POLITICA
Máximo Kirchner presentó un proyecto para que los acuerdos con el FMI deban ser aprobados por el Congreso
Casi al mismo instante en que la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ponía en sus redes sociales que ya se encuentra en Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner ingresaba un proyecto de ley que busca restringir la posibilidad de que el Ejecutivo firme un nuevo acuerdo con el FMI sin que pase por el Congreso.
El proyecto de ley que lleva la firma de otros 15 diputados del bloque de Unión por la Patria y que cuenta con 22 artículos, busca también declarar “nulos de nulidad absoluta” los acuerdos que impongan condiciones sobre la regulación del movimiento de capitales en la Argentina.
La iniciativa, que deroga la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y la reemplaza con un régimen más amplio, llega al Palacio Legislativo en un momento en el que el gobierno de Javier Milei recibe a la titular del FMI que llega al país por primera vez en 8 años.
El proyecto establece que toda operación de crédito público con organismos financieros internacionales requerirá una ley especial del Congreso con indicación del tipo de deuda, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento. Asimismo, establece que queda expresamente prohibido el uso de decretos de necesidad y urgencia para estas materias.
El texto apunta directamente al Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, con el que el gobierno de Milei instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones —aproximadamente USD 20.000 millones—, sin pasar por el Congreso. Los actos dictados en violación de esa prohibición quedarán sujetos a nulidad absoluta e inoponibilidad internacional, y los funcionarios intervinientes serán personalmente responsables por los daños al Estado nacional con una acción imprescriptible.
El proyecto que es acompañado por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López; se estructura en 6 principios rectores: soberanía económica, corresponsabilidad entre acreedor y deudor, legitimidad de las políticas macroprudenciales, sostenibilidad de la deuda medida por la capacidad real de pago, transparencia con control democrático y multilateralismo activo.
El principio de corresponsabilidad es uno de los ejes más novedosos del texto: establece que cuando el FMI haya incumplido sus propias reglas o aprobado programas con motivación política, la responsabilidad por las consecuencias del fracaso es compartida. Para sostener esta idea, cita la evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, que registró disidencias internas del staff sobre el cumplimiento de los criterios de acceso excepcional en el caso argentino de 2018 y clasificó la deuda en “zona gris”.
El texto señala que entre mayo de 2018 y el momento de la redacción, USD 45.100 millones salieron del país como formación de activos externos del sector privado, frente a USD 44.500 millones desembolsados por el Fondo.
Los autores del proyecto sostienen que esa equivalencia no fue accidental, sino el resultado de un programa aprobado sin exigir las medidas de administración de flujos de capital que el propio Artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI habilita. Sobre esa base, la ley manda al Poder Ejecutivo a promover ante la Junta de Gobernadores del organismo una enmienda que convierta en obligación —y no en mera facultad— el requerimiento de controles de capital cuando se verifique una salida considerable de divisas durante la vigencia de un programa.
La reforma del Convenio Constitutivo que el proyecto ordena impulsar tiene cuatro ejes. El primero es la sustitución de la redacción discrecional del Artículo VI por una obligación de actuar. El segundo es la creación de una “Facilidad de Recuperación Soberana” que permita convertir el crédito que exceda los parámetros normales de acceso en financiamiento de largo plazo, con plazos de entre 20 y 30 años, período de gracia de entre 7 y 10 años y sin sobrecargos. El tercero es la habilitación de períodos de recompra diferenciados para economías con restricción externa estructural. El cuarto es el reconocimiento formal de que el caso argentino configuró una categoría de exposición excepcional con fallas sistémicas del organismo.
Para blindar esas posiciones en el plano multilateral, el artículo 6 obliga al Poder Ejecutivo a coordinar con el grupo BRICS+, el Grupo de los Veinticuatro (G24), la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Grupo de los Veinte (G20). El proyecto cita la «BRICS Rio de Janeiro Vision for IMF Quota and Governance Reform“, del 5 de julio de 2025, como antecedente compatible con los ejes de enmienda que la ley convierte en mandato.
