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Mientras acelera su agenda por Malvinas, el Gobierno busca contener el avance de la oposición en el Congreso

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Hasta la última hora del martes, el oficialismo continuaba con las intensas negociaciones en el Congreso para evitar sufrir una derrota en manos de la oposición, justo cuando el reclamo por la soberanía sobre las islas Malvinas comenzaba a ocupar toda la agenda pública y de la Casa Rosada, que centra su atención en las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei.

El peronismo busca forzar una sesión en la Cámara de Diputados para debatir la prórroga de la emergencia en discapacidad (que nunca se aplicó) y emplazar alguno de los proyectos de asistencia a los morosos que nunca se trataron, porque el Poder Ejecutivo entiende que perjudicarían el equilibrio fiscal.

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Un primer paso ya lo dio hace algunas semanas, cuando en medio de la discusión por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, consiguió 133 votos para la segunda de esas iniciativas que, si bien en aquel momento no alcanzó para aprobarla, dejó abierta la posibilidad de que lo intenten nuevamente, como efectivamente ocurrirá este miércoles.

“Hay serias chances de que la oposición llegue al quórum mañana”, reconoció ante Infobae uno de los principales enviados del Gobierno que estaban al frente de las conversaciones con los otros bloques.

El Gobierno enfrenta un nuevo desafío en el Congreso (RSFotos)

Ya había caído la noche el día anterior a la sesión cuando el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, recibió a sus pares de los espacios aliados, como el PRO y la UCR, para convencerlos de que no acompañen las propuestas del PJ.

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En la antesala del debate trascendió que el oficialismo estaba diseñando un proyecto “superador” que reemplace al de Emergencia en Discapacidad, con el objetivo de llegar a un acuerdo con las otras bancadas.

Por la tarde, Bornoroni mantuvo un encuentro por este tema con el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri Pinto, quien fue junto a una directora nacional para explicar el alcance de la nueva iniciativa.

Sin embargo, al salir de la reunión los aliados aseguraron que no se conversó sobre este eventual texto, sino que se habló en términos generales de la sesión de este jueves y se pidió el apoyo para el Ejecutivo.

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Hasta el martes por la noche, los emisarios de Balcarce 50 calculaban que el PJ llegaba a reunir 131 voluntades, por lo que no iba a conseguir la aprobación sobre tablas de la prórroga de la emergencia en discapacidad, aunque sí alcanzaba para el emplazamiento.

La ley original la administración nacional nunca la aplicó, a pesar de que el Congreso insistió con la norma después de un veto presidencial, cosa que no descarta volver a hacer, ahora con un bloque más fuerte en el recinto.

Por otra parte, y tal como anticipó también este medio, la Casa Rosada está estudiando ordenarle al Banco Central una medida especial para desalentar el endeudamiento.

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La medida podría aplicarse por decisión del BCRA (REUTERS/Agustín Marcarian)

Puntualmente, se estudia emitir un comunicado para modificar la norma que regula la forma en la que aparece el Costo Financiero Total (CFT), el porcentaje que refleja el monto real y completo que el cliente va a pagar al momento de adquirir un préstamo o de hacer una compra en cuotas.

La idea originalmente la planteó la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quien luego la puso en consideración en una de las reuniones de la mesa política.

La ex ministra de Seguridad sostiene que los bancos y las fintech deben hacerse cargo de la situación y, entre otras cuestiones, implementar cambios para que las condiciones de los préstamos queden todavía más claras, para evitar que las personas accedan a ellos sin conocer todos los detalles.

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“Estamos evaluando avanzar con esa posibilidad, pero todavía no es una decisión tomada”, precisó un integrante de la cúpula libertaria que estuvo presente en el encuentro en el que se debatió.

En el último encuentro de la mesa política, no obstante, casi toda la atención se la llevó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca agravar penas para empresas que operen en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

La comunicación del Gobierno se centró en estos días en ese tema los comunicados de la Oficina de la Presidencia fueron para informar sobre las denuncias contra las compañías que incumplen con la legislación actual.

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El Presidente centra su agenda en la cuestión Malvinas (EFE/ John Reyes Mejia)

En el oficialismo ya se decidió que el texto ingrese por Diputados la semana que viene y se puso como plazo máximo para terminar su redacción este viernes, mismo día en el que el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, visitarán el lugar donde se va a instalar la base naval en Ushuaia.

