POLITICA
Milei cruzó al aire a De Mendiguren, exministro de Duhalde: “Vos, sí, ladrón”

Javier Milei estaba dando una entrevista en el stand de Radio Mitre en La Rural. Hablaba sobre la emisión de dinero y sobre cómo la política había robado “a la gente” 45 mil millones de dólares en los últimos años. Cuando de pronto ocurrió algo y el presidente interrumpió su explicación. “Mirá -dijo con el brazo levantado y señalando hacia adelante con su dedo índice- ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo a la Argentina”, tiró.
“De Mendiguren”, dijo alguien en el estudio. “Sí”, replicó Milei. “Mirá. Ese. Ese le cagó a los argentinos 30 mil millones de dólares”. Al parecer, De Mendiguren lo miró en algún momento porque el jefe de Estado volvió a dirigirse a él. “Vos sí, ladrón, arruinaste el país con Duhalde y toda su banda”, dijo.
Minutos antes, Milei había dicho que en 2001, cuando el gobierno de Duhalde terminó con la convertibilidad y sacó la leyenda de billetes convertibles de curso legal, le robó a los argentinos 15 mil millones de dólares».
Explicó que Cristina Kirchner hizo algo similar cuando sacó reservas del Banco Central por 10 mil millones de dólares. “La política le robó a la Argentina 45 mil millones de dólares en los últimos años”, manifestó. Y explicó que por eso promueve la reforma a la carta orgánica del BCRA.
La reforma, dijo, será para evitar que se sancionen leyes que alteren el déficit fiscal o que intenten avanzar contra el presidente de la entidad por diferencias de la política económica. “Ahora, se van a necesitar dos tercios tanto del Senado como de Diputados”, indicó.
El presidente afirmó que con la emisión los políticos “robaron al país, unos delincuentes, y cada vez que vos emitís dinero es equivalente a una falsificación en la cual participa el Poder Ejecutivo. Es un delito y agravado”.
Milei fue contundente sobre el proyecto que busca aprobar: “Los que sancionen leyes que alteren el equilibrio fiscal van a terminar presos por asociación ilícita”. Y también analizó la iniciativa de apagar el Estado, o shutdown (que se usa en Estados Unidos) para evitar que si las arcas se quedan sin dinero se siga emitiendo. “Cuando te quedás sin plata qué haces, dejás de gastar. ¿Entonces por qué el Estado no lo hace?“, advirtió.
José Ignacio De Mendiguren fue ministro de la Producción entre enero y octubre de 2002, cuando se produjo la devaluación tras 11 años de convertibilidad. Luego fue varios años presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). También fue diputado nacional y funcionario durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Más tarde, durante la misma entrevista, también insistió en que cuando pasa alguien como De Mendiguren “hay que animarse a enfrentarlos, o cuando ves a un sorete (SIC) o una mierda humana (SIC) hay decirle que nos arruinaste la vida al salir de la convertibilidad”.
“Cuando pase De Mendicurren (SIC) diganlé lo que nos costó”, explicó. “Todos aquellos que fueron responsables de esta decadencia inmunda vienen a decirnos lo que hay que hacer”, precisó.
en La Rural.,Javier Milei,La Rural,Conforme a
POLITICA
Mahiques se reunió en Washington con el jefe de los fiscales penales de EEUU y acordó fortalecer la cooperación judicial

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, mantuvo una reunión en Washington con Andrew Tysen Duva, máximo responsable de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con quien acordó avanzar en una agenda bilateral para fortalecer la cooperación penal y mejorar los mecanismos de colaboración en investigaciones judiciales.
Durante el encuentro, del que también participaron autoridades del Departamento de Justicia y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Alec Oxenford, se analizaron cuestiones vinculadas con el funcionamiento de los tribunales, la cobertura de vacantes judiciales y los desafíos de la implementación del sistema acusatorio en la Argentina.
Según información a la que accedió Infobae, uno de los ejes de la conversación fue la necesidad de fortalecer los canales de cooperación penal internacional, en particular para facilitar el intercambio de información entre autoridades judiciales, avanzar en investigaciones que involucren a ambas jurisdicciones y mejorar la coordinación de los procedimientos de extradición.
La reunión permitió establecer una agenda de trabajo entre las autoridades de ambos países, con atención en las capacidades operativas que requieren los organismos judiciales para responder a investigaciones complejas y a los desafíos de la persecución de delitos con conexiones internacionales.