En materia de regulación macroprudencial, el artículo 8 ratifica las facultades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para establecer encajes sobre pasivos externos, aplicar límites a la formación de activos externos y adoptar cualquier otra medida de administración de flujos de capital. El artículo 9 va más lejos: ningún acuerdo con organismos financieros internacionales podrá contener cláusulas que obliguen a desmantelar esas regulaciones, bajo pena de nulidad absoluta en el derecho interno y de inoponibilidad ante foros internacionales, con invocación del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
El control parlamentario recae en una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Relación con Organismos Financieros Internacionales, que tendrá acceso pleno a toda la documentación de los programas sin limitaciones de confidencialidad, facultad de convocar obligatoriamente a funcionarios del Ejecutivo, del BCRA y de la Auditoría General de la Nación, y derecho a recibir informes semestrales del gobierno. El proyecto también introduce un umbral de endeudamiento externo —fijado en función de los gastos primarios corrientes— cuya superación requerirá mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras, salvo emergencia económica declarada por ley, catástrofe natural o guerra.
La disposición transitoria del artículo 20 fija un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso un proyecto de ratificación o rechazo del programa vigente con el FMI. Hasta que el Congreso se pronuncie, el gobierno no podrá acordar nuevas ampliaciones ni modificaciones sustanciales del acuerdo. En caso de rechazo, toda nueva operación requerirá aprobación previa por ley.
La ley solo podrá ser modificada o derogada con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, una salvaguarda que busca dificultar su eventual reversión por un gobierno de distinto signo político.
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POLITICA
Jorge Macri fue recibido por el rey Felipe VI en Madrid y firmó la Declaración Iberoamericana de alcaldes
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, fue recibido este lunes por el rey de España, Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, donde junto al alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, le presentó la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas, un documento que reúne las prioridades de las capitales de la región y que será elevado a la próxima XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para noviembre en España.
La audiencia con el monarca español fue uno de los momentos centrales del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el organismo internacional que promueve la cooperación entre los 22 países iberoamericanos y acompaña la organización de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno. Tanto Macri como Martínez-Almeida encabezaron la presentación en calidad de copresidentes de la UCCI, rol que ejercen durante este año.
La Declaración, firmada por ambos mandatarios durante el cierre de la jornada, establece una agenda compartida sobre desarrollo urbano, seguridad, innovación y sostenibilidad, con el propósito de fortalecer la participación de las ciudades en los principales ámbitos de decisión internacional.
“Las ciudades, lejos de ser observadoras pasivas, somos el primer escenario de impacto de las dinámicas globales. Y allí, nuestra capacidad de dar respuestas efectivas se vuelve imprescindible”, sostuvo Jorge Macri durante su intervención de apertura en el encuentro.
El jefe de Gobierno porteño también señaló que “Iberoamérica es un puente para el entendimiento y la colaboración. Una región que conecta América Latina con Europa y que, desde su posición en el Atlántico, tiene voz propia en las discusiones que están definiendo el futuro”. Y agregó: “Llevamos en nuestro ADN una conexión única con España, especialmente con Madrid”.
En esa línea, Macri destacó que los lazos históricos, culturales y humanos que unen a Iberoamérica hacen de la región un puente estratégico entre América Latina y Europa, con identidad propia y un papel cada vez más relevante en el escenario internacional.
También remarcó la importancia de construir una agenda común que permita transformar la cooperación entre ciudades en respuestas concretas para los vecinos.
La UCCI reúne a mandatarios de capitales y grandes ciudades de la región para impulsar iniciativas conjuntas, fortalecer la cooperación y promover la participación de los gobiernos locales en las decisiones internacionales. Buenos Aires es una de sus ciudades fundadoras y ejerce durante este año la copresidencia junto a Madrid. Desde esa posición, el jefe de Gobierno porteño busca consolidar el liderazgo de la Ciudad en la región e impulsar una mayor influencia en la agenda iberoamericana.