Por ahora no está claro de dónde saldrán las partidas para hacer frente a ese gasto, que podría alcanzar los 500 millones de dólares, pero ya se definió que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, adapte el Presupuesto 2027 para priorizar ese plan.

La semana próxima, también Milei recibirá nuevamente a los legisladores libertarios en la Casa Rosada para conversar con ellos sobre el libro “La economía en una lección“, de Henry Hazlitt, que les regaló la última vez que los vio.

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Si bien la convocatoria es para hablar sobre esa obra, también servirá para fijar los conceptos de cara a la discusión por el Presupuesto y por la ley sobre Malvinas.

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Ante los planteos de la Casa Blanca, el Gobierno asegura que el proyecto por Malvinas no afectará a empresas de EE.UU.

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El Gobierno reconoce que existieron contactos con Estados Unidos por el alcance de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, pero descarta avanzar con sanciones contra grandes fondos de inversión estadounidenses que puedan generar un conflicto diplomático con Washington. En la Casa Rosada aseguran que los planteos no modificaron la decisión de Javier Milei de impulsar el proyecto y relativizan las versiones sobre una presión de la administración de Donald Trump para frenar su tratamiento.

En Nación admiten que hubo intercambios sobre las consecuencias que podría tener la aplicación del régimen sancionatorio sobre compañías estadounidenses, aunque sostienen que no se trató de una exigencia formal para retirar la iniciativa. “Hubo algo del estilo”, explican fuentes oficiales sobre los planteos que llegaron desde Washington. En esos sectores agregan que algunos interlocutores no tenían presente que la Argentina ya cuenta con una legislación vigente sobre la materia.

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La posición de la Casa Rosada apunta a diferenciar las observaciones sobre el alcance de las sanciones de una intervención directa de la Casa Blanca para bloquear el proyecto. En el Ejecutivo consideran que la controversia fue sobredimensionada y rechazan que exista una definición estadounidense destinada a condicionar su aprobación. En ese marco, mantienen la decisión de avanzar con la iniciativa y resolver las objeciones durante la negociación legislativa.

El punto más sensible es la eventual aplicación de sanciones contra fondos de inversión con participaciones en compañías vinculadas con actividades económicas en las islas Malvinas. En el Gobierno descartan avanzar contra actores de ese peso, como BlackRock, si una medida de ese tipo compromete la relación bilateral. La definición fue transmitida en conversaciones reservadas, aunque no implica que exista una excepción incorporada al proyecto ni una decisión administrativa formal sobre empresas determinadas.

La preocupación se concentra en la amplitud del régimen sancionatorio y en la posibilidad de que alcance a accionistas, proveedores, intermediarios financieros y compañías con vínculos indirectos con proyectos de explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur. La discusión pasa por determinar hasta dónde se extiende la responsabilidad de cada actor y qué grado de participación debe acreditarse para aplicar una penalidad.

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Las acciones vinculadas con empresas que operan en Malvinas se están trabajando de manera reservada entre la Secretaría de Malvinas de Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica (Foto: Presidencia).

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo el 17 de septiembre propone reemplazar la Ley 26.659 por un régimen que amplía las prohibiciones a la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables. La iniciativa incorpora multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales, además de disposiciones específicas para quienes financien, faciliten o participen en las actividades alcanzadas por la norma.

La legislación vigente ya contempla restricciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en las áreas vinculadas con Malvinas. La Ley 26.659 incluye supuestos de participación directa e indirecta y establece inhabilitaciones administrativas de entre cinco y veinte años, previo procedimiento. El nuevo paquete busca ampliar ese esquema a otros recursos naturales y reforzar los mecanismos de investigación y sanción.

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Los datos de la encuesta que enfurecieron a Milei

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El presidente Javier Milei volvió a hablar este martes sobre una encuesta que asegura que a mucha gente la plata solo le alcanza hasta el día 20 de cada mes.

“Desmontando operetas. A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de ‘la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20′ entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido. Ahora bien, en lugar de caer en todo tipo de falacias como la ‘ad populum’ (por ej. ‘todos los encuestadores dicen’) o la ‘ad hominem’ (contesta en forma burlona, le falta calle) propongo que demuestren no ser tan precarios y contesten ‘¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?’“, señaló el Presidente.

