La Cancillería argentina traza por estas horas la estrategia para afrontar una nueva etapa que se abre en la relación bilateral con Paraguay, frente a la crisis política que atraviesa esa nación luego de la crisis de insolvencia del Ueno Bank, que todavía tiene sus esquirlas y que derivó en la caída de Santiago Peña, aliado del presidente Javier Milei.

Hasta ahora, el gobierno argentino evitó cualquier expresión sobre los hechos ocurridos en el país vecino y, por más que Milei mantenía con Peña un muy buen vínculo, nunca se refirió públicamente a su situación.

Según pudo averiguar , las autoridades diplomáticas locales, que responden al canciller Pablo Quirno, realizan gestiones para que “próximamente” se concrete un llamado entre el presidente argentino y el antes vice de Peña, Pedro Alliana, que asumió en el Ejecutivo tras la renuncia del mandatario y de que el Congreso aprobara su destitución.

Alliana -empresario y exbasquetbolista, de 52 años, y de estrecha confianza del expresidente Horacio Cartes– tomó el mando el pasado 6 de noviembre, en base al procedimiento de sucesión que establece la Constitución de Paraguay. Lo hizo ante el Congreso y en una sesión extraordinaria. Deberá gobernar hasta agosto de 2028.

“Desde la Cancillería se está organizando una llamada entre los presidentes Javier Milei y Pedro Alliana próximamente”, afirmaron fuentes oficiales a .

Todavía el gobierno de Milei no hizo un reconocimiento formal de la asunción de Alliana, como es tradición en la diplomacia con los presidentes que llegan por el voto popular. Sin embargo, pudo saber que desde la Cancillería estuvieron en “contacto permanente” con autoridades paraguayas en medio del caos que devino en ese país por la retención de fondos por parte del Ueno Bank, de vínculos estrechos con Peña.

El exjefe de Estado se encuentra detenido de manera preventiva en una unidad militar de la capital, Asunción. Este jueves, la Fiscalía de Paraguay allanó la residencia presidencial, en el marco de la investigación contra el exmandatario por los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio.

Fuentes del gobierno de Milei aseguran que la Argentina mantiene una “excelente relación” con Paraguay y valoran que los problemas internos se solucionaron a través de los “canales institucionales”.

“Las relaciones con la República del Paraguay se mantienen de manera excelente y deseamos que puedan manejar esta transición de la mejor manera posible, siempre dentro del cauce democrático”, afirmaron voces de la Cancillería ante la consulta de .

De momento, Milei no hizo alusión a la renuncia de Peña, a quien tildó de “amigo” cuando ambos coincidieron en la gestión.

El presidente dimitido de Paraguay fue un aliado de Milei, sobre todo en el Mercosur, frente a las posturas de Brasil (Lula da Silva) y Uruguay (Yamandú Orsi), dos administraciones en las antípodas ideológicas de la Casa Rosada.

Hasta ahora, los fondos de los clientes de Ueno Bank no fueron devueltos en su totalidad.

Una madre ganó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación una batalla legal por la educación inclusiva de su hija con discapacidad en Rosario del Tala, Entre Ríos.

La Corte hizo lugar a la demanda de la mujer contra el Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos (CGE) y la justicia de esa provincia deberá dictar con urgencia un nuevo fallo.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti (con un voto propio) analizaron el caso y revocaron lo resuelto en Entre Ríos, donde habían rechazado la acción de amparo con el argumento de que existía un trámite administrativo sobre el mismo caso.

“Los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que, atendiendo a los derechos involucrados, no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción”, sostuvo el fallo de la Corte.

La causa fue impulsada por una mujer, en representación de su hija menor de edad, para que a través de un amparo se ordenara “el cese inmediato de la conducta lesiva y omisiva consistente en denegarle el derecho a la educación inclusiva” a la menor. La demandante reclamó que se dispusiera “la implementación de un Proyecto Pedagógico Individual (PPI)” que garantizara la “trayectoria educativa completa, según la normativa vigente”, de su hija.

El juez de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al CGE que, en el plazo de 20 días corridos, elaborara un Proyecto Pedagógico Individual para la inclusión escolar de la adolescente.

Entendió que las propuestas alternativas de las autoridades, como concurrir a una escuela especial o cursar pocas materias de forma aislada, no constituían una propuesta planificada de acuerdo con la singularidad de la joven ni cumplían los recaudos mínimos de la normativa.

El Estado provincial apeló y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos rechazó la acción de amparo. Según dijo, ya existía un procedimiento administrativo en trámite, iniciado por la Departamental de Escuelas. Consideró que la madre de la niña ya había optado por esa vía, por lo que no correspondía el planteo judicial.

La mujer apeló y la Corte Suprema de la Nación le dio la razón.

El máximo tribunal nacional dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento con la urgencia del caso.

Para la Corte, el Superior Tribunal provincial incurrió en un “exceso ritual” al rechazar el amparo por un procedimiento administrativo previo porque ese trámite administrativo ya había concluido y había resultado inútil para dar respuesta a la niña, con lo que el Estado ya había vulnerado la tutela judicial y el derecho a la educación inclusiva de una persona en situación de vulnerabilidad.

Según el fallo, “la sentencia apelada no brindó razones para comprobar la existencia de otras vías idóneas y efectivas diferentes a la del amparo para dar debida respuesta a los derechos constitucionales que se alegan como lesionados”.

“El superior tribunal de la causa se limitó a aludir a un procedimiento administrativo previo sin analizar en forma pormenorizada si constituía una instancia útil para la salvaguarda de los derechos de la menor de edad, máxime cuando las autoridades provinciales ya dejaron asentado que se han realizado ‘todas las intervenciones presentando a (la tutora de la menor) las distintas propuestas que el Sistema Educativo Entrerriano posee en Rosario del Tala (SIC)”.

En ese sentido, dijo la Corte, en el voto de Rosatti y Rosenkrantz, que el proceso administrativo “se encuentra concluido o, cuanto menos, no sería un canal idóneo para dar solución al conflicto”.

“Frente a ello, los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que, atendiendo a los derechos involucrados, no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción”, dijo la Corte.

“Asiste razón a la recurrente cuando plantea que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos incurrió en un exceso ritual manifiesto y vulneró el derecho a una tutela judicial efectiva. Más aun cuando el art. 43 de la Constitución Nacional reformada en 1994 establece que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo”, señaló.

El voto de Lorenzetti

En su voto concurrente, Lorenzetti destacó que “la claridad con que el derecho a la educación en general y en relación a las personas con capacidades diferentes está consagrado en el derecho, no puede ser una mera declaración”. Ponderó que “una interpretación que frustre la aplicación efectiva de un derecho fundamental no solo diluye las finalidades de la legislación, sino que provoca una pérdida de confianza en las instituciones que debe ser evitada”.

Destacó que “el procedimiento administrativo llevado a cabo por el CGE no fue iniciado por la actora, tampoco tiene carácter contencioso y está concluido”.