Durante el encuentro se abordaron desafíos vinculados con el desarrollo económico, la planificación urbana, la seguridad, el cambio climático y la transformación digital. Macri participó del panel “Innovación, datos e inteligencia artificial al servicio de la ciudad”, donde compartió la experiencia de Buenos Aires en el uso de nuevas tecnologías para modernizar el Estado, simplificar trámites y mejorar los servicios públicos.
Otro de los resultados que dejó la jornada fue la adhesión de Buenos Aires a la Alianza Iberoamérica 500+, una iniciativa que cuenta con el acompañamiento de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la SEGIB. La propuesta busca reunir a ciudades con un legado histórico compartido para impulsar la preservación del patrimonio, la regeneración de los centros urbanos y el desarrollo de proyectos sostenibles con una visión de largo plazo.
Acompañaron al jefe de Gobierno el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Ana Ciuti. “Fue un valioso encuentro entre Su Majestad, el Rey Felipe VI, con el Jefe de Gobierno y los alcaldes de la región”, afirmó Pompeo, quien además señaló que “Buenos Aires y Madrid son dos grandes referentes de ese vínculo” y que los países de la región “deben seguir siendo un puente entre Europa y América para impulsar la cooperación política y las inversiones como herramientas para generar empleo y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”.
POLITICA
Rectifican un fallo y condenan a un exintendente salteño por robar rieles y contrabandearlos a Bolivia
El exintendente de la localidad salteña de Coronel Juan Solá, Atta Gerala, sufrió un revés judicial y fue condenado por robo y contrabando de rieles a Bolivia. La Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución que el exjefe comunal había recibido el 23 de abril de parte del Tribunal Oral Federal Nº2 de Salta y definió que Atta Gerala participó de la sustracción de rieles del ramal C25 del Ferrocarril Belgrano y su envío por pasos fronterizos clandestinos a Bolivia.
Los camaristas Javier Carbajo y Daniel Petrone votaron por revocar la absolución de Gerala, mientras que Javier Slokar se pronunció a favor de mantenerla.
Carbajo y Petrone votaron por considerar al exintendente “partícipe necesario, por el delito de contrabando de mercadería, triplemente agravado por la cantidad de personas intervinientes, por la intervención de un funcionario público y por el valor de la mercadería involucrada”. Ambos camaristas establecieron que el tribunal salteño había interpretado de manera arbitraria y atomizada las pruebas aportadas y concluyeron que el análisis conjunto permitió afirmar la participación necesaria del exjefe comunal.
Slokar, en cambio, planteó que eran insuficientes las pruebas aportadas por los acusadores.
En la maniobra investigada, además del exintendente, participó su hijo, José Miguel Gerala, que fue condenado a seis años de prisión. Se utilizó una camioneta Toyota Hilux propiedad del exjefe comunal para trasladar a integrantes de una comunidad originaria que extrajeron los rieles durante varios meses. Los rieles se vendían a David Medina, también condenado a seis años de prisión. Jorge Fernando Cabrera (cabo de Gendarmería acusado de habilitar el paso de los camiones con rieles a cambio de dinero) recibió dos años de prisión de ejecución condicional por ser autor del delito de cohecho pasivo. Dos camioneros involucrados accedieron a una pena económica y de tareas comunitarias.
Según el fallo, la condición de “máxima autoridad del Poder Ejecutivo del municipio donde se robaban los rieles de la única traza de tren que por allí pasaba” hizo que los jueces lleguen a “la certeza sobre su conocimiento y vínculo directo con el suceso”. El exintendente (que milita en el peronismo salteño) deberá concurrir a una audiencia para que se le establezca el monto de la pena.
Además, la Cámara Federal confirmó por unanimidad la condena a tres años en suspenso para el policía Mauro Daniel Alejandro Rodríguez, a quien se acusó de cohecho pasivo porque “en su condición de funcionario policial en el puesto de Pluma de Pato había aceptado la promesa de pago para facilitar y omitir los controles vinculados con la maniobra”.