Duva conduce desde diciembre de 2025 la División Criminal del Departamento de Justicia, una de las estructuras centrales del sistema federal estadounidense para la investigación y persecución de delitos. Bajo su supervisión trabajan más de 1.100 fiscales federales y empleados especializados en áreas como el crimen organizado, el narcotráfico internacional, el lavado de dinero, la corrupción pública, los delitos financieros y los ciberdelitos.
La delegación que participó de la reunión estuvo integrada, además de Mahiques, Duva y Oxenford, por Adam Hobson, primer fiscal general adjunto principal interino de la División Criminal; Brian D. Skaret, fiscal general adjunto interino de esa división; Erik C. Peterson, director de la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Fiscalías en el Extranjero (OPDAT), y John Beasley, abogado litigante principal de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) del Departamento de Justicia.
La cooperación incluyó capacitación y el avance del sistema acusatorio
La presencia de funcionarios vinculados con la capacitación internacional y la cooperación judicial permitió abordar las necesidades de formación de los operadores del sistema penal y los mecanismos institucionales disponibles para mejorar la colaboración entre los organismos de ambos países.
En ese marco, Mahiques destacó que la transformación del sistema de justicia penal argentino requiere modificaciones normativas, instituciones preparadas, infraestructura adecuada y equipos profesionales con capacidad para desarrollar investigaciones de manera eficiente.
Las autoridades coincidieron en la importancia de sostener programas de intercambio y capacitación para jueces y fiscales, con el objetivo de incorporar experiencias y herramientas que permitan mejorar el funcionamiento de la justicia penal y fortalecer las capacidades de investigación.
Uno de los principales temas de la agenda fue la implementación del Código Procesal Penal Federal, que establece el sistema acusatorio y modifica la distribución de funciones entre jueces y fiscales. A diferencia del modelo tradicional, en el que los jueces de instrucción tienen a su cargo buena parte de las investigaciones, el nuevo esquema dispone que los fiscales dirijan la investigación penal, reúnan pruebas y formulen las acusaciones. Los magistrados intervienen como jueces imparciales, controlan la legalidad de los procedimientos, garantizan los derechos de las partes y resuelven las controversias que se planteen durante el proceso.
La reforma también establece un modelo basado en la oralidad, la publicidad de las audiencias y la contradicción entre las partes, con el propósito de reducir los trámites escritos y acelerar los tiempos judiciales. En lugar de un expediente predominantemente escrito, el sistema promueve que las decisiones relevantes se adopten en audiencias ante los jueces, con participación de fiscales y defensores. Su implementación exige reorganizar los recursos humanos, incorporar tecnología, adecuar salas de audiencias y ampliar la capacidad operativa del Ministerio Público Fiscal, que adquiere un papel central en la investigación de los delitos federales.
La puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal avanza de manera progresiva en las jurisdicciones del país. Tras su aplicación en distritos como Salta, Jujuy, Rosario, Mendoza y La Plata, el proceso continuará el 30 de noviembre con su entrada en vigencia en Paraná. El cronograma oficial prevé para 2027 su implementación en los fueros penal federal y penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 15 de febrero, y en la jurisdicción federal de Córdoba, desde el 8 de marzo. La transición representa uno de los desafíos institucionales del Ministerio de Justicia, por la necesidad de coordinar recursos, infraestructura y capacitación entre los distintos organismos del sistema judicial.
La experiencia de Estados Unidos en investigación penal y organización de fiscalías fue uno de los puntos considerados durante las conversaciones, de acuerdo con la información a la que accedió Infobae. Allí, los fiscales federales tienen un papel protagónico en la persecución de los delitos y trabajan en coordinación con organismos especializados de investigación, dentro de un esquema institucional que articula recursos y conocimientos técnicos.
En ese contexto, la participación de Erik Peterson, responsable de OPDAT, adquiere relevancia por las funciones de esa oficina, que desarrolla programas de asistencia técnica y capacitación destinados a fortalecer los sistemas de justicia penal de otros países.
También intervino John Beasley, de la OIA, una dependencia que tiene entre sus responsabilidades la cooperación jurídica con autoridades extranjeras, en particular en cuestiones relacionadas con extradiciones y asistencia judicial internacional.
