POLITICA
Máximo Kirchner presentó un proyecto para que los acuerdos con el FMI deban ser aprobados por el Congreso

Casi al mismo instante en que la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ponía en sus redes sociales que ya se encuentra en Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner ingresaba un proyecto de ley que busca restringir la posibilidad de que el Ejecutivo firme un nuevo acuerdo con el FMI sin que pase por el Congreso.
El proyecto de ley que lleva la firma de otros 15 diputados del bloque de Unión por la Patria y que cuenta con 22 artículos, busca también declarar “nulos de nulidad absoluta” los acuerdos que impongan condiciones sobre la regulación del movimiento de capitales en la Argentina.
La iniciativa, que deroga la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y la reemplaza con un régimen más amplio, llega al Palacio Legislativo en un momento en el que el gobierno de Javier Milei recibe a la titular del FMI que llega al país por primera vez en 8 años.
El proyecto establece que toda operación de crédito público con organismos financieros internacionales requerirá una ley especial del Congreso con indicación del tipo de deuda, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento. Asimismo, establece que queda expresamente prohibido el uso de decretos de necesidad y urgencia para estas materias.
El texto apunta directamente al Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, con el que el gobierno de Milei instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones —aproximadamente USD 20.000 millones—, sin pasar por el Congreso. Los actos dictados en violación de esa prohibición quedarán sujetos a nulidad absoluta e inoponibilidad internacional, y los funcionarios intervinientes serán personalmente responsables por los daños al Estado nacional con una acción imprescriptible.

El proyecto que es acompañado por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López; se estructura en 6 principios rectores: soberanía económica, corresponsabilidad entre acreedor y deudor, legitimidad de las políticas macroprudenciales, sostenibilidad de la deuda medida por la capacidad real de pago, transparencia con control democrático y multilateralismo activo.
El principio de corresponsabilidad es uno de los ejes más novedosos del texto: establece que cuando el FMI haya incumplido sus propias reglas o aprobado programas con motivación política, la responsabilidad por las consecuencias del fracaso es compartida. Para sostener esta idea, cita la evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, que registró disidencias internas del staff sobre el cumplimiento de los criterios de acceso excepcional en el caso argentino de 2018 y clasificó la deuda en “zona gris”.
El texto señala que entre mayo de 2018 y el momento de la redacción, USD 45.100 millones salieron del país como formación de activos externos del sector privado, frente a USD 44.500 millones desembolsados por el Fondo.
Los autores del proyecto sostienen que esa equivalencia no fue accidental, sino el resultado de un programa aprobado sin exigir las medidas de administración de flujos de capital que el propio Artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI habilita. Sobre esa base, la ley manda al Poder Ejecutivo a promover ante la Junta de Gobernadores del organismo una enmienda que convierta en obligación —y no en mera facultad— el requerimiento de controles de capital cuando se verifique una salida considerable de divisas durante la vigencia de un programa.
La reforma del Convenio Constitutivo que el proyecto ordena impulsar tiene cuatro ejes. El primero es la sustitución de la redacción discrecional del Artículo VI por una obligación de actuar. El segundo es la creación de una “Facilidad de Recuperación Soberana” que permita convertir el crédito que exceda los parámetros normales de acceso en financiamiento de largo plazo, con plazos de entre 20 y 30 años, período de gracia de entre 7 y 10 años y sin sobrecargos. El tercero es la habilitación de períodos de recompra diferenciados para economías con restricción externa estructural. El cuarto es el reconocimiento formal de que el caso argentino configuró una categoría de exposición excepcional con fallas sistémicas del organismo.

Para blindar esas posiciones en el plano multilateral, el artículo 6 obliga al Poder Ejecutivo a coordinar con el grupo BRICS+, el Grupo de los Veinticuatro (G24), la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Grupo de los Veinte (G20). El proyecto cita la «BRICS Rio de Janeiro Vision for IMF Quota and Governance Reform“, del 5 de julio de 2025, como antecedente compatible con los ejes de enmienda que la ley convierte en mandato.