En su acusación, el fiscal Eduardo Villalba había afirmado que los robos de los rieles se producían “a cara descubierta” y con la connivencia de la policía y Gendarmería. En la causa constaban testimonios de miembros de las comunidades originarias que identificaron a Atta Gerala como organizador de las cuadrillas de extracción.
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POLITICA
La ladera de Karina Milei salpicada por el escándalo de Olivos fue nombrada en el Correo Argentino
María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General y persona del núcleo cercano de Karina Milei, desplazada hace un mes de sus funciones junto al personal civil de la quinta presidencial de Olivos, ahora fue designada en el Correo Argentino, según confirmaron a fuentes de Casa Rosada.
Las fuentes explicaron que la exfuncionaria que supo tener despacho en el primer piso de Balcarce 50, cerca de la secretaria general de la Presidencia, “ocupa un puesto administrativo” dentro de la gerencia de Comunicación del organismo, aunque al cierre de esta nota no había precisiones sobre el mismo.
Agudiez es cuñada de Osvaldo Javier Sosa, el desplazado exintendente de la residencia de Olivos, que el 17 de septiembre último dejó de administrar y manejar el lugar, que pasó a manos de la Casa Militar. Sosa había llegado al puesto en diciembre de 2023, precisamente por su vínculo familiar con Agudiez.
Desde que estalló el caso hubo versiones de que, más allá de la decisión de reforzar la seguridad de la residencia, pasándola a manos de Casa Militar, diferentes comportamientos de Sosa dentro del predio habían generado malestares que se acumularon cerca del presidente, Javier Milei. En el Gobierno señalaron también “filtraciones” e irregularidades en las compras de la quinta que nunca se denunciaron oficialmente.
La salida de Agudiez, por su parte, se produjo apenas 72 horas después de la salida de la de su cuñado, aludiendo, según dijeron entonces en la Casa Rosada, “motivos personales”.
Desde la Subsecretaría de Planificación que manejaba hasta septiembre pasado, Agudiez tenía entre sus funciones la planificación de los servicios necesarios para el funcionamiento de Olivos. Y dependía directamente de Karina Milei, con quien trabajaba palmo a palmo e integraba su círculo chico desde antes de que los libertarios recalaran en el gobierno nacional.
En las últimas horas, las fuentes oficiales consultadas por este diario aseguraron a que Agudiez “es una persona que Karina valora” y que “en ningún momento cometió un error”.
Buscaban así despegarla de la denuncia de la de la diputada nacional Marcela Pagano, ex La Libertad Avanza, que se refirió a la salida de Agudiez por presuntas compras y contrataciones que no tendrían como destino final la residencia oficial de Olivos y luego formalizó sus dichos con una presentación judicial en los tribunales de Comodoro Py.
“El objeto de la Subsecretaría de Belén quedó sin efecto cuando se pasó todo el control de Olivos a Casa Militar, por lo que dejó el cargo, pero nunca dejó de ser una persona importante y valiosa para Karina”, completó una fuente muy cercana a hermana presidencial.
Las fuentes consultadas insistieron en que Agudiez fue designada en un puesto administrativo y “no como gerenta” en el Correo Argentino, aunque explicaron que el cargo está vacante y a la espera de una designación, que podría conocerse el corto plazo.
En Casa Rosada descartaban de plano que Agudiez haya estado detrás de posibles filtraciones, uno de los motivos aludidos a la hora de los cambios en Olivos. “No hay nada de todo eso”, juraban.
El Correo Argentino fue noticia semanas atrás cuando se supo que tres personas de confianza del exjefe de Gabinete Manuel Adorni también recalaron en el lugar.
En ese caso fue en el directorio, que dispone de sueldos millonarios pero no de oficinas para sus integrantes. Las personas designadas fueron Aimé “Meme” Vázquez, Ian Vignale y Federico Sicilia. De ellos, solo Vignale siguió siendo funcionario en la jefatura de ministros tras la salida de Adorni. Vázquez y Sicilia, por su parte, renunciaron a sus puestos en Balcarce 50 poco después de que Adorni saliera de su cargo en medio de una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito y posibles dádivas.
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