La cobertura de vacantes en la Justicia argentina fue otro de los asuntos incluidos en la agenda. Durante la conversación se examinó la importancia de contar con estructuras judiciales completas y funcionarios capacitados para garantizar la continuidad de las investigaciones y el funcionamiento de los tribunales.
La reunión se inscribe en una agenda de cooperación institucional entre Argentina y Estados Unidos que apunta a fortalecer las capacidades de los organismos encargados de investigar delitos, facilitar el intercambio de información y mejorar la articulación de los procedimientos judiciales cuando las investigaciones involucran a más de un país.
El objetivo compartido es mantener un canal de diálogo directo entre las autoridades de ambos países y avanzar en mecanismos de cooperación que permitan obtener resultados concretos en investigaciones penales, procesos de extradición y programas de formación de jueces y fiscales.
POLITICA
Tras el fracaso de la sesión en Diputados, el Gobierno enfrenta tensiones internas y evalúa retomar la ley Malvinas la próxima semana

El Gobierno evalúa volver a tratar la Ley Malvinas la próxima semana, después de que el fracaso de la sesión en Diputados provocara desconcierto en la Casa Rosada y reavivara las tensiones internas de La Libertad Avanza. Javier Milei esperaba que el oficialismo consiguiera la media sanción del proyecto y había transmitido su entusiasmo durante la mañana. Sin embargo, la convocatoria terminó con apenas 126 diputados presentes, tres menos de los 129 necesarios para abrir el debate.
El resultado sorprendió a la mesa política, que había dado por asegurados los acuerdos parlamentarios. En el entorno presidencial reconocen que la caída de la sesión representó un golpe político para una administración que pretendía mostrar fortaleza en el Congreso. El Presidente sigue de cerca la evolución del riesgo país y considera que las victorias legislativas pueden contribuir a mejorar las expectativas económicas. En Balcarce 50 admiten que no esperaban terminar la jornada buscando explicaciones por la derrota.
La escena más elocuente ocurrió dentro del recinto. Gisela Scaglia y otros integrantes de Provincias Unidas ingresaron a la Cámara de Diputados, pero permanecieron de pie sin ocupar sus bancas mientras Martín Menem intentaba reunir el quórum. Desde el oficialismo aseguran que esos legisladores habían anticipado que se sentarían y que su decisión de último momento alteró las previsiones. El presidente de la Cámara intentó persuadirlos, pero debió levantar la convocatoria después de que transcurriera la media hora reglamentaria.
En el bloque libertario responsabilizan principalmente a los diputados alineados con Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Sin embargo, Provincias Unidas confirmó dos reclamos concretos: la incorporación de la nueva ley de biocombustibles al debate y el reconocimiento de la representación que considera que le corresponde en el Consejo de la Magistratura. La discusión también se cruza con las negociaciones por el Presupuesto 2027 y los pedidos de recursos de los gobernadores.
La iniciativa sobre biocombustibles propone modificar el régimen de producción, comercialización y mezcla obligatoria con combustibles tradicionales. Su aprobación ampliaría el mercado para productores de bioetanol y biodiésel, actividades especialmente relevantes en Córdoba y Santa Fe. El problema para el Gobierno es que el PRO mantiene objeciones sobre el nuevo esquema. En sectores de La Libertad Avanza reconocen que incorporar el proyecto sin contar con los votos para aprobarlo podía deteriorar la relación con los diputados de Cristian Ritondo.
El segundo conflicto involucra directamente el reparto de poder dentro del Poder Judicial. Provincias Unidas, que reúne 18 legisladores, reclama que Juan Brugge ocupe la banca correspondiente a la tercera minoría en el Consejo de la Magistratura. El PRO, con 12 diputados, pretende impulsar a Florencia De Sensi mediante un acuerdo con el oficialismo. La diferencia adquirió especial relevancia por la renovación de los representantes de Diputados en el organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces.
La derrota también abrió un nuevo capítulo de la disputa entre el sector político de los Menem y el espacio que responde a Santiago Caputo. En el entorno del asesor presidencial consideran que existieron maniobras destinadas a obstaculizar una iniciativa que él impulsó desde su elaboración. Las sospechas alcanzan la negociación parlamentaria y las modificaciones introducidas en el proyecto para incorporar un Consejo de Seguridad Nacional.
