar investigaciones sobre eventuales vínculos locales. Además, fortaleció los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia.
Por último, en el comunicado oficial, las autoridades ratificaron que la decisión apuntaba a que “la República Argentina vuelva a alinearse con la civilización occidental, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”.
POLITICA
Los Cuadernos de las Coimas: contadores ratificaron coincidencias entre movimientos de dinero de las empresas y pagos a funcionarios kirchneristas
Al declarar este martes como testigos en el juicio oral de los Cuadernos de las Coimas, otro grupo de contadores de la ex-AFIP reconoció coincidencias entre movimientos de dinero de los empresarios investigados y presuntos pagos a funcionarios del kirchnerismo.
Martín Ruiz y Adriana Mabel Rodríguez, inspectores del organismos recaudador, ratificaron ante el Tribunal Oral Federal 7 el trabajo que, por orden de la Justicia, realizaron durante la instrucción de la causa, investigando a las empresas cuyos dueños o directivos afrontan hoy el juicio por el presunto pago de coimas.
La contadora Abal Ruiz analizó las operaciones de la empresa Panedile, de la familia Dragonetti, y de Helport SA, dirigida por Juan Manuel Collazo y parte de Corporación América.
En el informe que realizó y hoy ratificó ante el Tribunal, detectó que el empresario Hugo Dragonetti compró US$313.500 el 1 de junio de 2009. La operación cobra relieve en la causa porque el día y la cifra coinciden con uno de los pagos realizados a funcionarios, según la información que aportó en su declaración como arrepentido Ernesto Clarens, señalado como uno de los intermediarios financieros del matrimonio Kirchner.
Dragonetti también declaró como imputado colaborador. Al igual que otros empresarios que reconocieron haber pagado sobornos, sostuvo que las entregas respondían a presiones para que el Gobierno liberara los pagos por obras públicas. “Si no se pagaba, no se cobraba”, dijo.
De acuerdo con la acusación del fiscal Carlos Stornelli, sostenida en el juicio por Fabiana León y Nicolás Codromaz, los US$313.500 y otros pagos tenían como destinatarios finales a la entonces presidenta Cristina Kirchner, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y al exsecretario de Obras Públicas José López.
“Nosotros actuamos como auxiliares de la Justicia”, describió Abal Ruiz sobre su labor, basada en parte de informes que le fueron sumnistrados desde la Justicia. “Se trató de información que nos vino del juzgado y de otras circularizaciones bancarias. Tuvimos que buscar pagos de algunas empresas”, explicó.
Rodríguez, en tanto, declaró sobre un informe referido a BTU, la firma del empresario Carlos Mundin. La contadora detectó que la compañía recibió dos acreditaciones bancarias por casi $10 millones en octubre de 2010 y que, semanas después, realizó dos extracciones por un total de $8.526.375, equivalentes entonces a unos 2 millones de dólares.
Esas operaciones fueron contemporáneas a dos reuniones que Mundin mantuvo con Roberto Baratta, señalado como uno de los recaudadores de la maniobra, según las anotaciones realizadas por su chofer, Oscar Centeno.
La defensa de Baratta orientó sus preguntas a intentar mostrar que no existía nexo causal entre ambos hechos, pero la contadora contrapuso que ella no sugería algún tipo de conexión. “Describo los hechos con la información recolectada. Hay un movimiento de fondos que coincide con la fecha de esa reunión”, contestó la mujer, respecto a un encuentro de Mundin con Baratta, el 15 de octubre de 2010.
Al ratificar el informe que había elaborado años atrás, Rodríguez señaló además que BTU compró más de US$7 millones entre 2008 y 2010, de acuerdo con las operaciones registradas ante el Banco Central. Sostuvo que se desconocía el destino final de ese dinero y que las operaciones no habían sido reflejadas en los estados contables de la empresa correspondientes a esos años.
Este tramo del juicio oral, en el que declaran contadores de la AFIP, busca reforzar la hipótesis central de la acusación, construida en buena medida a partir de las declaraciones de los empresarios y otros implicados que se acogieron al régimen del arrepentido.
Los testimonios son de contadores y exfuncionarios de la AFIP que, durante la instrucción de la causa, analizaron la documentación impositiva, contable y bancaria de las empresas investigada y observaron presuntas irregularidades.
En la audiencia pasada una contadora de la ex-AFIP señaló que Miguel Marcelino Aznar, presidente y director de la empresa, realizó retiros bancarios por más de US$11 millones entre 2009 y 2011.
Aznar, cuya firma aparece en la acusación como una de las empresas relevantes en el reparto de la obra pública, también admitió como imputado colaborador haber pagado sobornos.
En muchos casos, los contadores que a pedido del juez Claudio Bonadio elaboraron los informes que hoy se ventilan en el juicio acabaron desplazados de sus cargos o siendo relocalizados a una función de menor jerarquía durante el ultimo gobierno kirchnerista.