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“Si van a usar el argumento del uso de la tarjeta, más allá que demuestra que no son dignos de crédito por ignorantes, sugiero que se pregunten: ¿Qué ocurre al mes siguiente? Y así repetir el ejercicio hasta que entiendan la lógica intertemporal del crédito. Por otra parte, el argumento contra la opereta de la mora fue refutado varias veces. Esto es, si no lo entienden sugiero escucharlo todas las veces que sea necesario hasta que entiendan así no repiten estupideces«, cuestionó Milei nuevamente y cerró: “Esto es, traten de entender cómo ha cambiado el crédito, los préstamos de altas tasas y bajo monto y la dinámica después de un shock político con freno en el crédito. Entiendo que en general son muy pobres intelectualmente pero no es tan difícil”, chicaneó Milei.

Por su parte, Claudio Montiel, director de Zentrix Consultora —responsable de la encuesta a la que hizo referencia Milei durante su discurso en Neuquén— habló luego de el primer mandatario cuestionó los datos acerca de que un 72% de los menores de 40 años se queda sin ingresos antes del fin de mes.

“Es una pena que se burle o se ría de ese dato cuando es más que preocupante. No es solo Zentrix. Son datos qué podés cruzar con el aumento de la morosidad, con la caída de consumo; es la economía, están peleando con los datos de la economía”, dijo el titular de la consultora este martes en diálogo con AM 530.

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“No somos operadores, ni mapuches iraníes, ni comunistas. Al Presidente le puede gustar o no, pero lamentablemente siempre está la agresión de por medio”, cuestionó.

La investigación realizada por la consultora sostiene que dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero a más tardar el día 20, con picos del 72% entre los menores de 40 años. El crédito aparece como el puente para llegar: el 56,2% tomó deuda en los últimos seis meses.

Previo a su viaje a Madrid, el presidente Milei había participado el lunes de una exposición en Neuquén en la que cuestionó estos datos, volvió a apuntar contra los medios de comunicación y señaló que son “eslóganes que quedan lindos”.

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El discurso de Milei en la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026

El Monitor de Opinión Pública (MOP) reveló que el 83,3% de las personas de clase baja se queda sin plata antes del día 20, mientras que el 68,1% tomó deuda y apenas el 0,9% logró ahorrar. En cuanto a la clase alta, el 61,9% tiene capacidad de ahorro y el 36,5% recurrió al crédito, principalmente para comprar bienes durables.

El Presidente consideró que la información de que parte de la población no llega a fin de mes es falsa y explicó los motivos por los que puso en duda las encuestas que cuestionan la situación económica de su gobierno.

“Yo entiendo que a veces los eslogan suenan lindos, pero que suenen lindos no los convierte en algo razonable. Una pelotudez, por más que lo digan de forma linda, es una pelotudez. Voy a usar una pelotudez emblemática que impulsó el kirchnerismo. Ya operaron con eso, este fin de semana volvieron a tirar esa operación, y ahora lo están moviendo desde los corruptos de los medios de comunicación”, comenzó el primer mandatario en medio de su alocución en la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 frente a empresarios.

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“‘La gente no llega a fin de mes…’’Dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes…’’No llegan al día 20…’ ¿Podemos pensar un poquito lo que esto significa? Yo les hago una pregunta, si se quedan sin plata al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber? ¿Nadie se hizo la pregunta? ¿Ustedes se dan cuenta de que con contestarse esa pregunta la frase suena linda pero es una pelotudez del tamaño de una casa?“, cuestionó el Presidente.

Y reiteró: “Es decir, reflexionemos: no nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país. Nos llevaban a Cuba con escala en Venezuela… Íbamos a ir a niveles de pobreza del 90% a hiperinflación profunda. No salíamos más de ahí“.

Milei, en Neuquén Presidencia

Los datos de la encuesta de Zentrix también arrojaron que en la clase media, una de las más afectadas, el 29% de quienes tomaron deuda destinó ese dinero al pago de tarifas y servicios, la proporción más alta entre los distintos niveles socioeconómicos.

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A su vez, el 39,3% de los argentinos encuestados calificó mal su situación personal y el 61,5% tildó como mala la situación del país, una brecha de 22 puntos. Por clase social, la evaluación negativa del país fue de 42,9% en la clase alta, 56,5% en la media y 70,7% en la baja.