En materia de regulación macroprudencial, el artículo 8 ratifica las facultades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para establecer encajes sobre pasivos externos, aplicar límites a la formación de activos externos y adoptar cualquier otra medida de administración de flujos de capital. El artículo 9 va más lejos: ningún acuerdo con organismos financieros internacionales podrá contener cláusulas que obliguen a desmantelar esas regulaciones, bajo pena de nulidad absoluta en el derecho interno y de inoponibilidad ante foros internacionales, con invocación del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
El control parlamentario recae en una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Relación con Organismos Financieros Internacionales, que tendrá acceso pleno a toda la documentación de los programas sin limitaciones de confidencialidad, facultad de convocar obligatoriamente a funcionarios del Ejecutivo, del BCRA y de la Auditoría General de la Nación, y derecho a recibir informes semestrales del gobierno. El proyecto también introduce un umbral de endeudamiento externo —fijado en función de los gastos primarios corrientes— cuya superación requerirá mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras, salvo emergencia económica declarada por ley, catástrofe natural o guerra.
La disposición transitoria del artículo 20 fija un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso un proyecto de ratificación o rechazo del programa vigente con el FMI. Hasta que el Congreso se pronuncie, el gobierno no podrá acordar nuevas ampliaciones ni modificaciones sustanciales del acuerdo. En caso de rechazo, toda nueva operación requerirá aprobación previa por ley.
La ley solo podrá ser modificada o derogada con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, una salvaguarda que busca dificultar su eventual reversión por un gobierno de distinto signo político.
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POLITICA
Procesaron a un exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores nombrados por el Gobierno en la obra social de los peones rurales

El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy por un presunto desvío de 247 millones de pesos a dos exinterventores de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) y a dos personas vinculadas con la empresa que se habría beneficiado con el desvío; una de ellas, Sergio Aguirre, exsocio comercial de Martín Menem.
En la causa se investiga una contratación directa de la empresa HTECH Innovation, constituida por Aguirre en abril de 2024, cuatro meses después de que Javier Milei llegara al poder.
Los exinterventores procesados son Virginia Montero y Marcelo Petroni; ambos, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. Aguirre y María Casandra Mirabelli, socio y presidenta de HTECH Innovation, respectivamente, fueron procesados por los mismos delitos que los exinterventores, pero como “partícipes necesarios” y no como autores.
A cada uno de los cuatro procesados, Casanello les impuso embargos de $1.463.896.868.
Según el fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, “ambos interventores -Montero y Petroni- habrían sido designados por recomendación de Aguirre, quien ejerció influencia directa sobre ellos y, de modo indirecto, condujo la voluntad del ente, logrando la contratación injustificada de su empresa, recientemente constituida y sin capacidad técnica y operativa”.
Petroni es un abogado penalista vinculado a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, la hermana del Presidente.
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"Amenazas a funcionarios de primer nivel": el Gobierno reveló por qué militarizó la Quinta de Olivos

“Estos cambios obedecen a dos factores de riesgo: amenazas a funcionarios de primer nivel que hemos recibido y la visita del papa León XIV”, dijo el vocero presidencial, Adrián Ravier, esta mañana, en conferencia de prensa en la Casa Rosada, en medio de las dudas que generaron las declaraciones del Presidente el domingo.
El vocero aseguró que hay “posibles terroristas, o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera o, en todo caso, personas que por distintas razones no ingresan”, pero no dio detalles sobre las especificidades de esos perfiles.
Ravier detalló un informe del Ministerio de Seguridad sobre 20.630 casos entre diciembre del año pasado y mediados de este mes.
El 72,3% corresponde a extranjeros “rechazados o no admitidos” por perfiles de riesgo, condenas detectadas o incumplimiento de requisitos migratorios.
Por lo bajo, en la Casa Rosada aseguraron que hay un “clima de seguridad preocupante”, y buscaron desligar la decisión de Milei en torno a la seguridad en Olivos de las denuncias sobre supuestos desvíos de fondos que hizo la ex libertaria Marcela Pagano. En cambio, dijeron que hay correlación con las denuncias sobre una supuesta amenaza de muerte contra el número dos de la SIDE, Diego Kravetz, por parte de la organización terrorista financiada por Irán, Hezbollah.