El juicio oral se reanudará el martes 28 de julio, tras la feria judicial que inicia este viernes y se extiende por dos semanas.
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El Gobierno evalúa declarar asueto o feriado para después de la final del Mundial entre Argentina y España. En Nación aseguran que la posibilidad “está en evaluación” y la vinculan con los preparativos del operativo de recibimiento de los jugadores de la Selección argentina, “con el resultado que sea”.
El Ejecutivo trabaja sobre distintos escenarios de llegada, traslado y seguridad, aunque todavía espera una definición del plantel y de la AFA. En despachos oficiales sostienen que la medida administrativa dependerá de la fecha de regreso, del lugar de arribo y del esquema de celebración que finalmente acepten los jugadores.
La Casa Rosada mira como antecedente directo lo que ocurrió después del Mundial de Qatar 2022. En aquel caso, la Argentina ganó la final el domingo 18 de diciembre y el gobierno de Alberto Fernández declaró feriado nacional para el martes 20, dos días después, en coincidencia con el regreso de la Selección al país y los festejos previstos con los hinchas.
En Balcarce 50 remarcan que esa experiencia funciona como referencia, pero no como molde cerrado. El Decreto 842/2022 declaró feriado nacional para que el pueblo argentino pudiera festejar con la Selección el título obtenido en Qatar, instruyó a los organismos a sostener servicios esenciales y exceptuó a bancos, entidades financieras y AFIP, que debieron prestar servicios hasta las 12.
El Gobierno todavía no definió si, en caso de avanzar, utilizaría la figura de feriado nacional o un asueto administrativo. La diferencia no es menor: el feriado alcanza de manera más amplia a la actividad pública y privada, mientras que el asueto puede limitarse a la administración pública nacional o a determinados organismos.
El Ejecutivo activó contactos con la Ciudad de Buenos Aires para coordinar un eventual operativo de recibimiento. En Nación trabajan sobre la posibilidad de una celebración en Plaza de Mayo o en las inmediaciones de la Casa Rosada, pero remarcan que todo dependerá de la decisión de los jugadores.
La Casa Rosada también deberá coordinar el movimiento en aeropuertos a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Todavía no está definido si el plantel llegará por Ezeiza o por Aeroparque, una variable central para ordenar cortes, corredores de circulación, puntos de concentración y traslados.
Leé también: La Casa Rosada activó contactos con la Ciudad para coordinar un operativo ante un eventual recibimiento de la Selección
En Balcarce 50 explican que, si la delegación llega por Ezeiza o atraviesa municipios del conurbano, será necesaria una coordinación con la Policía bonaerense. En la provincia de Buenos Aires aseguran que todavía no fueron contactados formalmente, pero remarcan que pondrán “todo a disposición”, como ocurrió en el recibimiento de 2022.
El Gobierno también incorporó a la Secretaría de Inteligencia de Estado al análisis de escenarios. La SIDE participa de la preparación preventiva del operativo, con foco en posibles concentraciones masivas, riesgos de desborde, puntos sensibles y coordinación entre jurisdicciones.
El Ejecutivo sostiene que aún debe resolver cómo formalizará el ofrecimiento a la Selección. “No está previsto enviar una carta. Se está definiendo”, expresan en Nación sobre el contacto con la AFA, en un contexto atravesado por la mala relación entre el oficialismo y Claudio “Chiqui” Tapia.
La Casa Rosada mantiene tensiones con la conducción de la AFA por la causa de ARCA y por los intentos oficiales de avanzar con controles y veedores sobre la asociación. En el Gobierno reconocen que no hay canales fluidos con Tapia, pero buscan separar esa disputa del operativo de seguridad y del eventual recibimiento.
Aseguran que Milei mantiene la decisión de poner a disposición la Casa Rosada si los jugadores quieren saludar desde el balcón. La instrucción política es que, en ese caso, la sede quede vacía de funcionarios y con presencia exclusiva del personal de Casa Militar.
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El Gobierno quiere evitar que la escena sea leída como una apropiación política del recorrido de la Selección. Milei ya sostuvo que no habrá figuras políticas en la foto y que el festejo, si se concreta, debe quedar en manos del plantel y de los hinchas.
El Ejecutivo sabe que el eventual asueto o feriado también tendrá impacto sobre la agenda de gestión. La semana posterior a la final coincide con el intento oficial de retomar la actividad legislativa después del receso, con proyectos como Inocencia Fiscal, la reforma del Banco Central, Zona Fría, reforma electoral y Propiedad Privada en carpeta.
La Casa Rosada quiere llegar a la final con los escenarios preparados, pero sin anticipar una decisión administrativa antes de conocer el resultado deportivo, la fecha de regreso y la voluntad del plantel. Por ahora, la definición oficial es una sola: el asueto o feriado “está en evaluación” y será parte del diseño más amplio para ordenar la vuelta de la Selección al país.
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