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El Tribunal del Mar tratará en noviembre el reclamo argentino por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas

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El reclamo argentino ante el Tribunal de Derechos del Mar que depende de Naciones Unidas por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas ya tiene día y hora de tratamiento. Por medio de un comunicado oficial, el tribunal fijó para los días 10 y 11 de noviembre la audiencia para escuchar los argumentos de la delegación argentina, que demanda a las empresas Rockhopper (británica) y Navitas (israelí), integrantes del proyecto Sea Lion de explotación de hidrocarburos en las aguas cercanas a las islas. El gobierno del Reino Unido, que defiende la explotación de recursos como parte del “derecho a la autodeterminación” de la población de Malvinas, también formulará su descargo.

“El Presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el juez Maurice K. Kamga, ha fijado los días 10 y 11 de noviembre de 2026 como fechas para la celebración de la audiencia en el caso relativo a la explotación de hidrocarburos en el océano Atlántico sudoccidental (Argentina contra Reino Unido)”, informó el tribunal en un comunicado publicado en su página web.

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El texto recuerda que hace una semana, la Argentina presentó ante el Tribunal “una solicitud para la indicación de medidas provisionales, de conformidad con el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en relación con una controversia sobre la explotación de recursos de hidrocarburos en el océano Atlántico sudoccidental”.

La audiencia será abierta al público y se transmitirá en vivo a través del sitio web del tribunal, con sede central en Hamburgo, Alemania, y que integran 21 jueces.

Mario Oyarzábal, diplomático de carrera con misiones pasadas en Países Bajos y Naciones Unidas, fue el encargado de llevar adelante, como director de la consejería legal internacional, el reclamo que el Gobierno presentó ante el tribunal. Lo hizo al vencer el plazo de dos semanas que la diplomacia nacional le dio a Gran Bretaña para que frene la actividad de explotación petrolera que, en el contexto del proyecto Sea Lion, llevan adelante las empresas en las aguas circundantes a las islas.

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La idea del Gobierno y la Cancillería que encabeza Pablo Quirno, afirmaron fuentes oficiales, es que el tribunal −creado en 1982 en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar− decida sobre la pertinencia del reclamo argentino ante Gran Bretaña, que rechazó la postura nacional y le adjudicó la intención de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.

A diferencia de Gran Bretaña, que sostiene que las actividades relacionadas con hidrocarburos en ese territorio están reguladas por la legislación británica de las Malvinas y que se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional”, el Gobierno afirma que le asiste al país el derecho de presentarse ante un tribunal independiente y que este defina sobre el asunto sin abordar la cuestión de fondo, la soberanía de las islas, que la Argentina reclama cada año, desde 1965, en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas.

En coincidencia con esta presentación, el gobierno británico envió ante Interpol una solicitud para que rechace eventuales peticiones de Argentina “para detener a personas” vinculadas al proyecto Sean Lion. Según el diario británico The Guardian, el gobierno del Reino Unido “ha enviado una carta a la sede de Interpol en Lyon argumentando que las solicitudes de «notificación roja» presentadas por Argentina para la detención de estas personas -entre ellas, ciudadanos británicos- deben considerarse motivadas por razones políticas”.

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Según consignó The Guardian, “el gobierno británico está preocupado por lo que diversas fuentes han calificado como un intento de intimidar a personas y empresas para disuadirlas de operar en las Malvinas”.

Desde la Cancillería dejaron trascender a que la estrategia británica de “demonizar” a la Argentina y plantearlo como “el malo de la película” es falaz. Negaron que se hubiese presentado pedido alguno de detención para los ejecutivos de las empresas que llevan adelante el proyecto Sea Lion.

Experimentados diplomáticos consultados por advirtieron sobre eventuales consecuencias negativas que ese reclamo unilateral podría traer en la batalla por la recuperación de las islas por la vía diplomática. Afirman que “Gran Bretaña aún tiene un peso importante en los organismos internacionales” y que alguna mención del tribunal en relación a la “autodeterminación” de los pobladores de las islas (que decidieron formar parte del Reino Unido en un referendum de 2013) puede impactar directamente en el reclamo argentino de soberanía.

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Si bien el tribunal atendió la demanda argentina de manera inmediata, se trata del primer paso en un proceso cuya definición -con el fallo del tribunal- puede demandar largos meses, especificaron fuentes diplomáticas.



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