La diferencia entre esas cifras y los “cerca de 30.000” mencionados por Milei se explica, según Ravier, por otras 10.000 personas bloqueadas antes del 1° de diciembre de 2025, período que el informe ministerial no contabiliza. “Hasta diciembre de 2023, la Argentina en sus fronteras nacionales era un colador”.
Riesgo país, pobreza e inflación
Más allá del eje de seguridad, la conferencia estuvo atravesada por preguntas sobre la economía. El vocero atribuyó el aumento del riesgo país a dos shocks externos: la situación en Medio Oriente y la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que impactan negativamente sobre los mercados emergentes. “Son dos fenómenos que podrían explicar una suba en riesgo país o algún tipo de coyuntura negativa en este mes”, explicó, aunque aclaró que la recaudación mostraba mejoras en IVA y Ganancias.
En cuanto al poder adquisitivo y la situación social, Ravier reconoció que el índice de pobreza, que había bajado a 28,3%, repuntó al 32% en la última medición. Atribuyó ese retroceso al “ataque político” que, según el Gobierno, se produjo en septiembre y octubre de 2025 y que impactó sobre el tipo de cambio y la inflación. “Cuando logramos bajar fuerte la inflación es cuando logramos bajar fuerte la pobreza”, afirmó, y señaló que con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 1,7% mensual, el Gobierno es optimista sobre una reversión del dato.
Frente a comparaciones de precios con España e Israel, Ravier defendió la apertura comercial como el mecanismo para achicar la brecha. “Si todo lo que se puede importar entra en Argentina a precio internacional, lo único que debería distinguir los precios son los costos de transporte”, argumentó, y citó los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y Singapur como parte de esa estrategia.
Sobre el endeudamiento de los hogares, el portavoz descartó un proyecto oficial y confió en una solución de mercado, con proyecciones privadas que, según indicó, anticipan una mejora hacia fin de año a medida que las tasas de interés —que pasaron de cerca del 50% a inicios de 2026 a alrededor del 25% actual— faciliten las refinanciaciones. En materia de empleo, Ravier sostuvo que desde diciembre de 2023 se sumaron más de 500.000 puestos de trabajo netos, según un informe público que se comprometió a compartir.
POLITICA
Florencia Carignano, extitular de Migraciones: “Es delirante todo lo que dijo Milei; tiene una gran confusión”

La diputada kirchnerista Florencia Carignano, que ejerció como titular de Migraciones durante la administración de Alberto Fernández, habló este martes de la cifra que arrojó el presidente Javier Milei sobre unos supuestos “20.000 terroristas deportados” durante su gobierno. Aseguró, en ese marco, que “es delirante” lo que dijo y que si fuera cierto tendría que haber una alarma en el país.
“Imaginate 30.000 [por la suma de unos supuestos 20.000 terroristas deportados, que se suman a otros 10.000 echados el año pasado], es una invasión de zombies, de terroristas y nadie nos avisó en el peligro en el que estábamos. Aparte, ‘terroristas que vinieron a sabotear el modelo económico’. ¿Qué significa, que quisieron secuestrar o matar a Caputo? ¿Quisieron poner bombas en el Banco Central? ¿Cómo un terrorista sabotea un modelo económico? Si eran 30.000 tendría que haber pesado una alarma sobre Argentina», sostuvo la exfuncionaria.
El mandatario afirmó el domingo, en LN+, que solo este año su Gobierno “deportó 20.000 terroristas” y dijo que “son gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”. Pero las estadísticas oficiales no coinciden con el relato del Presidente. Lo que registra el Ministerio de Seguridad es que en lo que va de 2026 hubo 744 “expulsiones” y 18.947 “incidentes de entrada” de personas a las que por razones legales o meramente administrativas no se les permitió entrar al país. En ningún caso las estadísticas hablan de “terroristas”.
En ese contexto, Carignano continuó: “Es delirante todo lo que dijo Milei. Tiene una gran confusión, lo que no sé es si es adrede para que no hablemos de que el modelo económico se cae a pedazos, o si realmente se cree sus propias mentiras. Como para él la inmigración o rechazar en la frontera es lo mismo que deportar terroristas, el rechazo del ingreso de una persona en la frontera para él debe ser lo mismo. Quizás por eso dijo esa burrada en televisión”.
