La pronta renovación del Consejo de la Magistratura volverá a colocar al Senado en el centro de una pulseada de alto voltaje político, con el oficialismo y el kirchnerismo mirando de reojo el reparto de las cuatro sillas que le corresponden a la Cámara alta en el organismo encargado de seleccionar, controlar y eventualmente sancionar a los jueces federales y nacionales.

La pelea que se anticipa es por ver quién se quedará con dos de los cuatro lugares en disputa, correspondientes a la mayoría o, como en este caso en el que ningún bloque tiene el control de la Cámara, la primera minoría.

El fiel de la balanza en esta pelea será la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien tiene la facultad de firmar el decreto validando la designación de los cuatro representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura.

A priori, la puja está pareja. Tanto La Libertad Avanza (LLA) como el kirchnerismo tienen 21 senadores y desde ambas orillas ya anticipan que lucharán por sumar un nuevo consejero, en el caso del oficialismo, o retener las dos poltronas que tiene en la actualidad el peronismo.

“Nosotros vamos a reclamar dos lugares, uno le corresponde al peronismo y el cuarto a la UCR”, hacen cuentas en la mesa de arena de Patricia Bullrich (Capital), la jefa de la bancada oficialista del Senado.

“Nosotros tenemos 25 senadores, somos la primera minoría”, replican en el despacho de José Mayans (Formosa), jefe del bloque del kirchnerismo y vicepresidente del PJ en ejercicio de la presidencia porque Cristina Kirchner purga prisión domiciliaria condenada por corrupción en la administración pública.

Para el oficialismo, la cifra que citan los peronistas es discutible, ya que esos 25 senadores salen de contar un interbloque con los dos senadores del bloque del Frente Cívico de Santiago del Estero, liderado por Gerardo Zamora, y los otros dos peronistas del bloque Justicia Social Federal, que componen Fernando Salino (San Luis) y Fernando Rejal (La Rioja).

Pero en el oficialismo también reconocen que, por el momento, están flojos de argumentos para reclamar dos de los cuatro lugares y buscan la fórmula que les permita arrebatarles a los kirchneristas un sitial que podría ser clave.

Es que la pelea promete ser áspera porque no se trata solo de nombres. En juego estará la capacidad del oficialismo de incidir en un cuerpo clave para la política judicial.

El control de la Justicia se ha convertido en una de las prioridades de un Gobierno que busca completar las más de 300 vacantes que le dejaron los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, tarea que lleva adelante el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, bajo la atenta mirada de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

El Consejo funciona hoy con veinte miembros: el presidente de la Corte Suprema, representantes de los jueces, abogados, académicos, del Poder Ejecutivo y ocho legisladores nacionales, cuatro por cada cámara del Congreso.

En el caso del Senado, la ley establece que dos lugares corresponden al bloque con mayor representación y los otros dos a la primera y segunda minoría. Esa fórmula, aparentemente aritmética, suele convertirse en una batalla política cuando la composición de los bloques queda abierta a interpretaciones o maniobras tácticas.

Los actuales representantes del Senado llegaron al Consejo en el período iniciado en 2022. Entonces fueron designados los ultrakirchneristas María Inés Pilatti (Chaco)y Mariano Recalde (Capiotal) por el oficialismo de aquel momento, Eduardo Vischi (UCR-Corrientes) por la primera minoría y otro ultrakirchnerista, Martín Doñate (Río Negro), por la segunda.

Aquella dotación surgió de una maniobra pergeñada por Cristina Kirchner, por entonces vicepresidenta y, por lo tanto, presidenta del Senado. En abril de 2022, tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó volver a la integración de veinte miembros del Consejo, el Frente de Todos se dividió en dos bloques: Frente Nacional y Popular, con 21 senadores, y Unidad Ciudadana, con 14.

Con esa jugada, el kirchnerismo intentó conservar la mayoría y, al mismo tiempo, quedarse con la segunda minoría, lo que le permitió sumar a Doñate y desplazar al entonces senador opositor Luis Juez.

La Corte Suprema desactivó la maniobra meses después. En un fallo de fuerte contenido político e institucional, anuló el decreto parlamentario que había permitido la designación de Doñate y sostuvo que la división del bloque oficialista no era aplicable para determinar la representación en el Consejo.

El tribunal habló de “ardid”, “artificio” y “manipulación”, y dejó asentado que la regla de las minorías no podía ser alterada por una ingeniería parlamentaria diseñada para obtener un beneficio político.

Como consecuencia de aquel fallo, Doñate no pudo seguir en el Consejo y se habilitó la jura de Juez, por aquel entonces en el bloque Pro. El cordobés continúa en el organismo, pero ahora representa a La Libertad Avanza, bloque al que se sumó en diciembre del año pasado.

En el interín hubo más cambios: la hiperkirchnerista y miembro de La Cámpora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) juró como consejera en reemplazo de Pilatti, que concluyó su mandato.

El recambio general del Consejo está previsto para fin de año, cuando debe iniciarse el período 2026-2030, una renovación que ya generó movimientos judiciales y políticos por la posibilidad -resistida por el propio Consejo-, de habilitar reelecciones consecutivas.

La batalla recién empieza, pero ya tiene antecedentes, protagonistas y un botín institucional codiciado. En el Senado saben que cada firma, cada decreto parlamentario y cada movimiento de bloque podrá terminar bajo la lupa de la Corte.

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, cuestionó el fallo de la jueza porteña Laura De Marinis, quien declaró inconstitucional un artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.

“Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas. Es muy difícil construir un país normal así”, sostuvo la también exministra de Seguridad nacional de Javier Milei en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Y completó: “Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”.

La reacción de Bullrich se produjo después de que De Marinis, del fuero Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad N3, declarara la inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley 27.801 —impulsada por el oficialismo— en el caso de un adolescente de 14 años.

La norma establece un régimen penal aplicable a las personas de entre 14 y 18 años cuando son imputadas por un delito previsto en el Código Penal o en leyes penales especiales.

El fallo también dispuso el sobreseimiento del adolescente, quien había sido detenido junto con otros jóvenes tras un intento de robo. La causa se había iniciado el 10 de septiembre, cuando un grupo de adolescentes intentó sustraerle el teléfono celular a un hombre de 47 años. El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como tentativa de robo.

En su resolución, De Marinis sostuvo: “Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia”. La magistrada planteó, a su vez, que la incorporación al sistema penal debe ser “el último recurso” y rechazó un planteo de incompetencia del fuero penal, contravencional y de faltas porteño.

“Manchada de sangre”

El fallo de la jueza generó, además, una fuerte reacción del jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien anticipó que solicitará el juicio político contra la magistrada. “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, afirmó.

Macri también sostuvo que “la gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito” y aseguró: “No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”.

Luego, en declaraciones a TN, el jefe porteño expresó su “profunda indignación” por la resolución y cuestionó el rol de la magistrada: “Los jueces tienen que aplicar las leyes, no hacer leyes nuevas”. Según explicó, ya instruyó a su ministro de Justicia, Gabino Tapia, para avanzar con el pedido de juicio político y anticipó que el Gobierno de la Ciudad apelará el fallo.

La resolución de De Marinis constituye el segundo fallo judicial adverso al nuevo Régimen Penal Juvenil. Anteriormente, la jueza de Lomas de Zamora Marta Pascual había dispuesto la suspensión del régimen en la provincia de Buenos Aires, aunque esa decisión fue posteriormente revocada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.