POLITICA
El documento del Parlamento británico que detalla la estrategia de Londres ante la ofensiva de la Argentina por el petróleo de Malvinas

El Parlamento británico publicó hace 10 días un informe técnico en el que sistematiza la estrategia del gobierno del primer ministro Andy Burnham para defender el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas frente a la ofensiva legal y económica de la Argentina, que incluye la expectativa por el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que se conocerá el próximo 28 de noviembre.
El documento, elaborado por los investigadores Patrick Butchard, John Curtis y Philip Loft de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes bajo el título UK-Argentina tensions on the Falklands Islands and oil 2026, no es una declaración política del gobierno de Burnham sino un análisis técnico cuya función es orientar a los legisladores con información imparcial.
El texto detalla cuatro frentes desde los que el gobierno argentino avanzó este año para asfixiar la viabilidad comercial de Sea Lion antes de que comience a operar: la reafirmación de la soberanía ante la Asamblea General de la ONU, las sanciones económicas contra 60 personas y empresas vinculadas a la exploración, la reactivación de la construcción de la Base Naval de Ushuaia y la demanda judicial ante el Tribunal del Mar. Frente a cada uno de esos movimientos, describe una respuesta específica del gobierno británico.

El frente legal en Hamburgo
La Argentina formalizó su solicitud de medidas cautelares ante el TIDM el 13 de octubre de 2026, dos semanas después de que el presidente Javier Milei fijara un ultimátum público al Reino Unido. El litigio encierra además una disputa procesal de fondo: el Reino Unido eligió la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como foro para resolver disputas bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), mientras que Argentina seleccionó el Tribunal del Mar. Esa divergencia complica la constitución del tribunal arbitral definitivo y explica por qué, en esta etapa, es el TIDM quien evalúa las medidas cautelares de urgencia.
En su presentación, la Cancillería argentina requirió que el tribunal ordenara cuatro medidas: la paralización total de los trabajos de explotación e infraestructura del consorcio en la Cuenca Norte de Malvinas; que el Reino Unido se abstuviera de usar los datos de exploración en perjuicio de los derechos argentinos; que se garantizara a Buenos Aires la capacidad de proteger el medio marino en la zona disputada; y que Londres no otorgara ninguna nueva licencia de explotación en la plataforma continental en litigio.

El yacimiento Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas, es operado en consorcio por la empresa británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Las reservas estimadas alcanzan 1.700 millones de barriles de crudo y el inicio de la extracción está previsto para 2028, con perforaciones que comenzarían en enero de 2027.
Según los datos presentados por la delegación argentina en las audiencias del TIDM, el proyecto contempla hasta 26 pozos submarinos permanentes y una producción total estimada en 310,5 millones de barriles. Para los 3.500 habitantes de las Malvinas, el proyecto representa la base de un fondo soberano y el financiamiento de infraestructura crítica, entre ella un nuevo puerto comercial. Y para un sector de la política argentina, esta renta petrolera representa el sostenimiento financiero de la ocupación ilegal de las islas.
La respuesta británica no se limitó a las audiencias en Hamburgo, donde la delegación estuvo encabezada por la fiscal general británica, Ellie Reeves. El informe parlamentario documenta que, en paralelo al litigio, el gobierno avanzó en dos líneas de protección. La primera fue diplomática: en septiembre, la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, publicó una guía oficial de negocios con las Malvinas en la que sostuvo que los isleños “tienen el derecho a desarrollar sus recursos naturales como lo consideren conveniente” y que el gobierno “respalda plenamente” a las empresas involucradas.
La segunda fue regulatoria. En octubre, el gobierno anunció que implementaría medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests, PTI) para blindar a las empresas británicas frente a las sanciones extraterritoriales argentinas. Según consta en un documento oficial publicado por el Foreign Office y recogido por Butchard, Curtis y Loft en su análisis, las medidas buscan garantizar que “las personas y compañías del Reino Unido que realizan actividades lícitas en torno a las Islas Malvinas puedan continuar tomando decisiones comerciales conforme a la legislación británica”.
En Hamburgo, Reeves argumentó que las medidas cautelares solicitadas por Argentina “tendrían consecuencias devastadoras para el pueblo” de las Islas, que arriesga perder “miles de millones de libras esenciales para el desarrollo económico”. La funcionaria sostuvo, además, que la pretensión de Buenos Aires buscaba, en los hechos, “tomar el control de esos recursos para sí misma”.