En diálogo con Radio Futurock, la diputada nacional enumeró algunos ejemplos que pueden “inflar” el número de deportados: “Viene una persona con un documento falso: rechazo. Viene otra persona, le empiezan a hacer preguntas; no tiene boleto de regreso. ¿Falso turista? Rechazo. Viene un chino, le pedís la visa, no la tiene: rechazo. Todos esos son rechazos que se realizan todos los días en Migraciones y que engrosan el número. También aquellos presos extranjeros que cumplieron la mitad de la condena en la Argentina».
Insistió, por otro lado, en que existen definiciones de las Naciones Unidas sobre el terrorismo que no coinciden con el concepto de inmigrante ilegal. “El terrorista es aquella persona que infunde terror en la sociedad o que ha amenazado la vida de alguna persona por motivos políticos o ideológicos”, explicó.
“Sería un escándalo que no lo tuvo ningún país en el mundo. Aparte, si entraron, es un problema ya de seguridad nacional que estamos teniendo. El Presidente debería echar a [la ministra de Seguridad, Alejandra] Monteoliva, al de la SIDE (Cristian Auguadra), a todos, porque falló el sistema si entraron 30.000. Si se les pasaron todas estas personas y entraron, falló todo. ¿Qué pasó? Te falló todo, papu. Te falló la SIDE, toda la inteligencia para detectar que había grupos terroristas tratando de ingresar por tus fronteras. Entraron todos. Fuiste sumamente permeable», apuntó.
Sostuvo, en tanto, que en caso de que sean terroristas no se podrían deportar sin que primero intervenga la Justicia. “Tenés que hacer una denuncia, fundamentar por qué estás haciendo la denuncia. La Justicia tiene que investigar si efectivamente iba a cometer un acto terrorista. Después, esa persona tiene que ir presa; no la podés echar.
“¿Dónde están los 30.000 terroristas que vos encontraste que supuestamente venían a sabotear el plan económico? ¿Hiciste una denuncia? Imagino que sí, porque sos funcionario público y tenés la obligación de hacer una denuncia si sabés que alguien va a cometer un delito. Además, tenés que poner a la sociedad en resguardo; tenés que generar alarma. La población civil está en riesgo. ¿Contra el plan económico? Pero no es un lugar. El Ministerio de Economía, ponele», insistió Carignano.
En otro tramo de la entrevista, la extitular de Migraciones aseguró que Milei dice estas afirmaciones para distraer a la población sobre el plan económico y los últimos malos datos arrojados por el Indec sobre el aumento de la pobreza y la baja en la actividad económica. “Dudo que sea un hijo de puta o que esté loco. Tengo esa gran duda de que a lo mejor nos hace creer que es un demente y que todos nos reímos y decimos, ‘qué delirante’. Y la verdad que está haciendo un jueguito para poder ejercer el plan económico que tiene, que es un desastre. Entonces nos distrae con todas sus locuras. Yo no sé si finge demencia o es demente”, completó la diputada.
Dudas sobre la cifra
La versión del Presidente choca además con lo que dijo, hace un mes, el jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, en el Congreso. Ante los legisladores que componen la Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia, Aguadra negó que se hubiese registrado alguna amenaza terrorista concreta sobre el país.
El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, presentó un pedido de acceso a la información pública y un pedido de informes al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones, por los dichos de Milei sobre la supuesta deportación de terroristas.
“El Presidente habló de 30.000 personas deportadas y las calificó de terroristas. Estamos hablando de más de 27 por día en 2025 y casi 74 por día en 2026. Una afirmación de esta gravedad exige saber cuántas fueron efectivamente expulsadas, cuántas de ellas lo fueron por causales de terrorismo (art. 29, Ley 25.871), cuántas tienen imputación o condena y cuántas figuran en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet)”, dijo el diputado.
Ferraro precisó que había pedido que, en cada caso, se detalle si la calificación de terrorismo se hizo dentro del Repet y que el Gobierno explique qué información concreta la sustenta. “También solicitamos que informen si existen registros de extranjeros que ingresaron al país para ‘dinamitar el modelo argentino’, como sostuvo el Presidente, y qué denuncias se radicaron”, dijo Ferraro.
en LN+,pic.twitter.com/xSCeqgESDt,September 18, 2026,Javier Milei,SIDE,Conforme a
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