El portavoz de Downing Street fijó la postura oficial en términos precisos el 10 de noviembre: “La audiencia no versa sobre la soberanía; la presentación de la demanda no obliga a cesar una actividad económica lícita”. Este es un punto crucial: el Reino Unido buscó enmarcar el reclamo argentina en la soberanía de las Islas, una competencia que excede al TIDM. Por ello, pidió que se rechacen todas las medidas solicitadas por la delegación argentina y sostiene que la presentación de la demanda no obliga a cesar una actividad económica que Londres considera lícita.
Butchard, Curtis y Loft lo recogen en esos términos: “El gobierno del Reino Unido ha señalado que impugnará el caso legal e introducirá protecciones para las empresas que operan” en las Malvinas.

El canciller argentino Pablo Quirno se refirió a esta cuestión ayer, miércoles, en el encuentro Marval Legal Forecast 2027. “Este arbitraje se centra en la explotación de los recursos naturales mientras el tema de fondo no está decidido”, señaló. Lo que Argentina plantea ante el TIDM, precisó, es qué obligaciones impone la CONVEMAR a ambos Estados en los espacios marítimos en disputa, no quién tiene soberanía sobre las islas.
Para justificar la urgencia de las medidas cautelares, Quirno sintetizó: “Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable”. A su vez, señaló que “por primera vez en la historia” la Argentina lleva “al Reino Unido a un arbitraje por un tema relacionado con Malvinas”, y anticipó que, cualquiera sea el fallo del 28 de noviembre, la estrategia no se detiene: “Independientemente del resultado que tengamos en la solicitud de medidas provisionales, el arbitraje sigue”. planteó.
Para el Gobierno, este arbitraje representa una pieza dentro de un esquema más amplio, que incluye a las sanciones y la denominada Ley de Soberanía.
El rol de Donald Trump
El informe parlamentario dedica un apartado específico al rol de Estados Unidos en la disputa. En agosto, el presidente Donald Trump señaló que Washington estaba “revisando” su histórica posición de neutralidad sobre la soberanía de las islas. En septiembre, ante una pregunta sobre el conflicto, dijo que había “dos países que no están contentos” y que probablemente lo llamarían a intervenir en ese “potencial desastre”.
Milei -según el documento- capitalizó esas declaraciones para escalar su ofensiva, argumentando ante organismos internacionales que Estados Unidos consideraba un “cambio de posición” favorable a Argentina por tratarse de un “socio confiable, alineado con los valores occidentales”. Burnham, por su parte, habló con Trump para advertirle sobre las consecuencias económicas de las sanciones argentinas tanto para intereses británicos como estadounidenses.
Butchard, Curtis y Loft mencionan otro comunicado oficial de Downing Street, donde se asegura que el primer ministro “planteó las consecuencias económicas de las medidas coercitivas argentinas para el Reino Unido y Estados Unidos, y reiteró la importancia de respetar el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales.”
El análisis parlamentario también consigna, citando medios argentinos, la preocupación de EEUU por eventuales sanciones a sus empresas en el marco de la Ley de Soberanía y sostiene que este planteo “habría resultado en que el gobierno ralentice el avance de la legislación”.
Precisamente, la Cámara de Diputados tenía previsto debatir este miércoles el proyecto, pero la sesión especial convocada por el oficialismo fracasó por falta de quórum: La Libertad Avanza y los bloques que acompañaron la convocatoria lograron reunir 126 legisladores, tres menos de los 129 necesarios para habilitar el debate.
El texto contempla multas, suspensiones y cancelaciones de habilitaciones para empresas, operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos involucrados en actividades consideradas irregulares por Buenos Aires. Tras negociaciones con bloques aliados -y las recomendaciones de Estados Unidos-, el oficialismo aceptó excluir a accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión indirectos.
Business,Domestic Politics,Corporate Events,Europe,Government / Politics
POLITICA3 días agoMilei dijo que el riesgo país sube por el miedo a "Orcolandia" y afirmó: "Los argentinos no van a votar hacia el pasado"
SOCIEDAD3 días agoEncontraron muerto a un trabajador en el Observatorio de La Plata
CHIMENTOS3 días agoFeroz escándalo con Wanda Nara en su interminable pelea con la China Suárez: «Ya saben cómo se hizo famosa, te desnudabas en…»

















